STC7509-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7509-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00682-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yeny Patricia Puentes Reyes contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo, m\u00ednimo vital y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada porque, aunque desde el 29 de abril de 2021 le present\u00f3 petici\u00f3n formal, \u00abhan pasado varios meses y contin[\u00faa] a la espera de la tramitaci\u00f3n de [su] tarjeta profesional [de abogada]\u00bb, por lo cual \u00ab[s]e encuentr[a] totalmente desprovista de herramientas para ejercer [su] profesi\u00f3n, pese a la presentaci\u00f3n de una oportunidad laboral en el sector p\u00fablico\u2026 y pese a que [en] la entidad poseen la voluntad de poner a [su] disposici\u00f3n sus situaciones jur\u00eddicas (sic), estas oportunidades [l]e han sido vedadas repetidamente producto de la ausencia de [su] tarjeta profesional\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al accionado proceder \u00aba la creaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de [su] n\u00famero de tarjeta profesional en el Registro Nacional de Abogados\u00bb, y a expedirle la respectiva tarjeta profesional. <\/p>\n
Subsidiariamente rog\u00f3 ordenar al acusado informarle \u00abel estado actual del tr[\u00e1]mite de [su] tarjeta profesional y la fecha tentativa de su posible expedici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. La entidad acusada rog\u00f3 \u00abnegar el amparo\u2026, por tratarse de un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que inscribi\u00f3 a la quejosa en el registro de abogados, \u00abasign\u00e1ndole la Tarjeta Profesional de Abogado No 360.429, mediante el Acta N\u00b0 8546 de 2021[,]\u2026 [la cual] se remitir\u00e1 a trav\u00e9s del servicio de correo certificado\u2026 al domicilio (residencia) registrado por la accionante\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la actora \u00abpodr\u00e1 acceder a la certificaci\u00f3n de vigencia de la tarjeta profesional\u2026, que puede ser descargada o consultada por la internet\u2026, desde la p\u00e1gina web de la Rama Judicial\u2026[,] y verificar as\u00ed la titularidad y vigencia del documento\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, acredit\u00f3 haber puesto todo lo anterior en conocimiento de la tutelante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en este diligenciamiento, advierte la Corte la inviabilidad de la salvaguarda propuesta, toda vez que el ente encausado acredit\u00f3 que en el curso de esta acci\u00f3n constitucional efectu\u00f3 la inscripci\u00f3n de la accionante en el registro nacional de abogados, restando la expedici\u00f3n del pl\u00e1stico respectivo, la cual est\u00e1 gestionando, y habilit\u00f3 la consulta de aquella informaci\u00f3n a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la rama judicial, todo lo cual puso en conocimiento de la quejosa. <\/p>\n
De esta manera, en la actualidad no existe situaci\u00f3n alguna que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional, porque la circunstancia denunciada como conculcadora de las garant\u00edas esenciales invocadas fue superada en el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n supralegal, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n de la reclamante, por lo cual carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada la inscriba en el registro nacional de abogados, pues ello ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un caso de similares contornos al aqu\u00ed tratado, para denegar la protecci\u00f3n, recientemente dej\u00f3 dicho esta Sala: <\/p>\n
\u2026anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la gestora ya est\u00e1 inscrita como abogada, se le asign\u00f3 n\u00famero de tarjeta profesional, encontr\u00e1ndose disponible el certificado de vigencia en la p\u00e1gina web, y el pl\u00e1stico de su tarjeta est\u00e1 en elaboraci\u00f3n, el que le ser\u00e1 enviado al domicilio registrado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de la presente tutela, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada inscriba a la gestora como abogada y emita el n\u00famero de la tarjeta profesional. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01) (CSJ STC698-2021, 3 feb., rad. 2021-00040-00; reiterada, entre otras, en STC3065-2021, 25 mar., rad. 2021-00215-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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