STC7175-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7175-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01794-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Wilmer Arley L\u00f3pez Angulo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, con ocasi\u00f3n del decurso de la rese\u00f1ada estirpe, adelantado en contra del gestor por el delito de \u201cexplotaci\u00f3n il\u00edcita de yacimiento minero y otros materiales\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa a la informaci\u00f3n, presuntamente violentada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Mediante sentencia de 14 de septiembre de 2018, el estrado del circuito confutado conden\u00f3 al impulsor a setenta y seis (76) meses de prisi\u00f3n, como coautor del delito de \u201cexplotaci\u00f3n il\u00edcita de yacimiento minero y otros materiales\u201d, en concurso homog\u00e9neo con \u201ccontaminaci\u00f3n ambiental por explotaci\u00f3n de yacimiento minero o hidrocarburo\u201d. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, el promotor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal fustigado, quien el 5 de agosto de 2019, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n frente a la \u201ccontaminaci\u00f3n ambiental por explotaci\u00f3n de yacimiento minero o hidrocarburo\u201d y ratific\u00f3 la providencia protestada respecto a la \u201cexplotaci\u00f3n il\u00edcita de yacimiento minero y otros materiales\u201d y, por tanto, sancion\u00f3 penalmente al actor a treinta y cuatro (34) meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, el tutelante entabl\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n ante la hom\u00f3loga Penal, estrado que, en auto AP3091-2020 de 18 de noviembre de 2020, inadmiti\u00f3 esa defensa. <\/p>\n
Para el censor se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto en su sentir, se dio por probada, sin estarla, su responsabilidad en la conducta enrostrada. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto los pronunciamientos refutados y, en su lugar, declarar su inocencia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El juzgado del circuito demandado y la Sala de Casaci\u00f3n Penal defendieron, por separado, la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al desatenderse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. El primero, porque, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 21 de mayo de 2020, y el auto AP3091-2020 de 18 de noviembre de 2020, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que impetr\u00f3 el accionante, han trascurrido m\u00e1s de seis (6) meses, tiempo que supera el establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En cuanto a la segunda exigencia se\u00f1alada, se observa que, si bien el suplicante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, tal impugnaci\u00f3n fue inadmitida el 18 de noviembre de 2020, porque la misma no reun\u00eda los requisitos establecidos en la Ley para definirla. <\/p>\n
Lo anterior, pues las v\u00edas escogidas por el actor para atacar el fallo de segunda instancia, resultaron inadecuadas, en tanto sus reparos se fundaron en afirmaciones imprecisas y no conten\u00edan una argumentaci\u00f3n suficiente frente a las pruebas valoradas por el ad quem como para derruir la presunci\u00f3n de acierto del fallo de segunda instancia en relaci\u00f3n con la conducta endilgada por \u201cexplotaci\u00f3n il\u00edcita de yacimiento minero y otros materiales\u201d <\/p>\n
En torno a lo esbozado, as\u00ed discurri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien en la formulaci\u00f3n del cargo principal se acus\u00f3 la sentencia por violaci\u00f3n indirecta de la ley derivada de error de hecho por falso juicio de existencia por omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n del informe de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Norte del Cauca (CRC), introducido al juicio mediante el testimonio de Diego Fernando L\u00f3pez Mu\u00f1oz, la Sala advierte que el Ad quem no omiti\u00f3 valorar el informe, sino que, al valorarlo en conjunto con las dem\u00e1s pruebas, como se analizar\u00e1, lo demerit\u00f3. Por ende, el libelista incurre en su argumentaci\u00f3n en vulneraci\u00f3n del principio de correcci\u00f3n material y s\u00f3lo pretende revivir un debate ya agotado en las instancias, desconociendo adem\u00e1s que el recurso extraordinario no es una tercera instancia\u201d <\/p>\n
\u201cEn efecto, la estrategia de la defensa se bas\u00f3 en que el predio en donde se llev\u00f3 a cabo el allanamiento no est\u00e1 ubicado en las coordenadas del sitio para el cual se imparti\u00f3 la orden, es una finca denominada \u201cLa Morelia\u201d, cuya posesi\u00f3n era ejercida por Fabio Antonio Giraldo Cifuentes y estaba dedicada a cultivos de pan coger y ganader\u00eda y, fundamentalmente, all\u00ed no se observ\u00f3 movimiento de tierras ni excavaciones que indicaran que se realizaban actividades de miner\u00eda a cielo abierto, tal y como aparece en el informe aportado por el director de la Corporaci\u00f3n aut\u00f3noma Regional del Norte del Cauca (CRC). Sin embargo, con fundamento en la prueba testimonial y documental, el [tribunal] estableci\u00f3 que esto no es cierto\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn s\u00edntesis, al establecer que los dos cargos formulados no cumplen con los requisitos exigidos en los art\u00edculos 183 y 184 de la Ley 906 de 2004 para el recurso extraordinario, ni con los criterios desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para su estructuraci\u00f3n, y al tener en cuenta que no se advierte la presencia de circunstancia vulneradora de garant\u00edas fundamentales que la obligue a intervenir de oficio para su restablecimiento, se inadmitir\u00e1 la demanda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, como el petente no hizo uso id\u00f3neo del medio de defensa se\u00f1alado, se impone el fracaso de esta salvaguarda por ser particularmente residual y subsidiaria. <\/p>\n
Respecto del anotado presupuesto, esta Colegiatura ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay lugar a la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la misma se halla reservada exclusivamente para casos de evidente desafuero judicial con directa repercusi\u00f3n en postulados supralegales, no siendo el presente uno de ellos. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, no es dable reabrir discusiones a trav\u00e9s del ruego tuitivo, pues el mismo est\u00e1 instituido para la defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1s no para buscar una mejor opini\u00f3n como si de otra instancia se tratase. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (\u2026)\u201d3 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Wilmer Arley L\u00f3pez Angulo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, con ocasi\u00f3n del decurso de la rese\u00f1ada estirpe, adelantado en contra del gestor por el delito de \u201cexplotaci\u00f3n il\u00edcita de yacimiento minero y otros materiales\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278a 308. <\/p>\n
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