STC7201-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7201-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02107-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 4 de febrero de 2021, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Banco Davivienda S.A. frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral adelantado por Mar\u00eda Cristina Buelvas Rodr\u00edguez contra la sociedad actora. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad financiera exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Entre Mar\u00eda Cristina Buelvas Rodr\u00edguez y Davivienda S.A. existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral entre el 20 de mayo de 1991 y el 20 de septiembre de 2009, por lo cual, una vez terminado dicho v\u00ednculo, la compa\u00f1\u00eda crediticia liquid\u00f3 y pag\u00f3 a la trabajadora las prestaciones, sobre el \u201csalario promedio que correspond\u00eda seg\u00fan cada concepto a liquidar\u201d. <\/p>\n
No obstante, Buelvas Rodr\u00edguez promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral solicitando condenar a la sociedad bancaria, entre otras, al pago de la reliquidaci\u00f3n de las cesant\u00edas con sus respectivos intereses, las primas de servicios y las vacaciones, as\u00ed como la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa y la sanci\u00f3n moratoria por el no pago oportuno de las mencionadas acreencias. <\/p>\n
El anotado decurso fue tramitado, en primera instancia, en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, quien, en sentencia de 20 de septiembre de 2013, accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones elevadas por la interesada, por lo cual orden\u00f3 a la corporaci\u00f3n demandada reconocer la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa, as\u00ed como de los perjuicios morales. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n fue revocada el 26 de noviembre de 2014, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, al desatar los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por los ambos extremos del litigio. En consecuencia, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) PRIMERO, REVOCAR la sentencia de fecha y procedencia conocida, en lo que respecta a la absoluci\u00f3n por concepto de reliquidaci\u00f3n de prestaciones sociales, vacaciones e intereses de cesant\u00edas, para en su lugar CONDENAR a Davivienda S.A. a pagarle a Mar\u00eda Cristina Vuelvas Rodr\u00edguez las siguientes sumas de dinero debidamente indexadas hasta el momento de esta sentencia y que deber\u00e1n indexarse al momento del pago. <\/p>\n
Por concepto de cesant\u00edas: 33.900 pesos. <\/p>\n
Por concepto de intereses a las cesant\u00edas: 4.333 pesos. <\/p>\n
Por concepto de primas legales: 24.996 pesos. <\/p>\n
Por concepto de vacaciones: 106.382 pesos. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO, en lo restante CONFIRMAR a la sentencia recurrida (\u2026)\u201d <\/p>\n
Davivienda S.A. inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, empero la Sala especializada en Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, mediante sentencia SL2423-2020 de 16 de junio de 2020, dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
Aduce la entidad accionante, que la colegiatura fustigada incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, al cambiar el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente respecto a: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Las reglas para determinar el salario promedio base de liquidaci\u00f3n de las cesant\u00edas, primas, vacaciones y dem\u00e1s conceptos laborales, en tanto que aval\u00f3 tomar como base un \u00fanico salario promedio indiscriminadamente para todos los conceptos, sin consideraci\u00f3n al periodo y prestaci\u00f3n o emolumento a liquidar. Conviene precisar que, de conformidad con el precedente pac\u00edfico de la Sala Laboral y las normas del CST, cada prestaci\u00f3n tiene reglas diferentes para determinar el salario promedio base de liquidaci\u00f3n; y (ii) Las reglas para la procedencia de la condena por indemnizaci\u00f3n de perjuicios en casos de despido injusto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, manifiesta que la autoridad conculcada \u201cincurri\u00f3 en la causal de expedir una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n\u201d, pues, no cumpli\u00f3 con la carga de fundar su posici\u00f3n y exponer las razones para apartarse del precedente. <\/p>\n
Subsidiariamente solicita \u201cdeclarar la nulidad\u201d del referido fallo y, en consecuencia, conminar a dicha colegiatura, a remitir el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. <\/p>\n
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1. Respuesta de las accionadas y vinculados <\/p>\n
1. El \u00f3rgano de cierre acusado defendi\u00f3 su proceder y afirm\u00f3 que en la decisi\u00f3n censurada se acataron los lineamientos legales, jurisprudenciales y constitucionales que rigen la materia. <\/p>\n
Precis\u00f3 que la recurrente no cumpli\u00f3 con las reglas adjetivas de t\u00e9cnica que requiere el recurso extraordinario, por lo cual no se cas\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia. Adem\u00e1s, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n el fallo atacado por la acci\u00f3n constitucional, se explicaron las razones de hecho y de derecho por las cuales no se cas\u00f3 la decisi\u00f3n refutada mediante el recurso extraordinario y que respetan los lineamientos legales y constitucionales, guardando coherencia con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, toda vez que, al analizar los cargos, se justific\u00f3 cada argumento de la decisi\u00f3n con precedentes de la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, descart\u00f3 los defectos alegados por la entidad impulsora, as\u00ed lo rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se incurri\u00f3 en el defecto org\u00e1nico mencionado, toda vez que esta Sala se encontraba plenamente facultada para adoptar la decisi\u00f3n que en derecho correspond\u00eda frente al recurso de casaci\u00f3n interpuesto en el examine, porque, de conformidad con el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1781 de 2016, que adicion\u00f3 el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, se crearon las Salas de Descongesti\u00f3n Laboral que \u00abtendr\u00e1n como \u00fanico fin tramitar y decidir los recursos de casaci\u00f3n que determine la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte\u00bb\u201d. <\/p>\n
\u201c[T]ampoco se produjo el defecto procedimental absoluto, en tanto que, adem\u00e1s de que se respet\u00f3 el tr\u00e1mite del proceso ordinario laboral que cursaba, no se desconoci\u00f3 el procedimiento estipulado en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1781 de 2016 para cambio de criterio, el cual dispone que \u00abcuando la mayor\u00eda de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolver\u00e1n el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que esta decida\u00bb. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Cristina Buelvas Rodr\u00edguez, por conducto de apoderado judicial, precis\u00f3 que la colegiatura convocada no cas\u00f3 la sentencia del ad quem por los \u201cinsalvables\u201d errores de t\u00e9cnica que encontr\u00f3 la demanda y no por aspectos de fondo, los cuales, fueron tratados de manera secundaria en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, explic\u00f3 la procedencia de cada una de las condenas dentro del decurso cuestionado, afirmando que las mismas se ajustaron a la constituci\u00f3n y a la ley. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, tras no hallar arbitrariedad en la sentencia cuestionada. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n el presente evento, no se est\u00e1 ante una providencia judicial que hubiera resuelto un asunto laboral a partir de la rebeld\u00eda de los juzgadores para aplicar los precedentes jurisprudenciales que, seg\u00fan la libelista, deb\u00edan aplicarse al asunto propuesto, sino que se trata de una sentencia cuyo fundamento fue la ausencia de t\u00e9cnica, por parte del casacionista, al momento de proponer sus censuras, luego es imposible sostener que fallo cuestionado es una decisi\u00f3n arbitraria o infundada que desconoce los derechos fundamentales del extremo actor\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese sentido, acertado resulta sostener que, la sentencia SL2423-2020, no se erige como una decisi\u00f3n que pueda ser calificada como una v\u00eda de hecho, ya que su fundamentaci\u00f3n, tanto te\u00f3rica, como legal y jurisprudencial, apunta a resaltar que el fracaso de la demanda de casaci\u00f3n se origin\u00f3, no por un estudio de fondo a partir del cual se resquebrajaron los argumentos de la parte demandante, como se pretendi\u00f3 hacer ver en el libelo introductorio, sino por los yerros en los que incurri\u00f3 el recurrente al momento de proponer sus censuras, siendo consecuencia l\u00f3gica de ello, ver frustradas sus aspiraciones procesales. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la sociedad querellante, manifestando presentar la sustentaci\u00f3n de su inconformidad posteriormente1; no obstante, de los archivos allegados no se evidenci\u00f3 memorial con tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
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2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco de las atribuciones asignadas a las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aunque \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. El Banco Davivienda S.A. pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efectos la sentencia SL2423-20 de 16 de junio de 20202, por la cual la Sala accionada de esta Corte, no cas\u00f3 la decisi\u00f3n de 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, quien revoc\u00f3, parcialmente, la de primer grado, condenando a la demandada al pago de la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales de Mar\u00eda Cristina Buelvas Rodr\u00edguez. <\/p>\n
3. Al respecto, se advierte la improcedencia del amparo por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues la entidad actora no formul\u00f3 adecuadamente su acusaci\u00f3n frente al fallo de segundo grado, descuido que llev\u00f3 al m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre a abstenerse de estudiar de fondo lo aqu\u00ed ventilado. <\/p>\n
En efecto, la colegiatura fustigada, al dirimir el recurso extraordinario, estim\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda gestora, en la sustentaci\u00f3n, inco\u00f3 dos cargos los cuales presentaban falencias t\u00e9cnicas, en consecuencia, expuso latamente los desaciertos en cada uno de ellos. <\/p>\n
3.1 En relaci\u00f3n al primer cargo, la corporaci\u00f3n convocada indic\u00f3 que la recurrente err\u00f3 en plantear las discusiones jur\u00eddicas, relacionadas con el desconocimiento del fallador de segundo grado sobre la jurisprudencia de la Sala, en un reparo que formul\u00f3 por la senda de los hechos. <\/p>\n
Luego, en torno a los perjuicios morales expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [I]nvoca las sentencias CSJ SL, 18 feb. 2005, rad. 22850 y CSJ SL, 2 jun. 2014, rad. 42989, para alegar que exigen la acreditaci\u00f3n del nexo causal, entre el despido y el da\u00f1o ocasionado por la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, en aras del reconocimiento de los perjuicios morales con ocasi\u00f3n al despido sin justa causa, la aplicaci\u00f3n de los precedentes jurisprudenciales es jur\u00eddica y no f\u00e1ctica, por lo que ese debate es propio de la v\u00eda directa de la causal primera, no de la indirecta utilizada por la censura\u201d. <\/p>\n
Es de recordar que en la v\u00eda indirecta no es permitido aludir aspectos de derecho, ya que en este sendero s\u00f3lo son admisibles discrepancias de \u00edndole f\u00e1ctico probatorio, como se explic\u00f3, provenientes de errores de hecho o de derecho, originados en la equivocada valoraci\u00f3n de pruebas o su pretermisi\u00f3n (CSJ SL4220-2018) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
No obstante, excluy\u00f3 dicho cuestionamiento y hall\u00f3 pertinente esclarecer si el tribunal hab\u00eda incurrido en un yerro al considerar la procedencia de los perjuicios morales producto de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, para lo cual examin\u00f3 las pruebas, estimadas como no valoradas y mal apreciadas por la entidad financiera, entre ellas, i) la demanda y su contestaci\u00f3n, ii) la carta de despido, la citaci\u00f3n para descargos y acta de los mismos, iii) los testimonios de Haysel Rodr\u00edguez y Stella G\u00f3mez y iv) la prueba pericial. <\/p>\n
Por otra parte, frente al reparo elevado por la sociedad crediticia, en relaci\u00f3n al salario que tom\u00f3 como base el ad quem para condenarla a la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales a favor de la demandante y frente al cual, adujo, una errada interpretaci\u00f3n, la judicatura accionada indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es oportuno rememorar que el Tribunal le dio plena credibilidad a la certificaci\u00f3n laboral expedida el 16 de septiembre de 2009, por la gerente de la sucursal demandada que informa que a la fecha referida \u00abdevenga un salario promedio mensual de $3.359.492\u00bb con el que realiz\u00f3 las operaciones matem\u00e1ticas, teniendo en cuenta el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, junto con las n\u00f3minas. <\/p>\n
\u201cEl censor cuestiona el entendimiento que le dio el ad quem a los referidos documentos, porque alega que en aquellos no se precisa a qu\u00e9 periodo correspond\u00eda el salario enunciado, cuando, como se expuso, del texto literal se infiere que era el que devengaba a la fecha de su expedici\u00f3n, esto fue, el 16 de septiembre de 2009, valor que coincide con los desprendibles de n\u00f3mina que reposan a folios 734 a 478 del cuaderno 3. Consideraci\u00f3n en la que no encuentra esta Sala, yerro alguno, para determinar el sueldo de la demandante, pues se trata de un documento expedido por la representante legal de la empresa y que, adem\u00e1s, no fue tachada ni cuestionada por la accionada en el proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [I]mpone memorar que el interrogatorio de parte es prueba calificada en casaci\u00f3n, solo cuando contiene confesi\u00f3n. En el examine se aduce por el censor \u00abque la demandante manifest\u00f3 que a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo su salario correspondi\u00f3 a la suma de $2.275.500\u00bb, procede la Sala a analizar el mismo y revisadas las respuestas que la demandante dio en la diligencia, se pudo constatar que no expuso el reconocimiento del sueldo alegado por la accionada, por el contrario, en dicha diligencia se le indag\u00f3 sobre su despido, el acta de descargos y se le pusieron de presente los comprobantes de n\u00f3mina, para su reconocimiento, lo que no ocurri\u00f3\u201d. <\/p>\n
\u201cLuego, al no resultar tales aseveraciones adversas a los intereses del declarante o, favorables para su contraparte, capaces de ser catalogadas como confesi\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 195 del CPC, no puede predicarse que se est\u00e1 ante una prueba calificada en casaci\u00f3n, quedando la Corte impedida para analizarla, en atenci\u00f3n al car\u00e1cter dispositivo y rogado del recurso como lo record\u00f3 esta Sala en sentencia CSJ SL677-2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3.2 Finalmente, sobre el segundo cargo formulado por la suplicante, en el cual aleg\u00f3 una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas que regulan el salario base de liquidaci\u00f3n para las prestaciones sociales e indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa, la magistratura conculcada determin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Al denunciar la violaci\u00f3n de la ley sustancial por la v\u00eda directa, como ocurre en este cargo, el censor parte de un supuesto indiscutible, que es la absoluta conformidad con la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica derivada del an\u00e1lisis del juzgador de los hechos y de las pruebas, sin que resulte, por tanto, adecuado alegar su transgresi\u00f3n con base en la valoraci\u00f3n probatoria que realiz\u00f3 el ad quem. <\/p>\n
\u201cSin embargo, la censura eludi\u00f3 el deber de indicar el sentido que le imprimi\u00f3 el juzgador a los preceptos denunciados y el verdadero alcance que debi\u00f3 darles, a fin de que la Sala realizara la correspondiente confrontaci\u00f3n para determinar si equivoc\u00f3 el recto sentido de la norma (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo las premisas transcritas, coligi\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada la necesidad de desestimar los cargos. <\/p>\n
4. N\u00f3tese, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no puede predicarse arbitrariedad en la actividad de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, al zanjar, con el pronunciamiento antes rese\u00f1ado, la controversia propuesta por Banco Davivienda S.A., pues, como se vio, la actora no inco\u00f3 de forma adecuada el recurso extraordinario frente al fallo del ad quem, por tanto, aqu\u00e9lla no pod\u00eda pronunciarse de la manera esperada por la solicitante, circunstancia que permite descartar los defectos alegados y el supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sala permanente. <\/p>\n
Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de la accionada, esa circunstancia no permite ostentar los presupuestos invocados, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta 6. 114395 Primera Banco Davivienda S.A. Archivo: \u201cImpugnaci\u00f3n caso Davivienda Mar\u00eda Buelvas\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC7201-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7201-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02107-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 4 de febrero de 2021, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54903","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54903","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54903"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54903\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54903"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54903"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54903"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}