STC7495-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7495-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01858-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Pablo Vesga G\u00f3mez y Mary Isabel Vesga Torres contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la causa que origina la presente queja supralegal. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n e igualdad, que dicen vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que pidieron que se le ordene \u00abdejar sin efectos lo resuelto [en] sentencia ST 35 de 2020\u00bb; adem\u00e1s, \u00abreconocer [su] buena fe exenta de culpa\u00bb, por tanto, \u00abcomo compensaci\u00f3n a su favor mantener el estado de cosas frente a la relaci\u00f3n de propiedad que ostenta[n] con [el] predio denominado \u201cPARCELA 6 EL MECATO\u201d\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, deprecaron que se reconozca la \u00abbuena fe simple que rode\u00f3 la negociaci\u00f3n [por ellos] realizada\u2026 en la adquisici\u00f3n del [prenotado predio] y en consecuencia el pago de las mejoras\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas present\u00f3, en favor de Mar\u00eda Ruth Sanabria Rueda, solicitud de la especialidad frente al predio rural denominado \u00abParcela No. 6 Mecato\u00bb, ubicado en la vereda \u00abMonterrey\u00bb del municipio de San Alberto, as\u00ed como tambi\u00e9n del inmueble ubicado la Calle 2C No. 14-69 del \u00e1rea urbana de esa misma localidad; controversia en la que los tutelantes fungieron como opositores, respecto del bien rural antes mencionado. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2020, el Tribunal querellado accedi\u00f3 a las pretensiones elevadas, por lo que, entre otras determinaciones, reconoci\u00f3 en favor de Sanabria Rueda \u00abla restituci\u00f3n por equivalencia\u00bb, neg\u00f3 \u00abla compensaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011\u00bb, exigida por los opositores, al no encontrar acreditado que aquellos obraron con buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, criticaron los gestores del resguardo que en el fallo criticado \u00abexiste una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, pues en el curso del proceso\u2026 [lograron] probar la buena fe exenta de culpa con la que [actuaron] para realizar la compra del predio denominado \u201cPARCELA 6 EL MECATO\u201d\u00bb; y que la sede judicial acusada \u00abno analiz\u00f3\u2026 las pruebas que dan cuenta de las gestiones realizadas por\u2026 Pablo Vesga en todo el proceso de negociaci\u00f3n con\u2026 Duque Agudelo\u00bb y que denotan la existencia de su buena fe exenta de culpa, como lo fueron los testimonios de Amado de Jes\u00fas Duque, \u00c1lvaro Cuadros P\u00e9rez y Carley Pulgar\u00edn P\u00e9rez. <\/p>\n
2.4. Agregaron que no se acredit\u00f3 \u00abel verdadero hecho generador de violencia, motivo por el cual la solicitante\u2026 presuntamente vendi\u00f3 el predio \u201cPARCELA 6 EL MECATO\u201d y sali\u00f3 del municipio de San Alberto\u00bb, el cual no se pudo esclarecer por la inasistencia de la peticionaria a rendir su declaraci\u00f3n de parte, lo que les impidi\u00f3 desvirtuar lo dicho por ella en sede administrativa; y que no \u00abexiste prueba en el expediente de que\u2026 Amado Duque se haya aprovechado de la situaci\u00f3n de violencia para arbitrariamente privar a\u2026 Mar\u00eda Ruth Sanabria de su derecho a la propiedad\u00bb, por lo que \u00abno se configuran los elementos del despojo establecidos en la ley 1448 del 2011\u00bb. <\/p>\n
2.5. Tambi\u00e9n destacaron que \u00abse echa de menos pronunciamiento frente a las mejoras en [su] favor\u2026, como consecuencia de la buena fe simple que se consider\u00f3 en la sentencia acusada\u00bb; y que a ra\u00edz de la nulidad declarada de los negocios jur\u00eddicos celebrados sobre el fundo objeto de restituci\u00f3n, se debieron \u00abproferir las \u00f3rdenes tendientes a evitar el enriquecimiento sin justa causa de la\u2026 solicitante, debiendo actualizarse la suma de dinero percibida por [ella], a la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia y confrontar dicha suma\u2026 con el aval\u00fao comercial del predio a restituir, y efectuar as\u00ed la debida compensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.6. Finalmente, destacaron que \u00abel Tribunal excedi\u00f3 sus facultades\u00bb, al cobijar con la sentencia a la progenitora de la peticionaria, Raquel Rueda, comoquiera que aquella: <\/p>\n
\u2026 no agot\u00f3 el requisito de procedibilidad establecido en la Ley 1448 del 2011 para acceder a la jurisdicci\u00f3n civil especializada en restituci\u00f3n de tierras, ni fue constituida como parte accionante, no se conform\u00f3 debidamente el litisconsorcio necesario por activa y a\u00fan as\u00ed, lac\u00f3nicamente y violando el debido proceso, se termin\u00f3 profiriendo sentencia en favor de una persona que no ejerci\u00f3 la acci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la precitada ley, no efectu\u00f3 pretensi\u00f3n alguna, y respecto de la cual ni los opositores ni el Ministerio P\u00fablico tuvo la oportunidad de pronunciarse y ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor e inst\u00f3 a rendir los informes de que trata el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta precis\u00f3 que \u00abdevienen impr\u00f3speros los defectos arg\u00fcidos en tanto la manera en que se efectu\u00f3 el examen de las pruebas y las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal no fueron producto del capricho o arbitrariedad\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras dijo carecer de \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, toda vez que \u00abninguna de las facultades otorgadas legalmente a [esa entidad], tienen incidencia con el objeto de la acci\u00f3n constitucional presentada, ya que se pretende el reconocimiento de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica contenida en el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Hidrocarburos dijo carecer \u00abde legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, habida cuenta que \u00abno tiene incidencia en el tr\u00e1mite procesal ni en las decisiones que de manera aut\u00f3noma y en cumplimiento de la ley profieren los despachos judiciales respecto de los procesos de Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas tambi\u00e9n dijo no tener \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar a los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
2. En el entendido de que los reproches est\u00e1n enfilados frente a la sentencia de 9 de diciembre de 2020, proferida por el tribunal encartado dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado \u00ab2017-00055\u00bb, mismo en el que los gestores fueron reconocidos como opositores, dispone esta Corte emprender el estudio supralegal pertinente a dicho veredicto. <\/p>\n
3. As\u00ed, se anticipa la improsperidad del amparo aclamado, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 En efecto, en aquella providencia, el Tribunal acusado se\u00f1al\u00f3 que el \u00abproblema jur\u00eddico\u00bb por desatar se contra\u00eda a determinar \u00absi resulta procedente o no la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de la solicitante teniendo en cuenta los presupuestos consagrados en la Ley 1448 de 2011, esto es, la calidad de v\u00edctima por hechos ocurridos en el per\u00edodo comprendido en el art\u00edculo 75 de la ley en cita, la relaci\u00f3n jur\u00eddica con los inmuebles reclamados y la acreditaci\u00f3n del abandono y despojo conforme a los art\u00edculos 74 y 77\u00bb; y, de otra parte, \u00absi las oposiciones formuladas\u00bb por los titulares del presente petitorio de tutela lograron \u00abdesvirtuar alguno de los anteriores elementos\u00bb o si \u00abactuaron bajo los postulados de la buena fe exenta de culpa\u2026\u00bb. <\/p>\n
Luego, condens\u00f3 algunas generalidades de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras y rese\u00f1\u00f3 sus presupuestos espec\u00edficos, con apoyo, especialmente, en la Ley 14481 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional2. <\/p>\n
3.2. Seguidamente, rese\u00f1\u00f3 el \u00abcontexto de violencia de San Alberto\u00bb, aspecto que fundament\u00f3 en lo narrado por la solicitante y, adem\u00e1s, en las declaraciones rendidas \u00abpor los testigos tra\u00eddos a juicio por los opositores\u00bb, sobre lo cual resalt\u00f3: <\/p>\n
Ese escenario b\u00e9lico fue confirmado por los testigos tra\u00eddos a juicio por los opositores. De esta manera, \u00c1lvaro Cuadros P\u00e9rez -trabajador de Pablo Vesga y residente en la vereda Monterrey desde 1994- afirm\u00f3 que aparec\u00edan personas muertas en la carretera, que \u201cla ley\u201d en los a\u00f1os 90 eran los paramilitares y la guerrilla, pero que en general \u201cno molestaban mucho\u201d a los pobladores. <\/p>\n
Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo -directo comprador del predio rural reclamado y vendedor a los opositores- cont\u00f3 que Javier Serrano Plata -el anterior propietario del fundo de mayor extensi\u00f3n que fue parcelado despu\u00e9s por el INCORA- sufri\u00f3 varios atentados, en uno de los cuales fue asesinado el mayordomo, que se escuchaban rumores de la presencia de actores armados. Sin embargo, de manera contradictoria neg\u00f3 haber observado miembros de esas estructuras ilegales, porque luego relat\u00f3 que a uno de los habitantes de la vereda en 1995 lo hicieron desplazar por cuanto estaba incumpliendo con el pago de las cuotas impuestas por los paramilitares y que observaba que a miembros de esa organizaci\u00f3n los obligaban a asistir a reuniones para fijarles la abusiva contribuci\u00f3n. <\/p>\n
Francisco Arnoldo Giraldo Osorio -habitante del municipio y trabajador en INDUPALMA por 20 a\u00f1os junto con el padre de la reclamante- indic\u00f3 que hubo rumores de la presencia del EPL en el pueblo, pero que no se enter\u00f3 de muertes violentas. Javier Urbano M\u00e9ndez Trujillo -hermano del opositor Miguel Mendez Trujillo- asever\u00f3 que a inicios de la d\u00e9cada de los 90 hab\u00eda muchos grupos armados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que los relatos de todos los pobladores resultan cre\u00edbles pues adem\u00e1s de que observaron directamente los fen\u00f3menos b\u00e9licos en el municipio son narraciones que guardan coherencia entre s\u00ed y con los otros elementos de juicio analizados, resulta acreditado que en San Alberto hubo un contexto grave y generalizado de violencia con la presencia de grupos al margen de la ley que con sus constantes actuaciones generaban temor a los habitantes, especialmente en contra de l\u00edderes pol\u00edticos y sociales. <\/p>\n
Seguidamente, respecto a la calidad de v\u00edctima de Mar\u00eda Ruth Sanabria (demandante), el hecho \u00abvictimizante\u00bb y el despojo del predio materia de restituci\u00f3n, destac\u00f3 el Tribunal el relato efectuado por la peticionaria en sede administrativa, conforme al cual fue objeto de m\u00faltiples amenazas por parte de los grupos armados que operaban en la regi\u00f3n en la que se encuentran ubicados los bienes objeto del juicio criticado, circunstancias que la obligaron a abandonar tales bienes, as\u00ed como tambi\u00e9n esgrimi\u00f3 que: <\/p>\n
Igualmente, obra en el plenario constancia de inclusi\u00f3n en el RUV y de su n\u00facleo familiar por el traslado forzado sucedido en 1997 del municipio de San Alberto y el Formato \u00danico de Declaraci\u00f3n para la solicitud de inscripci\u00f3n del 28 de mayo de 2013 donde se plasmaron de manera sustancialmente id\u00e9ntica en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, varios de los episodios ac\u00e1 analizados y se se\u00f1al\u00f3 como fecha de desplazamiento en una parte el 26 de noviembre de 1990 y en otra solo 1994. <\/p>\n
Estos hechos victimizantes inicialmente no fueron fustigados por los opositores, al contrario, los actuales titulares de derechos sobre el predio rural indicaron que no contaban con elementos de juicio para controvertirlas. Sin embargo, estos concluyeron que con la pr\u00e1ctica probatoria se acredit\u00f3 que la muerte del c\u00f3nyuge de Mar\u00eda Ruth Sanabria ninguna relaci\u00f3n ten\u00eda con el conflicto armado y que ella no fue desplazada pues despu\u00e9s de la venta continu\u00f3 en el pueblo. <\/p>\n
Sobre el primer aspecto se tiene que Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo indic\u00f3 que supo que Pedro Pablo Echeverry (q.e.p.d.) muri\u00f3 en una pelea en San Alberto, causa que tambi\u00e9n confirm\u00f3 Francisco Arnoldo Giraldo Osorio y que se corrobora con su certificado de defunci\u00f3n donde se plasm\u00f3 el motivo del deceso, a saber, \u201claceraci\u00f3n y hemorragia cerebral fracturas cr\u00e1neo trauma contuso\u201d el 26 de noviembre de 1990. En ese sentido, seg\u00fan se vio, Mar\u00eda Ruth Sanabria afirm\u00f3 que, aunque la herida mortal de su esposo fue en una pelea en un billar, como ellos ya hab\u00edan sido amenazados por ser miembros de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica, sospechaba que fuera premeditada, con mayor raz\u00f3n cuando al poner la denuncia sobre los hechos fue nuevamente intimidada. <\/p>\n
Asuntos estos \u00faltimos que no fueron controvertidos ni falseados, por ello, con base en la presunci\u00f3n de buena fe (Art. 5, Ley 1448 de 2011) prevalece la versi\u00f3n de la solicitante sobre las narraciones de los otros testigos\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Con todo, Mar\u00eda Ruth Sanabria tampoco lig\u00f3 inescindiblemente el asesinato de su esposo con las causas pol\u00edticas sino que ten\u00eda sospecha de ese asunto o que era su creencia, no obstante, lo que s\u00ed no queda duda alguna, es que ese evento en el contexto que ocurri\u00f3 en conjunto con los m\u00faltiples hostigamientos que narr\u00f3 con detalle en sede administrativa y que no fueron controvertidos en la judicial, sumada la amenaza directa que recibi\u00f3 en 1994, son motivos m\u00e1s que suficientes para arrojarla a abandonar sus pertenencias, buscar por todos los medios salir del pueblo y razonablemente, a\u00fan teniendo trabajo, propender por la venta de las mismas. Es que incluso la Corte Constitucional ha esgrimido que basta con un temor fundado para originar un desplazamiento. <\/p>\n
En suma, son innegables las innumerables razones que tuvo Mar\u00eda Ruth Sanabria para huir del pueblo generadas principalmente por su militancia en la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica, circunstancias que incluso han sido objeto de reportajes y reconocimientos por parte de la comunidad internacional3. De donde conviene resaltar la ardua y valiente tarea que ha tenido en defensa de los intereses sociales y pol\u00edticos de la clase campesina, la que no se vio obstaculizada ni siquiera con la tr\u00e1gica muerte de su exc\u00f3nyuge y mantuvo su arrojo a\u00fan como madre soltera y viuda, liderazgo que con todo y las constantes amenazas y ataques en su contra, ha continuado ejerciendo. <\/p>\n
Sobre el segundo asunto, esto es, la permanencia en el pueblo, tenemos que Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo expresamente en audiencia manifest\u00f3 \u201cdespu\u00e9s de que nosotros ya cerramos negocio y todo, pues que hicimos papeles y todo, yo no volv\u00ed a verla (\u2026) la mam\u00e1 de ella s\u00ed la ve\u00eda en la casa en San Alberto, pero a ella no\u201d y ning\u00fan otro deponente asegur\u00f3 la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el abogado de los opositores. Es decir, en realidad los dichos de Mar\u00eda Ruth Sanabria que, se insiste, est\u00e1n prevalidos de la presunci\u00f3n de buena fe, se compaginan con lo afirmado por el comprador inicial del fundo rural y no encuentran contradicci\u00f3n con alg\u00fan medio de prueba adicional. Lo cierto es que ella misma acept\u00f3 que pocas veces retorn\u00f3 al pueblo pero lo hizo de manera temporal con el fin de recuperar sus enseres y por sus hijos para reubicarlos a su lado, aspectos que no pueden ser fustigados en su contra\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a pesar de que la promotora no rindi\u00f3 declaraci\u00f3n en juicio, lo cierto es que sus narraciones no fueron controvertidas por las contrapartes en etapa judicial ni cuestionada su verosimilitud y menos incorporados medios de conocimiento que las desvirtuaran, aun cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, por tanto, con esas versiones iniciales que fueron congruentes entre s\u00ed, espont\u00e1neas y se insiste, cuentan con la presunci\u00f3n de buena fe, se halla acreditado que Mar\u00eda Ruth Sanabria padeci\u00f3 m\u00faltiples hostigamientos y amenazas sin duda en raz\u00f3n al notable activismo social y pol\u00edtico que terminaron convirti\u00e9ndola en un objetivo para los paramilitares, escenario que la oblig\u00f3 a dejar su vida en San Alberto y cambiar sus planes y proyectos\u2026 <\/p>\n
3.3. Zanjada tal situaci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada abord\u00f3 el t\u00f3pico del despojo del predio rural objeto de restituci\u00f3n, para lo cual rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de la ruptura del v\u00ednculo con la Parcela Nro. 6 Mecato, Mar\u00eda Ruth Sanabria explic\u00f3 que, a ra\u00edz de toda esa dif\u00edcil situaci\u00f3n ya arriba descrita, acudi\u00f3 en Bucaramanga ante el INCORA donde la autorizaron a vender \u201clas mejoras\u201d y le indicaron que ser\u00eda reubicada en otro sitio -lo que no ha sucedido- por ello enajen\u00f3 en 1994, en el mismo a\u00f1o que sali\u00f3 de San Alberto de manera definitiva, recibiendo un valor de ocho millones de pesos. Agreg\u00f3 que no le pod\u00eda decir a alguien sobre su intenci\u00f3n de traditar el predio porque estaba amenazada, entonces, supuso que alg\u00fan compa\u00f1ero le dijo al comprador. <\/p>\n
Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo relat\u00f3 que Mar\u00eda Ruth Sanabria le vendi\u00f3 un terreno en \u201cuna invasi\u00f3n\u201d en febrero de 1994, luego de aproximadamente dos meses de negociaci\u00f3n acordando la adquisici\u00f3n de \u201clas mejoras\u201d en diez millones quinientos mil pesos, aunque inicialmente le hab\u00eda pedido catorce o quince millones, que se contact\u00f3 con ella mediante unos vecinos, que no supo los motivos que ten\u00eda para enajenar y que esperaron ese lapso por cuanto primero se necesitaba aprobaci\u00f3n por parte del INCORA de la adquisici\u00f3n. La parcela la describi\u00f3 as\u00ed: \u201cah\u00ed no hab\u00eda nada, estaba bastante pastaje, incluso hab\u00eda tenido ganado\u201d. A su turno, Francisco Arnoldo Giraldo Osorio dijo que la accionante dur\u00f3 como dos o tres a\u00f1os en el fundo y al tiempo enajen\u00f3, que la compr\u00f3 Amado Duque por cuanto hab\u00eda arrendado otro predio en las cercan\u00edas. <\/p>\n
Los actuales titulares de derecho respecto a ese bien rural cuestionaron el nexo de causalidad entre los hechos victimizantes ya analizados y esa ruptura del v\u00ednculo de propiedad que ostentaba la promotora. Argumentando que esa conexi\u00f3n ten\u00eda como \u00fanico sustento una declaraci\u00f3n \u201crevestida de imprecisiones\u201d y que faltaba certeza frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedi\u00f3 la enajenaci\u00f3n. Contrario a ello, examinados los medios de prueba obrantes se advierte que el mismo Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo asegur\u00f3 que en efecto hubo una negociaci\u00f3n en febrero de 2004 sobre el predio, pero que fue el INCORA quien finalmente autoriz\u00f3 y ejecut\u00f3 la transferencia del inmueble, situaci\u00f3n que f\u00e1cilmente se constata con el certificado de tradici\u00f3n y libertad donde en las anotaciones Nro. 6 y 7 se registr\u00f3 la Resoluci\u00f3n Nro. 1416 del 4 de agosto de 199467 del INCORA mediante la cual se revoc\u00f3 la otrora adjudicaci\u00f3n en favor de Mar\u00eda Ruth Sanabria y su madre Raquel Rueda y se titul\u00f3 a nombre de Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo y Mart\u00ednez de Duque Elvira. <\/p>\n
Igualmente, fue aportado por esos opositores i) \u201cContrato de secion de derechos y mejoras\u201d (Sic) y \u201cDocumento de promesa de venta de una parcela suscritos ambos en febrero de 1994 por estas mismas personas; y ii) escritos firmados por los nuevos adjudicatarios dirigidos al INCORA informando de esa situaci\u00f3n. De esta manera se evidencia con claridad que en realidad compraventa propiamente dicha no hubo, pero que en efecto se present\u00f3 un acuerdo entre esos individuos para que con la intervenci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la entidad estatal se realizara una transmisi\u00f3n de la titularidad del dominio sobre el predio. <\/p>\n
En cuanto al se\u00f1alamiento de que su declaraci\u00f3n estaba \u201crevestida de impresiones\u201d, lo primero que se advierte es que los opositores no indicaron, detallaron o indicaron cu\u00e1les eran las inexactitudes de que se quejaron ni menos acreditaron que tuvieran la suficiente entidad para desdibujar los eventos all\u00ed expuestos, por lo tanto, ese argumento no es m\u00e1s que una mera afirmaci\u00f3n sin sustento. Ahora, cierto es que de las extensas narraciones que hizo Mar\u00eda Ruth Sanabria ante la UAEGRTD se evidencian algunas inconsistencias en hechos o en fechas (como la ya analizada antes), pero valoradas en conjunto visible es que tal conclusi\u00f3n es m\u00e1s por la forma en que fueron contadas y redactadas, no siempre en una l\u00ednea cronol\u00f3gica directa, que porque en realidad haya discrepancias o verdaderas contradicciones que afecten la verosimilitud de los relatos\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En ese intento por falsear la relaci\u00f3n del conflicto y la ruptura del v\u00ednculo jur\u00eddico se dijo que no se observaba un prop\u00f3sito de los paramilitares consistente en despojar de sus bienes a Mar\u00eda Ruth Sanabria, situaci\u00f3n que en cierta medida puede ser verdad porque ella as\u00ed no lo manifest\u00f3, esto es, expresamente no indic\u00f3 que el s\u00f3lido prop\u00f3sito de esa organizaci\u00f3n criminal era quitarle sus predios, es decir, no fulgura un inter\u00e9s espec\u00edfico por la tierra. No obstante, como ya lo ha sostenido la Sala, esa no es una condici\u00f3n que haya fijado la ley o la jurisprudencia para que se configure tal hecho victimizante, pues en la complejidad del escenario b\u00e9lico y de los fen\u00f3menos de desplazamiento, bien puede suceder que la finalidad de esa estructura armada sea directamente contra la persona, al margen de sus propiedades, por diversos motivos, por ejemplo, venganzas, por mero posicionamiento territorial, por se\u00f1alamientos de colaboradores del bando contrario, o simplemente por, como en efecto ac\u00e1 salta a la vista con gran claridad, la persecuci\u00f3n violenta, continua, constante y permanente a ella y su familia por parte de las autodefensas ante su activismo y militancia pol\u00edtica, en raz\u00f3n a la conocida y documentada estrategia de esos grupos de ultra derecha por arrinconar, acosar y exterminar a los l\u00edderes con ideolog\u00edas diferentes, lo que dicho sea de paso no fue desvirtuado de manera alguna por los opositores. <\/p>\n
En ese sentido, fueron esas intimidaciones m\u00e1s la directa amenaza que le hicieron en 1994 proveniente de JORGE 40, el verdadero fundamento para desplazarse, abandonar sus predios e intentar obtener ganancias de su venta, asunto que no puede ser fustigado en su contra, ni lo falsea ostentar un empleo, por cuanto l\u00f3gico, razonable y natural resulta que si un l\u00edder social se ve compelido a dejar el pueblo despliegue alguna actividad con el fin de lograr tener una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica por sus pertenencias, al margen de que cuente con un ingreso fijo para su manutenci\u00f3n. Prohibir esa actitud o exigir una contraria o una pasiva, resultar\u00eda totalmente descabellado pues ser\u00eda obligar a una v\u00edctima a que, tras de ser amenazada para salir de la regi\u00f3n, pierda sus propiedades en lugar de pretender venderlas, lo que en realidad comportar\u00eda no solo en un contrasentido sino en una revictimizaci\u00f3n, quit\u00e1ndole su derecho a comercializar sus bienes, so pena de tacharle esa calidad, como lo proponen los opositores. Es que mem\u00f3rese que sobre el inmueble urbano nada pudo hacer y en efecto qued\u00f3 abandonado sin poder recibir alguna suma de dinero. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Tambi\u00e9n se arguy\u00f3 la inexistencia del despojo en tanto la negociaci\u00f3n no fue forzada, aspecto del que, de acuerdo con el plenario no se puede predicar lo contrario, esto es, en efecto tal acuerdo no fue presionado violentamente por el comprador o por grupos armados, conclusi\u00f3n a la que tampoco se ha llegado ac\u00e1 ni se plante\u00f3 en la demanda. Sin embargo, se insiste, lo que resulta innegable es que Mar\u00eda Ruth Sanabria en m\u00faltiples ocasiones fue objeto de intimidaciones y hostigamientos de esa organizaci\u00f3n criminal, lo que caus\u00f3 el desprendimiento de su propiedad con miras a huir de la regi\u00f3n, es decir, como bien as\u00ed lo presume el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, se configura una ausencia de consentimiento cuando la v\u00edctima de amenazas celebra un acuerdo sobre sus predios, en raz\u00f3n a que se entiende que la voluntad o la libertad contractual est\u00e1 viciada precisamente por la fuerza de las circunstancias que la compelen a salir de su fundo, al margen de que el directo comprador no la haya obligado. Finalmente, a partir de ese convenio al que llegaron Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo y Mar\u00eda Ruth Sanabria, y despu\u00e9s con la expedici\u00f3n del acto administrativo que revoc\u00f3 la adjudicaci\u00f3n a ella y a su madre para titularlo en favor de aquel, se configur\u00f3 la ruptura definitiva del v\u00ednculo jur\u00eddico con el inmueble rural. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En este orden de ideas, tambi\u00e9n devienen probados los supuestos de hecho de que trata el art\u00edculo 74 ib\u00eddem en relaci\u00f3n con la Parcela Nro. 6 Mecato, en tanto las versiones expuestas por MARIA RUTH SANABRIA en sede administrativa, adem\u00e1s de que, se insiste, est\u00e1n prevalidas de la presunci\u00f3n de buena fe bastando incluso solo con sus dichos para tenerlas por prueba para demostrar los da\u00f1os ocasionados, no fueron desvirtuadas en la judicial. Aunado, valoradas las otras probanzas bajo las leyes de la experiencia y la sana cr\u00edtica resulta l\u00f3gico y cierto que tras los m\u00faltiples eventos que padeci\u00f3 la reclamante se viera compelida a abandonar la regi\u00f3n y de contera a enajenar una de sus propiedades y a desamparar la otra, siendo realmente innegable el nexo causal entre las rupturas del v\u00ednculo de dominio y todas sus desventuras ocurridas en el marco del cruento conflicto armado que sufri\u00f3 San Alberto y especialmente del feroz y lamentable exterminio de que fueron objeto los militantes de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica. <\/p>\n
3.4. Despu\u00e9s, con apoyo en todas esas reflexiones, abord\u00f3 el tema de la buena fe exenta de culpa, que alegaron los opositores, hoy tutelantes, sobre el que precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Es menester establecer ahora si los opositores lograron demostrar la buena fe exenta de culpa y si, en consecuencia, procede compensaci\u00f3n a su favor, de acuerdo con lo regulado en el art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011. Seg\u00fan ya se tiene dicho por la Sala, al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido la preceptiva por la cual las personas est\u00e1n llamadas a obrar en todas sus acciones con lealtad, rectitud y honestidad, buena fe simple, al lado de la que existe una cualificada con efectos superiores, denominada buena fe exenta de culpa. Para que esta \u00faltima se configure debe concurrir adem\u00e1s de un componente subjetivo consistente en la conciencia de haber actuado correctamente y adquirido el bien de su leg\u00edtimo due\u00f1o, otro objetivo definido como la conducta encaminada a verificar la regularidad de la situaci\u00f3n. <\/p>\n
En torno a esta especie de buena fe, ha expresado el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional lo siguiente: \u201cSi bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obr\u00f3 con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ah\u00ed que sea este quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada. As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n de actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza\u201d4\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Para la estructuraci\u00f3n de esta \u00faltima, debe corroborarse entonces: (i) que el derecho o la situaci\u00f3n jur\u00eddica aparente tenga en su aspecto exterior todas las condiciones de existencia real, de manera que cualquier persona prudente o diligente no pueda descubrir el escenario verdadero; (ii) que la adquisici\u00f3n del mismo se verifique normalmente dentro de los requisitos exigidos por la ley; y (iii) que concurra la creencia sincera y leal de obtenerlo de quien es leg\u00edtimo due\u00f1o. <\/p>\n
En ese orden de ideas, probar la buena fe exenta de culpa en el proceso de restituci\u00f3n de tierras supone, en \u00faltimas, demostrar que se realizaron actos positivos de averiguaci\u00f3n para tener la certeza de la no afectaci\u00f3n del bien y de la regularidad de las tradiciones anteriores, si las hubiere, por asuntos relacionados con el conflicto. <\/p>\n
Y aunque no se desconoce la complejidad y gran dificultad que esta exigencia acarrea, el est\u00e1ndar interpretativo bajo el cual se debe realizar la lectura de esta categor\u00eda jur\u00eddica, se justifica precisamente por las caracter\u00edsticas que, generalmente, rodearon los despojos, en un grave contexto de violaci\u00f3n masiva de garant\u00edas fundamentales, de p\u00fablico conocimiento y cobijado por el manto de una regularidad artificial que favoreci\u00f3 la consolidaci\u00f3n de actuaciones ilegales para privar a las v\u00edctimas de sus derechos sobre las tierras. <\/p>\n
Para redondear, de cara a la aducida calidad de adquirientes de buena fe exenta de culpa, destac\u00f3 el Tribunal que: <\/p>\n
Al respecto en los alegatos de conclusi\u00f3n cuestionaron la forma en que se interpretaba la buena fe exenta de culpa, sugiri\u00e9ndose que lo que debe relievarse con el fin de tener por acreditado ese comportamiento cualificado es el \u00e1nimo o no de sacar provecho de la violencia o del despojo, destac\u00e1ndose que la tarea del funcionario judicial es apreciar la aut\u00e9ntica intenci\u00f3n de los compradores que invocan tal obrar. Sin embargo, seg\u00fan se cit\u00f3 arriba de manera general, pero se repite para mayor claridad, la Corte Constitucional ha estimado la exigencia de probar tal conducta como el \u201cresultado de la realizaci\u00f3n de actuaciones positivas encaminadas a consolidar [la] certeza\u201d sobre el historial de tradiciones, siendo entonces que una vez probadas las pesquisas y corroboraciones hechas al momento de la adquisici\u00f3n permitir\u00edan concluir que se tuvo el firme convencimiento que las estrategias de despojo, abandono o desplazamiento estaban ausentes de las negociaciones anteriores, para as\u00ed, con ese firme conocimiento, poder sustentar un derecho por cuanto a pesar del error a\u00fan siendo diligente, no les era posible descubrirse. De lo contrario, esto es, ante el fracaso probatorio del despliegue de actividades en ese sentido, se tendr\u00e1 por no demostrada la buena fe superlativa. <\/p>\n
Es que existe una consolidada l\u00ednea jurisprudencial5 respecto a necesidad de probar las diligencias adicionales que lleven a sustentar objetivamente esa convicci\u00f3n en circunstancias de anormalidad como las que imperaban en el complejo escenario b\u00e9lico, exigencia introducida por el legislador atendiendo justamente a un an\u00e1lisis exhaustivo sobre la forma en que han sucedido los c\u00edrculos de violencia por la tierra y las variadas maneras en que se ha victimizado a sus propietarios\u2026 <\/p>\n
En suma, esa discusi\u00f3n que se pretende entablar en realidad no es objeto de debate en este juicio que no tiene como prop\u00f3sito\u2026 cuestionar las normas o su forma de interpretarse, pues al fin y al cabo fue el legislador quien estableci\u00f3, en uso de su potestad configurativa (Arts. 114 y 150 de la CP), ese est\u00e1ndar de comportamiento cualificado (Art. 88 Ley 1448 de 2011). Disposici\u00f3n que en \u00faltimas ya fue analizada por la Corte Constitucional por reparos parecidos a los se\u00f1alados por los opositores y sin embargo se declar\u00f3 ajustada al precepto superior con las solas precisiones que para su entendimiento y aplicaci\u00f3n diferenciada se fijaron en la sentencia C-330 de 2016, supuestos f\u00e1cticos dentro de los que no encajan aquellos seg\u00fan se explic\u00f3. <\/p>\n
Bajo estos postulados se tiene entonces que Mary Isabel Vesga Torres en estrados ante la pregunta sobre los motivos por los cuales Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo decidi\u00f3 vender confes\u00f3 que no recordaba \u201cporque esa negociaci\u00f3n la hicieron ellos dos\u201d refiriendo a \u00e9ste y su padre. Aspecto que tambi\u00e9n narr\u00f3 en la declaraci\u00f3n extrajuicio presentada aduciendo que su progenitor hab\u00eda hecho el convenio de \u201cmanera correcta y en un tiempo adecuado\u201d. De donde se sigue innegablemente que ella no tuvo inter\u00e9s en asegurarse que el predio era ajeno a circunstancias relacionadas con el conflicto armado o por lo menos en cerciorarse de que en efecto estaba recibiendo el dominio del leg\u00edtimo propietario. Actitud que, incluso, es diferente al obrar cualificado exigido en la legislaci\u00f3n y jurisprudencia nacional explicado arriba con detalle. Por lo tanto, visible es la falta de acreditaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa sin tener derecho a la compensaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Ahora bien, habida cuenta de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que ostenta frente al inmueble, esto es, la nuda propiedad, pese a que en el informe de caracterizaci\u00f3n adujo que recib\u00eda un mill\u00f3n de pesos del negocio pecuario en el bien solicitado en tanto ten\u00eda un \u201cganado en aumento\u201d, lo cierto es que f\u00e1cil se advierte que por la naturaleza y esencia de ese v\u00ednculo quien ostenta tal derecho no depende econ\u00f3micamente de los frutos que provienen del mismo ni pende su vivienda o subsistencia de ese lugar, pues el uso y goce radica en cabeza del usufructuario, entonces si percibe esos ingresos es realmente derivado de las reses que est\u00e1n en el fundo por un acuerdo con su padre, que podr\u00eda ejecutar en otros de los tantos predios de \u00e9ste, m\u00e1s que porque en efecto se desprenda un derecho de all\u00ed. <\/p>\n
De modo que deviene inane desplegar este an\u00e1lisis respecto de ella toda vez que no se satisfacen los par\u00e1metros fijados en la sentencia C-330 de 2016 para efecto de examinar una posible segunda ocupancia de Mary Isabel Vesga Torres ante la caracter\u00edstica particular de que solo cuenta con la disposici\u00f3n del mismo. T\u00e9ngase presente que en \u00faltimas ese r\u00e9dito no es su \u00fanica fuente de ingresos pues all\u00ed tambi\u00e9n se dej\u00f3 plasmado que trabajaba medio tiempo como secretaria en la empresa Emposanal de su progenitor recibiendo un salario correspondiente a la suma de $780.000 para el a\u00f1o 2018, sumado a que seg\u00fan lo certificado por la Superintendencia de Notariado y Registro a su nombre tiene un inmueble ubicado en Bucaramanga y otra nuda propiedad en proindiviso en San Alberto. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a Pablo Vesga expuso en su interrogatorio que desde 1982 ha adquirido bienes en la zona con el prop\u00f3sito de explotarlos agropecuariamente, que en el 2009 Amado de Jes\u00fas Duque le ofreci\u00f3 un fundo colindante, se le present\u00f3 como un propietario de hace 15 a\u00f1os y que ten\u00eda inter\u00e9s en enajenarle con el fin de evitar que llegara un \u201cmal vecino\u201d, fue as\u00ed que en agosto de esa anualidad se hizo la tradici\u00f3n. Sobre la sapiencia de las razones para la tradici\u00f3n respondi\u00f3 que \u201cme dijo que estaba cansado, ten\u00eda un orde\u00f1o y unas vacas y me dijo, yo estoy cansado del orde\u00f1o la leche, est\u00e1 muy barata\u201d. De manera similar relat\u00f3 los hechos en la declaraci\u00f3n extraprocesal que fuere aportada con la contestaci\u00f3n, aunque en esta oportunidad neg\u00f3 que el vendedor le manifestara los motivos de la enajenaci\u00f3n, de quien declar\u00f3 nunca habit\u00f3 el fundo porque no hab\u00eda edificaciones que as\u00ed lo permitieran y tambi\u00e9n precis\u00f3 \u201ctengo conocimiento que este predio fue incorado adjudicando a unos parceleros o invasores que ellos despu\u00e9s de ser invasores vend\u00eda e invad\u00eda otras fincas manejando esto como negocio\u201d (Sic). <\/p>\n
Los testigos tra\u00eddos a juicio \u00c1lvaro Cuadros P\u00e9rez y Francisco Arnoldo Giraldo Osorio confirmaron la presencia de Pablo Vesga en la d\u00e9cada de los 80; Jorge Sa\u00fal Cruz Mosquera dijo que trabaj\u00f3 con \u00e9l a partir de los 90 en una finca de la misma zona. Y Amado De Jes\u00fas Duque Agudelo explic\u00f3 que se contact\u00f3 con Pablo Vesga -a quien \u201cdistingu\u00eda desde hace muchos a\u00f1os, toda la vida ah\u00ed\u201d- para vend\u00e9rsele, que revisaron el certificado de tradici\u00f3n y libertad y procedieron a finiquitar el negocio. Empero nada relataron frente a las indagaciones o averiguaciones previas a la compra sobre la situaci\u00f3n del predio. <\/p>\n
En ese sentido, tampoco dan cuenta de ello las declaraciones extraprocesales incorporadas. De esta manera, Yolanda Pinzon Sosa -encargada de la contabilidad de la familia- describi\u00f3 la forma de pago, confirm\u00f3 que los actuales titulares de derechos han ejecutado negocios en la regi\u00f3n desde hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os, que adquirieron porque en \u201csu entender no hab\u00eda peligro ni presencia de grupos armados\u201d, que son personas cuidadosas y que habitualmente se asesoran de su abogado. Jorge Adrian Vargas L\u00f3pez explic\u00f3 que, aunque siempre ha habido actores del conflicto en la vereda estos no han generado despojos de tierras, que Pablo Vesga y su hija son sujetos muy diligentes que toman todas las medidas antes de realizar una compra justa. Francisco Arnoldo Giraldo Osorio asegur\u00f3 \u201ctengo claro que ninguna de las personas que han sido propietarias de la PARCELA No. 6 MECATO hayan sido desplazadas\u201d (Sic). <\/p>\n
De esta manera, tal y como fue dicho tambi\u00e9n en los escritos procesales, cierto es que Pablo Vesga ten\u00eda contacto con San Alberto y la vereda desde la d\u00e9cada de los 80, padeci\u00f3 los efectos del conflicto y sus testigos lo ratificaron, por lo tanto notorio es que estaba enterado respecto del complejo orden p\u00fablico que afect\u00f3 a la regi\u00f3n con presencia continua de grupos armados, sin embargo, nada auscult\u00f3 sobre si a la anterior propietaria de la Parcela Nro. 6 Mecato hab\u00eda estado inmersa en amenazas o situaciones de desplazamiento, cuando, seg\u00fan se vio, fueron constantes y permanentes, siendo Mar\u00eda Ruth Sanabria incluso una persona reconocida en el municipio por su activismo social y pol\u00edtico, tan as\u00ed que la muerte de su esposo fue comentada por varios de los declarantes. <\/p>\n
De hecho, aunque le debi\u00f3 haber llamado la atenci\u00f3n la revocatoria de una adjudicaci\u00f3n, nada averigu\u00f3 ni pregunt\u00f3 a los vecinos o residentes de la localidad sobre tal aspecto, como era su obligaci\u00f3n, pues, aunque algunos lugare\u00f1os dijeron constarle que no hubo desplazamientos lo cierto es que el mismo vendedor Amado de Jes\u00fas Duque declar\u00f3 que s\u00ed supo que uno de los lugare\u00f1os migr\u00f3 de manera forzada, entonces s\u00ed hab\u00eda informaci\u00f3n accesible para enterarse de la situaci\u00f3n en la zona, m\u00e1xime cuando desde a\u00f1os atr\u00e1s habitaba la regi\u00f3n y ten\u00eda el conocimiento frente al escenario de violencia del pueblo. Por lo tanto, palmario deviene una actitud pasiva soslayando desplegar actividades que le permitieran tener certeza sobre la regularidad en la tradici\u00f3n del fundo. <\/p>\n
Es que una cosa es que el adquiriente previo a la enajenaci\u00f3n a su favor ejecute una serie de pesquisas para auscultar la historia del inmueble y a\u00fan as\u00ed no logre descubrir la informaci\u00f3n relacionada con el conflicto armado, pero otra muy diferente es que desprolijamente lo adquiera tan solo con cerciorarse que lo recibe del leg\u00edtimo propietario, comportamiento que realmente solo se equipara con una buena fe simple y no la superlativa que es la exigida para las regiones en las que la guerra era notoria y de suyo, como lamentable consecuencia natural y l\u00f3gica, innegable era la ocurrencia de desplazamientos, asesinatos colectivos, amenazas contra pobladores y despojos. Por ello precisamente es que se prescribe un est\u00e1ndar de conducta con mayor prudencia, con el fin de que las personas no contribuyan con las compras de predios que estuvieron afectados por esa violencia o que comprobaran objetivamente la inexistencia de esos supuestos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se argument\u00f3 que la intervenci\u00f3n de una entidad estatal en la tradici\u00f3n finc\u00f3 una convicci\u00f3n de que la historial registral estaba libre de vicios por la violencia, sin embargo, tiene claro esta Sala que esa sola circunstancia, si bien puede ser tomada como un indicio que eventualmente permite cimentar esa seguridad, realmente no justifica o excusa al adquiriente de desplegar otras indagaciones que le permitan corroborar las situaciones en que los anteriores titulares se hubiesen desprendido de su derecho, sobre todo cuando se trata de personas conocedoras de la regi\u00f3n, de las actividades del agro y de negociaciones de esta naturaleza, de hecho, con asesores en esos menesteres, pero, se insiste, ac\u00e1 nada se hizo. Rec\u00e1lquese que, para el prop\u00f3sito de acreditar el comportamiento cualificado tan insuficiente es la mera actuaci\u00f3n de un ente gubernamental que el legislador, a sabiendas las m\u00faltiples estrategias de despojo que inclusive muchas de las veces se hac\u00edan con la aquiescencia de la institucionalidad o sacando provecho de su pasividad, previ\u00f3 la presunci\u00f3n de nulidad de los actos administrativos (n\u00fam. 3\u00b0 art. 77, Ley 1448 de 2011). <\/p>\n
En igual sentido la desmovilizaci\u00f3n de los paramilitares para la fecha de la adquisici\u00f3n tampoco puede ser un fundamento per se para tener la certeza de la ausencia de violencia contra los anteriores propietarios de un fundo, al contrario, esa informaci\u00f3n dar\u00eda cuenta m\u00e1s bien de que en efecto hubo presencia de actores armados en la regi\u00f3n, con todas las consecuencias conocidas que ello implica. Inclusive, dicho proceso de dejaci\u00f3n de armas de las autodefensas, seg\u00fan lo indic\u00f3 el documento de an\u00e1lisis de contexto, per se no erradic\u00f3 la problem\u00e1tica de violencia en la zona en tanto nuevas estructuras armadas continuaron ejerciendo el control territorial. <\/p>\n
Finalmente, aunque, seg\u00fan se expuso arriba, fue alegado que lo que se deb\u00eda analizar era la ausencia de aprovechamiento de las circunstancias de violencia para obtener la propiedad, lo cierto es que en el contexto de una regi\u00f3n como San Alberto permeada por el conflicto armado, con el confeso conocimiento de tal escenario al indicar que su intenci\u00f3n era expandir su negocio anexando ese bien a su fundo colindante y sin prestar atenci\u00f3n a la historia del predio, se infiere que hubo un comportamiento pasivo y desprolijo que precisamente se fustiga desde el punto de vista constitucional, como ya se dijo. En este orden de ideas, no result\u00f3 acreditada la buena fe exenta de culpa por lo tanto ninguna compensaci\u00f3n a su favor se dispondr\u00e1. <\/p>\n
3.5. Finalmente, respecto de la \u00abmedida de reparaci\u00f3n\u00bb que habr\u00eda de impartirse, destac\u00f3 la sede judicial acusada que: <\/p>\n
Frente a la titulaci\u00f3n de la Parcela Nro. 6 Mecato, se tiene que Raquel Rueda, a pesar de ostentar el 50% de su dominio, no qued\u00f3 inscrita en la Resoluci\u00f3n RG 02726 del 31 de octubre de 2016 como solicitante, empero lo cierto es que seg\u00fan la parte motiva de ese acto administrativo, ella s\u00ed autoriz\u00f3 a su hija a proceder con la reclamaci\u00f3n, de donde se sigue que \u00e9sta en efecto reclamaba tambi\u00e9n el derecho de aquella en virtud de esa delegaci\u00f3n, sumado a que se registr\u00f3 como parte del n\u00facleo familiar de la accionante y que en todo caso tambi\u00e9n perdi\u00f3 su v\u00ednculo de manera concomitante con aquella por los mismos hechos y motivos ya analizados, es decir, el despojo como hecho victimizante lo sufrieron las dos, y en efecto desde el comienzo se reclam\u00f3 igualmente el 100% de esa heredad. Por consiguiente, la titulaci\u00f3n del derecho de dominio sobre el inmueble equivalente a \u00e9ste, ser\u00e1 en porcentajes iguales a nombre de Mar\u00eda Ruth Sanabria Rueda y Raquel Rueda. <\/p>\n
3.6. As\u00ed las cosas, se concluye que la sentencia sujeta a controversia no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose as\u00ed la presencia de una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, de manera que las quejas de los accionantes no hallan recibo en esta sede excepcional de auxilio. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo aqu\u00ed planteado por los promotores es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el tribunal repelido valor\u00f3 las pruebas recaudadas en el proceso bajo an\u00e1lisis y vislumbr\u00f3 que conflu\u00edan los presupuestos necesarios para acceder a la restituci\u00f3n de tierras all\u00ed solicitada y declarar infundada la oposici\u00f3n planteada por aquellos, acorde con los mandatos de la ley 1448 de 2011; as\u00ed como tambi\u00e9n cobijar con las medidas de restituci\u00f3n a la progenitora de la solicitante, al ser parte de su n\u00facleo familiar y, adem\u00e1s, copropietaria del predio rural objeto del tr\u00e1mite acusado. <\/p>\n
Caso en el cual, las argumentaciones de esa autoridad judicial no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
En lo ata\u00f1edero, tambi\u00e9n se ha dicho, de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Y es que no podr\u00eda ser de otra forma la conclusi\u00f3n, pues la Corte ha indicado, sobre los procesos de restituci\u00f3n de tierras, que: <\/p>\n
La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su n\u00facleo esencial, los derechos de las v\u00edctimas, opositores, intervinientes y terceros. De ello da cuenta la sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destac\u00f3 que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como \u00abuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios\u00bb, se definieron en la norma \u00abgarant\u00edas suficientes para que quienes tengan inter\u00e9s puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2013, rad. 00797-00; reiterada, entre otras decisiones, en CSJ STC, 4 jun. 2014, rad. 01016-00; y STC11957-2015, 7 sep., rad. 01947-00). <\/p>\n
De all\u00ed que, una vez agotada la tramitaci\u00f3n judicial, en la que se haya permitido la participaci\u00f3n de todos los interesados, as\u00ed como la exposici\u00f3n oportuna de sus puntos de vista, sin que se advierta un desconocimiento flagrante del derecho aplicable o las pruebas recaudadas, deber\u00e1n estarse al fallo emanado, sin que sea viable la intervenci\u00f3n de esta excepcional\u00edsima justicia tutelar. <\/p>\n
Tanto m\u00e1s cuando el sentenciador natural, como se advierte en el asunto sub examine, efectu\u00f3 su valoraci\u00f3n probatoria considerando el contexto en que ocurrieron los hechos victimizantes y la disposici\u00f3n del predio objeto de restituci\u00f3n, especialmente en cuanto a quien, con ocasi\u00f3n de dichos actos de violencia, no tuvo opci\u00f3n diferente que abandonar el fundo sobre el que ejerc\u00eda posesi\u00f3n, a fin de salvaguardar la integridad personal. <\/p>\n
De la misma manera, se procedi\u00f3 al ponderar las garant\u00edas de los aqu\u00ed activantes, en su rol de opositores, quienes adujeron la titularidad del predio con apego en la adquisici\u00f3n por v\u00eda de \u00abtradici\u00f3n\u00bb, tras la \u00abcompraventa\u00bb celebrada entre ellos y Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo, quien a su vez lo adquiri\u00f3 de manos de la solicitante de la restituci\u00f3n; este \u00faltima (la solicitante), que estar\u00eda situaci\u00f3n de debilidad ante las amenazas constantes de las que fue v\u00edctima, en descr\u00e9dito de una buena fe exenta de culpa a la hora de celebrarse el negocio invalidado. <\/p>\n
Aqu\u00ed se muestra relevante recordar que la buena fe exenta de culpa, conforme a la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u2026exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada. As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras\u2026 se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n. Estos actos pueden ser, entre otros, posesiones de facto, negocios jur\u00eddicos de car\u00e1cter dispositivo o situaciones que tienen origen en \u00f3rdenes judiciales o actos administrativos. La comprobaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa lleva a los terceros a ser merecedores de una compensaci\u00f3n, como lo dispone la Ley 1448 de 2011 (CC C-330\/16). <\/p>\n
Por ese sendero, refulge que el M\u00e1ximo ente guardi\u00e1n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en condici\u00f3n de garante de las prerrogativas esenciales, fij\u00f3 como derrotero que a la parte opositora le resulta insuficiente demostrar que, en su convicci\u00f3n profunda, actu\u00f3 con probidad o lealtad (evaluaci\u00f3n que, valga la pena mencionarlo, deber\u00e1 hacerse caso por caso6 seg\u00fan las condiciones personales ah\u00ed esbozadas), sino que deber\u00e1 exhibir un comportamiento prudente exigible de cualquier persona puesta en sus mismas condiciones objetivas. Sin duda, se trata de un est\u00e1ndar diferencial, que debe ser auscultado dentro del contexto de violencia que deriv\u00f3 en el despojo y constituye el sustrato de la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas. <\/p>\n
Dicho de otra forma, atendiendo a lo relatado, la buena fe subjetiva no es m\u00e1s que la legalidad y honradez con la que el extremo opositor efectu\u00f3 el negocio jur\u00eddico sobre el predio objeto de restituci\u00f3n, siendo consciente que al efectuar dicho acto no estaba actuando con violencia, fraude o dolo, acci\u00f3n de donde se deriva el derecho reclamado; a su vez, la buena fe objetiva exige un comportamiento encaminado a evitar un aprovechamiento injusto, expresado en las verificaciones que se esperan de un sujeto con formaci\u00f3n, experiencia y comprensi\u00f3n equiparable a quien ejerce oposici\u00f3n. <\/p>\n
Situaciones que necesariamente deben ser probadas al interior del juicio por el opositor, pues se debe desvirtuar que la conducta para adquirir la heredad no advert\u00eda la intenci\u00f3n de causar da\u00f1o ni de obtener alg\u00fan tipo de aprovechamiento indebido en menoscabo de su contraparte. <\/p>\n
Este estudio contextual, de cara al caso concreto y a la buena fe exenta de culpa pretendida ahora por la parte opositora, sirvi\u00f3 al Tribunal para evaluar los elementos subjetivos y objetivos de su oposici\u00f3n, concluyendo que las circunstancias que llevaron a la reclamante de la restituci\u00f3n a ceder la posesi\u00f3n que ejerc\u00eda sobre el predio rural en litigio a Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo, fue por el hecho de querer abandonar prontamente la regi\u00f3n de San Alberto (Cesar), dadas las amenazas recibidas por los actores armados presentes en la zona; lo que era suficiente para descartar la buena fe analizada, sumado a que los actuales propietarios, pese a conocer de anta\u00f1o la zona, omitieron indagar sobre las circunstancias precisas que rodearon el negocio celebrado por su antecesor (Amado de Jes\u00fas Duque Agudelo) con Mar\u00eda Ruth Sanabria, interpretaci\u00f3n que no se advierte contraevidente, cerr\u00e1ndose la prosperidad de la tutela en este punto espec\u00edfico. <\/p>\n
Entonces, como la buena fe exenta de culpa debe ser suficientemente acreditada por el tercero que pretenda hacer valer su titularidad del fundo objeto de restituci\u00f3n, que al estar debidamente probada ser\u00eda digna de una compensaci\u00f3n conforme lo dispuesto en la ley 1448 de 2011, lo que ac\u00e1 no qued\u00f3 demostrado, seg\u00fan la valoraci\u00f3n efectuada por el sentenciador, sin que se adviertan en ella yerros superlativos que constituyan una trasgresi\u00f3n iusfundamental; no procediendo as\u00ed la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4.1. Lo anterior, adem\u00e1s, conlleva la improsperidad de la queja planteada por los promotores, conforme a la cual el Tribunal, para analizar la buena fe exenta de culpa que alegaron, dej\u00f3 de aplicar lo consignado en la sentencia C-327 de 2020. <\/p>\n
Ello en la medida en que dicho pronunciamiento versa sobre el proceso de extinci\u00f3n de dominio, que no del de restituci\u00f3n de tierras, sobre el cual, como qued\u00f3 visto, existe otra l\u00ednea jurisprudencial, que fue precisamente la invocada por el estrado acusado, lo que descarta la existencia de la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
5. Respecto a las otras de las inconformidades de los querellantes, espec\u00edficamente, aquellas enfiladas a cuestionar la supuesta falta de pronunciamiento respecto de las mejoras plantadas sobre el fundo restituido, as\u00ed como tambi\u00e9n de las restituciones mutuas por la nulidad declarada en el fallo cuestionado, concluye la Corte que la solicitud de resguardo es inviable, toda vez que los quejosos no hicieron uso de los mecanismos ordinarios de defensa judicial que tuvieron a su alcance para conjurar esa eventualidad. <\/p>\n
En efecto, se advierte que los gestores bien pudieron solicitar la adici\u00f3n de la providencia atacada, en los t\u00e9rminos que contempla el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00ab[c]uando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si los actores del amparo desperdiciaron \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
6. Se impone, entonces, negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si el pronunciamiento no es impugnado, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculos 3\u00b0, 60, 74, 75, 77, 81 y 88, entre otros. <\/p>\n
2\u0002 CC C-258 de 2008, T-358 de 2008, T-156 de 2008 y T-136 de 2007, T-501 de 2009 y T-702 de 2012, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 \u00abVer: https:\/\/corporacionreiniciar.org\/2016\/09\/09\/maria-ruth-sanabria-rueda-galardonada-con-el-premio-nacional-ala-defensa-de-los-derechos-humanos-en-colombia-toda-una-vida-por-la-defensa-de-los-ddhh\/ <\/A> y https:\/\/colombia.lutheranworld.org\/es\/content\/historia-de-una-valiente-lucha-por-la-defensa-de-los-derechoshumanos-36 <\/A> . Consultas realizadas el 14 de octubre de 2020\u00bb. <\/p>\n 4\u0002 \u00abCorte Constitucional. Sentencia C 330 de 23 de junio de 2016. Expediente D-11106\u00bb. <\/p>\n 5\u0002 \u00abVer C-740 de 2003, C-820 de 2012, C-795\/14, T-367 de 2016\u00bb. <\/p>\n 6\u0002 En el mismo sentido, esta Sala de Casaci\u00f3n enfatiz\u00f3 a trav\u00e9s del fallo CSJ SC4065-2020, 20 oct, 2016-02066-00, que el estudio y aplicaci\u00f3n sobre la buena fe exenta de culpa en los procesos de restituci\u00f3n de tierras, conforme a la sentencia CC C-330\/16, \u00abno corresponde a par\u00e1metros objetivos y absolutos para todos los casos, sino a la atenci\u00f3n de las circunstancias especiales de cada caso\u2026\u00bb (Se resalt\u00f3). <\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" STC7495-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7495-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01858-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Pablo Vesga G\u00f3mez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54938","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54938"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54938\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}