STC7195-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7195-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00832-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Sergio Alejandro Farf\u00e1n Osorio a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada estirpe, con radicado n\u00b02011-00015-01, adelantado contra el gestor por el delito de \u201cpornograf\u00eda con menores\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Mediante sentencia de 17 de julio de 2012, el estrado del circuito confutado conden\u00f3 al promotor a setenta y cuatro (74) meses de prisi\u00f3n, como autor del delito de \u201cpornograf\u00eda con menores\u201d. <\/p>\n
Inconforme con lo decido, el mandatario del impulsor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal fustigado, quien, en fallo de 21 de junio octubre de 2013, ratific\u00f3 el prove\u00eddo protestado. <\/p>\n
El censor aduce que no tuvo conocimiento de lo acontecido al interior del decurso criticado y, encontr\u00e1ndose en Estados Unidos de Am\u00e9rica, fue detenido el 6 de junio de 2019, en donde estuvo privado de la libertad por cuatro (4) meses, hasta que fue extraditado a Colombia el 4 de octubre postrero, para ser recluido en la c\u00e1rcel \u201cLa Picota\u201d de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Para el precursor, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, en su decir, se dio por probado, sin estarlo, su responsabilidad en la conducta enrostrada; adem\u00e1s, cuestiona, no tuvo una adecuada defensa t\u00e9cnica al interior del decurso refutado. <\/p>\n
Asimismo, destaca, de un lado, carecer de los medios econ\u00f3micos necesarios para incoar los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n y revisi\u00f3n y, de otro, padecer de comorbilidades que lo ubican en situaci\u00f3n de riesgo a causa de la pandemia <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto los pronunciamientos reprochados. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. Los estrados atacados defendieron, por separado, la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al desconocerse el requisito de temporalidad y toda vez que las determinaciones acusadas se emitieron de acuerdo con el contexto del caso y los medios de convicci\u00f3n allegados al debate. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al desatenderse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. Sobre el primero, se observa, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 12 de junio de 2020, y la sentencia de 12 de junio de 2012, mediante la cual la corporaci\u00f3n accionada ratific\u00f3 la condena impuesta al precursor en primera instancia, han trascurrido m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os, tiempo que supera, holgadamente, el t\u00e9rmino de seis (6) meses, establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, incluso a partir de cuando el tutelante arrib\u00f3 al pa\u00eds el 4 de octubre de 2019, dada la extradici\u00f3n suscitada con ocasi\u00f3n del ritual refutado, tampoco se satisface el requisito en cuesti\u00f3n, pues pasaron m\u00e1s de ocho (8) meses entre esa data y la fecha formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. En cuanto a la segunda condici\u00f3n se\u00f1alada, se advierte que el suplicante no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n a su alcance, dilapidando un instrumento id\u00f3neo para la defensa de sus intereses, aspecto que, valga se\u00f1alar, obedeci\u00f3 a su propia incuria, m\u00e1s no a una situaci\u00f3n atribuible a los despachos demandados. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]ecu\u00e9rdese que, seg\u00fan el precedente jurisprudencial, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado presupuesto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
4. Tocante a la aducida negligencia del abogado contractual del petente al interior del decurso criticado, se resalta, la misma no permite estructurar esta salvaguarda, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad (\u2026) en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, ‘(\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)’, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u201d5. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, la responsabilidad de los mandatarios no puede trasladarse a los funcionarios judiciales, como ahora lo pretende el gestor, m\u00e1xime cuando lo alegado por aqu\u00e9l es, en definitiva, la estrategia jur\u00eddica por la cual opt\u00f3 su apoderado de confianza, la cual no devela menoscabo a prerrogativa alguna; adem\u00e1s, lo acotado permite establecer que el actor estuvo asistido por un profesional del derecho en el ritual cuestionado. <\/p>\n
5. Finalmente, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad y urgencia, propios del mismo; pues si el promotor quiere incoar de la \u201cacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d y no cuenta con los medios econ\u00f3micos para contratar a un abogado de confianza, puede acudir al Sistema de Defensor\u00eda P\u00fablica para que le designe un profesional del derecho a fin de impetrarla, conforme se lo permite el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 941 de 20056; adem\u00e1s, en caso de padecer una enfermedad que ponga en riesgo su integridad, le es dable pedirle al establecimiento carcelario en donde se encuentra recluido, adoptar medidas especiales al respecto7. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d8 (negrillas originales). <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC17119-2019 de 16 de diciembre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-04106-00 <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia T- 015 de 22 de enero de 1999, exp. No. 5715; reiterada el 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 2o. Cobertura. El Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica prestar\u00e1 sus servicios en favor de las personas que por sus condiciones econ\u00f3micas o sociales se encuentran en circunstancias de desigualdad manifiesta para proveerse, por s\u00ed mismas, la defensa de sus derechos. Tambi\u00e9n se prestar\u00e1 por las necesidades del proceso previstas en el inciso 2o del art\u00edculo 43 de la presente ley, en cuyo caso el imputado o acusado pagar\u00e1 al Sistema la totalidad de los honorarios y gastos causados (\u2026). Para los efectos de la presente ley, se entiende por persona en imposibilidad econ\u00f3mica, aquella que carece de recursos suficientes para proveer su defensa t\u00e9cnica y por persona en imposibilidad social, aquella que por discriminaci\u00f3n u otra circunstancia excluyente no pueda acceder a un defensor particular (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. STP5548-2020 de 4 de agosto de 2020, exp, 111264. <\/p>\n
8\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
9\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
10\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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