STC7147-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7147-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00860-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 5 de mayo de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela promovida por Clara Patricia y Sol Beatriz Montoya Parra frente a la Superintendencia de Sociedades y Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A., en Liquidaci\u00f3n; con ocasi\u00f3n de liquidaci\u00f3n de esta \u00faltima con radicado n\u00famero 33494. <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, las actoras suplican la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por los convocados. <\/p>\n
2. Del extenso escrito inicial se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Manifiestan la accionantes que, en la sucesi\u00f3n intestada de Jos\u00e9 Octavio Montoya Montoya, adelantado en el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, en el cual fungen como herederas, se decret\u00f3 el embargo y secuestro de las acciones de propiedad del causante, medidas comunicadas mediante oficios de 20 de marzo de 2009 y 12 de agosto de 2016. <\/p>\n
Sostienen que, el 27 de septiembre de 2016, el revisor fiscal del Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A., certific\u00f3 el registro de dichas cautelas por valor de $24.475.500, en el libro oficial de accionistas de la sociedad. <\/p>\n
Refieren que, en mayo de 2019, la entonces representante legal de la mencionada empresa inform\u00f3 a Clara Patricia Montoya Parra que, a partir del d\u00eda 10 de abril de 2019, ingres\u00f3 como accionista de la misma. <\/p>\n
Afirman que, en peticiones de 27 de abril de 2020 y 12 de junio de 2020, Clara Patricia Montoya Parra solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre el n\u00famero de asambleas convocadas y celebradas en el a\u00f1o 2020, copias de los estados financieros e informes del revisor fiscal correspondientes a 2017, 2018 y 2019. <\/p>\n
Aseveran que, ante el silencio de la sociedad, promovieron acci\u00f3n de tutela \u201ca partir de la cual se orden\u00f3 dar respuesta a los derechos de petici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, el 16 de diciembre de 2020, la liquidadora, Luz Mery Puentes Parra, dio respuesta indicando que, revisado el libro de accionistas, la Clara Patricia Montoya Parra no ostentaba tal calidad, por lo cual, dada la reserva legal, no era posible reportar los datos pretendidos. <\/p>\n
Indican que, el 12 de enero de 2021, como contestaci\u00f3n a un nuevo \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d, la liquidadora inform\u00f3 que el embargo de las acciones de Jos\u00e9 Octavio Montoya Montoya fue inscrito desde el 12 de agosto de 2016 y se encontraba vigente. <\/p>\n
Reprochan que, en el aludido proceso concursal se tenga se\u00f1alada fecha y hora para la audiencia de aprobaci\u00f3n del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, sin que el juez cognoscente del juicio de sucesi\u00f3n haya efectuado control de legalidad frente a las aludidas cautelas. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, ordenar, a la Superintendencia de Sociedades, <\/p>\n
\u201c(\u2026) suspend[er] provisionalmente el proceso de liquidaci\u00f3n judicial radicado bajo el n\u00famero 33494, hasta tanto no se haya saneado el proceso judicial de sucesi\u00f3n intestada, y se [les] haya garantizado (\u2026) el acceso a los libros y documentos societarios necesarios para esclarecer los actos de disposici\u00f3n sobre las acciones embargadas y los derechos que les asisten. <\/p>\n
\u201cb. Subsidiariamente, (\u2026) abstenerse de fijar fecha para audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, hasta tanto se [les] haya garantizado (\u2026) el acceso a los libros y documentos societarios necesarios para esclarecer los actos de disposici\u00f3n sobre las acciones embargadas y los derechos que les asisten (\u2026). <\/p>\n
Y, al Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A.: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a. que se revierta cualquier acto de disposici\u00f3n que se haya efectuado sobre las acciones afectadas con las medidas cautelares materia del proceso de sucesi\u00f3n intestada, con efectos retroactivos. <\/p>\n
\u201cb. Ordenar que se restablezca la calidad de socias a las accionantes, calidad que debe comprender todos los derechos y atribuciones inherentes a las acciones societarias. <\/p>\n
\u201cc. Ordenar que se abstengan de efectuar disposiciones sobre bienes materia de medidas cautelares sin la orden expresa de la autoridad correspondiente o sin la aquiescencia del titular de los derechos. <\/p>\n
\u201cd. Ordenar a la sociedad accionada expedir copia aut\u00e9ntica de los folios del libro oficial de accionistas donde consten las anotaciones practicadas respecto de los embargos practicados, levantamiento de los mismos, y toda anotaci\u00f3n que contenga cualquier acto de disposici\u00f3n o negociaci\u00f3n sobre las acciones que le fueron adjudicadas a las accionantes. <\/p>\n
\u201ce. Ordenar a la sociedad accionada certificar qui\u00e9n o qui\u00e9nes han fungido como representantes de las 24.475.500 acciones de propiedad del causante se\u00f1or JOS\u00c9 OCTAVIO MONTOYA MONTOYA en todas las reuniones, ordinarias y extraordinarias, de los \u00f3rganos de direcci\u00f3n de la sociedad, especialmente aquellas celebradas en vigencia de la orden de embargo emitida por el Juzgado 1 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 (3 de agosto de 2016). <\/p>\n
\u201cf. Ordenar a la sociedad accionada emitir copia aut\u00e9ntica de las convocatorias y actas correspondientes a todas las reuniones, ordinarias y extraordinarias, de los \u00f3rganos de direcci\u00f3n de la sociedad celebradas a partir de la orden de embargo emitida por el Juzgado 1 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 mediante Auto de 3 de agosto de 2016. <\/p>\n
\u201cg. Ordenar a la sociedad accionada expedir copia aut\u00e9ntica de las convocatorias y actas de reuniones de los \u00f3rganos de direcci\u00f3n de la sociedad (ordinarias y\/o extraordinarias), en las cuales se discuti\u00f3 y decidi\u00f3 sobre cualquier acto de disposici\u00f3n respecto de las acciones que le fueron adjudicadas a las accionantes dentro del proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or JOSE OCTAVIO MONTOYA MONTOYA (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Aunque el escrito inicial tambi\u00e9n estaba dirigido contra el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, en auto del 20 de abril de 2021, la Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, orden\u00f3 la segregaci\u00f3n del asunto, asumiendo \u00fanicamente el tr\u00e1mite del amparo contra ese despacho judicial; correspondi\u00e9ndole a la hom\u00f3loga Civil del mismo colegiado, el estudio de la queja frente a los dem\u00e1s accionados y, a esta Corte, la impugnaci\u00f3n all\u00ed planteada. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, precisando que el 23 de septiembre de 2020, decret\u00f3 la apertura de la liquidaci\u00f3n del Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A., design\u00e1ndose como liquidadora a Luz Mery Puentes Jarro; el 18 y 19 de noviembre de 2020, las gestoras allegaron escritos de presentaci\u00f3n de cr\u00e9ditos; el 20 de enero de 2021, la liquidadora radic\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos donde fueron reconocidas acreencias en favor de las aqu\u00ed tutelantes, quienes, corrido el traslado de ley, formularon objeciones; y, finalmente, mediante auto de 27 de abril de 2021, se se\u00f1al\u00f3 fecha y hora para la audiencia de aprobaci\u00f3n del citado proyecto. <\/p>\n
2. La liquidadora, Luz Mery Puentes Jarro, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, por cuanto el decurso de liquidaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite y las quejosas son parte del mismo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, puntualiz\u00f3 que el 10 de junio y el 23 de agosto de 2016, las actoras ejercieron su derecho de retiro de la sociedad, por su desacuerdo respecto al valor de las acciones, situaci\u00f3n estudiada por la entidad accionada en el asunto n\u00b0. 2017-800-00190. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, a trav\u00e9s de sentencia de 23 de agosto de 2018, el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito, determin\u00f3 el valor de las acciones, providencia confirmada por el superior jer\u00e1rquico, el 13 de diciembre de 2019. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo tras descartar la vulneraci\u00f3n alegada, al verificar que las quejosas <\/p>\n
\u201c(\u2026) omit[ieron] informar al juez de tutela, sobre la existencia y tr\u00e1mite de los procesos judiciales adelantados en procura de sus derechos como socias o herederas, as\u00ed como su ejercicio del derecho de retiro de su calidad de accionistas (\u2026). <\/p>\n
Con todo, descart\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada por cuanto las tutelantes fueron reconocidas dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad, por lo cual pudieron ejercer su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tampoco se evidencia que exista una raz\u00f3n jur\u00eddica para ordenar la suspensi\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n, pues como bien lo afirma la liquidadora, la medida de embargo de las acciones de propiedad del fallecido se encuentra vigente y ser\u00e1 el Juez que la decret\u00f3, quien defina la suerte de esa cautela. Ahora, la condici\u00f3n de herederas y los derechos que de ello puedan derivarse, deben ventilarse ante el Juez de la sucesi\u00f3n intestada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En lo atinente a los derechos de petici\u00f3n presentados el 27 de abril y 12 de junio de 2020, el colegiado convocado advirti\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las interesadas manifiestan que recibieron respuesta por parte de la liquidadora, el 12 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, es decir, tampoco se ha conculcado tal garant\u00eda. Es m\u00e1s, no controvierten lo all\u00ed contestado, sino que ahora pretenden complementar con otras peticiones, para lo cual, deber\u00e1n agotar el tr\u00e1mite respectivo, es decir, presentar la solicitud o procurar el levantamiento de la reserva legal, ante la autoridad competente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetraron las censoras, insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Las actoras pretenden que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n se ordene a la superintendencia accionada suspender, provisionalmente, el decurso de liquidaci\u00f3n judicial del Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A., hasta tanto no se haya \u201csaneado\u201d el proceso judicial de sucesi\u00f3n intestada de Jos\u00e9 Octavio Montoya Montoya, y la mencionada sociedad les haya garantizado el acceso a los libros y documentos societarios necesarios para esclarecer los actos de disposici\u00f3n sobre las acciones embargadas y los derechos que les asisten. <\/p>\n
2. En lo atinente a la solicitud de suspensi\u00f3n provisional del aludido proceso liquidatorio, de entrada, se advierte la inviabilidad del amparo por la desatenci\u00f3n del requisito de subsidiariedad, por cuanto las actoras no acreditaron haber formulado dicho pedimento directamente ante la entidad convocada. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el interesado anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el funcionario competente; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
3. Con relaci\u00f3n a la solicitud de ordenar a la Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A. en liquidaci\u00f3n, dar respuesta a las peticiones aqu\u00ed se\u00f1aladas, el amparo no se abre paso, de un lado, porque las accionantes no acreditaron haber formulado la totalidad de dichas solicitudes ante dicho ente societario y, de otro, por cuanto, algunas de ellas ya fueron contestadas por la liquidadora mediante comunicaci\u00f3n de 12 de enero de 2021. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se cumplen los presupuestos para la procedencia de acciones de tutelas frente a particulares2, m\u00e1xime si es al interior del decurso concursal donde deben rebatirse las gestiones de la sociedad en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 42. Procedencia. La acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud est\u00e9 encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n para proteger los derechos consagrados en los art\u00edculos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud est\u00e9 encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonom\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud est\u00e9 encargado de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organizaci\u00f3n privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situaci\u00f3n que motiv\u00f3 la acci\u00f3n, siempre y cuando el solicitante tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n con tal organizaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Cuando se solicite rectificaci\u00f3n de informaciones inexactas o err\u00f3neas. En este caso se deber\u00e1 anexar la transcripci\u00f3n de la informaci\u00f3n o la copia de la publicaci\u00f3n y de la rectificaci\u00f3n solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. <\/p>\n
<\/p>\n
8.. Cuando el particular act\u00fae o deba actuar en ejercicio de funciones p\u00fablicas, en cuyo caso se aplicar\u00e1 el mismo r\u00e9gimen que a las autoridades p\u00fablicas. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n respecto del particular contra el cual se interpuso la acci\u00f3n. Se presume la indefensi\u00f3n del menor que solicite la tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7147-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC7147-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00860-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54892","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54892"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54892\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54892"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}