STC7254-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7254-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2021-00155-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 21 de mayo de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Sebasti\u00e1n Colorado, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Risaralda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, al no haberlo reconocido como coadyuvante en la acci\u00f3n popular antes referida. <\/p>\n
2. Expuso que dentro de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00b0 2020-00092-00 [promovida por Sebasti\u00e1n Colorado], solicit\u00f3 al accionado \u00abme tuviera como coadyuvante\u00bb, pero ese estrado \u00abneg\u00f3\u00bb tal pedimento \u00abdesconoci\u00e9ndome las garant\u00edas procesales, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, carta iberoamericana de usuarios de justicia, ley de mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana, art. 29 CN, entre otros\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende \u00abque de manera inmediata me reconozca como coadyuvante [y] que remita el link de la acci\u00f3n popular [para] que pueda ser accesible\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, dijo que el hecho aducido como fundamento de la tutela \u00abes totalmente falso, toda vez que tal y como se puede apreciar en el auto de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), se indic\u00f3 expresamente lo siguiente: \u201crespecto a la solicitud de reconocimiento de coadyuvancia del se\u00f1or Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez en las acciones populares de la referencia, se ordenar\u00e1 que se tenga en cuenta una vez el Juzgado al que se remite asuma el conocimiento de ellas\u201d\u00bb. Por lo dem\u00e1s, comparti\u00f3 el link del correspondiente expediente digital. <\/p>\n
2. Davivienda S.A., pidi\u00f3 declarar improcedente el auxilio ya que, \u00aba la fecha no ha sido notificado de la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular 2020-00092-00, que al parecer se est\u00e1 tramitando ante el Juzgado Promiscuo de la Virginia, circunstancia que deriva en una falta de legitimaci\u00f3n por pasiva en la entidad financiera vinculada al presente tr\u00e1mite [pues] no existe una afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante por parte de la entidad que represento\u00bb. <\/p>\n
3. La Personera Municipal de La Virginia, manifest\u00f3 que \u00abesta agencia del ministerio p\u00fablico no es responsable de realizar la conducta que genera el presunto menoscabo de los derechos fundamentales que aduce el se\u00f1or Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez\u00bb. <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo al encontrar que \u00abel juzgado de conocimiento en momento alguno neg\u00f3 tal intervenci\u00f3n\u00bb. En consecuencia, \u00abla lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas, no ha tenido lugar\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor del resguardo sin aducir argumentos adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia – Risaralda, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante, en especial las derivadas del debido proceso, al no reconocerlo como coadyuvante dentro de la acci\u00f3n popular n\u00b0 2020-00092-00. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela son: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, siendo forzoso que el supuesto de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar, en tanto que \u00ablas causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en relaci\u00f3n con la tutela, que: <\/p>\n
\u00abPara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC8210-2020, 7 oct. 2020, rad. 02488-00). Subraya la Corte. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, del an\u00e1lisis pertinente que se realiza al presente reclamo y su cotejo con la informaci\u00f3n proporcionada por la autoridad querellada y a la que se extracta de las piezas procesales allegadas, la Sala confirmar\u00e1 el fallo desestimatorio del auxilio, ante la evidente ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
En efecto, este impedimento de procedibilidad surge en la medida en que el quejoso echa de menos el pronunciamiento del despacho accionado a su solicitud para que se le reconozca como coadyuvante dentro de la acci\u00f3n popular n\u00b0 2020-00092-00, empero, con suficiencia se establece que tal actuaci\u00f3n se surti\u00f3 mediante auto proferido el 29 de abril de 2021, al precisarse en la parte final de dicho prove\u00eddo que el reconocimiento en menci\u00f3n \u00abse ordenar\u00e1 que se tenga en cuenta una vez el Juzgado al que se remite asuma el conocimiento\u00bb de cada una de las 58 acciones populares rechazadas por falta de competencia. <\/p>\n
Lo anterior significa que tras el rechazo de las demandas formuladas por el hoy reclamante y su remisi\u00f3n al que se estima competente, ser\u00e1 este funcionario quien estar\u00e1 facultado para decidir si la coadyuvancia deprecada es o no viable, y al haberlo dispuesto as\u00ed la autoridad enjuiciada, la determinaci\u00f3n criticada no comporta yerro que amerite la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
En eventos como el que ac\u00e1 se acaba de exponer, esto es, cuando ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n se amenaza y menos vulnera prerrogativa alguna del actor, retoma vigencia el precedente jurisprudencial seg\u00fan el cual \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada en STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-01, y STC8942-2020, 22 oct. 2020, rad. 00139-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, frente a la pretensi\u00f3n consistente en que la funcionaria cognoscente indique el link contentivo del expediente digitalizado, se advierte que esa situaci\u00f3n fue superada ya que dicho enlace y con ello la correspondiente foliatura, hace parte de los anexos remitidos al responder la presente acci\u00f3n de tutela, circunstancia esta que ratifica la carencia de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico del mecanismo jur\u00eddico implorado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, por cuanto la actuaci\u00f3n cuestionada no configura vulneraci\u00f3n a las prerrogativas iusfundamentales invocadas, se respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia de esta salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, con la precisi\u00f3n realizada en precedencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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