STC7214-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7214-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00879-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 7 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la salvaguarda promovida por Nicol\u00e1s M\u00e1rquez D\u00edaz al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de la capital, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo radicado n\u00b02006-00514-00, adelantado por el gestor y otros, ahora tambi\u00e9n cesionario del 50% del cr\u00e9dito de Luz Marina D\u00edaz Gonz\u00e1lez contra R\u00e1pido Humadea S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
El promotor demand\u00f3 compulsivamente a R\u00e1pido Humadea S.A. ante el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en donde se embargaron $110.287.261. <\/p>\n
Las diligencias pasaron al Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad y, all\u00ed, se cautelaron $533.678.212.25 <\/p>\n
El dossier se traslad\u00f3 al estrado del circuito confutado, procedi\u00e9ndose a dictar orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n y a liquidar el cr\u00e9dito, cobrando firmeza su aprobaci\u00f3n, el 7 de diciembre de 2018, seg\u00fan prove\u00eddo emitido para la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital. <\/p>\n
Afirma el actor que, dada la negativa del despacho fustigado a entregar los dineros recaudados, la codemandante, Natalia M\u00e1rquez D\u00edaz, impetr\u00f3 otra salvaguarda ante el referido colegiado y \u00e9ste le orden\u00f3 al juzgado del circuito encausado, suministrarle tales montos y, en cumplimiento de lo antelado, aqu\u00e9lla recibi\u00f3 $324.527.677. <\/p>\n
Asevera el tutelante que, en reiteradas ocasiones, ha pedido se le entreguen los dineros restantes, esto es, $319.437.796 -guarismo inferior a su cr\u00e9dito-, sin obtener respuesta afirmativa a sus ruegos. <\/p>\n
El petente refiere que deprec\u00f3 se le efectuara el pago de esa suma en su cuenta ahorros del Banco ScotiaBank Colpatria. <\/p>\n
Pese a ello, destaca, el estrado demandado le se\u00f1al\u00f3 que pod\u00eda reclamar el correspondiente dep\u00f3sito judicial en el Banco Agrario de Colombia; empero, en esa entidad, le indicaron que no figuraban t\u00edtulos a su nombre. <\/p>\n
Relata que el 15 de febrero de 2021, la sede del circuito refutada dej\u00f3 sin efecto la orden de entregar el dep\u00f3sito a trav\u00e9s de la enunciada instituci\u00f3n financiera y, en su lugar, dispuso realizar el \u201cabono\u201d en la cuenta que el actor tiene en el Banco ScotiaBank Colpatria. <\/p>\n
Para el accionante, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto no se ha efectuado desembolso alguno, aun cuando en los registros de actuaciones del juzgado, se reporta como consumado, situaci\u00f3n que, menciona, no corresponde a la realidad. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar (i) informarle del ritual surtido para llevar a cabo el \u201cabono\u201d en su cuenta de ahorros; (ii) remitirle el comprobante de dicha transacci\u00f3n; (iii) poner en conocimiento de las partes las constancias secretariales de lo actuado; y (iv) en caso de no haberse efectuado el desembolso, disponer realizarlo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
El despacho acusado se\u00f1al\u00f3 que el 4 de mayo pasado, se expidi\u00f3 la autorizaci\u00f3n para el pago del dinero implorado por el inicialista, por conducto de un abono en \u201ccuenta bancaria\u201d, quedando pendiente que el Banco Agrario de Colombia apruebe y traslade los recursos en favor de \u00e9ste. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al advertir carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, cuestionando que la autorizaci\u00f3n del desembolso materia de controversia, solo se gestion\u00f3 una vez se admiti\u00f3 la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se observa que en el caso se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales el accionante endilg\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, pues su queja se fund\u00f3, puntualmente, en la falta de tr\u00e1mite y definici\u00f3n de su solicitud de pago del dinero a su favor por parte del estrado enjuiciado en una cuenta bancaria suya, gesti\u00f3n consumada, por ese despacho, el 4 de mayo de 2021, quedando el traslado y desembolso de los recursos a cargo del Banco Agrario de Colombia; por tanto, administrar justicia constitucional sobre esos aspectos, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Tocante a los pedimentos relativos a ordenar al juzgado del circuito confutado (i) informarle del ritual surtido para llevar a cabo el \u201cabono\u201d en su cuenta de ahorros; (ii) remitirle el comprobante de dicha transacci\u00f3n; (iii) poner en conocimiento de las partes las constancias secretariales de lo actuado, la salvaguarda no prospera porque el censor puede solicitarlos, directamente y, sin intermediaci\u00f3n alguna, al despacho encausado. <\/p>\n
Se destaca, ninguno de esos requerimientos se ha elevado al interior del decurso criticado, siendo ajeno a esta jurisdicci\u00f3n, pronunciarse sobre el particular. <\/p>\n
Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades p\u00e9rdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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