STC7428-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7428-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00108-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 12 de mayo de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jos\u00e9 del Carmen Apache Olarte contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Guamo y Promiscuo Municipal de Coyaima (Tolima), Heriberto Puentes Vel\u00e1squez, Floresmiro y Antonia Apache. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso (en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n), acceso a la justicia y propiedad, entre otros, presuntamente vulnerados por las convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que, en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que promovi\u00f3 Heriberto Puentes Vel\u00e1squez contra Floresmiro y Antonia Apache, present\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia de entrega adelantada el 9 de noviembre de 2020, la cual fue rechazada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Coyaima, \u00absin tener en cuenta que lo ordenado en la sentencia [fue] entregar dos lotes de terreno (\u2026) y no una casa de habitaci\u00f3n como se hizo\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la mentada decisi\u00f3n, pero el hom\u00f3logo Segundo Civil del Circuito de Guamo declar\u00f3 inadmisible el medio defensivo, en tanto el asunto es de \u00fanica instancia, en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, aspecto que en su criterio es irregular porque al no ser parte del proceso esa regla no le es aplicable, sino la prevista en el numeral 9.\u00b0 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual es recurrible en esta v\u00eda el prove\u00eddo \u00ab(\u2026) que resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abTUTELAR a favor de mi representado OPOSITOR los derechos constitucionales y fundamentales invocados orden\u00e1ndole a las autoridades realicen la REVOCATORIA de sus decisiones\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Coyaima manifest\u00f3 que \u00abel d\u00eda 9 de noviembre de 2020 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de restituci\u00f3n. En esta se present\u00f3 la oposici\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Apache Olarte. Luego del recaudo probatorio, en audiencia del 23 de noviembre de 2020 se resolvi\u00f3 negar la oposici\u00f3n, como quiera que estaba demostrado que el ahora accionante en tutela, deriv\u00f3 su calidad de su se\u00f1ora madre Antonia Apache, demandada dentro del presente asunto y, por lo tanto, directamente involucrada en la litis (art. 309.1 CGP). Resalto en este punto la recepci\u00f3n del interrogatorio de parte del se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Apache Olarte y de todos los testigos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, precis\u00f3 que \u00abcontra esta decisi\u00f3n, el apoderado del opositor interpone recurso de apelaci\u00f3n. Este medio de impugnaci\u00f3n fue concedido bajo el criterio jurisprudencial de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, consignado, entre otras decisiones, en la sentencia constitucional STC10852-2019, en el cual se advierte que, no obstante, el proceso sea de \u00fanica instancia, a los terceros no se les debe vulnerar el principio de la doble instancia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que \u00abel juez ad quem resolvi\u00f3 no admitir el recurso de apelaci\u00f3n. Una vez reasumido el conocimiento del asunto, en auto del 8 de marzo de 2021 se procedi\u00f3 a fijar fecha para la restituci\u00f3n del bien, el cual se llevar\u00e1 a cabo el pr\u00f3ximo 6 de mayo del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
2. El hom\u00f3logo Segundo Civil del Circuito de Guamo argument\u00f3 que \u00abmediante auto interlocutorio N\u00famero 004 del (12) de enero del presente a\u00f1o 2021, se declar\u00f3 INADMISIBLE EL RECURSO de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado del opositor contra el prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2020; lo anterior toda vez que no reun\u00eda los requisitos para la concesi\u00f3n del mismo, por cuanto para esta clase de asuntos la cuant\u00eda la determina el valor actual de la renta durante el t[\u00e9]rmino pactado inicialmente en el contrato objeto de litis, que seg\u00fan datos del proceso este valor es por la suma de $4.800.000.oo\u00bb. <\/p>\n
3. Heriberto Puentes Araque, obrando como apoderado general de Heriberto Puentes Vel\u00e1squez, se opuso a las pretensiones del amparo. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo desestim\u00f3 las pretensiones del resguardo, porque \u00abel se\u00f1or JOS\u00c9 DEL CARMEN APACHE OLARTE no agot\u00f3 los recursos ordinarios que la ley le ofrece para controvertir las decisiones emitidas por el juez de conocimiento, o lo que es igual, lo hizo de manera extempor\u00e1nea, [por lo cual] la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente, como quiera (sic) que, mediante este mecanismo constitucional lo que pretende es revivir t\u00e9rminos concluidos u oportunidades procesales vencidas por su negligencia o inactividad injustificada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El mandatario judicial del gestor recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de inmueble arrendado (radicaci\u00f3n 2016-00242), por declarar inadmisible la apelaci\u00f3n que el actor formul\u00f3 contra el auto que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que present\u00f3 en la diligencia de entrega del bien en disputa. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte esta Sala que habr\u00e1 de revocarse el fallo desestimatorio del tribunal a quo para, en su lugar, conceder el resguardo deprecado, comoquiera que se encuentra acreditada la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso que le asiste al censor, lo mismo que el desconocimiento del precedente de esta Corporaci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que el reproche se circunscribe a que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo declar\u00f3 la inadmisibilidad del recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el recurrente, contra el auto del hom\u00f3logo Promiscuo Municipal de Coyaima que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que \u00e9l present\u00f3 frente a la diligencia de entrega, en tanto, en criterio del ad quem en esa causa, \u00abel recurso (\u2026) no re\u00fane los requisitos para la concesi\u00f3n del mismo, pues t\u00e9ngase en cuenta, que para esta clase de asuntos, la cuant\u00eda la determina el valor actual de la renta durante el t\u00e9rmino pactado inicialmente en el contrato objeto de litis y seg\u00fan la informaci\u00f3n que reposa en el expediente, este es por valor de $4.800.000,oo\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que, al tratarse de un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda \u2013y, por ende, de \u00fanica instancia\u2013, no pod\u00eda d\u00e1rsele curso a la alzada interpuesta por el tercero opositor. <\/p>\n
Sin embargo, ese raciocinio habr\u00e1 de invalidarse, habida cuenta que esta Sala de Casaci\u00f3n ha venido sosteniendo de forma reiterada que, con independencia de la instancia \u00fanica que pueda predicarse de un determinado proceso, la garant\u00eda de doble grado de conocimiento no se ve en lo absoluto limitada para los terceros totalmente ajenos al proceso que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar. <\/p>\n
Sobre el punto, se ha afirmado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La oposici\u00f3n del tercero poseedor es en esencia una cuesti\u00f3n diversa del conflicto que es debatido en el juicio, en la cual las pretensiones del interviniente son aut\u00f3nomas frente a las aducidas por el demandante y el demandado. Por ende, tanto su tr\u00e1mite como la decisi\u00f3n que la resuelva son totalmente independientes de la acci\u00f3n principal. <\/p>\n
Por consiguiente, las vicisitudes del litigio, lo mismo que la estructura y reglamentaci\u00f3n que tiene definidas no se extienden a esa actuaci\u00f3n incidental que est\u00e1 gobernada por una forma procedimental propia, instituida para la tutela judicial efectiva de las garant\u00edas constitucionales y legales del tercero en su condici\u00f3n de extra\u00f1o a la discusi\u00f3n que enfrent\u00f3 a los sujetos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica debatida en el litigio\u00bb <\/p>\n
(\u2026) Aunque no se discute que las partes del proceso est\u00e1n sometidas a esa restricci\u00f3n, el tercero que ha alegado tener la posesi\u00f3n material del bien no debe recibir id\u00e9ntico tratamiento <\/p>\n
porque simplemente no se encuentra en un plano de paridad con los demandantes y los demandados. <\/p>\n
Requisito imprescindible de la excepci\u00f3n a la doble instancia de los procesos consagrada en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es la garant\u00eda del principio de igualdad que no es la simplemente formal sino la material por la que aboga el art\u00edculo 13 del ordenamiento superior, del cual deriva como mandato dar un mismo trato a iguales y uno diferenciado a desiguales\u00bb (STC3763-2016, 31 mar. 2016, rad. 00158-01). <\/p>\n
En otro caso similar al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tambi\u00e9n se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta propio afirmar, que la regla relativa al conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda vincula a las partes del juicio, m\u00e1s no a quien, en calidad de tercero, intervenga en el tr\u00e1mite como opositor, pues su procedimiento y regulaci\u00f3n -como antes se dej\u00f3 sentado, son aut\u00f3nomos del litigio originario por cuanto se trata del reclamo de un sujeto ajeno al debate legal. <\/p>\n
Y es que aceptando que la distinta posici\u00f3n jur\u00eddica de los opositores en relaci\u00f3n con los sujetos procesales los restringe para actuar en el proceso y poder censurar las decisiones que s\u00f3lo competen a los \u00faltimos, resultar\u00eda contradictorio, adem\u00e1s de improcedente, negar su acceso a la segunda instancia trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (STC5309-2016, 28 abr. 2016, rad. 00862-00, se destaca). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la jurisprudencia de esta Colegiatura ha recalcado que \u00abfiguras procesales como la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega y la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, aunque bien pueden entenderse como actuaciones o etapas de un tr\u00e1mite en concreto, se erigen en instituciones transversales del ordenamiento adjetivo, cuya configuraci\u00f3n y previsi\u00f3n no pueden entenderse absolutamente delimitadas por las peculiaridades del proceso en que se suscitan\u00bb, y especialmente, fue indicado, \u00abcuando a esas facultades de oposici\u00f3n acuden quienes son ajenos a la relaci\u00f3n sustancial que motiva el proceso\u00bb (STC4312-2018, 4 abr. 2018, rad. 00013-01). <\/p>\n
De esa manera, el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha concluido que \u00ab(\u2026) en situaciones especiales, como la de los terceros opositores, debe procurarse la protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de forma reforzada, en tanto estos intervinientes no pueden sujetarse a aspectos como la cuant\u00eda del asunto, toda vez que no detentan la calidad de partes y, en esa medida, su inter\u00e9s se circunscribe \u00fanicamente sobre el bien en litigio, como en este caso, donde la convocante afirma ser poseedora de un inmueble\u00bb (STC7352-2018, 6 jun.; reiterada en STC14278-2019, 18 oct.). <\/p>\n
En tal virtud, la materializaci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional de defensa de ese tercero, a trav\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la apelaci\u00f3n como instrumento id\u00f3neo para que pueda discutir ante el superior funcional la legalidad de lo resuelto sobre su oposici\u00f3n, se justifica v\u00e1lidamente en la necesidad de propender la mayor protecci\u00f3n posible a quien ninguna otra oportunidad tiene de reclamar sus derechos, por lo que habr\u00e1 de concederse la salvaguarda pedida. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se infirmar\u00e1 el fallo de primera instancia para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n deprecada. En consecuencia, se dejar\u00e1 sin validez ni efecto el auto de 12 de enero de 2021, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo \u2013que declar\u00f3 \u00abinadmisible\u00bb la apelaci\u00f3n que hab\u00eda sido concedida por el hom\u00f3logo Promiscuo Municipal de Coyaima\u2013, para que, en su lugar, resuelva lo que en derecho corresponda, en relaci\u00f3n con la oposici\u00f3n formulada por el pretensor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil Familia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin validez ni efecto el auto de 12 de enero de 2021, dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al titular del precitado Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el opositor. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR por un medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que emitieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de mi discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo proferido el 12 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo promovido por Jos\u00e9 del Carmen Apache Olarte; en consecuencia, dej\u00f3 sin efecto el auto de 12 de enero de 2021 dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo y le orden\u00f3 resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el opositor a la diligencia de entrega, en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Heriberto Puentes Vel\u00e1squez le instaur\u00f3 a Floresmiro y Antonia Apache. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que sustent\u00f3 en precedentes de la misma Sala, seg\u00fan, los cuales, con independencia de la instancia \u00fanica que pueda predicarse de un determinado proceso, la garant\u00eda de doble grado de conocimiento no se ve en lo absoluto limitada para los terceros totalmente ajenos al litigio que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar (STC3763-2016, 31 mar. 2016, rad. 00158-01, STC5309-2016, 28 abr. 2016, rad. 00862-00, STC4312-2018, 4 abr. 2018, rad. 00013-01, STC7352-2018, 6 jun. y STC14278-2019, 18 oct.). <\/p>\n
No comparto tal determinaci\u00f3n por las siguientes razones: <\/p>\n
(i). La \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb prevista en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, constituye un tr\u00e1mite especial, aunque de estructura similar al proceso, en la medida que impone la formulaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n, un t\u00e9rmino propio para pruebas y su decisi\u00f3n, su principal caracter\u00edstica es el de ser accesorio a \u00e9ste. <\/p>\n
Si intent\u00e1ramos definirlo, al igual que los incidentes regulados en los arts. 127 a 131 del CGP, podr\u00edamos decir que es toda \u00abcuesti\u00f3n accesoria\u00bb, distinta de la \u00abprincipal\u00bb, que se suscita en un proceso y que requiere de un pronunciamiento expreso, constituyendo elementos de su naturaleza, i) La existencia de un pleito previo; ii) Que la \u00abcuesti\u00f3n\u00bb tenga el car\u00e1cter de \u00abaccesoria\u00bb respecto de aquel y, iii) Un prove\u00eddo judicial que lo dirima. <\/p>\n
Esa condici\u00f3n de \u00abaccesoriedad\u00bb, es precisamente la que impide, cualquiera sea la \u00abcuesti\u00f3n a definir\u00bb, que altere la esencia misma del \u00abproceso principal\u00bb, de acuerdo con el principio general del derecho \u00ablo accesorio sigue la suerte de lo principal\u00bb, y no al contrario. <\/p>\n
De manera, que, de conformidad con dicho \u00abprincipio\u00bb, las cosas \u00abaccesorias\u00bb que dependen de las \u00abprincipales\u00bb correr\u00e1n, material, ideal o jur\u00eddicamente la suerte de esta. <\/p>\n
(ii). El art\u00edculo 321 de la misma codificaci\u00f3n, en su numeral 9\u00b0, prev\u00e9 que es apelable el auto proferido en primera instancia, que \u00abresuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb, lo que, en mi criterio, no permite la interpretaci\u00f3n extensiva que se hace en la resoluci\u00f3n de la que me aparto. <\/p>\n
Cuando la norma se refiere a \u00abautos proferidos en primera instancia\u00bb, excluye de entrada los emitidos en \u00fanica instancia, como lo es el asunto examinado, que por tratarse de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado cuya causal aducida es la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, al tenor del art\u00edculo 384, numeral 9, ib\u00eddem, \u00abse tramita en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
La principal caracter\u00edstica de los \u00abprocesos de \u00fanica instancia\u00bb es, precisamente, que las providencias all\u00ed adoptadas carecen del recurso de apelaci\u00f3n, lo que constituye una de las excepciones al \u00abprincipio de la doble instancia\u00bb contemplado en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 9 del C\u00f3digo General del Proceso, que, tal como lo considera la jurisprudencia constitucional, no es absoluto \u201cpues no hace parte del n\u00facleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelaci\u00f3n puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte\u201d desde luego \u201c\u2026 siempre y cuando con esa determinaci\u00f3n no vulnere normas constitucionales, especialmente, las que consagran derechos fundamentales (\u2026)\u00bb (C-179 de 1995 reiterado en la C- 103 de 2005). <\/p>\n
(iii). Si en el sub lite el tr\u00e1mite de \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb se present\u00f3 en un \u00abproceso de \u00fanica instancia\u00bb, que como qued\u00f3 dicho no tiene apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n que lo neg\u00f3, tampoco la tiene a menos de desatender la unidad del proceso civil en el que, adem\u00e1s, la igualdad como principio que regula la instancia demanda una razonable equivalencia de posibilidades en el ejercicio de la acci\u00f3n y la defensa, las que no se visibilizan cuando al \u201ctercero\u201d se le otorga, sin que la forma procedimental lo prevea, el acto procesal de provocar la segunda instancia no permitido a la parte en esta clase de asuntos – arts. 13, 31 CN; 4 y 9 C.G.P. -. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00108-02 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que suscribieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de mi discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada y lo hago en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo impugnado que hab\u00eda negado la salvaguarda pedida por Jos\u00e9 del Carmen Apache Olarte y, en su lugar, la concedi\u00f3 y le orden\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo, resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra el prove\u00eddo del Juzgado Promiscuo Municipal de Coyaima que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que formul\u00f3 en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado de Heriberto Puentes Vel\u00e1squez contra Floresmiro y Antonia Apache, tras colegir que \u00abcon independencia de la instancia \u00fanica que pueda predicarse de un determinado proceso, la garant\u00eda de doble grado de conocimiento no se ve en lo absoluto limitada para los terceros totalmente ajenos al proceso que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar\u00bb. <\/p>\n
No comparto tal argumentaci\u00f3n como as\u00ed lo he planteado en otros casos en los que se ha abordado la misma tem\u00e1tica y acogido la tesis con la que estoy en total desacuerdo, porque en el C\u00f3digo General del Proceso son cuatro las vertientes que agrupan los procesos de \u00fanica instancia: i) Por un lado, por el factor objetivo, los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda; ii) Por otro, los que seg\u00fan su naturaleza tienen asignada esa consecuencia, tales como los de restituci\u00f3n de inmueble arrendado fundada en la causal de mora (num. 9, art. 384): iii) Adem\u00e1s, por la \u00edndole misma del ritual, todos los verbales sumarios (Par\u00e1grafo V, art. 390, lo que, en ultimas, atiende a la materia y cuant\u00eda de sus pretensiones; y, iv) Finalmente, por el car\u00e1cter de los sujetos involucrados, como en el evento \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb, los cuales conoce esta Corte de conformidad con el numeral 6\u00ba del art. 30 \u00eddem. <\/p>\n
La m\u00e1s relevante consecuencia que por definici\u00f3n entra\u00f1a su nominaci\u00f3n de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb es que sus decisiones no son pasibles del recurso de apelaci\u00f3n, cuesti\u00f3n cuya avenencia al ordenamiento patrio fue dilucidada por la Corte Constitucional en casos similares, al predicar que el postulado de la \u00abdoble instancia\u00bb contenido en el art\u00edculo 31 superior no es absoluto y, en esa medida, prohij\u00f3 la libertad de configuraci\u00f3n que asiste al legislador (sentencia C- 103\/05 que estudi\u00f3 la exequibilidad del literal b) del art. 70 de la Ley 794 de 2002). <\/p>\n
Esta categor\u00eda de procesos tiene una unidad estructural trascendida por la mencionada caracter\u00edstica, de tal manera que cualquiera sea la \u00edndole de las \u00abinstituciones jur\u00eddico procesales\u00bb que necesaria o accidentalmente se integran en su desarrollo quedan afectadas por la \u00fanica instancia, no al contrario, es decir, no es v\u00e1lido que las mismas lleguen a alterar esa propiedad esencial, toda vez que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n deriva de sencillos principios de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que no por a\u00f1osos han ca\u00eddo en desuso, como que all\u00ed donde el legislador no distingue no le es dable al int\u00e9rprete hacerlo; que cuando el sentido de la ley es claro no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu (art. 27 del C\u00f3digo Civil); y que las excepciones son restrictivas, los cuales empalman directamente con el de seguridad jur\u00eddica que implica que en todo momento las personas sepan a qu\u00e9 atenerse en sus relaciones con los dem\u00e1s cong\u00e9neres y con la administraci\u00f3n p\u00fablica, lo que no sucede cuando un planteamiento normativo di\u00e1fano resulta modificado por una hermen\u00e9utica ajena al mismo. <\/p>\n
En tal medida, estimo que no es de recibo crear una excepci\u00f3n donde la ley es clara y no la ha previsto, ya que la particularidad que en el numeral 9\u00b0 del art. 321 procedimental el legislador haya fijado la apelaci\u00f3n para el auto \u00abque resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb, aplicable a la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro por mandato expreso del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 596 \u00edb., no autoriza a deducir que opera a favor de los terceros, indistintamente del pleito en que susciten esa discusi\u00f3n, toda vez que igualmente la ley ha contemplado ese recurso, v.gr., tomado al azar, para la providencia que \u00ab\u2026niegue la intervenci\u00f3n de sucesores procesales o terceros\u00bb (num. 2 \u00eddem), y no por ello se aplica a los juicios de \u00fanica instancia, pues, de la misma forma que con la postura aqu\u00ed sostenida por la mayor\u00eda, los desnaturalizar\u00eda. <\/p>\n
Menos a\u00fan si lo que esa particular visi\u00f3n termina creando es una distinci\u00f3n que en los t\u00e9rminos de la sentencia de que me aparto privilegia el inter\u00e9s del tercero por el mero hecho de serlo, como si la actuaci\u00f3n en la que interviene se diera en un litigio distinto al que afrontan las partes con sus vicisitudes y ventajas, al punto que se llega a erigir una discriminaci\u00f3n en cuanto queda sugerido que para \u00e9stas no proceder\u00eda la alzada en relaci\u00f3n con lo que se decida en el mismo tr\u00e1mite. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
STC7428-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00108-02 <\/p>\n
Con el debido respeto para con el Honorable Ponente, y del mismo modo, para con todos los dem\u00e1s Magistrados integrantes de la Sala, debo plantear expresamente mi desacuerdo con relaci\u00f3n a la providencia del 9 de junio de 2021, que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 12 de mayo de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jos\u00e9 del Carmen Apache Olarte contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Guamo y Promiscuo Municipal de Coyaima (Tolima), Heriberto Puentes Vel\u00e1squez, Floresmiro y Antonia Apache. De esta manera, salvo mi voto con base en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1. El accionante cuestiona que en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por Heriberto Puentes Vel\u00e1squez contra Floresmiro y Antonia Apache, present\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia de entrega adelantada el 9 de noviembre de 2020, rechazada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Coyaima, \u201csin tener en cuenta que lo ordenado en la sentencia [fue] entregar dos lotes de terreno (\u2026) y no una casa de habitaci\u00f3n como se hizo\u201d. <\/p>\n
Aunque frente a dicha decisi\u00f3n formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el ad quem declar\u00f3 inadmisible el medio defensivo, por tratarse de un asunto de \u00fanica instancia, en raz\u00f3n de la cuant\u00eda. <\/p>\n
El tribunal desestim\u00f3 las pretensiones del amparo, porque \u201c(\u2026) el se\u00f1or JOS\u00c9 DEL CARMEN APACHE OLARTE no agot\u00f3 los recursos ordinarios que la ley le ofrece para controvertir las decisiones emitidas por el juez de conocimiento, o lo que es igual, lo hizo de manera extempor\u00e1nea (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. La providencia materia de este salvamento, decide revocar la decisi\u00f3n del a quo constitucional, tras aducir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]on independencia de la instancia \u00fanica que pueda predicarse de un determinado proceso, la garant\u00eda de doble grado de conocimiento no se ve en lo absoluto limitada para los terceros totalmente ajenos al proceso que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Disiento de la idea medular que abriga la decisi\u00f3n al prohijar un esquema interpretativo completamente desacertado con el sistema jur\u00eddico colombiano que autoriza constitucionalmente la existencia de procesos de \u00fanica, primera y segunda instancia. En materia laboral, administrativa, civil, familiar, etc., la regla no admite dudas o problemas de interpretaci\u00f3n, al aceptar llanamente procesos de \u00fanica instancia. Autorizar el recurso de apelaci\u00f3n en esta sede, agravia rectamente la tarea judicial, pues desconoce la estructura procesal, el derecho a la impugnaci\u00f3n y la garant\u00eda al debido proceso. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, surge imperioso en este caso, exponer mi criterio con relaci\u00f3n a la naturaleza y alcance jur\u00eddico del tr\u00e1mite incidental en los procesos de \u00fanica instancia, situaci\u00f3n mal comprendida por el fallo de tutela en comento. <\/p>\n
El tr\u00e1mite incidental tiene por objeto la resoluci\u00f3n de cuestiones accidentales o accesorias suscitadas entre los intervinientes al interior del proceso, derivadas de la actuaci\u00f3n procesal principal. Respecto a esta \u00faltima, media una relaci\u00f3n de conexidad y dependencia con el petitum y la causa petendi objeto del debate, que implica, entre otras cuestiones, la sujeci\u00f3n a las mismas reglas de competencia aplicables al asunto principal. <\/p>\n
De esta manera, siendo el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, en el asunto juzgado, un decurso de \u00fanica instancia, estando ya fijada la competencia, no es dable proponer frente a las decisiones que en \u00e9l se adopten, cualesquiera que ellas sean, una instancia adicional, contrariando principios y normas del orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, admitir esa posibilidad, soslaya la disposici\u00f3n constitucional consignada en el canon 31 de la Carta, en virtud de la cual \u201c[t]oda sentencia judicial podr\u00e1 ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley\u00bb; contrar\u00eda lo preceptuado en el numeral 7 del art\u00edculo 21 del C. G. del P., y desconoce los principios de confianza leg\u00edtima y la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Asimismo, en consonancia con el principio seg\u00fan el cual lo consecuencial sigue la suerte de lo principal, si la actuaci\u00f3n cardinal es de \u00fanica instancia tambi\u00e9n lo ser\u00e1n las actuaciones accesorias que sigan a la misma, como es el caso de las tramitaciones incidentales. <\/p>\n
5. La decisi\u00f3n de la Corte, desnaturaliza el proceso, siembra la confusi\u00f3n, desordena los juicios, invita a desconocer la Ley procesal. Lo m\u00e1s grave, en lugar de proteger los derechos fundamentales, los desequilibra al interior del proceso: \u00bfSi el proceso es una unidad, y si la Constituci\u00f3n manda respetar el derecho a la igualdad, por qu\u00e9 raz\u00f3n, la \u00fanica instancia en un juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado surte efectos y se aplica solamente para las partes que intervienen en el proceso, pero no para los terceros que concurren al mismo litigio? <\/p>\n
La postura de la sentencia de la que ahora me separo, va en abierta contrav\u00eda con la consolidada doctrina probable de esta Sala, as\u00ed como la de car\u00e1cter constitucional vigente1. Los argumentos que soportan la tesis all\u00ed expuesta no logran desvirtuar la consistencia de la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corte en la materia, desconoci\u00e9ndola deliberadamente y sin esbozar las razones para separarse de ella. Tampoco clarifica por qu\u00e9 a pesar la existencia de normas que fijan la competencia en procesos de \u00fanica instancia, decide, simplemente, no aplicarlas. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, resulta evidente el defecto de orden procedimental del que adolece la decisi\u00f3n emitida por esta Sala, por cuanto al tratarse de un proceso de \u00fanica instancia, el tutelante, en calidad de tercero incidental en el decurso, no estaba habilitado jur\u00eddicamente para interponer el recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega del bien en disputa. <\/p>\n
5. En los t\u00e9rminos precedentes dejo sustentada mi discrepancia respecto de la sentencia de la referencia. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-103 de 2005. <\/p>\n
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STC7428-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7428-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00108-02 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54933","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54933","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54933"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54933\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54933"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54933"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54933"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}