STC7142-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7142-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01673-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Eli\u00e9cer Murillo G\u00f3mez contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Gal\u00e1n y Primero Civil del Circuito de San Gil, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y la Personer\u00eda Municipal, ambos de Gal\u00e1n; extensiva a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, espec\u00edficamente frente al magistrado Dr. Luis Alberto T\u00e9llez Ruiz, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u201d, adelantado por Mar\u00eda Ortiz de Romero al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, supuestamente quebrantado por los accionados. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
En el Juzgado Promiscuo Municipal de Gal\u00e1n, Mar\u00eda Ortiz de Romero impetr\u00f3, contra el aqu\u00ed actor, el juicio objeto de esta salvaguarda, requiriendo la restituci\u00f3n del predio rural denominado \u201cEl Carrizal\u201d, ubicado en la vereda La Aguada de esa localidad. <\/p>\n
En ese pleito, el despacho instructor, en prove\u00eddo de 27 de noviembre de 2020, concedi\u00f3 las pretensiones requeridas, orden\u00e1ndole al tutelante efectuar la entrega del referido fundo a su propietaria. <\/p>\n
El gestor present\u00f3 recurso de revisi\u00f3n frente al anterior fallo, invocando la causal 1\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso1, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de ese asunto al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, quien remiti\u00f3 el caso, por competencia, a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
La referida corporaci\u00f3n inadmiti\u00f3 el libelo en auto de 9 de abril de 2021, por no reunir los requisitos contemplados en el canon 357 ib\u00eddem2. <\/p>\n
El actor no subsan\u00f3 conforme a las indicaciones realizadas por el colegiado fustigado, por tanto, la demanda contentiva del comentado remedio extraordinario fue rechazada el 28 de abril pasado. <\/p>\n
Expone el censor que, estando en tr\u00e1mite el referido recurso de revisi\u00f3n, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y la Personer\u00eda Municipal de Gal\u00e1n, realizaron por comisi\u00f3n del juzgado municipal fustigado, el \u201cdesalojo\u201d decretado dentro del litigio subex\u00e1mine, diligencia a la cual no pudo asistir, por cuanto, para ese momento, se \u201cencontraba internado en un hospital\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Gal\u00e1n remiti\u00f3 el expediente digital del comentado decurso. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero del Circuito de San Gil sostuvo que el recurso aducido por el quejoso fue remitido al tribunal de esa ciudad, por ser esa corporaci\u00f3n la competente para zanjar tal remedio extraordinario. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio no prospera por carecer del presupuesto de subsidiaridad porque, si lo censurado por el tutelante es el rechazo de la demanda de revisi\u00f3n incoada en el litigio sublite, debi\u00f3 interponer recurso de s\u00faplica contra esa decisi\u00f3n, medio procedente a voces de lo establecido en el canon 331 del C\u00f3digo General del Proceso3; empero, no lo hizo, desaprovechando la oportunidad de obtener un pronunciamiento de los dem\u00e1s integrantes de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil, sobre la viabilidad o no del comentado remedio extraordinario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del litigio. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
2. Ahora, frente a la cr\u00edtica realizada por el quejoso, referente a la diligencia de entrega practicada en el proceso bajo estudio, pues, en su sentir, ese acto es nulo por adelantarse cuando el memorado recurso de revisi\u00f3n se encontraba en tr\u00e1mite, el auxilio tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto el actor no ha puesto en conocimiento del despacho cognoscente esa supuesta irregularidad, para que sea dicha autoridad, quien defina si le asiste o no raz\u00f3n en sus aseveraciones. <\/p>\n
Por tanto, la demanda de amparo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la petente pretende un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, sobre aspectos que deben ser solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cSon causales de revisi\u00f3n: (\u2026) 1. Haberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 \u201cEl recurso se interpondr\u00e1 por medio de demanda que deber\u00e1 contener: 1. Nombre y domicilio del recurrente. 2. Nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia para que con ellas se siga el procedimiento de revisi\u00f3n. 3. La designaci\u00f3n del proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, con indicaci\u00f3n de su fecha, el d\u00eda en que qued\u00f3 ejecutoriada y el despacho judicial en que se halla el expediente. 4. La expresi\u00f3n de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento. 5. La petici\u00f3n de las pruebas que se pretenda hacer valer. A la demanda deber\u00e1n acompa\u00f1arse las copias de que trata el art\u00edculo 89\u201d. <\/p>\n
3\u0002 \u201cEl recurso de s\u00faplica procede contra los autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia, o durante el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de un auto. Tambi\u00e9n procede contra el auto que resuelve sobre la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n y contra los autos que en el tr\u00e1mite de los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n o revisi\u00f3n profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelaci\u00f3n. No procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelaci\u00f3n o queja (subl\u00ednea fuera de texto). <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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