STC7250-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7250-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2021-00127-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 13 de mayo de 2021, dentro de la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de una acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2019-154-00). <\/p>\n
2. El querellante cuestiona que la autoridad querellada, supuestamente, no ha observado los par\u00e1metros de los art\u00edculos 5, 34 y 84 de la Ley 472 de 1998, en tanto, en su criterio, no se ha procedido con celeridad. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, solicit\u00f3, en resumen, que \u00abse ORDENE que la tutelada falle la acci\u00f3n Constitucional de t\u00e9rminos de tiempo perentorios (\u2026) y falle en 3 d\u00edas tal como lo ha ordenado en tutela la H CSJ SCC. Se ordene aplicar el art 34 de la ley 472 de 1998 (\u2026). De no ampararse mi acci\u00f3n, se ACEPTE mi desistimiento a voluntad de la renuente acci\u00f3n popular (\u2026). Se ordene a la tutelada siempre notificar la sentencia de acci\u00f3n popular al correo electr\u00f3nico que aparezca en la demanda, tal como se notifica una tutela.\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, en tanto que, \u00abno ha vulnerado o lesionado derecho fundamental alguno del accionante.\u00bb <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Provincial de Pereira, manifest\u00f3 no estar legitimada en la causa, como quiera que, desconoce los hechos narrados por el actor. <\/p>\n
3. El Banco Caja Social adujo que, \u00abno ha vulnerado derechos fundamentales en cabeza del se\u00f1or JAVIER EL\u00cdAS ARIAS ID\u00c1RRAGA\u00bb. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda de Pereira se\u00f1al\u00f3 que, \u00abse atiene a lo probado\u00bb dentro de este asunto. <\/p>\n
5. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, indic\u00f3 que, \u00abA la fecha la Acci\u00f3n se encuentra pendiente de reconocer unas coadyuvancias para proceder a dictar sentencia que, de no hacerlo as\u00ed, de seguridad formular\u00edan acci\u00f3n de tutela por violaci\u00f3n al debido proceso.\u00bb adem\u00e1s, resalt\u00f3 que, \u00abes el Juzgado Piloto para la implementaci\u00f3n del expediente digital en Risaralda, por lo que ha tenido problemas para evacuar las diferentes peticiones y en estos momentos se encuentra cerrado por algunos cambios en su personal debido a que la titular fue incapacitada por el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas por inconvenientes de salud. Por lo anterior, este Despacho judicial est\u00e1 impulsando de oficio los tr\u00e1mites en las diferentes Acciones Populares, lo que en muchas ocasiones se hace casi imposible por el gran n\u00famero de peticiones que presenta el accionante, en ocasiones repetitivas y que truncan el desarrollo normal del proceso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el amparo deprecado porque, \u00abel actor, en vez de formular sus quejas ante la funcionaria que conoce ordinariamente de la acci\u00f3n popular, las est\u00e1 planteando de manera principal por medio de esta acci\u00f3n de tutela, dejando de lado el car\u00e1cter eminentemente residual que la caracteriza\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia sin esgrimir argumentos adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las circunstancias narradas en el escrito introductor involucran una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales all\u00ed invocadas que, por lo mismo, amerite la injerencia del juez de tutela, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2019-154-009). <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que se desestimar\u00e1 el amparo de la referencia, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilite la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la queja se circunscribe a que el en el curso de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2019-154-00), el despacho accionado supuestamente desatendi\u00f3 los art\u00edculos 5, 34, y 84 de la Ley 472 de 1998, relacionados con el tr\u00e1mite, plazos perentorios y el t\u00e9rmino para dictar sentencia, pero lo cierto es que, de las pruebas documentales aportadas al proceso, se colige que, el Juzgado Tercero Civil del Circuito el pasado mes de marzo, corri\u00f3 traslado para que las partes presentaran los alegatos de conclusi\u00f3n y orden\u00f3 librar nuevamente un oficio con destino a la Alcald\u00eda de la misma localidad, con el prop\u00f3sito de recaudar informaci\u00f3n suficiente para el juicio, as\u00ed como tambi\u00e9n, se encuentra pendiente de reconocer unas coadyuvancias para proferir sentencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda claro, que la autoridad judicial accionada ha realizado las gestiones necesarias en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular para poder emitir el fallo, conforme lo dispone la ley referida. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo, en tanto los hechos expuestos por el censor en esta sede excepcional no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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