STC7207-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7207-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00400-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 16 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Juan Bautista Grajales Jim\u00e9nez, Gabriel Jaime Grajales Atehort\u00faa y Gladis Giraldo Jaramillo, esta \u00faltima como apoderada general y en representaci\u00f3n de Jos\u00e9 Ulises Giraldo Ram\u00edrez1, a la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y los Juzgados Veintitr\u00e9s Penal del Circuito y Veintid\u00f3s Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del conflicto negativo de competencia con radicado 2020-00077-00, incoado por los gestores. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del confuso y deshilvanado escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
En virtud de las irregularidades acaecidas en las sucesiones de Mar\u00eda Luisa, Alonso Jim\u00e9nez Hern\u00e1ndez y Azucena Giraldo Ram\u00edrez, se adelant\u00f3 un decurso penal frente a diecinueve (19) herederos, entre ellos, el impulsor Juan Bautista Grajales Jim\u00e9nez, ante el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn, por los delitos de \u201cfalsedad en documento privado y estafa\u201d. <\/p>\n
Al rese\u00f1ado tr\u00e1mite penal concurri\u00f3 como v\u00edctima, el promotor Jos\u00e9 Ulises Giraldo Ram\u00edrez y all\u00ed se embargaron y secuestraron dineros, inmuebles y varios de los bienes de los causantes, destac\u00e1ndose cuarenta y seis (46) propiedades a nombre del finado Alonso Jim\u00e9nez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Mediante sentencia de 16 de octubre de 2013, la Sala de Casaci\u00f3n Penal ratific\u00f3 la condena impuesta a los encausados y le reconoci\u00f3 al tutelante Jos\u00e9 Ulises Giraldo Ram\u00edrez $465.160.792.32 como perjuicios. <\/p>\n
Los censores aducen que celebraron un acuerdo para el pago de las obligaciones que se generaron entre ellos y, para tal efecto, solicitaron al Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn, la entrega de dep\u00f3sitos judiciales correspondientes a los frutos civiles generados por los bienes cautelados. <\/p>\n
Aseveran los suplicantes que, en virtud de la negativa de ese despacho a proveerlos, el petente Jos\u00e9 Ulises Giraldo Ram\u00edrez junto a otras v\u00edctimas, demandaron compulsivamente a los condenados en el juicio penal ante varios estrados civiles, uno de los cuales, en principio, se adelant\u00f3 en el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medell\u00edn y, ahora, cursa en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa urbe. <\/p>\n
Afirman que las diligencias del proceso penal pasaron del Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn, al Noveno Penal del Circuito y, luego, al Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de esa ciudad, aqu\u00ed confutado. <\/p>\n
El precitado despacho, con el fin de determinar los bienes que se deb\u00edan devolver, as\u00ed como a qui\u00e9n correspond\u00edan los dep\u00f3sitos judiciales causados por los frutos civiles de algunos predios, dispuso efectuar una auditor\u00eda y advirti\u00f3 que, al Juzgado Noveno Penal del Circuito, deb\u00edan trasladarle varios t\u00edtulos. <\/p>\n
De igual modo, encontr\u00f3 que un dep\u00f3sito por $412.897.306 a \u00f3rdenes del Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Medell\u00edn, aqu\u00ed demandado, tambi\u00e9n deb\u00eda remit\u00edrsele, pues fue enviado all\u00ed, de m\u00e1s, para saldar una deuda en ese estrado. <\/p>\n
Los reclamantes predican que el traslado de los dep\u00f3sitos al Juzgado Penal del Circuito reprochado no ha podido surtirse, por cuanto esa sede judicial carece de cuenta propia en el Banco Agrario de Colombia y, pese a haber elevado una solicitud en tal sentido a ese estrado y al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, no obtuvieron una respuesta favorable. <\/p>\n
Con el fin de superar esas dificultades, otros interesados en la controversia pidieron al Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Medell\u00edn proceder a distribuir el dep\u00f3sito de $412.897.306 entre sus beneficiarios. <\/p>\n
En auto de 29 de enero de 2020, esa autoridad deneg\u00f3 lo rogado, por cuanto, de un lado, la ejecuci\u00f3n all\u00ed rituada hab\u00eda terminado por pago y, de otro, ello implicar\u00eda hacer entrega de unos dineros a quienes no eran parte en la contienda; con todo, dispuso la conversi\u00f3n del t\u00edtulo por $412.897.306 al juzgado penal del circuito recriminado. <\/p>\n
Pese a ello, ese traslado de dineros no se pudo cumplir porque el referido despacho penal carece de cuenta en el Banco Agrario de Colombia. <\/p>\n
De lo acontecido, el juzgado civil enter\u00f3 al despacho Penal, quien, en auto de 7 de julio de 2020, se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00eda recibir el dep\u00f3sito de $412.897.306, pues de <\/p>\n
\u201c(\u2026) la medida cautelar que afectaba dichos dineros, el Juez penal perdi\u00f3 toda competencia, en el momento en que dispuso que las medidas del proceso penal pasaran al proceso civil, y ya estando en el proceso civil no puede pretenderse devolver lo actuado o hacer nacer una nueva competencia, pues la decisi\u00f3n que envi\u00f3 los t\u00edtulos y los inmuebles embargados se encuentra ejecutoriada incluso en segunda instancia\u201d. <\/p>\n
\u201c[En] efecto, (\u2026) mediante auto 217 del 24 de septiembre de 2018, confirmado por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, y el auto 244 del 19 de octubre de 2016, este Juzgado orden\u00f3 frente a los inmuebles embargados y su producto \u201ctrasladarlos a los procesos ejecutivos civiles instaurados por las v\u00edctimas\u201d, frente a [los] t\u00edtulo[s] judiciales que reposaban en el Juzgado 9 Penal del Circuito, y distinguido en la auditoria OSAME17-015: se orden\u00f3 \u201c(\u2026) trasladar[los] al [p]roceso civil ejecutivo, que decret\u00f3 y notific\u00f3 primero la media cautelar\u201d, ordenando remitir el dinero al Juzgado 22 Civil Circuito de Medell\u00edn\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, en el mismo auto se orden\u00f3 [que] \u201cde sobrar remanentes en este proceso civil, las v\u00edctimas del segundo proceso podr\u00e1n solicitar su embargo y traslado al proceso del Juzgado 20 Civil Circuito, al igual que los sentenciados podr\u00e1n solicitar la devoluci\u00f3n de lo que all\u00ed restare luego de pagar el cr\u00e9dito, si no fuere reclamado por ninguna v\u00edctima\u201d, decisiones que a la fecha se encuentran ejecutoriadas, y que sin discusi\u00f3n alguna disponen que quien por ley es competente para disponer del remanente es el Juez civil que lleva a cabo la ejecuci\u00f3n, no existiendo ning\u00fan precepto legal que otorgue competencia a la jurisdicci\u00f3n penal. <\/p>\n
\u201cConforme lo expuesto, se reitera, este despacho no tiene competencia para permitir que ingresen dineros a un proceso ya terminado desde el punto de vista penal y en el que no existen medidas cautelares porque estas ya fueron trasladas a la competencia civil; sugiri\u00e9ndole al respetado Juez civil, que conforme su competencia, determine si ese sobrante es requerido por otro Despacho como remanente, o de no estarlo proceda a entregarlo a quien reclame legitimidad sobre el mismo, que en principio ser\u00eda el ejecutado conforme las normas civiles y procesales aplicables al caso, en especial el citado art\u00edculo 468 N\u00b0 6 del C.G. del P.\u201d <\/p>\n
\u201cFinalmente, debe precisase, que esta judicatura en el presente auto no esta tomando decisi\u00f3n de fondo alguna, sino que conforme el art\u00edculo 169 de la ley 600 de 2000, se est\u00e1 limitando a reiterar lo ya dispuesto en los autos 217 y 244 de 2018, que como se indic\u00f3, fueron objeto de pronunciamiento en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Medell\u00edn, y se encuentran ejecutoriados\u201d. <\/p>\n
Los gestores manifiestan que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, al zanjar una apelaci\u00f3n frente a una petici\u00f3n que elevaron con anterioridad, en auto de 3 de noviembre de 2020, le orden\u00f3 al juzgado penal acusado <\/p>\n
\u201c(\u2026) verificar con los juzgados civiles acerca de la suficiencia de los bienes que fueron puestos a su disposici\u00f3n, (\u2026) para el pago de da\u00f1os y perjuicios (\u2026), a efectos de que se adopten las medidas posteriores necesarias respecto de los bienes o dinero[s] que se encuentren a cargo [del citado estrado penal atacado] (\u2026)\u201d <\/p>\n
Los demandantes refieren que solicitaron al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, integrar una Sala Mixta, con el prop\u00f3sito de definir el conflicto negativo de competencias entre los Juzgados Veintitr\u00e9s Penal del Circuito y Veintid\u00f3s Civil del Circuito, frente a la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales objeto de disenso. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 5 de noviembre de 2020, la corporaci\u00f3n refutada destac\u00f3 la inexistencia de la colisi\u00f3n enarbolada por el reclamante, pues ninguno de los aludidos despachos la hab\u00eda propuesto en el sentido alegado por los impulsores. <\/p>\n
Para los actores, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto (i) ning\u00fan estrado se ha hecho responsable de los dineros que obran en las cuentas de los Juzgados Noveno Penal del Circuito de Medell\u00edn y Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esa ciudad; (ii) el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito reprochado carece de cuenta bancaria; (iii) han agotado los mecanismos a su alcance para resolver la problem\u00e1tica descrita; y (iv) el tutelante Jos\u00e9 Ulises Giraldo Ram\u00edrez tiene 95 a\u00f1os, padece lesiones f\u00edsicas y mentales y su visi\u00f3n se encuentra significativamente disminuida. <\/p>\n
3. Solicitan, por tanto, ordenar al colegiado refutado dirimir el conflicto negativo de competencia en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados2 <\/p>\n
1. Los estrados confutados defendieron, por separado, la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Doscientos Treinta y Siete Seccional de Medell\u00edn adujo carecer de legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Jos\u00e9 Leonardo Cruz Naranjo, en su condici\u00f3n de abogado de algunos de los condenados en el juicio penal referido, se\u00f1al\u00f3 que los aqu\u00ed actores carecen de legitimidad, pues sus aseveraciones hacen ver como si fueran los \u00fanicos beneficiarios de los dep\u00f3sitos judiciales discutidos; adem\u00e1s, afirm\u00f3, se han adelantado los coercitivos respectivos para lograr el pago de sus cr\u00e9ditos. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al estimar razonado el auto de 5 de noviembre de 2020, proferido la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formularon los querellantes, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de tutela. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso existe legitimaci\u00f3n en la causa de Gladis Giraldo Jaramillo para actuar en representaci\u00f3n de Jos\u00e9 Ulises Giraldo Ram\u00edrez, como agente oficiosa m\u00e1s no como su apoderada general. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la certificaci\u00f3n que alleg\u00f3 acerca de la existencia del poder general que le confiere la calidad de mandataria, no suple el requisito de aportar la escritura p\u00fablica que lo contiene; no obstante, en el libelo se invocaron y acreditaron circunstancias especiales de salud de Jos\u00e9 Ulises, relativas a su imposibilidad de acudir, directamente, a este auxilio en defensa de sus intereses. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Tocante a la aducida falta de legitimaci\u00f3n de Jos\u00e9 Ulises Giraldo Ram\u00edrez para cuestionar la negativa a la entrega de dep\u00f3sitos judiciales, la Sala advierte que \u00e9l fue parte tanto en el proceso penal como en el civil, originarios de esta reclamaci\u00f3n; adem\u00e1s, la contienda en torno a los dineros disputados es materia de debate y, ello per se, lo habilita para participar en las vicisitudes relacionadas con la tem\u00e1tica enunciada. <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al desatenderse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. Sobre el primer aspecto, se advierte que entre la presentaci\u00f3n de la demanda de amparo, acaecida el 25 de febrero de 2021, y el auto de 7 de julio de 2020, mediante el cual el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que los $412.897.306 en poder del Juzgado Veintid\u00f3s Civil del circuito de esa urbe, deb\u00edan ser entregados por ese estrado a quienes demostraran ser propietarios, han transcurrido m\u00e1s de siete (7) meses, lapso que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Por tanto, si los petentes se demoraron en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a los accionados y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2.2. En cuanto a la segunda condici\u00f3n mencionada, se observa que los suplicantes guardaron silencio frente al prove\u00eddo de 7 de julio de 2020, emitido por el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn, aun cuando ten\u00edan a su alcance los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, como se lo permit\u00eda el art\u00edculo 191 de la Ley 600 de 20005. <\/p>\n
Este instrumento constitucional impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)7\u201d. <\/p>\n
2.3. Adicionalmente, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, frente en auto de 3 de noviembre de 2020, le orden\u00f3 el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de esa ciudad <\/p>\n
\u201c(\u2026) verificar con los juzgados civiles acerca de la suficiencia de los bienes que fueron puestos a su disposici\u00f3n, (\u2026) para el pago de da\u00f1os y perjuicios (\u2026), a efectos de que se adopten las medidas posteriores necesarias respecto de los bienes o dinero[s] que se encuentren a cargo [del citado estrado penal atacado] (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
Bajo ese horizonte, el auxilio deviene prematuro porque se encuentra pendiente de verificaci\u00f3n el cumplimiento de la mencionada determinaci\u00f3n, pudiendo los suplicantes, por esa v\u00eda, ver satisfechos o no sus anhelos tutelares, quedando as\u00ed en el juez natural, la potestad exclusiva de zanjar la controversia. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
3. En cuanto al prove\u00eddo de 5 de noviembre de 2020, emanado de la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en donde se declar\u00f3 improcedente dirimir el conflicto negativo de competencias que, en sentir de los actores, se suscit\u00f3 entre Juzgados Veintitr\u00e9s Penal del Circuito y Veintid\u00f3s Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, el resguardo tampoco progresa, pues tal como lo concluy\u00f3 ese colegiado, tal colisi\u00f3n no existi\u00f3. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, en manera alguna los mencionados despachos han declarado entre s\u00ed, que la verificaci\u00f3n y procedencia de la entrega de los t\u00edtulos judiciales controvertidos debe hacerla el otro, como para dar lugar a la aplicaci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 19969 y, menos a\u00fan, al ritual previsto en el canon 139 del C. G. del P.10 <\/p>\n
Si bien se presenta un debate acerca del estrado al cual deben dirigirse los dep\u00f3sitos judiciales en cuesti\u00f3n, ello no implica, necesariamente, que la discusi\u00f3n deba zanjarse a trav\u00e9s de un conflicto negativo de competencia, pues \u00e9ste surge cuando dos estrados lo proponen de oficio o, a petici\u00f3n de parte, evento que aqu\u00ed no se presenta, por cuanto fueron los accionantes quienes pidieron integrar la Sala Mixta para resolver una disputa jam\u00e1s planteada en la forma de una colisi\u00f3n propiamente dicha. <\/p>\n
En esa medida, la Corte encuentra que la determinaci\u00f3n del colegiado encausado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de particularidades de la contienda y la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Finalmente, se destaca, no es dable reabrir discusiones a trav\u00e9s del ruego tuitivo, pues el mismo est\u00e1 instituido para la defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1s no para buscar una mejor opini\u00f3n como si de otra instancia se tratase. <\/p>\n
Sobre lo mencionado, la Sala ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (\u2026)\u201d12 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos13 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196914, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d15, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio16. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia17, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales18; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas19. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Gladis Giraldo Jaramillo quien se\u00f1al\u00f3 se hija de Jos\u00e9 Ulises Giraldo Ram\u00edrez, para acreditar el poder general que \u00e9l le confiri\u00f3, alleg\u00f3 una certificaci\u00f3n expedida por la Notar\u00eda Trece del C\u00edrculo Notarial de Medell\u00edn, en donde se indica que all\u00ed reposa la escritura p\u00fablica mediante la cual se le otorg\u00f3 dicho mandato. <\/p>\n
2\u0002 Las respuestas se toman del fallo del a quo constitucional, pues los archivos que las contienen no abren por estar da\u00f1ados. <\/p>\n
3\u0002CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01 <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
5\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 191. Procedencia de la apelaci\u00f3n. Salvo disposici\u00f3n en contrario, el recurso de apelaci\u00f3n procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
9\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 18. Conflictos de competencia. los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, ser\u00e1n resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casaci\u00f3n que de acuerdo con la ley tenga el car\u00e1cter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n (\u2026). Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categor\u00eda y pertenecientes al mismo Distrito, ser\u00e1n resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que se\u00f1ale el reglamento interno de la Corporaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
10\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 139. Tr\u00e1mite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso (\u2026). El juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional (\u2026). El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales (\u2026). El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos (\u2026). Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempe\u00f1en funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deber\u00e1 resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada (\u2026). La declaraci\u00f3n de incompetencia no afecta la validez de la actuaci\u00f3n cumplida hasta entonces (\u2026)\u201d. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
13\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
14\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
15\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
17\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
18\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
19\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC7207-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7207-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00400-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 16 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54904","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54904","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54904"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54904\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54904"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54904"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54904"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}