STC7521-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7521-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01864-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Aroldo Rafael, Alfonso de Jes\u00fas, Mar\u00eda Maribel y Osm\u00e1n Jos\u00e9 Molina Vega, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, Guajira, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y los intervinientes al interior del juicio declarativo a que alude el escrito tutelar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, en el marco del proceso reivindicatorio que promovieron frente Alida Esther C\u00f3rdoba de Maestre, con radicado n.\u00ba 2012-00263-00. <\/p>\n
Solicitan, entonces, de manera concreta, que se ordene \u00abel procedimiento de la Notificaci\u00f3n de la sentencia en el proceso de la referencia, por medio de la cual se realiz\u00f3 por ESTADO y no por EDICTO conforme a la legislaci\u00f3n del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que fue con la que inici\u00f3 y termin\u00f3, lo que con \u00e9ste procedimiento optado se le impidi\u00f3 conocer en su debida oportunidad la existencia de un FALLO\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo, aducen en compendio, que el juicio que origin\u00f3 este resguardo se inici\u00f3 bajo el amparo de la normatividad procesal anterior a la expedici\u00f3n de la Ley 1564 de 2012; no obstante, la sentencia que defini\u00f3 la instancia se notific\u00f3 por estado y no por edicto, y, aunque su apoderado acud\u00eda con frecuencia al Despacho querellado para saber del tr\u00e1mite, \u00ab[j]am\u00e1s, la secretar\u00eda advirti\u00f3 cuando se llegaba a revisar el proceso que el mismo ya estaba notificado\u00bb, circunstancia que les impidi\u00f3 ejercer su derecho de contradicci\u00f3n y defensa, aseguraron. <\/p>\n
Adicionalmente dijeron, que las autoridades querelladas no solamente aplicaron \u00abdos legislaciones al tiempo\u00bb, sino que, adem\u00e1s, pese a que en el asunto ya se hab\u00eda surtido \u00abla etapa de alegatos\u00bb, el juez que profiri\u00f3 la sentencia fue diferente al que escuch\u00f3 las alegaciones; que inconformes con lo anterior, pidieron la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, pero en decisi\u00f3n de 19 de junio de 2019 el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar despach\u00f3 de forma adversa su solicitud, la que, a su vez, fue confirmada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha mediante auto del 17 de febrero actual, determinaci\u00f3n que, en suma, constituye un defecto procedimental que merece ser enmendado a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 15 de junio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, tras hacer un compendio de la actuaci\u00f3n a su cargo, pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, comoquiera que la decisi\u00f3n adoptada se adopt\u00f3 \u00abacorde a la normatividad vigente, por lo tanto, no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno a los accionantes\u00bb; en ese orden, explic\u00f3 que \u00abdespu\u00e9s de proferir la sentencia todo acto posterior debe adecuarse a la nueva realidad procesal\u00bb. <\/p>\n
c.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por los se\u00f1ores Molina Vega es improcedente, pues la determinaci\u00f3n emitida el 17 de febrero actual por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, por medio de la cual mantuvo en su integridad la determinaci\u00f3n de primera instancia proferida el 19 de junio de 2019, por el Juzgado Promiscuo Circuito de San Juan del Cesar, a trav\u00e9s de la cual se neg\u00f3 la nulidad planteada por los demandantes, no fue producto de la arbitrariedad o capricho de las autoridades all\u00ed involucradas. <\/p>\n
Por el contrario, tal decisi\u00f3n fue el resultado de la decid\u00eda con la que act\u00fao el abogado de los aqu\u00ed interesados, al no recurrir la determinaci\u00f3n de primer grado a trav\u00e9s de la cual se zanj\u00f3 la discusi\u00f3n en el proceso reivindicatorio que estos all\u00ed adelantaron, pese a que era ese el momento procesal oportuno con el que contaban los interesados para alegar las inconformidades que ahora plantean a trav\u00e9s del presente tr\u00e1mite excepcional, esto es, la declaratoria de nulidad de la sentencia al considerar que juez que profiri\u00f3 la misma no fue el mismo que escuch\u00f3 las alegaciones finales (Inciso 2, Art. 325 del C.G.P. Conc.137 ib\u00eddem). <\/p>\n
3. De este modo, como lo que ocurri\u00f3 fue que el representante judicial de los gestores del amparo dej\u00f3 de cuestionar el respectivo fallo ante el a quo (inciso 2, art. 134 cit), lo procedente era negar la invalidez procesal planteada, tal y como ocurri\u00f3 por auto del 19 de junio de 2019, en la medida en que el objetivo \u00faltimo era revivir la oportunidad procesal para cuestionar la sentencia de primera instancia; entonces, como el inconforme guard\u00f3 silencio contra tal providencia, cerrada le qued\u00f3 toda oportunidad de acudir a la presente senda, por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en reciente pronunciamiento dentro de un caso de similares matices al que ahora se analiza, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
4. Y no se diga que la decisi\u00f3n deb\u00eda ser notificada por edicto como lo plantean los censores, pues claramente la ley procesal vigente estableci\u00f3 el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, previniendo en una de las hip\u00f3tesis contempladas en art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General que proferida la sentencia, el asunto se tramitar\u00e1 \u00abconforme a la nueva legislaci\u00f3n\u00bb, sin que tampoco sea aceptable considerar que era forzoso para el despacho accionado advertirle al apoderado, \u00abcuando (\u2026) llegaba a revisar\u00bb la cartelera de edictos que su proceso ya estaba notificado, pues la norma procesal no contempla esa particular figura como viable de enteramiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada sobre este aspecto est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, comoquiera que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, se impone negar la salvaguarda rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnada, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justifica <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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