STC7494-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC7494-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01973-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Efr\u00e9n Amador Cogollo Mora contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de ese mismo distrito judicial, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n judicial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al \u00abprincipio de legalidad de las actuaciones estatales\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones proferidas en el marco de las diligencias penales que se siguieron en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado. <\/p>\n
En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, \u00abrevocar\u00bb los fallos adiados 18 de noviembre de 2019 y 14 de julio de 2020, y, que como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, \u00abrehacer el fallo (\u2026) realizando una adecuada valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce en lo esencial, y en lo que interesa para resolver el presente asunto, que pese a que el ente acusador \u00abus\u00f3 en [su] contra pruebas trasladadas de un proceso iniciado y adelantado en etapa de instrucci\u00f3n (\u2026) sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales\u00bb pues \u00abNO tuvo la oportunidad de controvertir ninguno de los testimonios de cargo usados para condenar\u00bb, y \u00e9stos no estaban respaldados \u00abpor prueba documental\u00bb conforme lo dispone la Ley 600 de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirm\u00f3 en su integridad el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal Especializado del mismo distrito judicial, que lo hall\u00f3 responsable del punible de concierto para delinquir agravado. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, habida cuenta los yerros procesales y la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba arrimados, la Sala Especializada en lo Penal de esta Corporaci\u00f3n lo inadmiti\u00f3 \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n\u00bb, tras considerar que dicho mecanismo deb\u00eda presentarse a trav\u00e9s de mandatario judicial, desconociendo as\u00ed, dice, no solo \u00ab[su] argumentaci\u00f3n\u00bb, sino los precedentes jurisprudenciales relacionados con la \u00abcasaci\u00f3n de oficio\u00bb, m\u00e1xime cuando puso de presente que es \u00abcampesino, sin recursos [econ\u00f3micos] y desempleado\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas que, asegura, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 22 de junio de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del actor, pues la decisi\u00f3n criticada se ajust\u00f3 a lo dispuesto en el art\u00edculo 209 de la Ley 600 de 2000, y si bien \u00abla Corte puede llegar a casar en forma oficiosa el fallo impugnado, para remediar un atentado contra las garant\u00edas fundamentales (art. 216 ib\u00eddem), (\u2026) ello requiere de un presupuesto b\u00e1sico que habilite la intervenci\u00f3n de la Sala, que consiste en que el sujeto procesal que present\u00f3 la demanda se encuentre legitimado para ello\u00bb. <\/p>\n
b. El Juez Penal del Circuito Especializado de Antioquia, puntualiz\u00f3, en suma, que \u00abel proceso se adelant\u00f3 con el debido cumplimiento de las garant\u00edas constitucionales y legales\u00bb. <\/p>\n
c. La Fiscal 22 Especializada Direcci\u00f3n Especializada contra las Organizaciones Criminales, despu\u00e9s de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 de las diligencias penales, se\u00f1al\u00f3 que la protecci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, pues el gestor estuvo siempre representado por mandatario judicial, quien tuvo la oportunidad de conocer el proceso y controvertir los diferentes medios de prueba, los que, por dem\u00e1s, fueron analizados en su conjunto y dieron lugar a la condena. <\/p>\n
e. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a lo se\u00f1alado por el ciudadano Efr\u00e9n Amador en el escrito de tutela, y comoquiera que son las quejas dirigidas frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de este Alto Tribunal, las que le otorgan competencia para conocer del presente asunto, se advierte que la censura formulada por \u00e9ste se dirige, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo del 17 de marzo de la presente anualidad, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 \u00abInadmitir, por falta de legitimaci\u00f3n, la demanda de casaci\u00f3n presentada (\u2026) contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 14 de julio de 2020\u00bb por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Penal, en el marco del procedimiento judicial donde result\u00f3 condenado en ambas instancias procesales tras haber sido encontrado culpable de la comisi\u00f3n del punible de concierto para delinquir agravado, pues en su criterio, existe causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La hom\u00f3loga Especializada en lo Penal de esta Corte para resolver como lo hizo, despu\u00e9s memorar el art\u00edculo 209 de la Ley 600 de 2000 precis\u00f3, que \u00ab[a]unque el procesado es sujeto procesal (art\u00edculo 126 del C. de P. P.), no est\u00e1 habilitado por la ley para presentar directamente la demanda de casaci\u00f3n, como lo hizo en este caso el se\u00f1or EFR\u00c9N AMADOR COGOLLO MORA, a menos que sea abogado titulado y autorizado legalmente para ejercer la profesi\u00f3n, cualificaci\u00f3n que no tiene COGOLLO MORA, pues el interrogatorio que le realiz\u00f3 el juez a quo al inicio de la audiencia p\u00fablica de juzgamiento permiti\u00f3 conocer que su grado instrucci\u00f3n corresponde a 5\u00b0 a\u00f1o de primaria\u00bb, concluyendo entonces, que \u00abpor ausencia de legitimaci\u00f3n, es forzoso para la Corte inadmitir la demanda presentada\u00bb. <\/p>\n
3.2. De este modo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed condenado), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, y debatir en esta la hermen\u00e9utica de una norma, que estaba llamada a aplicarse. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 209 de la Ley 600 de 20001, esta Corte a sostenido que, \u00abuna lectura inicial de la disposici\u00f3n permite arribar a la conclusi\u00f3n que la demanda de casaci\u00f3n s\u00f3lo puede ser presentada por una persona que ostente el t\u00edtulo de abogado, y en eso tienen raz\u00f3n los demandados, pero dicha hermen\u00e9utica es incompleta, pues desconoce que el recurso extraordinario bien puede ser divido en dos etapas procesales confluyentes pero independientes para su prosperidad. <\/p>\n
En efecto, una cosa es la interposici\u00f3n del recurso, que lo puede hacer tanto la defensa t\u00e9cnica como la material (procesado), que en la mayor\u00eda de casos este \u00faltimo es lego en materias jur\u00eddicas, y otra es la presentaci\u00f3n de la demanda en s\u00ed, que debe ser realizada por un profesional del derecho, por la complejidad que la misma presenta. As\u00ed lo ha considerado la jurisprudencia constitucional cuando al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u201c\u2026Analizado el cargo propuesto, encuentra la Corte que no puede prosperar, como quiera que el legislador, en ejercicio de la competencia que le asigna el art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n para \u2018hacer las leyes, puede establecer qui\u00e9nes tienen legitimaci\u00f3n para presentar cualquier demanda, incluida, tambi\u00e9n la de casaci\u00f3n, por una parte; y, por otra parte, declarada ya la inexequibilidad parcial de los art\u00edculos 1\u00ba y 6\u00ba de la Ley 553 de 2000, en la forma que qued\u00f3 se\u00f1alada, el citado art\u00edculo 5 de dicha ley, que modifica el 222 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, no puede ser entendido aisladamente, sino en el contexto de la citada ley, como queda luego de la sentencia C-252 de 2001, y en conjunto con el resto del mencionado c\u00f3digo, en el cual se establece en el art\u00edculo 137 que \u2018el sindicado tiene los mismos derechos de su defensor, excepto la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n\u2019. Esto significa, entonces, que al procesado le asiste, siempre, el derecho al ejercicio de la defensa material y que, en consecuencia, si al defensor corresponde la defensa t\u00e9cnica no es inconstitucional que a \u00e9l se le atribuya por la ley la facultad de presentar, en nombre y representaci\u00f3n del procesado la demanda para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo cual, en todo caso, no puede entenderse en el sentido de que el procesado pierda por ello el derecho a la interposici\u00f3n del recurso, pues son dos fases distintas, en la doctrina universal, la interposici\u00f3n y la sustentaci\u00f3n de cualquier recurso, si bien en algunas ocasiones pueden ser simultaneas, cual sucede por ejemplo en la llamada acci\u00f3n de revisi\u00f3n en el procedimiento penal, o recurso extraordinario de revisi\u00f3n en el procedimiento civil.\u201d\u00bb (CSJ STP T62488). <\/p>\n
3.4. En relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n de las providencias judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 La demanda de casaci\u00f3n podr\u00e1 ser presentada por el Fiscal, el Ministerio P\u00fablico, el Defensor y los dem\u00e1s sujetos procesales. Estos \u00faltimos podr\u00e1n hacerlo directamente, si fueren abogados titulados y autorizados legalmente para ejercer la profesi\u00f3n. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7494-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO STC7494-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01973-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Efr\u00e9n Amador Cogollo Mora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54937","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54937","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54937"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54937\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54937"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54937"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54937"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}