STC7186-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7186-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00664-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por Daniela Ochoa Navarro frente al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y trabajo, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, sostiene que el 29 de marzo de 2021 le solicit\u00f3 a la entidad convocada \u201cla inscripci\u00f3n de [su] tarjeta profesional de abogada (\u2026)\u201d y, para ello, en dicha data, remiti\u00f3 la documentaci\u00f3n exigida a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Sostiene que la querellada \u201csolo acus\u00f3 recibido hasta el 31 de mayo del presente a\u00f1o\u201d; sin embargo, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo, no le ha expedido el documento requerido. <\/p>\n
3. Reclama, por tanto, imponerle a la tutelada, acceder a sus demandas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia se opuso a la prosperidad del resguardo porque, adujo, a la promotora ya le fue asignada \u201cla Tarjeta Profesional de Abogado No 360.101, mediante el Acta No. 8171 de [10 de junio] 2021 (\u2026)\u201d, gesti\u00f3n notificada a trav\u00e9s de su e-mail. Anot\u00f3, adem\u00e1s: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los respectivos documentos fueron enviados al contratista para la elaboraci\u00f3n del pl\u00e1stico de la Tarjeta Profesional de Abogado y, una vez sea entregada a esta Unidad, se remitir\u00e1 a trav\u00e9s del servicio de correo certificado de 472, al domicilio (residencia) registrado por la accionante. <\/p>\n
\u201cDe igual manera, la accionante podr\u00e1 acceder a la certificaci\u00f3n de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a trav\u00e9s del servicio de \u201cCertificado de Vigencia\u201d, al que podr\u00e1 acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la p\u00e1gina web de la Rama Judicial o en el link https:\/\/sirna.ramajudicial.gov.co\/Paginas\/Certificado.aspx, escogiendo la calidad de \u201cAbogado\u201d y verificar as\u00ed la titularidad y vigencia del documento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, reclam\u00f3 denegar la protecci\u00f3n incoada por acaecer un hecho superado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinada la queja y las pruebas adosadas, se establece el fracaso del auxilio demandado, por configurarse un hecho superado, pues, como lo indic\u00f3 la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en el tr\u00e1mite de esta salvaguarda, atendi\u00f3 lo exigido por la peticionaria. <\/p>\n
En efecto, se constata que, mediante \u201cActa de Registro de Tarjeta Profesional N\u00b0 8171\u201d, se le asign\u00f3 a la tutelante dicho documento, con \u201c(\u2026) No.360101, [y] (\u2026) fecha de expedici\u00f3n el 10 de junio del 2021 (\u2026)\u201d, notific\u00e1ndosele de ello, a trav\u00e9s de oficio de la misma fecha. Se resalta, si bien la recepci\u00f3n f\u00edsica de la misma se halla en tr\u00e1mite, conforme lo explic\u00f3 el citado ente en su respuesta, lo cierto es, dicha tarjeta ya fue expedida y su vigencia y titularidad pueden ser consultadas, por quien est\u00e9 interesado, a trav\u00e9s \u201c(\u2026) del servicio de \u201cCertificado de Vigencia\u201d (\u2026)\u201d referido por la querellada en su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la reclamaci\u00f3n de la promotora fue definida por la autoridad denunciada, de acuerdo con lo antes acotado, la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, en tal aspecto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura rese\u00f1ada, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
2.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Daniela Ochoa Navarro frente al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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