STC7141-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01792-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Guillermo Ortiz Amado contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2016-00448. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos (i) de 6 de noviembre de 2019, mediante el cual el juez convocado de primera instancia aprob\u00f3 (en la audiencia inicial llevada a cabo ese d\u00eda) una conciliaci\u00f3n en cuya virtud se dio por terminado el proceso ejecutivo (promovido por el convocante) y se orden\u00f3 el levantamiento de las cautelas practicadas; (ii) de 18 de noviembre de 2019, a trav\u00e9s del cual dicho juzgador deneg\u00f3 su solicitud de \u00abno tener en cuenta\u00bb el mencionado acuerdo conciliatorio; y (iii) del 27 de octubre de 2020 (frente al que se elev\u00f3 solicitud de adici\u00f3n que fue denegada en providencia de 3 de diciembre de 2020), con el que la magistratura ad quem declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n interpuesta contra el segundo de los rese\u00f1ados prove\u00eddos. <\/p>\n
En criterio del querellante, los autos fustigados se fincan en motivaciones meramente procesales y formalistas, que desconocen la ilegalidad de la conciliaci\u00f3n procesal que impuso y aprob\u00f3 el fallador de primera instancia, sin haber contado con su expresa aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Piden, en consecuencia, que se dejen sin efecto las fustigadas providencias y que, en su lugar, se ordene continuar con el recaudo. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de las fustigadas providencias; resalt\u00f3 que con ellas no se vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda constitucional y que adem\u00e1s las mismas fueron proferidas m\u00e1s de 6 meses antes de la fecha en que se interpuso la solicitud de amparo, por lo que no hace presencia el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Gloria Ester Becerra Palacios (demandada en el juicio que incumbe a esta actuaci\u00f3n) ofreci\u00f3 su versi\u00f3n sobre los hechos que ata\u00f1en al litigio en cuesti\u00f3n y enfatiz\u00f3 que el accionante no agot\u00f3 los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance para ventilar las inconformidades que aqu\u00ed plantea. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 comparti\u00f3 el enlace que dirige a los archivos electr\u00f3nicos de la actuaci\u00f3n materia de este amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los hechos narrados en la demanda de tutela involucran la trasgresi\u00f3n del derecho fundamental que all\u00ed se invoc\u00f3 y si, por lo mismo, resulta necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional en los t\u00e9rminos que reclama el convocante. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Ausencia de subsidiariedad e inmediatez respecto a los autos de 6 y 18 de noviembre de 2019. <\/p>\n
En raz\u00f3n de los mencionados principios, en esta oportunidad no es factible escrutar la legalidad, ni de la conciliaci\u00f3n que se aprob\u00f3 en la audiencia del 6 de noviembre de 2019, ni tampoco de la negativa que, en prove\u00eddo del d\u00eda 18 siguiente, se imparti\u00f3 a la solicitud que elev\u00f3 el recurrente para que no se tuviera en cuenta dicho acuerdo, puesto que la primera de las rese\u00f1adas providencias (que conllev\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso) no fue impugnada por el convocante, mediante los mecanismos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que para el efecto ten\u00eda a su alcance (conforme a los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso); y la segunda se dict\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o y medio antes de la fecha en que se radic\u00f3 la solicitud de amparo en estudio (31 de mayo de 2021). <\/p>\n
Sobre la necesaria concurrencia de los mencionados requisitos, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez (\u2026) que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
Y en cuanto a la subsidiariedad, se ha dicho que <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
4. Razonabilidad del auto de 27 de octubre de 2020. <\/p>\n
Revisado ese prove\u00eddo de segunda instancia, mediante el cual la magistratura convocada declar\u00f3 bien denegada la alzada que intent\u00f3 promover el actor, contra el auto que deneg\u00f3 su solicitud de \u00abno tener en cuenta\u00bb el acuerdo conciliatorio aprobado en la audiencia inicial, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura accionada precis\u00f3 inicialmente que \u00abal tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja tiene por objeto que el superior funcional determina si la providencia respecto de la cual se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n, es susceptible, o no, de dicho recurso, y en caso de serlo, se conceda el recurso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absometi\u00e9ndonos a la regulaci\u00f3n que hace el c\u00f3digo de ritualidad civil en materia de apelaci\u00f3n, particularmente en lo que ata\u00f1e a la de autos, es di\u00e1fano que el esp\u00edritu de tal regulaci\u00f3n es el de restringir a aquellos expresamente determinados en forma gen\u00e9rica por el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, o por normas especiales\u00bb y puntualiz\u00f3 que \u00aben la especia de esta litis, la apelaci\u00f3n que fue denegada recae sobre el auto de fecha 18 de noviembre de 2019, a trav\u00e9s del cual el juzgado se neg\u00f3 a continuar el tr\u00e1mite del proceso y dispuso la correcci\u00f3n del acta que aprob\u00f3 la conciliaci\u00f3n\u00bb. De all\u00ed, concluy\u00f3 que \u00abninguna de tales determinaciones aparece consagrada en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, ni por norma especial alguna, como susceptible de recurso de apelaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se concluye que el recurso fue bien denegado\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, para dar respuesta a uno de los argumentos en que el ejecutante (aqu\u00ed actor) finc\u00f3 su recurso de queja, la colegiatura recalc\u00f3 que \u00abla revisi\u00f3n del expediente permite concluir que los argumentos del demandante, lejos de ser acertados, intentan llevar al tribunal a confusi\u00f3n, dado que el proceso fue terminado en la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, llevada a cabo el d\u00eda 6 de noviembre de 2019, en la que, con la presencia de las partes, se aprob\u00f3 la conciliaci\u00f3n llevada a cabo entre ellas en dicha audiencia, decisi\u00f3n que no fue objeto de ning\u00fan recurso. Por tanto, negarse el se\u00f1or juez a quo a continuar el proceso, no implica que est\u00e9 terminando el proceso como lo intenta hacer creer el recurrente, pues como se vio, el litigio ya hab\u00eda terminado con antelaci\u00f3n, mediante decisi\u00f3n ejecutoriada, a la que quedaron sometidas las partes, caso en el cual, la decisi\u00f3n motivo de censura y sobre la cual recay\u00f3 la apelaci\u00f3n negada por el se\u00f1or juez de conocimiento, no es susceptible del mencionado recurso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para exigir al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda (i) ante la ausencia de inmediatez y subsidiariedad en cuanto a los autos de 6 y 18 de noviembre de 2019; y (ii) dada la razonabilidad del auto de segunda instancia de 27 de octubre de 2020. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7141-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01792-00 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C, diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Guillermo Ortiz Amado contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54886","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54886","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54886"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54886\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54886"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54886"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54886"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}