STC7342-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7342-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00055-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelven las impugnaciones formuladas frente al fallo que el 4 de mayo de 2021 profiri\u00f3 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, en el tr\u00e1mite de acci\u00f3n de tutela promovido por la Cooperativa de Transportes del Cesar y La Guajira (en adelante, Cootracegua) contra el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, obrando por conducto de apoderado, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que estim\u00f3 lesionado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, relat\u00f3 que el 14 de julio de 2017, los herederos de Mois\u00e9s Watnik Cybulkiewcz formularon en su contra demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, con fundamento en el \u00abincumplimiento en que ha incurrido el arrendatario en cuanto a las obligaciones de pago de arrendamiento en las fechas estipuladas\u00bb. En ese libelo, intentaron acreditar el negocio arrendaticio a trav\u00e9s de declaraciones extrajudiciales, y precisaron que \u00abel \u00faltimo pago cancelado por el demandado fue en el mes de julio del a\u00f1o 1.999 por valor de $1.092.000 a trav\u00e9s de consignaci\u00f3n efectuada en cuenta corriente\u00bb. <\/p>\n
La accionante a\u00f1adi\u00f3 que, tras ser notificada de la admisi\u00f3n del reclamo, se opuso al petitum, desconociendo la condici\u00f3n de arrendadora de su contraparte, y afirmando que el negocio que otrora se celebr\u00f3 con el se\u00f1or Watnik Cybulkiewcz, en virtud del cual este cedi\u00f3 la tenencia del predio ubicado en la Calle 16 n.\u00ba 11-25 de Maicao, finaliz\u00f3 en el mes de junio de 1999, \u00e9poca para la cual Cootracegua se traslad\u00f3 a otro local comercial, ubicado en la Carrera 11 n.\u00ba 15-71 del mismo municipio, inmueble que le fue arrendado por su propietario, Hidalgo Mendoza Orsini, y luego por la Asociaci\u00f3n \u201cAstransce\u201d, quien lo adquiri\u00f3 a t\u00edtulo de compraventa. <\/p>\n
Agreg\u00f3 la accionante que, tras la pr\u00e1ctica de pruebas, el juez de la causa profiri\u00f3 sentencia escrita, desestimando las excepciones y ordenando la restituci\u00f3n, pero incluy\u00f3 esa providencia de manera errada en el estado respectivo, raz\u00f3n por la cual se elev\u00f3 solicitud de nulidad, pedimento que si bien fue desestimado por aquel fallador, se acogi\u00f3 luego en sede de apelaci\u00f3n por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha. <\/p>\n
Finalmente advirti\u00f3 que, tras rehacer la actuaci\u00f3n, el juzgador encartado nuevamente dict\u00f3 fallo estimatorio el d\u00eda 18 de marzo de 2021, resoluci\u00f3n en la que pas\u00f3 por alto todas las probanzas testimoniales y documentales aportadas por la querellada. Contra esa determinaci\u00f3n, la parte vencida interpuso apelaci\u00f3n (la cual fue concedida), pero la misma recurrente decidi\u00f3 desistir del remedio vertical, \u00abpor lealtad procesal (…), [dado] que cuando la demanda se trata de \u00fanicamente el pago de c\u00e1nones de arrendamiento, como es el caso, el proceso es de \u00fanica instancia y la ley no prev\u00e9 recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
3. Con apoyo en la anterior exposici\u00f3n, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto la sentencia fechada 18 de marzo del a\u00f1o 2021 (…) para que en su lugar se profiera (…) nuevamente la sentencia, asumiendo (sic) las pruebas documentales y testimoniales aportadas por la demandada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. Aun cuando en el expediente digital no reposa copia de este pronunciamiento, en el fallo de primer grado se rese\u00f1\u00f3 el pronunciamiento del titular del despacho accionado, quien sostuvo que \u00abla sentencia motivo de censura se encuentra ejecutoriada y que (…) guard\u00f3 y respet\u00f3 todas y cada una de las garant\u00edas constitucionales\u00bb de las partes, al punto que \u00abdecret\u00f3 y practic\u00f3 las pruebas aportadas por el extremo demandado sin encontrar en las mismas valor probatorio para controvertir las pruebas del extremo demandante\u00bb. <\/p>\n
2. Los demandantes en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, vinculados oficiosamente al presente juicio, tambi\u00e9n se opusieron a la prosperidad del resguardo, dado que el juez de la causa, \u00abpara dictar sentencia, tuvo en cuenta los interrogatorios de parte, especialmente el rendido por la representante legal de la demandada, los testimonios (…) el informe pericial [y] las pruebas extraprocesales\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal concedi\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, dej\u00f3 sin efectos el fallo censurado y orden\u00f3 la emisi\u00f3n de uno nuevo, en el que se deber\u00e1n analizar todos los medios de convicci\u00f3n aportados por la demandada, con exposici\u00f3n clara y razonada del valor probatorio que les asigne, en tanto que esa evidencia \u00abcobra relevancia en punto a dilucidar si, en efecto, existi\u00f3 un contrato de arrendamiento con persona diferente de quienes figuran como propietarios del bien de mayor extensi\u00f3n\u00bb. Asimismo, estim\u00f3 que \u00abla motivaci\u00f3n de la sentencia [cuestionada] es insuficiente, toda vez que realiza pronunciamiento respecto del certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble presentado por la parte demandante, pero omite realizar pronunciamiento sobre el certificado de libertad y tradici\u00f3n aportado por el extremo demandado, siendo que la existencia de una doble titulaci\u00f3n del inmueble es una situaci\u00f3n que fue verificada y corroborada por el peritaje realizado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. Inconformes con esa determinaci\u00f3n, los vinculados afirmaron que si bien \u00abel juzgado accionado dej\u00f3 de pronunciarse respecto a determinados medios de prueba\u00bb, tal omisi\u00f3n no desconoci\u00f3 la garant\u00eda del debido proceso de la gestora, pues el fallo se sustent\u00f3 en la apreciaci\u00f3n razonada y ponderada de varios elementos de convicci\u00f3n, como el dictamen pericial, el interrogatorio de parte y las declaraciones extraprocesales, probanzas que \u00abcumplieron con el est\u00e1ndar probatorio para lograr su convencimiento de los hechos\u00bb. <\/p>\n
A ello agregaron que la accionante incurri\u00f3 en pigricia, al desistir de la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el fallo censurado, advirtiendo que no es cierto que el tr\u00e1mite deb\u00eda desarrollarse en \u00fanica instancia, como lo asegur\u00f3 la convocante, pues el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha ya hab\u00eda intervenido en el juicio, resolviendo un recurso de alzada formulado contra la providencia en que se neg\u00f3 la invalidaci\u00f3n de lo actuado. <\/p>\n
2. Cootrancegua tambi\u00e9n impugn\u00f3, con el prop\u00f3sito de que esta Corporaci\u00f3n \u00abfije los derroteros instructivos por medio del cual (sic) el juez natural del proceso civil, esto es Juez Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao, debe ce\u00f1irse en cuanto a la valoraci\u00f3n probatoria (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte elucidar si la autoridad convocada vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de Cootracegua, al haber obviado el an\u00e1lisis de algunos medios de prueba que solicit\u00f3 y aport\u00f3 oportunamente. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, en l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales. Para mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es permitido, al menos por regla general, inmiscuirse en el escenario propio de los tr\u00e1mites ordinarios. <\/p>\n
Ahora, dicha pauta encuentra su excepci\u00f3n en casos en los cuales el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, que pueda encuadrarse en alguna de las causas espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, eventos en los que, luego de un ponderado estudio, se tornar\u00eda imperiosa la injerencia del juez de tutela, con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Para esa especial mediaci\u00f3n es imprescindible la confluencia de los requisitos gen\u00e9ricos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, esto es, que (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) el actor haya agotado los recursos a su alcance; (iii) la petici\u00f3n cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) en el evento de fundamentarse la solicitud de tutela en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisi\u00f3n de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales del actor; (v) se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneraci\u00f3n; y (vi) no se trate de tutela contra tutela. <\/p>\n
De otro lado, el yerro endilgado a la jurisdicci\u00f3n debe configurar alguna de las causas espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n de amparo en estos eventos, a saber: (i) defecto org\u00e1nico por carencia absoluta de competencia del funcionario judicial que dicta la providencia judicial; (ii) defecto sustantivo; (iii) defecto procedimental; (iv) defecto f\u00e1ctico; (v) error inducido; (vi) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; y (viii) violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Precisi\u00f3n preliminar acerca del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. Est\u00e1 suficientemente decantado que la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el consabido car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
3.2. En su escrito de impugnaci\u00f3n, los herederos del se\u00f1or Watnik Cybulkiewcz manifestaron que el amparo tendr\u00eda que haberse denegado, pues Cootracegua renunci\u00f3 a que se tramitara la apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia que cuestion\u00f3 en la demanda de tutela. Sin embargo, estima la Corte que tal acto procesal (el desistimiento de la alzada) no se traduce en incuria, ni constituye transgresi\u00f3n a la pauta de subsidiariedad que gu\u00eda esta acci\u00f3n constitucional, debido a que el juicio en el que se dict\u00f3 aquella providencia se tramit\u00f3 en \u00fanica instancia. <\/p>\n
En efecto, la solicitud de restituci\u00f3n de la que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao se finc\u00f3, exclusivamente, en la causal \u00abmora del pago de los c\u00e1nones\u00bb, siendo del caso aplicar la regla consagrada en el art\u00edculo 384-9 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: \u00ab Cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble arrendado se aplicar\u00e1n las siguientes reglas: (…) 9. \u00danica instancia. Cuando la causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u00bb. Ello es tan evidente, que incluso lo admiti\u00f3 el apoderado de los ahora recurrentes en el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda de restituci\u00f3n (f. 53 del expediente). <\/p>\n
Cabe agregar que el hecho de que la alzada contra la sentencia hubiera sido concedida, o la circunstancia de que, previamente, se tramitara tambi\u00e9n la apelaci\u00f3n interpuesta contra un auto, no modifica en lo absoluto la conclusi\u00f3n expuesta, en tanto que la norma procesal previamente trasuntada es de orden p\u00fablico, \u00aby, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr[\u00e1] ser derogad[a], modificad[a] o sustituid[a] por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb (art\u00edculo 9, C\u00f3digo General del Proceso), autorizaci\u00f3n que brilla por su ausencia en este evento. <\/p>\n
Consecuentemente, si en virtud de una pauta legal imperativa el juicio de restituci\u00f3n deb\u00eda tramitarse en \u00fanica instancia, el fallo que all\u00ed se dictara no ser\u00eda susceptible de apelaci\u00f3n, o lo que es lo mismo, carecer\u00eda de remedios ordinarios de control. Y siendo ello as\u00ed, como en verdad lo es, fuerza concluir que las herramientas endoprocesales de defensa se agotaron, verific\u00e1ndose as\u00ed el presupuesto de subsidiariedad, en tanto requisito gen\u00e9rico de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Es un hecho pac\u00edfico que, tal como lo advirti\u00f3 el tribunal en el fallo de tutela impugnado, el juzgador accionado valor\u00f3 de manera fragmentaria el material probatorio que se recaud\u00f3 en el juicio de restituci\u00f3n. As\u00ed lo reconocen, incluso, los propios opositores, que al sustentar su impugnaci\u00f3n anotaron que \u00able asiste raz\u00f3n a la Honorable Sala Civil-Familia-Laboral, en cuanto afirma que el juzgado accionado dej\u00f3 de pronunciarse respecto a determinados medios de pruebas\u00bb. <\/p>\n
Y no podr\u00edan hacer otra cosa, porque en realidad en la sentencia que profiri\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao solamente existe una referencia somera y, por dem\u00e1s, bastante gen\u00e9rica, a dos \u00fanicas probanzas, a saber, el dictamen pericial practicado por Manuel Salvador De la Hoz, y un certificado de deuda emitido por Astransce, y que fue aportado durante el testimonio de Pedro Amorocho Lemus, representante legal de esta entidad. <\/p>\n
En desarrollo de su motivaci\u00f3n, el juzgador accionado consider\u00f3 que, como el perito hab\u00eda establecido en su experticia que el local de la Carrera 11 n.\u00ba 15-71 se superpon\u00eda con el lote de propiedad del occiso Watnik Cybulkiewcz, deb\u00eda prosperar la \u00abreivindicaci\u00f3n (sic)\u00bb solicitada. Adem\u00e1s, anot\u00f3 que a esa conclusi\u00f3n no se opon\u00eda la documental que arrim\u00f3 el testigo Amorocho Lemus, pues su aducci\u00f3n al proceso hab\u00eda sido extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Cabe anotar que el propio juzgador accionado hab\u00eda ordenado que el documento de marras se agregara a los autos, y hab\u00eda corrido traslado del mismo para garantizar su contradicci\u00f3n; pero al margen de ello, es evidente que los razonamientos previamente referidos no constituyen motivaci\u00f3n suficiente para acoger las pretensiones restitutorias, m\u00e1xime si en cuenta se tiene que en la referida argumentaci\u00f3n se obviaron varias probanzas, como el propio testimonio del se\u00f1or Amorocho Lemus, o el de Hidalgo Mendoza Orsini, quienes adujeron su condici\u00f3n de arrendadores \u2013actual y pret\u00e9rito, en su orden\u2013 del local que ocupa Cootracegua. <\/p>\n
El juez accionado tampoco tuvo en cuenta en sus consideraciones el certificado de tradici\u00f3n y libertad que corresponde al local comercial ubicado en la Calle 11 n.\u00ba 15-71 de Maicao, en el que aparecer\u00eda inscrita la propiedad de los antedichos declarantes, ni expuso el m\u00e9rito que merec\u00edan los m\u00faltiples recibos de pago y registros contables de transferencias a t\u00edtulo de c\u00e1nones de arrendamiento, realizadas por la demandada a favor de Asotransce, que totalizar\u00edan m\u00e1s de $140.000.000. <\/p>\n
Se sigue de lo indicado que la motivaci\u00f3n del fallo cuestionado resulta a todas luces insuficiente, pues el Juez Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao no expuso realmente ning\u00fan argumento que sirviera a los prop\u00f3sitos de ratificar la hip\u00f3tesis del caso propuesta por los demandantes, o desvirtuar las defensas que enarbol\u00f3 la convocada. No se trata de que aquel fallador hubiera elegido una de entre varias teorizaciones posibles, sino de que se decant\u00f3 por la que favorec\u00eda los intereses de una de las partes, sin exteriorizar ning\u00fan raciocinio que respaldara esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal conducta se traduce en una inobservancia del deber de motivar las decisiones judiciales, tem\u00e1tica frente a la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene dicho, de manera reiterada, que <\/p>\n
\u00ab(…) la exposici\u00f3n de las razones que llevaron a tomar una determinada decisi\u00f3n se erige como la mejor garant\u00eda para distinguir lo legal de lo arbitrario. Por ello, los jueces deben identificar en sus decisiones cu\u00e1les son las razones de hecho y de derecho que est\u00e1n empleando para la resoluci\u00f3n de un caso, porque en un Estado social y democr\u00e1tico de derecho est\u00e1n prohibidas las decisiones basadas en el poder puramente personal y es apenas l\u00f3gico que los operadores judiciales est\u00e9n obligados a exponer de manera clara cu\u00e1les son las bases l\u00f3gicas y silog\u00edsticas de sus fallos como prenda del efectivo imperio de la legalidad en el seno de la sociedad\u00bb (CC, T-237 de 2017). <\/p>\n
A su turno, esta Sala ha reconocido que <\/p>\n
\u00ab(…) la motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2013, rad. 00208-01; reiterada en STC13257-2018, 11 oct.). <\/p>\n
4.2. A lo expuesto cabe agregar que los lac\u00f3nicos fundamentos de la providencia de 18 de marzo de 2021 incurrieron tambi\u00e9n en un defecto f\u00e1ctico, dada la evidente omisi\u00f3n del an\u00e1lisis de varias probanzas que, prima facie, lucen relevantes, y que \u2013a pesar de ello\u2013 no fueron mencionadas individualmente, ni tampoco incluidas dentro del conjunto de elementos de juicio que deb\u00edan ser considerados para resolver el conflicto, en uno y otro sentido. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, a voces del precedente, el aludido vicio de juzgamiento \u2013causal espec\u00edfica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales\u2013 puede manifestarse a trav\u00e9s de la \u00abno valoraci\u00f3n del material probatorio allegado al proceso judicial\u00bb, hip\u00f3tesis que tiene lugar cuando \u00abla autoridad judicial a pesar de que en el respectivo proceso existen elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisi\u00f3n respectiva sustancialmente\u00bb (CC, T-393 de 2017), tal como aconteci\u00f3 en la actuaci\u00f3n sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
Ahora bien, a pesar de que los yerros que se rese\u00f1aron impon\u00edan la protecci\u00f3n del n\u00facleo fundamental de derechos de la accionante, ello no significa que tal salvaguarda debiera materializarse en la forma que ambiciona la accionante, quien solicit\u00f3 que se le indicara al fallador querellado el sentido en el que deb\u00eda valorar la evidencia. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, en desarrollo de su funci\u00f3n jurisdiccional, los jueces ordinarios se encuentran revestidos de autonom\u00eda, lo que impide \u2013por v\u00eda general\u2013 que en la labor de interpretaci\u00f3n del material probatorio medien los jueces constitucionales, so pena de incurrir en un desbordamiento de los alcances de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Pese a la complejidad del debate que propusieron los litigantes, el funcionario cognoscente adopt\u00f3 una decisi\u00f3n precariamente motivada, y en la que omiti\u00f3 pronunciarse acerca del contenido de varios medios de prueba, incurriendo as\u00ed en dos causales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales \u2013la motivaci\u00f3n insuficiente y el defecto f\u00e1ctico\u2013, que lesionan bienes iusfundamentales en cabeza de Cootracegua. <\/p>\n
En consecuencia, se refrendar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo suplicado, debi\u00e9ndose precisar que quien deber\u00e1 emitir el fallo que reemplace la sentencia que se dej\u00f3 sin efectos es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Maicao, a quien se le repartieron las causas de esa especialidad que otrora conoc\u00eda la oficina accionada, actualmente reconvertida en juzgado penal. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo CSAGUA21-168, emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia impugnada, en el sentido de precisar que quien debe proferir el fallo que defina la instancia ordinaria es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Maicao, dadas las razones previamente anotadas. En lo dem\u00e1s, se CONFIRMA la concesi\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes e interesados por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC7342-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7342-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00055-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelven las impugnaciones formuladas frente al fallo que el 4 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54932","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54932"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54932\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}