STC7247-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7247-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02056-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 14 de enero de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Eudith P\u00e9rez Anaya como apoderada general y en representaci\u00f3n de Manuel Lorenzo Mercado P\u00e9rez, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada especialidad con radicado 2015-0001-01, adelantado contra el gestor por el presunto delito de \u201chomicidio en concurso homog\u00e9neo\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Mediante sentencia de 7 de junio de 2016, el Juzgado Penal del Circuito de Guateque \u2013 Boyac\u00e1 conden\u00f3 al impulsor como autor del \u201cdelito de homicidio en concurso homog\u00e9neo\u201d cometido con \u201cexceso de leg\u00edtima defensa\u201d respecto a Carlos Dar\u00edo Rivera Roa y Miguel \u00c1ngel Lozano Buitrago y, en concurso con \u201chomicidio culposo\u201d por la muerte de Wilman Hermilson Vargas Salguero, a sesenta y cuatro punto sesenta y seis (64.66) meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido el promotor y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n impetraron, por separado, apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal confutado. <\/p>\n
En fallo de 27 de octubre de 2020, el colegiado fustigado absolvi\u00f3 al actor por el cargo de \u201chomicidio\u201d de Rivera Roa y, modific\u00f3 lo prove\u00eddo por el a quo en el sentido de condenar al censor por \u201chomicidio en concurso homog\u00e9neo\u201d frente a Lozano Buitrago y Vargas Salguero. En consecuencia, le impuso una pena de veintisiete y medio (27\u00bd) a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Para el petente, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto la corporaci\u00f3n demandada no le dio la oportunidad de incoar \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d frente a la determinaci\u00f3n que emiti\u00f3, pese a tener derecho a ella. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar brindar la posibilidad de entablar la \u201cdoble conformidad\u201d al pronunciamiento del ad quem refutado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El tribunal cuestionado defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al estimar que cuando se estudie el remedio casacional formulado por el gestor, podr\u00e1 examinarse la procedencia de la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d y, proferirse una decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso, Eudith P\u00e9rez Anaya est\u00e1 legitimada para reclamar en nombre de Manuel Lorenzo Mercado P\u00e9rez, pues de acuerdo con el poder general concedido por este \u00faltimo a la primera, en escritura p\u00fablica n\u00b0392 de 29 de octubre de 2020, otorgada en la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo Notarial de Aracataca -Magdalena-, las facultades expresas conferidas a la mandataria consisten en <\/p>\n
\u201c(\u2026) [la] representa[ci\u00f3n] directa o, nombrando los apoderados especiales a que haya lugar, ante cualquier autoridad policial, judicial, civil, penal o, administrativa en toda clase de procesos, actuaciones o diligencias, bien sea como demandante o demandado o, como coadyuvante (\u2026) ya sea para iniciar o continuar hasta su terminaci\u00f3n procesos, actuaciones o diligencias (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A voces del canon 2142 del C\u00f3digo Civil, \u201c[E]l mandato es un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera\u201d, defini\u00e9ndolo a su vez el estatuto mercantil, en su art\u00edculo 1262, como \u201cun contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o m\u00e1s actos de comercio por cuenta de otra\u201d. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, en lo concerniente al citado presupuesto, esta Corte, ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]esde el punto de vista jur\u00eddico, la noci\u00f3n de mandato viene asociada a la idea de favor o de encargo (\u2026). Se trata, entonces, de un instrumento de integraci\u00f3n y colaboraci\u00f3n que facilita satisfacer intereses del comitente, en cuyo beneficio se realizan actos que por circunstancias de diversa \u00edndole, no puede o no desea llevar a cabo \u00e9l directamente. Tal herramienta permite, pues, que a trav\u00e9s de una superposici\u00f3n personal, un sujeto de derecho realice una gesti\u00f3n por o para otro, ya como simple benevolencia, ora a cambio de una contraprestaci\u00f3n (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Con ese entendimiento, se destaca, la confianza depositada por el mandante en el mandatario es elemento inherente a dicho convenio. Precisamente, la palabra mandato proviene del lat\u00edn \u201cmandatum\u201d, derivada a su vez de la locuci\u00f3n \u201cmanus datio\u201d o \u201cmanum dare\u201d, esto es, en el antiguo derecho romano, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el estrechamiento de la mano derecha de una persona que encargaba una gesti\u00f3n, con la de otra que se hac\u00eda cargo de realizarla, expresando simult\u00e1neamente as\u00ed el testimonio de su amistad, y especialmente para hacer constar la primera hacia la segunda su sentimiento de confianza (\u201csymbolum fidei datae\u201d); y, por otra parte, para hacer resaltar ambas el poder vinculante de sus voluntades, porque la mano era el s\u00edmbolo de la fuerza (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Como lo expone D\u00edez-Picazo, el rese\u00f1ado acuerdo de voluntades encuentra su base y su fundamento en un v\u00ednculo de confianza y de fidelidad entre los participantes, deviniendo de all\u00ed el ostensible car\u00e1cter intuitu personae del mismo, y la marcada relevancia de la personalidad de los intervinientes, al punto que <\/p>\n
\u201c(\u2026) la modificaci\u00f3n sobrevenida o la desaparici\u00f3n de las circunstancias o cualidades personales sobre las cuales se bas\u00f3 la confianza de las partes tiene que tener un cauce para repercutir en la suerte de la relaci\u00f3n. La ley contempla alguno (sic) de estos cambios como causas especiales de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (la interdicci\u00f3n, la quiebra, la insolvencia), pero, en general, toda p\u00e9rdida de la confianza debe generar una posible terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Es tan medular la confianza, que el contrato puede extinguirse unilateralmente cuando \u00e9sta se diluye: el mandante, revoc\u00e1ndolo, y el mandatario, renunciando. <\/p>\n
Por tanto, de impedirse a un sujeto provisto por un mandato general de la facultad de resguardar las garant\u00edas de un tercero, el acatamiento de dicha gesti\u00f3n, pretextando la falta de un poder especial y\/o la carencia de una calidad superflua, la Corte desconocer\u00eda la particular naturaleza del mentado negocio jur\u00eddico y los principios que lo inspiran. <\/p>\n
Los derechos fundamentales, en el contexto de la Democracia Constitucional y Social de Derecho, donde el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva4, son base angular, no pueden resistir una conceptualizaci\u00f3n de ese talante. <\/p>\n
En ese orden, vale la pena preguntarse: \u00bfpor qu\u00e9 se admite la instauraci\u00f3n del auxilio por conducto de agente oficioso, aun cuando \u00e9ste no dispone ni ha de exhibir autorizaci\u00f3n alguna y\/o acreditar ser abogado, habilit\u00e1ndosele incluso para conferir poder especial5, pero al apoderado general se le proh\u00edbe, a pesar de contar, \u00e9l s\u00ed, con la aquiescencia del directo interesado en la protecci\u00f3n de las prerrogativas presuntamente quebrantadas? <\/p>\n
Si se afirmara como parte de la respuesta a este cuestionamiento, el deber de asegurar la defensa t\u00e9cnica de las garant\u00edas del inmediatamente afectado y la eventual responsabilidad profesional del representante, tal tesis claramente fallar\u00eda al intentar contestar la primera hip\u00f3tesis mencionada, pues a quien obra al abrigo de la agencia oficiosa no le son aplicables los comentados requerimientos. <\/p>\n
Por tanto, no hay duda sobre la legitimaci\u00f3n de Eudith P\u00e9rez Anaya para incoar este amparo en nombre de Manuel Lorenzo Mercado P\u00e9rez, pues del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica se extrae que reclamos iusfundamentales como el actual, pueden ser invocados por toda persona, \u201cpor s\u00ed misma o por quien act\u00faa a su nombre\u201d, mientras que el precepto 10 del Decreto 2591 de 1991 reitera esa noci\u00f3n, a\u00f1adiendo la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados con miras a la formulaci\u00f3n de esta clase de tr\u00e1mites. <\/p>\n
De contera, no puede imponerse a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia el cumplimiento de requisitos no previstos en la ley, denegando as\u00ed el libre acceso a \u00e9sta6, y soslayando, igualmente, la informalidad7 de actuaciones de este linaje, sin sustento v\u00e1lido alguno. <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al no advertirse la vulneraci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
3. En efecto, si bien el superior cuando emite condena frente al procesado absuelto primera instancia, tiene la obligaci\u00f3n ponerle de presente la posibilidad de incoar la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d, en el caso no se observa que el tribunal atacado tuviese ese deber. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el reclamante fue objeto de reproche penal por el a quo por el presunto \u201chomicidio\u201d de tres (3) personas, al punto que el promotor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n frente a esa decisi\u00f3n y el ad quem lo absolvi\u00f3 por el asesinato de uno (1) y, mantuvo la sanci\u00f3n por el homicidio respecto a los restantes, pero variando la calificaci\u00f3n jur\u00eddica inicialmente atribuida y, esto, a la postre, increment\u00f3 la pena, lo cual no habilita per se la doble conformidad aqu\u00ed rogada. <\/p>\n
En torno a lo expuesto, esta ha Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora, la \u201cdoble conformidad\u201d, seg\u00fan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se caracteriza por \u201c(\u2026) brinda[r] mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado (\u2026)\u201d8, por medio de un \u201c(\u2026) recurso ordinario accesible y eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la correcci\u00f3n de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho (\u2026)\u201d9; sin embargo, esta garant\u00eda \u00fanicamente procede contra la primera sentencia condenatoria proferida en segunda instancia, pues el fallo de esa naturaleza, emitido en primer grado, es susceptible de apelaci\u00f3n, acorde al sentido positivo del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal10(\u2026)11\u201d (se destaca). <\/p>\n
4. Con todo, refuerza la improcedencia del auxilio la ausencia de exposici\u00f3n de los argumentos aqu\u00ed enarbolados ante tribunal acusado, en relaci\u00f3n con la alegada omisi\u00f3n en otorgarle la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d, desentendi\u00e9ndose as\u00ed, el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades p\u00e9rdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
Se resalta, es en el interior del decurso cuestionado el escenario en donde el impulsor ha debido exponer los planteamientos que, en su sentir, dan lugar a concesi\u00f3n de la doble conformidad aqu\u00ed deprecada. <\/p>\n
5. Adicionalmente, se encuentra en tr\u00e1mite el recurso extraordinario de casaci\u00f3n entablado por el reclamante contra el fallo de la corporaci\u00f3n refutada, sin que a la fecha se hubiese dirimido tal instrumento procesal, pues el expediente est\u00e1 por remitirse a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para su estudio. <\/p>\n
Con ese entendimiento, el auxilio deviene prematuro porque se encuentra pendiente de definici\u00f3n el remedio casacional impetrado, pudiendo el suplicante, por esa v\u00eda, defender la presunci\u00f3n de inocencia que a\u00fan lo cobija, quedando as\u00ed en el juez natural, la potestad exclusiva de zanjar la controversia. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto esta jurisdicci\u00f3n tiene vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al fallador de la causa, pues no puede arrogarse facultades ajenas. Al respecto, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos14 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196915, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d16, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio17. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia18, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales19; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas20. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02056-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto por las decisiones adoptadas por la Sala, en esta ocasi\u00f3n debemos manifestar que compartimos la contenida en la sentencia que dirimi\u00f3 en segunda instancia la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pero nos apartamos de su motivaci\u00f3n. <\/p>\n
1. En efecto, la acogemos porque en ella, ante el resguardo deprecado por \u00abEudith P\u00e9rez Anaya como apoderada general y en representaci\u00f3n de Manuel Lorenzo Mercado P\u00e9rez, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada especialidad con radicado 2015-0001-01, adelantado contra el gestor por el presunto delito de \u201chomicidio en concurso homog\u00e9neo\u201d\u00bb, se confirm\u00f3 el fallo mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte \u00ab[n]eg\u00f3 el amparo, al estimar que cuando se estudie el remedio casacional formulado por el gestor, podr\u00e1 examinarse la procedencia de la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d y, proferirse una decisi\u00f3n al respecto\u00bb. <\/p>\n
2. Sin embargo, nos separamos de su motivaci\u00f3n porque para ratificar la determinaci\u00f3n del a-quo, de manera preliminar, destac\u00f3 que P\u00e9rez Anaya s\u00ed est\u00e1 autorizada para reclamar el amparo en nombre de Mercado P\u00e9rez, comoquiera que en el \u00abpoder general\u00bb que \u00e9ste le otorg\u00f3 mediante escritura p\u00fablica \u00ablas facultades expresas conferidas a la mandataria consisten en \u201c(\u2026) [la] representa[ci\u00f3n] directa o, nombrando los apoderados especiales a que haya lugar, ante cualquier autoridad policial, judicial, civil, penal o, administrativa en toda clase de procesos, actuaciones o diligencias, bien sea como demandante o demandado o, como coadyuvante (\u2026) ya sea para iniciar o continuar hasta su terminaci\u00f3n procesos, actuaciones o diligencias (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
No compartimos el anterior planteamiento porque, sin duda, es desacertado y contrario a los precedentes de la Sala aseverar que el aludido mandato general es suficiente para justificar la actuaci\u00f3n de la apoderada en nombre de su representado en este especial tr\u00e1mite constitucional, pues esta Corporaci\u00f3n insistentemente ha sostenido que un poder de esa naturaleza no \u00abpuede tener\u2026 la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes\u2026, al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (Cfr. fallos de 15 may. 1995, rad. 2169; 14 nov. 1997, rad. 4568; 24 nov. 1999, rad. 7669; 31 jul. 2000, rad. 0206; 20 feb., rad. 2000-0965; y 29 nov. 2001, rad. 2001-0813; reiterados, entre muchos otros, el 29 jul. 2013, rad. 01729-00). <\/p>\n
Por ese sendero, en un caso con alguna simetr\u00eda al de ahora, in extenso, de manera pac\u00edfica se dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026 la Corte al verificar la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, advierte que si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es decir, \u2026P\u00e9rez Bedoya, otorg\u00f3 poder general a favor de \u2026Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante cualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama judicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, sea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminaci\u00f3n, los procesos, actos diligencias y actuaciones respectivas\u00bb\u2026, dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa. <\/p>\n
En ese sentido esta Sala ha precisado, que: <\/p>\n
\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017). (CSJ STC2312-2018).<\/p>\n
En este orden de ideas, al margen de las formalidades que ech\u00f3 de menos el a quo, lo cierto es que, conforme qued\u00f3 visto, el poder general no habilita a los mandatarios para formular resguardos en nombre de sus poderdantes, circunstancia que, a su vez, exime al juez constitucional de analizar el fondo de la controversia planteada, ante la falta de legitimaci\u00f3n de quien eleva el reclamo (CSJ STC16539-2019, 6 dic., rad. 2019-00498-01). <\/p>\n
3. Las breves consideraciones precedentes justifican nuestro apoyo a la decisi\u00f3n final que no a su motivaci\u00f3n, por cuanto el fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, adverso a la petici\u00f3n de amparo, debi\u00f3 confirmarse pero por la falta de legitimaci\u00f3n de P\u00e9rez Anaya para formularla en nombre de Mercado P\u00e9rez, pues el \u00abpoder general\u00bb que \u00e9ste le otorg\u00f3 le era insuficiente para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 27 de marzo de 2012, expediente 00178. <\/p>\n
2\u0002 ESCOBAR SAN\u00cdN, Gabriel. Negocios Civiles y Comerciales I. Negocios de sustituci\u00f3n. Universidad Externado de Colombia, 1987, p\u00e1g. 297. <\/p>\n
3\u0002 D\u00edez-Picazo, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial IV. Las particulares relaciones obligatorias. Editorial Aranzadi S.A., 2010, p\u00e1g. 475. <\/p>\n
4\u0002 Sobre los derechos a las garant\u00edas y a la protecci\u00f3n judicial efectiva, pueden verse los arts. 8\u00ba y 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmada en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobada en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 En la sentencia T-430 de 2017, la Corte Constitucional reiter\u00f3 que \u201cha reconocido la posibilidad de agenciar el derecho de postulaci\u00f3n judicial. En efecto, un tercero podr\u00eda otorgar poder a un abogado para que interponga la acci\u00f3n de tutela. Empero, en estos casos debe probarse la necesidad de acudir a la figura de la agencia oficiosa, es decir que debe acreditarse la imposibilidad que tiene el titular de un derecho de otorgar poder por s\u00ed mismo a un profesional del derecho. Esta hip\u00f3tesis podr\u00eda ocurrir, por ejemplo, en el caso de un incapaz absoluto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Art. 229 de la Constituci\u00f3n Nacional: \u201cSe garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia. La ley indicar\u00e1 en qu\u00e9 casos podr\u00e1 hacerlo sin la representaci\u00f3n de abogado\u201d. <\/p>\n
7\u0002\u201cArt. 14 del Decreto 2591 de 1991: \u201cEn la solicitud de tutela se expresar\u00e1, con la mayor claridad posible, la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad p\u00fablica, si fuere posible, o del \u00f3rgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripci\u00f3n de las dem\u00e1s circunstancias relevantes para decidir la solicitud. Tambi\u00e9n contendr\u00e1 el nombre y el lugar de residencia del solicitante. <\/p>\n
\u201cNo ser\u00e1 indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticaci\u00f3n, por memorial, telegrama u otro medio de comunicaci\u00f3n que se manifieste por escrito para lo cual se gozar\u00e1 de franquicia. No ser\u00e1 necesario actuar por medio de apoderado. <\/p>\n
\u201cEn caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida verbalmente. El juez deber\u00e1 atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podr\u00e1 exigir su posterior presentaci\u00f3n personal para recoger una declaraci\u00f3n que facilite proceder con el tr\u00e1mite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Caso Barreto Leiva c. Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, p\u00e1rr. 89. <\/p>\n
9\u0002 Caso Herrera Ulloa c. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, p\u00e1rrs. 161 y 164. <\/p>\n
10\u0002 \u201c(\u2026) La apelaci\u00f3n procede, salvo los casos previstos en este c\u00f3digo, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. STC4344-2020 de 13 de julio de 2020, exp. 11001-02-03-000-2020-00921-00 <\/p>\n
12\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
13\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
14\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
15\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
16\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
17\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
18\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
19\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
20\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC7247-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7247-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02056-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 14 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54917","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54917"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54917\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}