STC7174-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7174-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01788-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por la Corporaci\u00f3n Antena Parab\u00f3lica Vecinos y Amigos de Pensilvania -Copavapen- frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por la magistrada Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cinfracci\u00f3n por derechos de autor\u201d adelantado por la Gesti\u00f3n Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Ante la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, la Gesti\u00f3n Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia inici\u00f3 frente a la aqu\u00ed tutelante, el juicio materia de resguardo. <\/p>\n
Manifiesta que, \u201c(\u2026) al consultar la referida norma, entendi\u00f3 (\u2026) la necesidad de concurrir a la ciudad de Bogot\u00e1, para notificarse personalmente\u201d de la demanda incoada en su contra; sin embargo, el 9 de ese mes y a\u00f1o, mediante mensaje de datos, obtuvo el conocimiento del respectivo libelo, sin indic\u00e1rsele \u201c(\u2026) de cu\u00e1nto tiempo dispon\u00eda para responder (\u2026) ni el tipo de proceso, y menos [a] donde deb\u00eda enviar la respuesta de la misma (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Arguye que, el 29 de enero de 2021, acudi\u00f3 a ese pleito presentando \u201cexcepciones y objeci\u00f3n a la cuant\u00eda\u201d; empero, el despacho cognoscente, en auto de 2 de febrero pasado, no tuvo en cuenta la r\u00e9plica ejercida frente al \u201cjuramento estimatorio\u201d al calificarla de extempor\u00e1nea y, aunque \u201c(\u2026) no se di[jo] nada respecto de la contestaci\u00f3n de la demanda, debe entenderse que igual[mente] (\u2026)\u201d fue considerada intempestiva. <\/p>\n
Esgrime que atac\u00f3 esa decisi\u00f3n mediante reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo desestimado el remedio vertical y correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, quien, en prove\u00eddo de 5 de mayo pasado, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Sostiene que, dentro del comentado decurso, se vulneraron sus prerrogativas fundamentales, porque <\/p>\n
\u201c(\u2026) el juzgador de primera instancia y el de segunda, desconocieron (\u2026) el art. 8 del Decreto 806 de 2020; el cual le exige al demandante cumplir con el principio de equivalencia funcional de la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica; es decir que \u00e9sta cumpla los mismos prop\u00f3sitos que la notificaci\u00f3n judicial f\u00edsica\u201d. <\/p>\n
Asevera que los t\u00e9rminos debieron contabilizarse a partir del enteramiento efectivo de la demanda impetrada en su contra y no desde el envi\u00f3 de la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar que dentro del caso bajo estudio \u201cse tenga por contestada la demanda en tiempo oportuno y se corra traslado de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio de perjuicios\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Manifest\u00f3 que se acoge a los \u201ccriterios jur\u00eddicos\u201d expresados por esa colegiatura dentro del decurso censurado por la tutelante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n Antena Parab\u00f3lica Vecinos y Amigos de Pensilvania – Copavapen, critica la decisi\u00f3n del tribunal tutelado, mediante la cual ratific\u00f3 la providencia que declar\u00f3 extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n realizada frente a la demanda incoada en su contra en el pleito sublite, pues, en su sentir, no fue enterada debidamente del inicio de ese asunto. <\/p>\n
2. Se advierte que el auxilio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, dado el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues revisado el expediente digital del litigio criticado, se observa que la quejosa, no ha alegado dentro ese proceso, la nulidad contemplada en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual indica: <\/p>\n
\u201cEl proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (\u2026) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado.\u201d. <\/p>\n
Por tanto, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues la petente pretende un pronunciamiento, sobre aspectos que deben ser puestos en conocimiento y solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Corporaci\u00f3n Antena Parab\u00f3lica Vecinos y Amigos de Pensilvania -Copavapen- frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por la magistrada Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cinfracci\u00f3n por derechos de autor\u201d adelantado por la Gesti\u00f3n Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
SEGUNDO: Ent\u00e9rese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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