STC7502-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7502-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01834-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por C\u00e9sar Orlando Ram\u00edrez Rodr\u00edguez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Promiscuo de Familia de M\u00e1laga -Santander, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haberle negado en ambas instancias, la nulidad formulada en el marco del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que Jazm\u00edn Duarte Landinez promovi\u00f3 en su contra, con radicado No. 2019-00074-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, ordenando al Juzgado Promiscuo de Familia de M\u00e1laga, \u00abdeclare la NULIDAD de todo lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la demanda de LIQUIDACI\u00d3N DE SOCIEDAD CONYUGAL, ordenando tramitarla dentro del mismo expediente radicado 2018-00198-00 donde se adelant\u00f3 la CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO de los esposos CESAR ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ Y JAZMIN DUARTE LANDINEZ\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que pese a que el aludido proceso liquidatorio se debi\u00f3 tramitar en el mismo expediente del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 523 del C. G. del P., tr\u00e1mite en el que adem\u00e1s, se reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar a su apoderado judicial, el Juzgado Promiscuo M\u00e1laga, Santander, no solo admiti\u00f3 el memorado juicio asign\u00e1ndole un radicado diferente al proceso inicial, sino que, al asistir a la audiencia de inventarios y aval\u00faos, se neg\u00f3 su intervenci\u00f3n, habida cuenta la falta de postulaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque, por una parte, las citadas actuaciones fueron notificadas \u00abIRREGULARMENTE\u00bb, pues la memorada diligencia en un principio fue citada para horas de la ma\u00f1ana del 23 de septiembre de 2019 y finalmente se practic\u00f3 en la tarde; y por la otra, insiste, no hab\u00eda lugar a signar otro radicado al litigio, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del Despacho, que neg\u00f3 la nulidad invocada por la ocurrencia de las causales 4 y 8 del canon 133 \u00eddem, circunstancias \u00e9stas que, dice, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 11 de junio de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Andrea Catalina Torres Villamizar, quien adujo representar los intereses de la se\u00f1ora Jazm\u00edn Duarte Landinez, en la calidad atr\u00e1s citada, precis\u00f3 que \u00ablo que se pretende es dilatar el proceso (\u2026) por parte de la contraparte evidenciando todas las actuaciones sin apoderado judicial y vencidos los t\u00e9rminos para ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n lo que configura una inadecuada defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
b. La titular del Juzgado Promiscuo de Familia de M\u00e1laga precis\u00f3, que \u00aben el tr\u00e1mite impartido dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal (\u2026), ha sido garante del derecho constitucional al debido proceso y el derecho a la defensa del aqu\u00ed accionante, se ha notificado personalmente de dicha demanda, (\u2026), se ha otorgado el termino de diez d\u00edas, t\u00e9rmino de traslado, el cual, concede el C\u00f3digo General del Proceso para contestar este tipo de demandas, sin que el demandado hiciera uso del mismo; se ha continuado con el tr\u00e1mite de emplazamiento de los acreedores de la sociedad conyugal (\u2026), y posteriormente se ha citado a audiencia de inventarios y aval\u00faos (\u2026), a la cual, asisti\u00f3 el demandado sin la presencia de un abogado\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Ram\u00edrez Rodr\u00edguez est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el fallo dictado el 19 de mayo del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR\u00bb lo decidido el 15 de octubre de 2019 por el Juzgado Promiscuo de Familia de M\u00e1laga, de negar la nulidad invocada dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que Jazm\u00edn Duarte Landinez promovi\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Tribunal Superior de Bucaramanga \u2013Sala Civil Familia, para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n del Juez cognoscente y concluir, que no hab\u00eda lugar a declarar la invalidez procesal invocada por el aqu\u00ed actor, puntualiz\u00f3 en relaci\u00f3n al supuesto previsto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 133 del Estatuto Procesal Civil vigente, que \u00abligeramente se observa que a trav\u00e9s del citado poder judicial, como infiere el mismo recurrente, el demandado otorg\u00f3 debidamente representaci\u00f3n con facultadas judiciales propias, tanto para el tr\u00e1mite de la cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico, como para la disoluci\u00f3n y LIQUIDACI\u00d3N de la sociedad conyugal, es decir, el abogado HUMBERTO LADINEZ FUENTES, en nombre de su poderdante CESAR ORLANDO RAM\u00cdREZ RODR\u00cdGUEZ, ahora apelante, ostentaba la facultad para intervenir en el proceso que nos ocupa. Pero, una situaci\u00f3n distinta es que, este profesional del derecho, c\u00f3mo tambi\u00e9n lo rese\u00f1\u00f3 en su recurso, alleg\u00f3 el poder para actuar solamente al formular la nulidad que ahora se debate en esta instancia, forjando a su representado a guardar silencio del traslado que se le corri\u00f3 de la demanda, as\u00ed como de vedarlo de su participaci\u00f3n en la diligencia de aval\u00faos e inventarios\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n a la falta de notificaci\u00f3n de la providencia que fij\u00f3 fecha y hora para la pr\u00e1ctica de la diligencia de aval\u00faos e inventarios, precis\u00f3 que \u00abrefulge evidente de las probanzas que la irregularidad presentada en la notificaci\u00f3n del auto que program\u00f3 fecha para llevar a cabo la diligencia, al relacionarse en el listado de estados una hora distinta a la programada en el auto, qued\u00f3 saneada con la comparecencia del demandado a dicha audiencia a la verdadera hora y fecha, a voces del numeral 1 del art\u00edculo 136 de ley procesal civil, pues m\u00e1s all\u00e1 de haber comparecido sin apoderado judicial, asisti\u00f3 sin proponer o manifestar dicha irregularidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, luego de advertir que la notificaci\u00f3n por estado cumpl\u00eda con lo estipulado en el art\u00edculo 295 \u00eddem, indic\u00f3 que \u00abno es de recibo que hayan existido dos oportunidades procesales, estas son, el traslado de la demanda y la audiencia de aval\u00faos e inventarios y, que la demandada no haya comparecido con su respectivo apoderado judicial, m\u00e1xime cuando mediaba o exist\u00eda previamente poder judicial. Finalmente, rem\u00e9mbrese que seg\u00fan el inciso 1 del art\u00edculo 523 del C\u00f3digo General del Proceso, la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal debe formularse a continuaci\u00f3n de la sentencia judicial que decret\u00f3 la disoluci\u00f3n de la misma, esto es en el mismo expediente y ante el mismo juez que la profiri\u00f3, empero, si as\u00ed no ocurre, al tenor del art\u00edculo 133 de la misma obra, tal situaci\u00f3n no comporta causal de nulidad, como se encontraba consagrado en otrora numeral 4 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces, que si el aqu\u00ed actor consideraba que el proceso debi\u00f3 adelantarse en el mismo expediente del juicio anterior, debi\u00f3 formular la excepci\u00f3n previa de que trata el numera 7\u00b0 del art\u00edculo 100 ib\u00eddem, \u00abde tal manera que, si el demandado hubiese ejercido este mecanismo (\u2026) el presente tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n habr\u00eda terminado, para consecuencialmente, continuar en el expediente que declar\u00f3 su disoluci\u00f3n. No obstante, como as\u00ed no ocurri\u00f3, el presente tr\u00e1mite qued\u00f3 saneado en los t\u00e9rminos prenotados, brindando debidamente las garant\u00edas procesales al demandado\u00bb. <\/p>\n
3.2. De conformidad con lo expuesto, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed demandado), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, el Tribunal Superior de Bucaramanga tuvo en cuenta los hechos expuestos y los normas que rigen la materia, los que permitieron advertir que, en efecto, muy a pesar de lo considerado por el aqu\u00ed actor, no hab\u00eda lugar a declarar la nulidad de lo actuado en el tr\u00e1mite liquidatorio, pues, no solo, se subsan\u00f3 el yerro acaecido en punto de la notificaci\u00f3n de la audiencia de inventarios y aval\u00faos por su misma comparecencia, sino que, en efecto, el hecho que el juicio no se haya tramitado en el mismo expediente en el que curs\u00f3 el otro juicio, no configuraba alguna de las causales previstas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, y m\u00e1s all\u00e1 de las quejas del actor, lo que se denota, es una conducta tendiente a subsanar su propia negligencia e incuria, pues lo cierto es que m\u00e1s all\u00e1 de la existencia del poder conferido a su mandatario judicial en el primero de los juicios, el profesional del derecho s\u00f3lo compareci\u00f3 al juicio liquidatorio para formular la nulidad, desperdiciando as\u00ed oportunidades procesales para exponer sus quejas, y de ser del caso, tomar las correcciones necesarias. <\/p>\n
3.3. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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