STC7220-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7220-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01837-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosabel Rodr\u00edguez Ardila contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero Laboral de Descongesti\u00f3n de Bucaramanga, as\u00ed como la empresa Electrificadora de Santander S.A. ESP y dem\u00e1s intervinientes del proceso tramitado ante la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n bajo el radicado n\u00ba 66057. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. La tutelante indic\u00f3 que \u00abnaci\u00f3 el 21 de noviembre de 1961, por lo que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os el 21 de noviembre de 2011\u00bb1, y prest\u00f3 sus servicios a la Empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. desde \u00abel 17 de enero de 1989 hasta el 18 de mayo de 2011, esto es, durante 22 a\u00f1os 4 meses y un d\u00eda\u00bb2. <\/p>\n
2.2. Inform\u00f3 que solicit\u00f3 ante dicha empresa el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 70 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2003-2007, suscrita con el sindicato Sintraelecol, el cual consagraba el derecho a dicha pensi\u00f3n para la trabajadora que alcanzara 70 puntos y cumpliera con todos los requisitos establecidos en la citada norma, esto es, tener m\u00ednimo 20 a\u00f1os de servicio y 50 a\u00f1os de edad3. La referida petici\u00f3n fue negada por la empresa, con el argumento de que el r\u00e9gimen especial pensional y convencional fue derogado en virtud de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 1 de 2005 y, conforme a ello, la Convenci\u00f3n Colectiva mantuvo vigencia hasta el 9 de junio de 2007, fecha en la que venci\u00f3 el t\u00e9rmino pactado al momento de su suscripci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Bucaramanga, que emiti\u00f3 sentencia el 19 de abril de 2012, absolviendo a la demandada, porque \u00ablas partes hab\u00edan suscrito una conciliaci\u00f3n que imped\u00eda reclamar sobre el objeto de ese acuerdo, por existir la cosa juzgada\u00bb4. <\/p>\n
2.5. Apelada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en sentencia del 30 de agosto de 2013, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, al considerar que \u00ab[\u2026] no reun\u00eda los requisitos para disfrutar la pensi\u00f3n convencional, pues \u201cla convenci\u00f3n colectiva celebrada entre la empresa demandada y [\u2026] Sintraelecol y que sirvi\u00f3 de sustento a la pretensi\u00f3n, se suscribi\u00f3 el 9 de junio de 2003 por un periodo de 4 a\u00f1os, es decir que la cl\u00e1usula 70 [\u2026] dej\u00f3 de existir a partir del 9 de junio de 2007, fecha a partir de la cual no pod\u00eda reproducirse por prohibici\u00f3n expresa del Acto Legislativo y seg\u00fan las pruebas arrimadas al proceso para esa fecha la demandante no reun\u00eda los requisitos para disfrutar de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que ahora reclama, sin que pueda pensarse que la misma era susceptible de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica prevista en el art\u00edculo 478 del CST, pues el acto legislativo previo que en esos casos la vigencia de la norma se mantendr\u00eda hasta por el \u201ct\u00e9rmino inicialmente pactado\u201d\u00bb 5. <\/p>\n
2.6. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Ardila present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue decidido la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia CSJ SL2011-20196 de 5 de junio de 2019, en la cual resolvi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal, al reiterar que la convenci\u00f3n colectiva reclamada por la accionante tuvo vigencia hasta el 9 de junio de 2007, momento para el cual la demandante no reun\u00eda los requisitos para lograr el reconocimiento pensional. <\/p>\n
2.7. En relaci\u00f3n con lo anterior, la promotora sostuvo que, los efectos de la Convenci\u00f3n Colectiva estaban vigentes cuando efectu\u00f3 su retiro, es decir, el 18 de mayo de 2011, ya que en virtud del \u00abart\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo las Convenciones Colectivas podr\u00e1n prorrogarse autom\u00e1ticamente cada seis meses cuando sesenta d\u00edas despu\u00e9s de su vencimiento las partes no manifiestan su voluntad expresa de terminarlas, [por lo que] existir\u00eda la expectativa leg\u00edtima de pensionarse incluso cuando los requisitos no se cumplen antes del t\u00e9rmino inicialmente pactado sino tambi\u00e9n despu\u00e9s de \u00e9l por la acostumbrada renovaci\u00f3n sucesiva de los pactos y convenciones\u00bb7, por lo cual consider\u00f3 que es \u00abv\u00e1lido que los trabajadores alcancen los requisitos pensionales durante las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas\u00bb y que ten\u00eda una expectativa real \u00abpor haber cumplido los requisitos durante las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas de las convenciones que se realizaron entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010\u00bb; adem\u00e1s, precis\u00f3 que a \u00ab31 de julio de 2010, sumando 21,5 a\u00f1os de servicio m\u00e1s 49,4 a\u00f1os de edad, complet\u00e9 70,9 puntos, con lo que cumpl\u00ed exactamente los requisitos del art\u00edculo 70 de la convenci\u00f3n para acceder a la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales reclamados y que se revoquen las providencias proferidas por \u00abel Juzgado Tercero Laboral de Descongesti\u00f3n del Circulo (sic) de Bucaramanga, de fecha 19 de abril de 2012; por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral [\u2026] del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, proferida con fecha 30 de agosto de 2013, y la proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia proferida el 5 de junio de 2019, en proceso con radicado 66057 y distinguida como SL2011-2019\u00bb; para que, en su lugar, se reconozca y pague la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n, a la que considera le asiste el derecho. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga indic\u00f3 que el tr\u00e1mite de amparo resultaba improcedente y, por tanto, solicit\u00f3 que se denegara la protecci\u00f3n invocada. Para el efecto, expuso que de la decisi\u00f3n confutada no se encontraba ninguna v\u00eda de hecho que mereciera la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Concretamente, se\u00f1al\u00f3 que a la actora no le asiste derecho a obtener la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, dado que la Convenci\u00f3n Colectiva en que fundamenta sus pretensiones tuvo vigencia hasta el 9 de junio de 2007, fecha en que vencieron los cuatro a\u00f1os para los cuales fue suscrita, sin que hubieran operado pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas, por expresa prohibici\u00f3n del Acto Legislativo 1 de 2005. <\/p>\n
As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que la anterior interpretaci\u00f3n se encuentra respaldada en diversas providencias de la M\u00e1xima Corporaci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Laboral, tales como SL12498-2017, CSJ SL3962-2018, CSJ SL4781-2018, CSJSL621-2019, CSJ SL1348-2019, CSJ SL1408-2019, CSJ SL2236-2019, CSJ SL2524-2019 y CSJ SL4331-2019. De modo que, las autoridades accionadas resolvieron el asunto conforme a los par\u00e1metros se\u00f1alados en la jurisprudencia vigente al momento, pues la tesis que permiti\u00f3 dar vigencia a las cl\u00e1usulas convencionales hasta el 31 de julio de 2010 fue emitida con posterioridad, con la sentencia SL2798 del 15 de julio de 2020. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que la actora no satisfizo el requisito de inmediatez, pues al cuestionar una decisi\u00f3n del 5 de junio de 2019, super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable de seis meses que establece la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. La representante judicial de la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. se opuso a las pretensiones de la demanda, al sostener que la actora no reuni\u00f3 los requisitos necesarios para lograr el reconocimiento pensional, al momento en que finaliz\u00f3 la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva o, incluso, al 31 de julio de 2010, fecha m\u00e1xima en la que se aval\u00f3 la existencia de reg\u00edmenes pensionales especiales, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
De otra parte, adujo que la acci\u00f3n de tutela no debe utilizarse como si se tratara de una instancia adicional para cuestionar decisiones judiciales que las partes no acepten, pues ello desconoce los principios de independencia y sujeci\u00f3n exclusiva a la ley que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios previstos en los art\u00edculos 228 y 230 de la carta pol\u00edtica, as\u00ed como el debido proceso. <\/p>\n
3. La Juez Quinta Laboral del Circuito de Bucaramanga, quien fung\u00eda para ese momento como Juez Tercero Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de la citada ciudad, indic\u00f3 que al interior del aludido proceso, \u00abse realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria con fundamento en las pruebas legalmente practicadas, am\u00e9n de consultar la legislaci\u00f3n sustancial que rige la materia, as\u00ed como la jurisprudencia que ha previsto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n remiti\u00f3 copia de la sentencia CSJ SL2011-2019. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia del amparo, pues no advirti\u00f3 \u00abcompromiso de derecho fundamental alguno en detrimento de la demandante con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n aludida, puesto que, contrario a su parecer, una atenta lectura de la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, con la cual se puso fin al debate, se concluye que all\u00ed fueron atendidos todos sus reclamos sin que se observe irregularidad o arbitrariedad alguna\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, \u00ab[\u2026] los razonamientos planteados en el fallo de casaci\u00f3n cuestionado, proferido el 5 de junio de 2019, no se muestran arbitrarios o caprichosos, por el contrario, est\u00e1n debidamente fundamentados en los hechos probados, en la normativa aplicable y respetan los precedentes judiciales adoptados por la misma Corporaci\u00f3n, lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que, \u00ab[\u2026] si bien es cierto y aun cuando la demandante no lo se\u00f1ala en su petici\u00f3n constitucional, que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en decisi\u00f3n SL2798 del 15 de julio de 2020, ha flexibilizado la prolongaci\u00f3n m\u00e1xima de las Convenciones Colectivas hasta el 31 de julio de 2010, tal interpretaci\u00f3n normativa no ser\u00eda aplicable en el sub examine, y menos a\u00fan a cargo del juez constitucional\u00bb. Lo anterior, por cuanto \u00ab[\u2026] como se conoci\u00f3 de la informaci\u00f3n recaudada en el tr\u00e1mite constitucional, la actora, el 18 de mayo de 2011, suscribi\u00f3 acta de retiro voluntario y como contraprestaci\u00f3n a ello, recibi\u00f3 la suma de $226.082.028, como bono para \u201cprecaver cualquier litigio eventual que pudiere presentarse en raz\u00f3n del desarrollo y terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de trabajo, por conceptos legales o extralegales, especialmente en cuanto a la naturaleza de los pagos recibidos por el ex trabajador y la forma de terminaci\u00f3n del contrato\u201d\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[\u2026], no basta establecer que la Convenci\u00f3n Colectiva mantuvo vigencia superior a la inicialmente pactada, sino que debe, adem\u00e1s, debe el juez natural de la Jurisdicci\u00f3n Laboral determinar el alcance y efectos del acuerdo suscrito entre la trabajadora sindicalizada, situaci\u00f3n que no ha sido objeto de debate previo a la formulaci\u00f3n de la presente demanda\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, quien reiter\u00f3 los argumentos que expuso en el escrito inicial de la tutela y manifest\u00f3 que \u00abel contrato de trabajo entre la suscrita y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. estuvo vigente hasta cuando se dio mi retiro voluntario, esto fue el 18 de mayo de 2011. En esta fecha estaba vigente la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, excepto en lo pertinente a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, que por disposici\u00f3n del acto legislativo 01 de 2005, este tema no fue m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. Entonces, hasta el 31 de julio de 2010, estaban incorporadas en el contrato de trabajo que reg\u00eda entre la suscrita y la empresa ESSA, el art\u00edculo 70 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00aben esta fecha, 31 de julio de 2010, sumando 21,5 a\u00f1os de servicio m\u00e1s 49,4 a\u00f1os de edad, complet\u00e9 70,9 puntos, con lo que cumpl\u00ed exactamente los requisitos del art\u00edculo 70 de la convenci\u00f3n para acceder a la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, cuando sean amenazados o vulnerados por la \u00abacci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb de las autoridades o de los particulares en aquellos eventos previstos en la ley, no siendo una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb. Lo anterior, bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n
2. Antes de abordar el an\u00e1lisis del caso, advierte esta Sala que, si bien entre la fecha del fallo que decidi\u00f3 la controversia -5 de junio de 2019- y la de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -9 de noviembre de 20208-, se ha superado ampliamente el t\u00e9rmino de 6 meses referido en la jurisprudencia para promover el amparo constitucional, por tratarse de un derecho pensional, se ha excusado dicha tardanza debido a que tiene un car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible. As\u00ed lo sostuvo esta Sala en sentencia STC20333-2017, al memorar lo dicho por la Corte Constitucional en SU1073-2012, postura que reiter\u00f3 en STC9672-2018, STC11419-2018, STC6314-2019, STC9677-2019, entre otras: <\/p>\n
\u00abSi bien el prove\u00eddo atacado data de hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, situaci\u00f3n que en principio tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible\u00bb (STC9672-2018). <\/p>\n
3. En el asunto sub examine, la parte actora pretende el amparo de sus derechos fundamentales reclamados y que se revoquen las providencias proferidas por \u00abel Juzgado Tercero Laboral de Descongesti\u00f3n del Circulo (sic) de Bucaramanga, de fecha 19 de abril de 2012; por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral [\u2026] del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, proferida con fecha 30 de agosto de 2013, y la proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia proferida el 5 de junio de 2019, en proceso con radicado 66057 y distinguida como SL2011-2019\u00bb; para que, en su lugar, se reconozca y pague la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n a la que considera le asiste el derecho. <\/p>\n
3.1. Al respecto, debe resaltarse que, en lo pertinente a la vigencia de las convenciones colectivas, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por sentencias SL602-2018, SL1799-2018, SL3385-2018, SL3381-2018, indic\u00f3, en especial en esta \u00faltima que: <\/p>\n
\u00abDe manera que en virtud a que el recurrente pretende el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 70 de la convenci\u00f3n colectiva vigente para los a\u00f1os 2003-2007, pese a la entrada en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005, forzoso es mencionar que la citada disposici\u00f3n convencional consagra el derecho a la jubilaci\u00f3n a cargo de la demandada para los trabajadores que ingresaron a la empresa con anterioridad al 1\u00ba. de abril de 1996, cuando re\u00fanan setenta y cinco (75) puntos, \u201cen un sistema en el cual cada a\u00f1o de servicio a la Empresa equivale a un (1) punto, y cada a\u00f1o de edad a otro, siempre y cuando el trabajador haya cumplido cincuenta (50) a\u00f1os de edad y haya prestado sus servicios a la Empresa un m\u00ednimo de veinticinco (25) a\u00f1os\u201d. <\/p>\n
Sobre la aplicaci\u00f3n de esta norma convencional y la aplicaci\u00f3n del A.L. 01 de 2005, es importante tener de presente que en un proceso seguido contra la misma demandada, y de similares caracter\u00edsticas al presente, esta Corporaci\u00f3n en la sentencia SL1799 de 2018, Rad. 64063 del 17 de mayo de 2018, se dijo: <\/p>\n
Pues bien, en lo que espec\u00edficamente guarda relaci\u00f3n con la materia colectiva, dicha disposici\u00f3n supralegal abrog\u00f3 la posibilidad de que los empleadores y organizaciones sindicales acuerden, mediante pacto, convenci\u00f3n o cualquier acto jur\u00eddico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas leg\u00edtimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio, as\u00ed: <\/p>\n
Par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba. Las reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Ahora, el alcance del referido Acto Legislativo lo reiter\u00f3 esta Sala en sentencia CSJ SL 12498-2017 en la que trajo a colaci\u00f3n la decisi\u00f3n CSJ SL 31 en. 2007, rad 31000, seg\u00fan la cual la expresi\u00f3n \u00abt\u00e9rmino inicialmente pactado\u00bb all\u00ed contenida, hace alusi\u00f3n al tiempo de duraci\u00f3n expresamente acordado por las partes en una convenci\u00f3n colectiva de trabajo, de manera que si ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando finalizara el \u201ct\u00e9rmino inicialmente pactado\u201d. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) a juicio de esta Corporaci\u00f3n, del precepto constitucional objeto de an\u00e1lisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresi\u00f3n \u00abt\u00e9rmino inicialmente pactado\u00bb hace alusi\u00f3n al tiempo de duraci\u00f3n expresamente acordado por las partes en una convenci\u00f3n colectiva de trabajo, de manera que \u00absi ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando finalizara el \u201ct\u00e9rmino inicialmente pactado\u201d\u00bb. Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalizaci\u00f3n sea ulterior a esta reforma constitucional. <\/p>\n
La segunda y tercera hip\u00f3tesis, b\u00e1sicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convenci\u00f3n haya sido objeto de sucesivas pr\u00f3rrogas por cuenta de lo dispuesto en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como l\u00edmite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales. A modo de ejemplo, si el vencimiento de un acuerdo colectivo ocurri\u00f3 en diciembre de 2004 y por fuerza de la renovaci\u00f3n legal aludida se ha extendido en m\u00faltiples ocasiones de 6 en 6 meses, las prestaciones pensionales all\u00ed previstas subsistir\u00e1n hasta tanto sean eliminados por voluntad de las partes y como m\u00e1ximo hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
La distinci\u00f3n entre ambos escenarios, a primera vista, parecer\u00eda arbitraria, empero no lo es. En la primera situaci\u00f3n, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y t\u00e9rminos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de su derecho de negociaci\u00f3n colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposici\u00f3n jur\u00eddica. Se evit\u00f3 as\u00ed, la restricci\u00f3n e imposici\u00f3n heter\u00f3noma a lo que aut\u00f3nomamente hab\u00edan negociado las partes y sobre lo cual reca\u00edan sus expectativas leg\u00edtimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral. <\/p>\n
En ese entendido, la Corte concluy\u00f3 que con base en la lectura del par\u00e1grafo transitorio 3. \u00ba es posible armonizar las expresiones \u00abse mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb y \u00aben todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb. La primera alude a la observancia del t\u00e9rmino inicial de duraci\u00f3n de la convenci\u00f3n expresamente pactado por las partes en el marco de la negociaci\u00f3n colectiva de trabajo y, la segunda, a las pr\u00f3rrogas legales autom\u00e1ticas de las convenciones o pactos que, desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ven\u00edan operando, caso en el cual las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Ante este panorama, es claro que como la norma convencional de la cual deriva el derecho pensional perseguido fue suscrita con una vigencia de 4 a\u00f1os contados a partir del 1.\u00ba de noviembre de 2003 se mantuvo vigente solo hasta el 31 de octubre de 2007, conforme aquel enunciado constitucional contenido en el par\u00e1grafo 3.\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, seg\u00fan el cual, las reglas de car\u00e1cter pensional incluidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos que ven\u00edan rigiendo a la fecha de su entrada en vigencia, perdurar\u00edan \u00abpor el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, entonces, para los acuerdos cuyo t\u00e9rmino inicial estuviese en curso al momento en que entr\u00f3 a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, se limit\u00f3 su duraci\u00f3n en el tiempo, hasta el cumplimiento del plazo en ellos estipulados y para aquellos sobre los que ya ven\u00eda operando una pr\u00f3rroga en virtud de la ley, se fij\u00f3 como l\u00edmite m\u00e1ximo en el tiempo, el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Luego, resulta evidente que el Tribunal no cometi\u00f3 error alguno, pues, se repite, las reglas pensionales contenidas en acuerdos colectivos cuya vigencia inicial pactada termine con posterioridad a la promulgaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, desaparecen del mundo jur\u00eddico una vez se arribe al t\u00e9rmino inicialmente pactado\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Lo anterior permite establecer el enfoque dado a las reglas pensionales estipuladas en las convenciones colectivas, respecto al Acto Legislativo 1 de 2015, para la fecha en que fue proferida la decisi\u00f3n cuestionada en esta sede constitucional. <\/p>\n
3.2. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL2011-2019 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido y dispuso no casar la sentencia de 30 de agosto de 2013, emitida por el ad quem, confirmatoria de la de primer grado. Para ello, se\u00f1al\u00f3 que la conclusi\u00f3n del Tribunal, respecto a que \u00abla pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pedida en la demanda, \u201c\u2026dej\u00f3 de existir a partir del 9 de junio de 2007\u2026\u201d, fundamentalmente porque, cuando entr\u00f3 a regir el Acto Legislativo 1 de 2005, dicho acuerdo colectivo se encontraba surtiendo su \u201c\u2026t\u00e9rmino inicialmente pactado\u2026\u201d [\u2026]\u00bb, era acertada, toda vez que la Corte hab\u00eda precisado que, \u00absi la respectiva convenci\u00f3n colectiva de trabajo se encontraba surtiendo su t\u00e9rmino de vigencia inicial, fijado por las partes de la negociaci\u00f3n colectiva, y no el de sus pr\u00f3rrogas legales, para cuando entr\u00f3 a regir el Acto Legislativo 1 de 2005, las reglas pensionales mantienen vigencia solo hasta cuando finalice ese t\u00e9rmino de vigencia inicial y no m\u00e1s all\u00e1, de forma tal que, no en todos los casos la fecha l\u00edmite de vigencia de esos beneficios es el 31 de julio de 2010, como parece sugerirlo la censura\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Igualmente, luego de hacer referencia a la sentencia CSJ SL4781-2018, mediante la cual la Corte esquematiz\u00f3 las diferentes variables que contempla el mencionado par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto legislativo 1 de 2005, destac\u00f3 que \u00ab[\u2026] al censor no le asiste raz\u00f3n al reivindicar la vigencia gen\u00e9rica de los beneficios pensionales convencionales hasta el 31 de julio de 2010, pues, como ya se vio, existen varios escenarios, dependiendo del estado en el que se encontraba el respectivo acuerdo colectivo para el momento de entrada en vigencia de la norma constitucional, y, en este caso, se repite, al tratarse del desarrollo del t\u00e9rmino inicialmente pactado, el acuerdo solo pudo conservar su vigencia hasta el 9 de junio de 2007\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Y precis\u00f3 que \u00ab[\u2026] toda la argumentaci\u00f3n f\u00e1ctica [\u2026], tendiente a demostrar que, a partir de las pruebas del proceso, la demandante s\u00ed completaba los 70 puntos requeridos para obtener la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n hasta antes del 31 de julio de 2010, resulta totalmente inane, ya que lo importante era que acreditara esos presupuestos pero hasta antes del 9 de junio de 2007, que, se repite, era la fecha l\u00edmite de vigencia de los beneficios pensionales previstos en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo\u00bb; asimismo, advirti\u00f3 que para \u00abel 9 de junio de 2007 la demandante solo contaba con 18 a\u00f1os de servicio y 43 de edad, de forma tal que no cumpl\u00eda las condiciones necesarias para obtener la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, mientras la convenci\u00f3n colectiva de trabajo conserv\u00f3 su vigencia\u00bb. <\/p>\n
3.3. Es de anotar que, si bien la Sala de Casaci\u00f3n Laboral con posterioridad flexibiliz\u00f3 su posici\u00f3n, en el sentido de ampliar el precedente jurisprudencial anteriormente referido, para se\u00f1alar en las sentencias SL2543 y SL2798 de 2020 que, \u00aben aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, cuando la convenci\u00f3n colectiva se encuentre surtiendo efectos a la fecha de entrada en vigor la enmienda constitucional -29 de julio de 2005-, cualquiera sea el motivo para ello -en curso de la vigencia inicial pactada por las partes, en curso de alguna de las pr\u00f3rrogas prevista en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto suscitado por denuncia de la convenci\u00f3n-, la extinci\u00f3n de las reglas pensionales all\u00ed convenidas, solo se producir\u00e1 al vencimiento de los plazos o de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas producidas por mandato del art\u00edculo 478 del CST o por la firma de una nueva convenci\u00f3n; que en todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb; lo cierto es que, aunque la actora reconoce en sede de impugnaci\u00f3n que \u00aben la demanda constitucional de tutela, [\u2026] no se hace referencia expresamente a la sentencia SL2798 del 15 de julio de 2020, si (sic) se acude a los mismos argumentos de esta sentencia [\u2026]\u00bb, dicha tesis no era la imperante cuando se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
En ese aspecto, debe resaltarse lo expuesto por esta Sala en un asunto similar: <\/p>\n
\u00abFinalmente, es del caso precisar que no le asiste raz\u00f3n a la aqu\u00ed accionante cuando alega la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental a la igualdad, con sustento en que no se aplicaron los precedentes de esta Corporaci\u00f3n SL2543-2020 y SL2798-2020, que habr\u00edan resuelto asuntos de connotaciones similares, pues lo cierto es que \u00fanicamente procedi\u00f3 a referirlos, sin manifestar las razones por las cuales deb\u00edan ser aplicados. <\/p>\n
Debe destacarse, asimismo, que dichas providencias son posteriores a la emisi\u00f3n del fallo cuestionado, toda vez que fueron proferidas el 15 de julio de 2020, como tambi\u00e9n lo reconoce la parte actora, al afirmar que \u201c[\u2026] el precedente aportado si bien es posterior al fallo [\u2026], refuerza el defecto sustantivo [\u2026]\u201d, de modo que no es cierto que se hubieren desconocido, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como lo ha definido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, por ejemplo en la sentencia SU354 de 2017, el precedente judicial debe entenderse como \u201cla sentencia o el conjunto de ellas anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jur\u00eddicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo\u201d; igualmente, la doctrina lo ha definido como \u201cel mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicaci\u00f3n de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares\u201d\u00bb (STC3967-2021). <\/p>\n
3.4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, porque, contrario a lo manifestado por la tutelante, el veredicto acusado no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada, habida cuenta que no est\u00e1n demostradas las causas que determinan los defectos enrostrados, independientemente de que la tesis sea o no compartida, por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, am\u00e9n de que los motivos decisorios aducidos se guarecen en los t\u00f3picos que regulaban el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n
4. Sin perjuicio de lo expuesto, es menester indicar que esta Sala, ya en vigencia de la nueva postura de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, por sentencia STC5876-2021, emitida el pasado 26 de mayo de 2021, en un caso de similares contornos al aqu\u00ed estudiado, en el cual se cuestionaba la aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 70 de la convenci\u00f3n colectiva de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., estim\u00f3 que no era procedente la concesi\u00f3n del amparo, al encontrar razonable la determinaci\u00f3n cuestionada, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abEn el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Rojas Silva est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, a cuestionar la providencia del 19 de agosto de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual se dispuso no casar la sentencia dictada el 30 de mayo de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, pues, en criterio de aqu\u00e9l, era imperioso reconocer que el art\u00edculo 70 del texto extralegal \u00abno fue derogad[o] ni modificad[o] posteriormente por nuevos acuerdos convencionales y su vigencia se mantuvo hasta el a\u00f1o 2017\u00bb, pero los jueces del asunto incurrieron en un \u00abdesconocimiento arbitrario del bloque de constitucionalidad\u00bb, dado que para el 2 de septiembre de 2016 hab\u00eda cumplido 25 a\u00f1os de servicio y 50 a\u00f1os de edad, sin que le fuera aplicada la \u00abcondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, consistente en pensionarlo con el 75% del salario devengado \u00aben el \u00faltimo a\u00f1o de servicio\u00bb. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada a la Hom\u00f3loga Especializada en lo Laboral de esta Corte, y los informes presentados por los convocados, no advierte la Sala procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el promotor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Sobre la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de las convenciones colectivas, dijo la Sala de casaci\u00f3n Laboral, que en reiteradas oportunidades \u00abha examinado asuntos similares a los planteados por el recurrente, (\u2026) por v\u00eda de ejemplo, (\u2026) las siguientes sentencias: SL602-2018, SL1799-2018, SL3381-2018, SL3385-2018\u00bb, refiriendo que en las dos \u00faltimas decisiones9 realiz\u00f3 \u00abun nuevo estudio del tema relativo al alcance de las reglas pensionales contenidas en las convenciones colectivas que ven\u00edan en curso al momento de la expedici\u00f3n del acto legislativo, particularmente, frente al l\u00edmite temporal establecido en la enmienda constitucional\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que enfatiz\u00f3, que \u00aben materia de pensiones contin\u00faan su observancia hasta el 31 de julio de 2010, lo cual no significa atentar contra derechos adquiridos o las expectativas leg\u00edtimas, ni muchos menos, contra el derecho de negociaci\u00f3n colectiva o la aplicaci\u00f3n de los convenios internacionales del trabajo, en tanto resultan compatibles con las recomendaciones del Comit\u00e9 de Libertad Sindical de la OIT con el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb; explic\u00f3 adem\u00e1s, que \u00ab[d]urante el lapso de la vigencia de la referida Radicaci\u00f3n n.\u00b0 82273 SCLAJPT-10 V.00 29 convenci\u00f3n colectiva de trabajo, se expidi\u00f3 el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual estableci\u00f3 el 31 de julio de 2010 como fecha l\u00edmite para que las reglas pensionales establecidas en los acuerdos convencionales se extinguieran\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, finiquit\u00f3 que \u00abel demandante estaba habilitado para cumplir los requisitos previstos en la norma convencional hasta la fecha antes rese\u00f1ada, sin embargo, como lo admite el propio recurrente, la edad de los 50 a\u00f1os, exigida en la cl\u00e1usula convencional para tener derecho al beneficio que se examina, s\u00f3lo la alcanz\u00f3 el 22 de agosto de 2016, por lo que resulta inviable el acceso a la prestaci\u00f3n convencional con base en las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas de la cl\u00e1usula convencional. <\/p>\n
3.2. De ese modo, no cabe duda de que, a diferencia de lo considerado por el accionante, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura criticada se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto no permite, per se, la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
En efecto, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la Corporaci\u00f3n criticada recab\u00f3 que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y la organizaci\u00f3n sindical -SINTRAELECOL, ten\u00eda una vigencia de cuatro a\u00f1os, desde el 1\u00ba de noviembre de 2003 al 31 de octubre de 2007, mientras que la cl\u00e1usula 70 de ese particular texto previ\u00f3, que para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n se requer\u00eda que los trabajadores que se vincularon antes del 1\u00ba de abril de 1996 cumplieran a cabalidad los requisitos all\u00ed contemplados para sumar \u00absetenta y cinco (75) puntos, en un sistema en el cual cada a\u00f1o de servicio a la Empresa equivale a un (1) punto, y cada a\u00f1o de edad a otro\u00bb, consistentes en los siguientes puntos a saber: (i) que el \u00abtrabajador haya cumplido cincuenta (50) a\u00f1os de edad\u00bb y (ii) \u00abhaya prestado sus servicios a la Empresa un m\u00ednimo de veinticinco (25) a\u00f1os\u00bb. De este modo, encontr\u00f3 que el requisito de la referida edad \u00abs\u00f3lo la alcanz\u00f3 el 22 de agosto de 2016\u00bb, es decir, con posterioridad a la fecha m\u00e1xima de vigencia de la convenci\u00f3n, teniendo en consideraci\u00f3n que as\u00ed lo hab\u00eda establecido el Acto Legislativo 01 de 2005, haciendo improcedente \u00abel acceso a la prestaci\u00f3n convencional con base en las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas de la cl\u00e1usula convencional\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y origen prenotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta 1.113734 Primera Rosabel Rodriguez ArdilaFolios 1-10, archivo \u201cAcci\u00f3n de tutela de Rosabel.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem <\/p>\n
3\u0002 Ibidem <\/p>\n
4\u0002 Ibidem <\/p>\n
5\u0002 Ibidem <\/p>\n
6\u0002Subcarpeta 1.113734 Primera Rosabel Rodriguez ArdilaFolios 1-25, archivo \u201cCasaci\u00f3n Rosabel.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002Subcarpeta 1.113734 Primera Rosabel Rodriguez Ardila Folios 1-10, archivo \u201cAcci\u00f3n de tutela de Rosabel.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Subcarpeta 1.113734 Primera Rosabel Rodriguez Ardila Folios 1-2, archivo \u201creporte de correo\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Esto es, las sentencias SL2543-2020 y SL2798-2020. <\/p>\n
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STC7220-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7220-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01837-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54910\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}