STC7170-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7170-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01720-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, integrada, de manera unitaria, por el magistrado Jos\u00e9 Hoover Cardona Montoya, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado 2020-00089-00, incoada por el gestor contra la Notar\u00eda \u00danica de P\u00e1cora -Caldas-. <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor solicit\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Aguadas -Caldas-, la protecci\u00f3n colectiva de las personas sordas, ciegas y sordociegas, por cuanto en las instalaciones de la Notar\u00eda \u00danica de P\u00e1cora, no exist\u00edan medios que permitieran la comunicaci\u00f3n a quienes se encontrasen en tales condiciones. <\/p>\n
Mediante sentencia de 12 de marzo de 2021, se acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n del promotor y, por tal motivo, la rese\u00f1ada entidad formul\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al colegiado confutado. <\/p>\n
El 19 de abril postrero, el tribunal fustigado declar\u00f3 desierta la alzada por falta de sustentaci\u00f3n y, el 3 de junio ulterior, la Notar\u00eda \u00danica de P\u00e1cora manifest\u00f3 su inter\u00e9s en desistir del recurso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Para el tutelante, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto la apelaci\u00f3n en cuesti\u00f3n se motiv\u00f3 ante el a quo y, adem\u00e1s, el impulso de las actuaciones previstas en la Ley 472 de 1998, son oficiosas. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, (i) dar tr\u00e1mite a la alzada objeto de disenso; y (ii) ordenar aportar copias digitalizadas de las sentencias STC5790 de 24 de mayo de 2021 proferida por esta Sala, T-201 de 2015 y SU238 de 2019, emanadas de la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El tribunal encausado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Procurador Sexto Judicial II de Asuntos Civiles y Laborales de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que no ha conculcado prerrogativa alguna al censor. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La salvaguarda no prospera porque los hechos aducidos en la demanda de amparo no le resultan perjudiciales al solicitante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala advierte que, en relaci\u00f3n a la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n declarada por el tribunal cuestionado en auto de 19 de abril de 2021, esta defensa no fue incoada por el actor y tampoco se adhiri\u00f3 a \u00e9sta, como para suponer un menoscabo a sus prerrogativas superlativas. <\/p>\n
En esa medida, si el fallo de primera instancia le fue favorable y su contraparte promovi\u00f3 alzada para enervarlo, instrumento que no se motiv\u00f3 y, por tanto, dio lugar a la ejecutoria la sentencia del a quo, ninguna afectaci\u00f3n puede predicarse frente al quejoso, m\u00e1xime si no prob\u00f3 estar ad portas de un perjuicio irremediable por lo sucedido. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares [de conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo III del Decreto 2591 de 1991]\u201d. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u201d. <\/p>\n
\u201cY lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela (\u2026)1\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, adem\u00e1s, revela la intenci\u00f3n del actor en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como sustento de los reclamos, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver los casos, en asuntos carentes de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que se abstenga de incurrir en la conducta descrita como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues, con ello, no hace m\u00e1s que contribuir a la congesti\u00f3n judicial, distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Tocante a la pretensi\u00f3n encaminada a obtener copias digitalizadas de las sentencias STC5790 de 24 de mayo de 2021 proferida por esta Sala, T-201 de 2015 y SU238 de 2019, emanadas de la Corte Constitucional; la misma no prospera porque desborda el objeto de la acci\u00f3n de tutela, cual es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados; adem\u00e1s, el tutelante puede obtener tales reproducciones a trav\u00e9s del sistema de relator\u00eda de la Sala y de la precitada corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, integrada, de manera unitaria, por el magistrado Jos\u00e9 Hoover Cardona Montoya, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado 2020-00089-00, incoada por el gestor contra la Notar\u00eda \u00danica de P\u00e1cora -Caldas-. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-130-14 de 11 de marzo de 2014, exp. T-4.108.100 <\/p>\n
2\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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