STC7248-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC7248-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00072-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, el pasado 19 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Pablo Arbel\u00e1ez Saldarriaga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderada, acude al presente instrumento con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional al debido proceso que estima lesionada por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor se pueden extractar como hechos jur\u00eddicamente relevantes los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amag\u00e1 se adelantan los procesos de expropiaci\u00f3n 2021-00025 y 2021-00026 promovidos por la Agencia Nacional de Infraestructura, respecto de los predios distinguidos con matr\u00edculas inmobiliarias 033-13037 (\u00abPubenza\u00bb) y 033-9842 (\u00abLas Brisas\u00bb) de propiedad de Juan Pablo Arbel\u00e1ez Saldarriaga. <\/p>\n
2.2. La admisi\u00f3n de tales actuaciones, adoptada mediante autos del pasado 4 de marzo, se notific\u00f3 al demandado el 15 de marzo siguiente quien, por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposici\u00f3n solicitando la \u00abintegraci\u00f3n del contradictorio [con] la sociedad Inversiones Adoquin-ar S.A.S.\u00bb y la \u00absuspensi\u00f3n de la entrega anticipada de los predios\u00bb por cuanto afectar\u00eda \u00abel derecho fundamental al trabajo de los empleados\u00bb de dicha persona jur\u00eddica. <\/p>\n
2.3. Asimismo, el 23 del mismo mes, contest\u00f3 las demandas \u00abespecificando de manera detallada el gran menoscabo f\u00e1ctico, laboral y social que se causar\u00eda por una posible entrega anticipada del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb, pues la empresa \u00abdesarrolla su objeto social en dicho inmueble\u00bb. <\/p>\n
2.4 Dos d\u00edas despu\u00e9s, el juzgado cognoscente program\u00f3 fecha para adelantar la diligencia de entrega anticipada de los bienes y el 12 de abril siguiente resolvi\u00f3 desfavorablemente las impugnaciones horizontales formuladas por el afectado. <\/p>\n
3. Para el convocante, la negativa del juzgado querellado de integrar la litis con la empresa Inversiones Adoquin-ar S.A.S. contraviene la prerrogativa fundamental consagrada en el art\u00edculo 29 Superior, habida consideraci\u00f3n que dicha compa\u00f1\u00eda es comodataria de los predios objeto de expropiaci\u00f3n \u00aby todas las mejoras que sobre ellos reposan son [de su] propiedad\u2026 por lo que\u2026 necesariamente tiene que ser llamada al proceso\u00bb debiendo \u00abreconoc\u00e9rsele su indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, estima que el despacho \u00abincurri\u00f3 en un grave yerro jur\u00eddico [sic] al proferir auto fijando fecha para entrega anticipada del inmueble, a\u00fan sin resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto admisorio\u00bb de all\u00ed que no hubiera \u00abtenido en cuenta los argumentos esbozados\u00bb en dicha impugnaci\u00f3n y \u00abdesconoci\u00f3 el Acuerdo CSJANT21-31 del 4 de abril de 2021\u00bb por medio del cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia suspendi\u00f3 \u00ablas diligencias presenciales de inspecci\u00f3n judicial y entrega y secuestro de bienes\u00bb <\/p>\n
4. Por lo anterior solicit\u00f3 \u00abse decrete la nulidad parcial de las\u2026 providencias en lo que corresponde a la orden de entrega anticipada de los predios\u2026\u00bb y se ordene al juzgado convocado \u00abordenar la entrega material de los predios\u2026 para el mes de febrero del a\u00f1o 2022\u00bb por cuanto esa fue la fecha que \u00abestipul\u00f3 seg\u00fan el cronograma puesto en conocimiento del despacho y de la Agencia Nacional de Infraestructura\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada, la Agencia Nacional de Infraestructura, se opuso a la prosperidad del resguardo toda vez que las providencias censuradas \u00abse enmarcan dentro de la normatividad que rige la materia\u00bb por lo que no lesionaron derecho fundamental alguno al promotor. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que tanto esa entidad como el juzgado \u00abse han ce\u00f1ido estrictamente a los procedimientos y plazos previstos en la ley especial y en la ley procesal\u00bb en las diferentes etapas de la actuaci\u00f3n y que el gestor desperdici\u00f3 la oportunidad para controvertir las providencias que ordenaron la entrega anticipada de los predios al no haber formulado contra ellas recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Dijo adem\u00e1s que el accionante conoc\u00eda desde el a\u00f1o 2016 \u00abque el predio en el cual ten\u00eda ubicada una de sus f\u00e1bricas iba a ser adquirido por el Estado\u00bb raz\u00f3n por la cual desde esa \u00e9poca debi\u00f3 realizar todas las gestiones necesarias para \u00abponer en marcha el plan de traslado que hoy quiere imponer\u00bb, de all\u00ed que la tutela tambi\u00e9n devenga improcedente porque no puede ser utilizada \u00abpara premiar [su] inactividad\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte la empresa Inversiones Adoquin-ar S.A.S., se mostr\u00f3 de acuerdo y coadyuv\u00f3 las pretensiones formuladas por Juan Pablo Arbel\u00e1ez Saldarriaga y solicit\u00f3, a su vez, que se ordene al juzgado convocado disponer su vinculaci\u00f3n a los diligenciamientos cuestionados con el fin de garantizar sus derechos. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Antioquia, deneg\u00f3 el amparo implorado pues consider\u00f3 que \u00ablas decisiones adoptadas por el juez accionado\u2026 devienen razonables, habida consideraci\u00f3n que encuentran pleno respaldo\u2026 en el ordenamiento jur\u00eddico y en el criterio del inter\u00e9s general que debe regir en los procesos de expropiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de esa postura indic\u00f3 que la no integraci\u00f3n a la litis de la sociedad Inversiones Adoquin-ar S.A.S. no respondi\u00f3 al capricho del funcionario sino a que \u00abno cuenta con ninguna de las calidades previstas en el nral. [sic] 1 del art. 299 [sic] del CGP\u00bb pues la \u00fanica situaci\u00f3n en la que soporta su inter\u00e9s en el tr\u00e1mite es la de ser propietaria de unas mejoras levantadas en los predios sobre los que se pretende la expropiaci\u00f3n, es decir, no es titular de \u00abderecho real principal\u00bb por lo que su vinculaci\u00f3n \u00abno constitu\u00eda requisito indispensable para la admisi\u00f3n de la demanda\u2026 al no tratarse de un litiscosorte necesario\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que la mencionada persona jur\u00eddica \u00abcuenta con herramientas jur\u00eddicas para lograr su participaci\u00f3n en el proceso en el evento de querer reclamar mejoras, tal como acontece con la oposici\u00f3n consagrada en el numeral 11 [del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb <\/p>\n
En torno a la solicitud de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega y la prohibici\u00f3n de realizaci\u00f3n consagrada en el Acuerdo CSJANTA2131 del 4 de abril de 2021 expres\u00f3 que, por una parte, la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada como instrumento para \u00abesquivar o eludir el cumplimiento de providencias judiciales\u00bb y, por otra, que la decisi\u00f3n de llevar a cabo o no la aludida actuaci\u00f3n, ata\u00f1e exclusivamente al funcionario cognoscente, correspondiendo en todo caso al gestor realizar la respectiva solicitud de suspensi\u00f3n, lo que no demostr\u00f3 haber hecho. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconformes con la anterior determinaci\u00f3n, el quejoso y la empresa Inversiones Adoquin-ar S.A.S. la impugnaron insistiendo, b\u00e1sicamente, en el inter\u00e9s que le asiste a \u00e9sta \u00faltima en los procesos escrutados por ser \u00abla propietaria de todas las mejoras que reposan sobre los predios objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb por tal raz\u00f3n reiteraron las pretensiones del l\u00edbelo inicial y las formuladas por la vinculada en su escrito de coadyuvancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del gestor, dentro de los procesos de expropiaci\u00f3n 2021-00025 y 2021-00026, con las decisiones del pasado 13 de abril, a trav\u00e9s de las cuales no accedi\u00f3 a integrar el contradictorio con la sociedad Inversiones Adoquin-ar S.A.S., desconociendo, supuestamente, el inter\u00e9s que le asiste por ser \u00abla propietaria de las mejoras\u00bb levantadas en los predios sobre los que recaen las actuaciones. <\/p>\n
2. De la de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que, luego de un ponderado, estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
De la razonabilidad de las decisiones cuestionadas <\/p>\n
Examinadas las determinaciones censuradas, la Sala no vislumbra irregularidad alguna con la entidad suficiente que torne necesaria la mediaci\u00f3n del juez constitucional, es decir, no son resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores del actor. <\/p>\n
En efecto, se tiene que, en los asuntos estudiados, el despacho accionado mediante providencias del pasado 12 de abril resolvi\u00f3, en id\u00e9ntico sentido, los recursos de reposici\u00f3n formulados por el aqu\u00ed gestor contra los autos admisorios de las demandas de expropiaci\u00f3n, de cara al material probatorio obrante en las actuaciones, para lo cual indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Del folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u2026 correspondiente al inmueble cuya totalidad del \u00e1rea se reclama en expropiaci\u00f3n, observa el despacho ser el se\u00f1or Juan Pablo Arbel\u00e1ez Saldarriaga su \u00fanico titular o propietario, sin observarse en sus anotaciones la existencia de acreedores hipotecarios o prendarios sobre el mismo, como tampoco registros de demandas. <\/p>\n
Frente al titular del bien se dirigi\u00f3 la demanda conforme al precepto aludido [art. 399-1 CGP], sin dar cuenta el certificado de tradici\u00f3n de la existencia de acreedores hipotecarios o la existencia de demandas que den cuenta estar inmerso el bien vinculado en actuaciones judiciales cuyas partes al igual que los mencionados acreedores deban conformar la parte pasiva. <\/p>\n
Tampoco se inform\u00f3 la existencia de tenedores con contratos que consten en escritura p\u00fablica inscrita como eventuales demandados. <\/p>\n
Seguidamente se detuvo en el examen de los requisitos para la admisi\u00f3n de las demandas de expropiaci\u00f3n, concretamente a lo dispuesto en los art\u00edculos 82, 83, 84 y 399 del C\u00f3digo General del Proceso, y se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Se ajust\u00f3 la demanda a la ritualidad procesal inherente a los juicios expropiatorios\u2026 <\/p>\n
De otra parte, no acredit\u00f3 la parte resistente encontrarse la empresa Adoquin-ar S.A.S. en cualquiera de las condiciones previstas en el numeral 1 del tantas veces mencionado art. 299 [sic] del estatuto procedimental, para ser considerada como litisconsorte necesario con el fin de integrar el contradictorio o haberse exigido por parte de esta oficina su vinculaci\u00f3n mediante inadmisorio, previo estudio de la demanda. <\/p>\n
Procede adem\u00e1s la entrega anticipada del bien, cuya fecha y hora fue programada, al haberse consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor establecido en el aval\u00fao aportado conforme a lo exigido en la normatividad procesal, siendo ese su \u00fanico requisito, diligencia en la que se tendr\u00e1 de presente lo rese\u00f1ado en el numeral 11 del art. 399 del C.G del P. sobre eventuales poseedores materiales (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Determinaciones que, en juicio de la Sala, presentan una soluci\u00f3n ponderada en punto de la situaci\u00f3n puesta de presente por el gestor del resguardo, pues se cimentaron en el art\u00edculo 399-1 del C\u00f3digo General del Proceso para indicar que la sociedad Inversiones Adoquin-ar S.A.S. carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por el extremo pasivo de la relaci\u00f3n procesal, al no ser titular de derecho real alguno respecto de los predios sobre los que recaen las demandas de expropiaci\u00f3n, de all\u00ed que ninguna anomal\u00eda emerja en las determinaciones criticadas, las cuales no pueden ser desaprobadas m\u00e1xime si, <\/p>\n
\u00abno resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1[n] demostrado[s] [los] defecto[s] apuntado[s] en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050) <\/p>\n
Entonces, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 las decisiones reprochadas, pues lo se\u00f1alado constituye una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
No existe la vulneraci\u00f3n alegada por el demandante, habida cuenta que las decisiones adoptadas en los procesos objeto de escrutinio, contienen una interpretaci\u00f3n razonable y ponderada del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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