STC7506-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7506-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01840-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Ignacio Uribe Vel\u00e1squez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, \u00abdejar sin efectos lo actuado desde el auto de 01.12.2020 y decidir ponderando cada uno de los medios suasorios que devienen del expediente\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el 23 de julio de 2020, el titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed no accedi\u00f3 a la recusaci\u00f3n que le formul\u00f3, pese a que present\u00f3 denuncia penal en su contra, decisi\u00f3n que refrend\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 1\u00ba de diciembre del mismo a\u00f1o, donde adem\u00e1s lo sancion\u00f3 con multa de 10 s.m.l.m.v., por su actuar temerario y de mala fe, aun cuando, dice, por los mismos hechos en el a\u00f1o 2018 ese mismo juzgador se hab\u00eda declarado impedido para seguir conociendo del decurso, pero en esa ocasi\u00f3n, esa manifestaci\u00f3n no fue compartida por el Juez Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, quien por ende, remiti\u00f3 el asunto a la mentada Colegiatura, donde el 6 de septiembre de 2018 se declar\u00f3 infundado el impedimento, argument\u00e1ndose para ello que la orden del juez de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Consejo Superior de la Judicatura para que investigaran su conducta, no pod\u00eda asimilarse a la interposici\u00f3n de una denuncia penal. <\/p>\n
Sostiene que no se trat\u00f3 de una compulsa de copias, ya que el 28 de noviembre de 2018 hubo una etapa de conciliaci\u00f3n ante el delegado del ente acusador, donde qued\u00f3 evidenciado que el juez interpuso una denuncia penal o querella en su contra, pero \u00aben aras de evitar mayores desgastes y evitar una confrontaci\u00f3n con el juez recusado (\u2026) solo hasta el a\u00f1o 2020 y luego de tolerar tantos abusos y decisiones contrarias a derecho\u00bb, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de recusar al funcionario por tal situaci\u00f3n, pero sus argumentos no fueron atendidos por el Tribunal, quien no solo se dej\u00f3 inducir en error por el a quo, sino que adem\u00e1s, basado en el impedimento decidido en el a\u00f1o 2018, no emiti\u00f3 prove\u00eddo prescindiendo del decreto de pruebas, y decidi\u00f3 de plano, lo que implic\u00f3 que el juzgador que pretendi\u00f3 apartar del conocimiento del juicio continuara con un proceso que tiene orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n desde el a\u00f1o 2007, donde adem\u00e1s, se calific\u00f3 la obligaci\u00f3n laboral del acreedor como quirografaria. <\/p>\n
Finalmente asegura, que lo descrito evidencia que el juez accionado falt\u00f3 a la verdad al declarar su impedimento del a\u00f1o 2018, ya que la fund\u00f3 en una compulsa de copias, cuando realmente lo denunci\u00f3 penalmente, situaci\u00f3n que qued\u00f3 evidenciada hasta que se surti\u00f3 la aludida audiencia de conciliaci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda, lo cual ocurri\u00f3 cuando ya se hab\u00eda declarado infundado el impedimento, situaci\u00f3n que, dice, demuestra que \u00e9l no incurri\u00f3 en actuar temerario y de mala fe al formular la recusaci\u00f3n posterior en el a\u00f1o 2020, y que se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 11 de junio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed narr\u00f3, que en la referida ejecuci\u00f3n se remat\u00f3 uno de los inmuebles embargados y se distribuy\u00f3 el dinero obtenido entre los acreedores, seg\u00fan su prelaci\u00f3n legal, estando a la fecha pendiente la entrega de t\u00edtulos judiciales y la decisi\u00f3n sobre una nulidad presentada por el aqu\u00ed accionante, actuaciones que han podido ser evacuadas debido a que \u00e9ste ha presentado tutelas, nulidades, recursos, impedimentos y recusaciones en su contra. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el aqu\u00ed interesado ha insistido dentro del decurso, que su acreencia debe ser cubierta con prelaci\u00f3n, al haber surgido de una conciliaci\u00f3n que adelant\u00f3 con el ejecutante sobre unos honorarios profesionales de abogado en un proceso laboral, inconformidad que ha sido resuelta por el Despacho en decisiones basadas en las normas aplicables; as\u00ed mismo, precis\u00f3 que la recusaci\u00f3n formulada no fue aceptada, porque en ocasi\u00f3n anterior el Tribunal Superior de Medell\u00edn no hab\u00eda accedido a un impedimento sobre la misma causal. <\/p>\n
b). El Tribunal Superior de Medell\u00edn, por intermedio de la Magistrada que conoci\u00f3 de la aludida recusaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que el 1\u00ba de diciembre de 2020 declar\u00f3 no probada la misma, y posteriormente el aqu\u00ed inconforme pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado por supuestamente haberse omitido la oportunidad para decretar pruebas y porque la recusaci\u00f3n no fue decidida por la Magistrada que resolvi\u00f3 sobre el impedimento en el a\u00f1o 2018, solicitud negada el 9 de marzo del presente a\u00f1o, la cual fue atacada en s\u00faplica, decidida el 5 de mayo pasado, confirm\u00e1ndose lo decidido. <\/p>\n
c). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela procede excepcionalmente contra providencias o actuaciones judiciales, s\u00f3lo cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n opuesta al r\u00e9gimen legal aplicable, evento en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, pero solo si el afectado acude al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no dispone o no dej\u00f3 fenecer los medio ordinarios y efectivos para lograr la protecci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como requisito de procedibilidad a cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Jorge Ignacio cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, i) la decisi\u00f3n del 1\u00ba de diciembre de 2020, con que la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn resolvi\u00f3 no declarar probada la recusaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el Juez Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed; y, ii) Los autos de 9 de marzo y 5 de mayo de 2021, con que la misma Colegiatura resolvi\u00f3, en su orden, negar la nulidad que \u00e9ste pidi\u00f3 del tr\u00e1mite y confirmar en sede de s\u00faplica esa decisi\u00f3n; ello, dentro del proceso ejecutivo que Luis Albeiro Arias Gil promovi\u00f3 contra Orlando de Jes\u00fas G\u00f3mez Aristiz\u00e1bal, donde \u00e9l interviene como cesionario de la obligaci\u00f3n perseguida, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la inadecuada valoraci\u00f3n de las pruebas y la incorrecta aplicaci\u00f3n de las normativa que rige el caso, al no haberse sopesado que el juez recusado interpuso denuncia penal en su contra, y no una compulsa de copias, y, que la recusaci\u00f3n debi\u00f3 ser resuelta por la misma Magistrada que conoci\u00f3 de similar solicitud anterior, con previa decisi\u00f3n sobre el decreto de pruebas. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial, sus anexos y del expediente del proceso criticado, anticipa la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada respecto de lo decidido dentro del precitado litigio por la Colegiatura accionada, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Frente a la primera inconformidad antes se\u00f1alada, se observa que el auto con que se declar\u00f3 no probada la recusaci\u00f3n formulada al interior de la ejecuci\u00f3n endilgada, data del 1 de diciembre de 2020, mientras que se acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 10 de junio del presente a\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan la protecci\u00f3n tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que el aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, y sin perjuicio de lo expuesto, una vez revisado el contenido de la prenotada determinaci\u00f3n, constata la Corte que no obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto, ya que la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn consider\u00f3, que no ameritaba apartar al Juez Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed ,del conocimiento del cobro coercitivo del ep\u00edgrafe, porque el gestor fund\u00f3 su recusaci\u00f3n en \u00ablos numerales 6 y 8 del art\u00edculo 141 del C.G.P. esto es: \u201c6. Existir pleito pendiente entre el juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado\u201d y \u201c8. Haber formulado el juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o v\u00edctima en el respectivo proceso penal\u201d. Y como sustento expone que, evidencia por parte del titular del juzgado, negligencia, arbitrariedad, actuar caprichoso, intenci\u00f3n de perjudicar sus intereses, abuso de facultades, manipulaci\u00f3n de hechos, agresividad, falta de respeto, parcialidad y falta de objetividad en las decisiones que involucran al recusante. <\/p>\n
De este modo observ\u00f3, que \u00abla lectura de las causales aducidas y del fundamento f\u00e1ctico de las mismas, permite evidenciar de forma palmaria la falta de coincidencia de los hechos con la alegaci\u00f3n pretendida, en tanto, aunque se se\u00f1alan dos causales de recusaci\u00f3n consagradas en la norma que regula el tema, el desarrollo que de ellas realiza la parte recusante ninguna relaci\u00f3n tiene con las causales aducidas. V\u00e9ase que en ning\u00fan momento, en la narraci\u00f3n f\u00e1ctica que funda la recusaci\u00f3n, se alude a la existencia de un pleito pendiente entre el juez o sus parientes y el recusante, o denuncia penal o disciplinaria; y, si bien es cierto, el titular del juzgado de primera instancia ha ordenado en dos oportunidades la compulsa de copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que se investiguen posibles faltas disciplinarias por parte del recusante, ese t\u00f3pico, de compulsa de copias, como insuficiente para sustentar un impedimento o recusaci\u00f3n, ya hab\u00eda sido resuelto en anterior oportunidad por este Tribunal, pues en auto del 6 de septiembre de 2018, la Magistrada Martha Cecilia Lema Villada decidi\u00f3 declarar infundado el impedimento , que el titular del plurimencionado juzgado adujo para separarse del conocimiento de la causa con sustento en la compulsa de copias para investigaci\u00f3n disciplinaria; all\u00ed expuso la Magistrada, de forma clara y con sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que, dicha orden de compulsar copias, deviene de los poderes correccionales del juez y difiere de la interposici\u00f3n de una denuncia penal o disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, para fundamentar la decisi\u00f3n de sancionar al gestor por su actuar temerario y de mala fe, cit\u00f3 la norma que contempla esa consecuencia procesal y jurisprudencia emitida sobre el particular, de lo cual extrajo que \u00abpara establecer si el recusante actu\u00f3 de mala fe o con temeridad debe averiguarse en principio si la alegada y no probada, es una causal objetiva o subjetiva de recusaci\u00f3n, pues en caso de tratarse del primer evento, la presunci\u00f3n de buena fe desaparece y surge una presunci\u00f3n de que el actuar del recusante fue indebido con inter\u00e9s de dilatar. <\/p>\n
En el presente caso como ya se dijo, el recusante adujo las causales 6 y 8 del art\u00edculo 141 del C.G.P., las cuales son objetivas porque para demostrarlas bastaba aportar prueba sobre el proceso que genera el pleito pendiente o sobre la denuncia penal o disciplinaria e n que se fund\u00f3 la alegaci\u00f3n, pruebas que no fueron arrimadas en este caso, porque, como se dijo, el recusante ni siquiera dio cuenta de la existencia de denuncia o proceso alguno donde tenga como contraparte al juez o alg\u00fan pariente de \u00e9ste. <\/p>\n
Lo expuesto en precedencia, sobre la falta de prueba de la causal objetiva de recusaci\u00f3n alegada, sumado a que en anterior oportunidad este Tribunal ya hab\u00eda puesto de presente que la simple compulsa de copias por el juez no da lugar a impedimento o recusaci\u00f3n; que el recusante es profesional del derecho de quien se presume conocimiento de las normas y la jurisprudencia y, que es evidente que la inconformidad del proponente est\u00e1 relacionada con las decisiones que le han sido desfavorables y con la compulsas de copias que en su contra ha realizado el titular del juzgado, pero no porque exista alguna causal de recusaci\u00f3n real, permite concluir a este Tribunal que el recusante incurri\u00f3 en temeridad y mala fe al proponer la recusaci\u00f3n, lo que conlleva a que se ordene, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 147 del C.G.P. citado en precedencia, la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n en contra del recusante y en favor del Consejo Superior de la Judicatura, por la suma equivalente a diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que ser\u00e1n depositados en el Banco Agrario de Colombia, c\u00f3digo de convenio 13474 CSJ multas y sus rendimientos, cuenta n\u00famero 3 – 0820-000640-8, -CONCEPTO DTN- MULTAS Y CAUCIONES, dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, contados desde el d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que se disponga compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria para que investigue la posible comisi\u00f3n de falta disciplinaria por el recusante\u00bb. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura accionada se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de los medios de prueba y el razonable entendimiento de la normativa procesal aplicable, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y la valoraci\u00f3n probatoria realizados por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada expuso de manera fundada los motivos por los cuales no proced\u00eda la recusaci\u00f3n formulada por aqu\u00e9l, consistentes en que la argumentaci\u00f3n expuesta para sustentar las causales alegadas, no encuadraba con las mismas; as\u00ed mismo observ\u00f3, que no se aport\u00f3 prueba del pleito pendiente o la denuncia penal o disciplinaria con el juez recusado; que el recusante ten\u00eda calidad de profesional del derecho; y, en ocasi\u00f3n anterior se hab\u00eda definido similar tem\u00e1tica dentro del proceso; adem\u00e1s, se evidenciaba que el gestor usaba el mecanismo como medio para exponer sus insistentes inconformidades con las decisiones del juicio, todo lo cual, ameritaba la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n econ\u00f3mica al recusante, por haber actuado de forma temeraria y de mala fe. <\/p>\n
La prenotada postura, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
3.4. Finalmente, de cara a la segunda inconformidad expuesta por el promotor de la tutela, atinente a que el Tribunal de Medell\u00edn debi\u00f3 declarar la nulidad de la precitada decisi\u00f3n porque debi\u00f3 ser emitida por la misma Magistrada que resolvi\u00f3 similar inconformidad elevada en el a\u00f1o 2018, y antes de ser proferida debi\u00f3 hacerse pronunciamiento expreso sobre del decreto de pruebas, no cabe duda para la Sala que lo pretendido tambi\u00e9n est\u00e1 llamado al fracaso, por el mismo motivo que se expuso en l\u00edneas anteriores, esto es, porque lo definido al respecto no se observa resultado de la arbitrariedad o subjetividad del juzgador accionado. <\/p>\n
Lo anterior queda en evidencia al analizar el auto del 5 de mayo de 2021, con que se resolvi\u00f3 el recurso de s\u00faplica interpuesto por el aqu\u00ed interesado contra el prove\u00eddo del 9 de marzo anterior, nugatorio de la nulidad de lo tramitado en segunda instancia, donde se argument\u00f3 que, \u00abla Magistrada Sustanciadora no se encontraba en la obligaci\u00f3n de decretar pruebas de oficio o trasladar la carga de la prueba, pues la misma le correspond\u00eda al peticionario, pues espec\u00edficamente en el inciso tercero de la citada norma se advierte que: \u201c\u2026Si no acepta como ciertos los hechos alegados por el recurrente o considera que no est\u00e1n comprendidos en ninguna de las causales de recusaci\u00f3n, remitir\u00e1 el expediente al superior quien decidir\u00e1 de plano si considera que no requiere la pr\u00e1ctica de pruebas; en caso contrario decretar\u00e1 las que de oficio estime convenientes\u2026\u201d (Subrayas propias). <\/p>\n
Bajo esta l\u00ednea argumentativa, resulta di\u00e1fano concluir que no se incurri\u00f3 en la causal alegada, pues deb\u00eda la parte que present\u00f3 la recusaci\u00f3n aportar las pruebas que pretend\u00eda hacer valer, sin que fuera una obligaci\u00f3n de la Funcionaria en esta instancia decretarlas, pues es potestativo acudir a ellas, conforme lo establece la norma en cita y no una obligaci\u00f3n como erradamente lo pretende el solicitante, raz\u00f3n por la cual no se observa que dicha causal este configurada. Es de resaltar, adem\u00e1s, que la copia de la denuncia penal en la que se fund\u00f3 la recusaci\u00f3n, fue aportada con el escrito de nulidad; es decir, cuando el t\u00e9rmino para adosar la misma al plenario hab\u00eda fenecido, sin que pueda ahora aducir que se omiti\u00f3 por parte de la Magistrada sustanciadora el decreto o la pr\u00e1ctica de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, la decisi\u00f3n que tom\u00f3 la Dra. Ospina Pati\u00f1o al resolver la recusaci\u00f3n y referente a la imposici\u00f3n de la multa contenida en el art\u00edculo 147 del C. General del P. y la compulsa de copias a la Sala Disciplinaria, no puede ser cuestionada con este tr\u00e1mite incidental, pues corresponde al ejercicio aut\u00f3nomo de la Magistrada sustanciadora realizar tales actuaciones y la misma no tiene cabida dentro de la causal de nulidad alegada, lo que se denota de la argumentaci\u00f3n dada por el peticionario\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la inconformidad por la definici\u00f3n de la recusaci\u00f3n por parte de una Magistrada diferente de la que decidi\u00f3 sobre un impedimento manifestado antes por el juez accionado dentro del mismo proceso, en auto del 9 de marzo del presente a\u00f1o el Tribunal consider\u00f3 que la situaci\u00f3n no daba pie a invalidar lo actuado, porque \u00abse explic\u00f3 en el auto mediante el cual se decidi\u00f3 la recusaci\u00f3n que el conocimiento del mismo proceso por el mismo Magistrado est\u00e1 establecido para los recursos en sede de segunda instancia , no as\u00ed para las recusaciones o impedimentos, porque \u00e9stas no son recursos; de modo pues que si un Magistrado ha conocido en anterior oportunidad una apelaci\u00f3n en un proceso o una recusaci\u00f3n o impedimento, no implica que deba tambi\u00e9n conoce r las recusaciones o impedimentos que en el mismo proceso se formulen luego, porque, se reitera, la norma que establece el reparto por adjudicaci\u00f3n a un mismo Magistrado no aplica para el reparto y conocimiento de impedimentos o recusaciones. El hecho de que esa explicaci\u00f3n tan clara y fundada no sea comprendida por el recusante, quien la tergiversa a su parecer, no implica que se est\u00e9 actuando indebidamente en este asunto\u00bb. <\/p>\n
La anterior exposici\u00f3n, al margen de si es compartida o no por esta Corte, no puede catalogarse como carente de fundamentaci\u00f3n o desprendida de la normativa que corresponde al caso, situaci\u00f3n que impide la intervenci\u00f3n en lo resuelto por parte del juez de tutela, m\u00e1xime porque la segunda decisi\u00f3n, adem\u00e1s, no fue atacada mediante el recurso de s\u00faplica, situaci\u00f3n adicional que imposibilita ahondar sobre el particular, por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad que caracteriza a este mecanismo especial del protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7506-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC7506-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01840-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Ignacio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54941","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54941"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54941\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}