STC7526-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7526-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-00768-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 28 de abril de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Carlos Alberto Mantilla Guti\u00e9rrez contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente conculcados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El accionante sostuvo que, ante el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la Constructora Palo Alto y C\u00eda S. en Comandita. inici\u00f3 un proceso \u00abde expropiaci\u00f3n minero, criminal e il\u00edcito, para hacerse criminalmente a los predios de propiedad privada \u201cLote No.8\u201d y \u201cNacapava\u201d, de \u00e1reas ambientalmente protegidas prohibidas para el desarrollo de miner\u00eda, en contra de los derechos colectivos y privados\u00bb. <\/p>\n
2.2. Adujo que, pese a que desde hace m\u00e1s de siete a\u00f1os se inici\u00f3 el tr\u00e1mite para determinar la indemnizaci\u00f3n a pagar al demandado, \u00aba la fecha, 23 de marzo del a\u00f1o 2021, ese despacho no ha determinado la indemnizaci\u00f3n a pagar en el proceso de la referencia, argumentando uno y mil motivos\u00bb. <\/p>\n
2.3. Se quej\u00f3 de que \u00abque hayan transcurrido, casi 10 a\u00f1os, desde que se dict\u00f3 la sentencia para la expropiaci\u00f3n, el 2 de mayo de 2011, sin que se haya determinado el monto de la indemnizaci\u00f3n a pagar a los afectados por ese proceso criminal de expropiaci\u00f3n il\u00edcita, desarrollado en contra derechos colectivos y privados, y de toda la normatividad ambiental y minera nacional\u00bb. <\/p>\n
Censur\u00f3 que \u00abhayan transcurrido, seis meses, desde que ingreso el expediente al despacho para decidir sobre un recurso de reposici\u00f3n, y con esos vilos e incertidumbre se atente en contra del derecho a la seguridad jur\u00eddica a la que tenemos derecho todos los propietarios en Colombia, y que corresponde, en especial, al derecho de propiedad\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se ordene <\/p>\n
\u00abal Juzgado 49 civil del circuito de Bogot\u00e1, en el proceso de expropiaci\u00f3n minera, il\u00edcito, con radicaci\u00f3n n\u00famero No.11001310302220040045001, que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de veinticuatro (24) horas, env\u00ede con car\u00e1cter de urgente, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil, las providencias con la que se que resuelvan: <\/p>\n
2.1.- se resuelva el recurso de reposici\u00f3n, en mora de ser resuelto desde el d\u00eda 12 de agosto del a\u00f1o 2020, y <\/p>\n
2.2.- finalmente se tome la decisi\u00f3n, en mora de ser tomada desde hace 10 a\u00f1os, desde el d\u00eda 2 de mayo del a\u00f1o 2011, con la que se resuelve el monto de la indemnizaci\u00f3n que debe pagar la demandante Constructora palo alto y C\u00eda S. en C.. por la expropiaci\u00f3n del inmueble INOCUPABLE con miner\u00eda, e INEXPROPIABLE para miner\u00eda; INALIENABLE e IMPRESCRIPTIBLE; denominado Nacapava identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.50N-20746639, de reservas forestales nacionales, de inter\u00e9s ecol\u00f3gico nacional, y de especial importancia estrat\u00e9gica, adquirido como cuerpo cierto y por linderos, de una extensi\u00f3n de 55 hect\u00e1reas 1.724.73 metros cuadrados, conforme al levantamiento topogr\u00e1fico, anexo, que determin\u00f3 la extensi\u00f3n superficiaria real de ese predio alinderado en la escritura P\u00fablica No.1.024 de 28 de diciembre de 2001 de la Notaria \u00fcnica de La calera, Departamento de Cundinamarca\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que \u00aben esta sede curs\u00f3 el proceso No. 11001310302220040045001 cuyo expediente fue remitido por las medidas de descongesti\u00f3n, en un principio al Juzgado 6\u00b0 de Descongesti\u00f3n del Circuito de Bogot\u00e1, hoy Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el pasado 8 de septiembre de 2015, tal y como consta en el reporte que se adjunta, raz\u00f3n por la cual, me atengo a lo all\u00ed actuado y manifiesto la imposibilidad de notificar a los intervinientes del juicio\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00absolo fue hasta el 23 de noviembre de 2017, que el Despacho mediante auto requiri\u00f3 a la parte demandante para que indicara si aceptaba expresamente al se\u00f1or Mantilla Guti\u00e9rrez, como sustituto de la convocada se\u00f1ora Alba Tulia Pe\u00f1arete. Por ende, antes el accionante no era ni fue parte en este Proceso\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el se\u00f1or Mantilla fue reconocido como sucesor de la demandada Pe\u00f1arete y, desde ese momento, \u00abha recurrido casi el ciento por ciento de los autos proferidos por este Estrado, por lo que desde dicha data a la fecha ha presentado sus memoriales en m\u00e1s de tres mil (3.000) folios. Asimismo, ha acusado m\u00e1s de diez (10) Acciones Constitucionales\u00bb. En tal sentido, consider\u00f3 que \u00abel accionante ha entorpecido el tr\u00e1mite normal del proceso y a la fecha no se ha resuelto la objeci\u00f3n al dictamen rendido por el perito del IGAC, m\u00e1xime que al auxiliar se le orden\u00f3 aclarar su experticia, tr\u00e1mite que no ha acontecido en la litis\u00bb. <\/p>\n
Apuntal\u00f3 que, a efectos de darle impulso al proceso, \u00abse orden\u00f3 al auxiliar presentar las aclaraciones solicitadas por la demandada, como por el Despacho, para as\u00ed continuar con el tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n, la que se inici\u00f3 conforme al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, am\u00e9n que se rechaz\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n de la fecha, por extempor\u00e1neo\u00bb. <\/p>\n
3. Ricardo Vanegas Sierra, actuando como representante legal de la Sociedad Constructora Palo Alto y C\u00eda S. en C., sentenci\u00f3 que si el proceso no se ha terminado despu\u00e9s de 17 a\u00f1os es debido \u00aba los m\u00faltiples recursos, apelaciones, nulidades y Acciones de Tutela que el abogado Carlos Mantilla le ha interpuesto\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el resguardo. Para ello, sostuvo, de una parte, que \u00abno aparece demostrado que el Juzgado fustigado haya incurrido en mora judicial injustificada, si en cuenta se tiene que durante el tr\u00e1mite del proceso de expropiaci\u00f3n criticado, se han presentado m\u00faltiples recursos contra todas las providencias expedidas, como lo indic\u00f3 en su informe el Juzgado 49 Civil del Circuito y se corrobora al hacer la consulta de procesos en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, y variadas solicitudes que constituyen un motivo razonable que explica el lento avance de la actuaci\u00f3n. A ello se suma, las diversas acciones de tutela propiciadas que imponen que se deba emitir respuesta a los jueces constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Por el otro lado, advirti\u00f3 que \u00abes un hecho notorio la situaci\u00f3n de salubridad p\u00fablica que atraviesa la humanidad, respecto de la cual el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura ha implementado una serie de medidas para la dispensaci\u00f3n del servicio de justicia mediante la comunicaci\u00f3n virtual y el trabajo en casa de los funcionarios judiciales, sin que a\u00fan se cuente con las herramientas necesarias para desarrollar normalmente las labores\u00bb. <\/p>\n
A su turno, aludi\u00f3 a que el recurso de reposici\u00f3n fue decidido el 26 de abril del 2021, en auto que lo deneg\u00f3 por extempor\u00e1neo y que, adem\u00e1s, \u00aben otro auto de la misma fecha se requiri\u00f3 al perito para que rindiera las aclaraciones pedidas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Destac\u00f3 que el juzgador accionado \u00abconfiesa, que mantuvo frenado el tr\u00e1mite de establecimiento de la indemnizaci\u00f3n, en abierta violaci\u00f3n del debido proceso, por m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os, desde el d\u00eda 26 de enero del a\u00f1o de 2017, SIN NOTIFICACI\u00d3N AL PERITO, en una di\u00e1fana CONFISCACI\u00d3N DE HECHO\u00bb. Por otro lado, aludi\u00f3 a que tal autoridad judicial \u00abconfiesa, en su contestaci\u00f3n a la petici\u00f3n de tutela, que mantuvo frenado el tr\u00e1mite del recurso de reposici\u00f3n desde el d\u00eda 20 de junio del a\u00f1o 2020, por diez (10) meses, tal como se evidencia del simple conteo de los meses que han transcurrido desde el mes de junio del a\u00f1o 2020\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, se queja el gestor de la mora incurrida por el juzgador accionado para resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto desde el 12 de agosto del 2020, as\u00ed como para definir el monto de la indemnizaci\u00f3n \u00abque debe pagar la demandante Constructora palo alto y C\u00eda S. en C.. por la expropiaci\u00f3n del inmueble INOCUPABLE con miner\u00eda, e INEXPROPIABLE para miner\u00eda; INALIENABLE e IMPRESCRIPTIBLE; denominado Nacapava (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, el prove\u00eddo del Tribunal habr\u00e1 de ser confirmado por las razones que se expresan a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. Respecto a la resoluci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n interpuesto el pasado 12 de agosto del 2020, de las probanzas obrantes en el plenario se observa que el juzgado profiri\u00f3 auto el 26 de abril del 2021, mediante el cual rechaz\u00f3 de plano \u00abel recurso de reposici\u00f3n impetrado en contra del auto de 13 de julio de 2020, por extempor\u00e1neo\u00bb. Para el efecto, explic\u00f3 que \u00abobs\u00e9rvese que el auto recurrido se notific\u00f3 en anotaci\u00f3n del estado No 046 de 14 de julio del mismo a\u00f1o, como se lo indica el Decreto 820 de 2020. Por lo que a la data de presentaci\u00f3n del mismo (Agosto 12), estaba fuera de t\u00e9rmino\u00bb1. <\/p>\n
Tal circunstancia constata que la reclamaci\u00f3n que enfila el suplicante fue atendida por la autoridad accionada en el curso de la primera instancia constitucional, lo cual denota que la queja perdi\u00f3 eficacia frente a la censura propuesta. <\/p>\n
Ciertamente, en lo tocante con la figura del hecho superado, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que la tutela pierde su fuerza \u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo\u00bb, por lo que como \u00abse pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo\u00bb2. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto a la mora judicial presuntamente incurrida por el despacho para fijar el monto de la indemnizaci\u00f3n como consecuencia de la declaratoria de expropiaci\u00f3n del inmueble objeto de la controversia, advierte esta Sala que aquella tampoco se encuentra configurada. <\/p>\n
Tocante al tema, la doctrina sobre la espec\u00edfica materia determina que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional, son aquellos que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, los que sean el producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb3. <\/p>\n
De igual manera la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones ‘injustificadas’, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, ha expuesto que: <\/p>\n
\u00ab[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u00bb4. <\/p>\n
Bajo tales lineamientos, en el caso en concreto no es posible predicar la existencia de una demora injustificada en torno a la fijaci\u00f3n del monto de la indemnizaci\u00f3n. Ciertamente, resulta palmario que las actuaciones surtidas no revelan comportamientos negligentes, arbitrarios o dilatorios de la dependencia judicial accionada. <\/p>\n
Por el contrario, de las explicaciones brindadas por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y de las pruebas aportadas, se colige que este juzgado profiri\u00f3 sentencia el 5 de mayo del 2011, en la cual decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n del predio por causa de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social. Adem\u00e1s, que una vez se posesion\u00f3 el perito del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para estimar el valor del bien y, separadamente, la indemnizaci\u00f3n en favor de los interesados, rindi\u00f3 dictamen el 15 de enero del 2013. Surtido el traslado de este a las partes, se allegaron varios escritos en los que se solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y se objet\u00f3. <\/p>\n
Ahora, si bien se observa que desde el 2017 se orden\u00f3 al perito aclarar el dictamen rendido sin que se le hubiese remitido comunicaci\u00f3n alguna, por auto del 26 de abril del 2021, se orden\u00f3 \u00abal perito, aclarar y complementar el dictamen rendido, en la forma solicitada por la parte demandada en escrito obrante a folio 1711 y s.s., as\u00ed como en auto de 26 de enero de 2017, Fol. 4.766, previamente a resolver. Comun\u00edquesele por el medio m\u00e1s expedito\u00bb5. <\/p>\n
Por tanto, es claro que la autoridad judicial accionada est\u00e1 impulsando el proceso a efectos de fijar el monto de la correspondiente indemnizaci\u00f3n. Con todo, si ha existido retraso en la decisi\u00f3n definitiva, no se vislumbra que esta sea producto de una evidente desidia de la convocada, sino que ha obedecido a las m\u00faltiples intervenciones de los sujetos procesales, en especial del quejoso, quien ha presentado diversidad de recursos, peticiones, denuncias penales y disciplinarias, as\u00ed como incidentes de nulidad y varias acciones de tutela -que implicaron el pr\u00e9stamo del expediente a los distintos despachos-. <\/p>\n
Tal circunstancia ya hab\u00eda sido advertida por esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC1202 del 12 de febrero del 2021 (exp. 2020-01921-01), en la que se sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abBajo las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 del reproche que formula el querellante y atendiendo a los elementos de juicio que se adosaron al expediente, prontamente se advierte que no existe la transgresi\u00f3n por aquel denunciada, y en tal sentido habr\u00e1 de refrendarse el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, pues el accionado no ha incurrido en el comportamiento de mora judicial injustificada que se le atribuy\u00f3 en el libelo introductor. <\/p>\n
En efecto, de las explicaciones brindadas por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y de las pruebas aportadas, se colige con suficiencia que, en el juicio cuestionado el 5 de mayo de 2011 se emiti\u00f3 sentencia que resolvi\u00f3 \u00abDecretar la expropiaci\u00f3n por causa de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social a favor de la sociedad constructora Palo Alto y C\u00eda. S. en C., del lote objeto de litigio\u00bb y una vez que se posesion\u00f3 el perito del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para estimar el valor del bien y separadamente la indemnizaci\u00f3n a favor de los interesados, rindi\u00f3 el dictamen el 15 de enero de 2013 y surtido el traslado del mismo a las partes, se allegaron varios escritos solicitando aclaraci\u00f3n y objeciones. <\/p>\n
De igual modo, se observa que, aclarada la experticia, se dio tr\u00e1mite a las oposiciones en atenci\u00f3n al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hall\u00e1ndose actualmente el asunto al despacho para resolver al respecto junto con otros memoriales presentados por el quejoso. <\/p>\n
Igualmente, se vislumbra que, a lo largo del juicio, el actor ha presentado diversidad de recursos, peticiones, denuncias penales y disciplinarias, as\u00ed como solicitudes de nulidad que han suscitado retraso en el tr\u00e1mite normal de la actuaci\u00f3n, conforme lo destac\u00f3 la magistratura de primera instancia, por tanto, no se puede predicar de la autoridad encartada una patente vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores del extremo accionante. (\u2026) <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando las demoras presentadas en el normal adelantamiento del tr\u00e1mite procesal objeto de la queja, no son producto de una evidente desidia de la autoridad convocada, sino que obedecen a las m\u00faltiples intervenciones de los sujetos procesales, en especial del quejoso, que han impedido resolver sobre la objeci\u00f3n al dictamen y as\u00ed continuar con las dem\u00e1s etapas del asunto\u00bb (Subrayado propio). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no se halla configurada la violaci\u00f3n a los derechos fundamentales alegada, sin que sea esta la instancia para resolver sobre las presuntas irregularidades en que considera incurri\u00f3 el Despacho o los supuestos delitos que, a juicio del accionante, confes\u00f3 el juzgado en la contestaci\u00f3n a esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En efecto, son otras las v\u00edas que debe agotar ya sean de orden penal o disciplinario. Es en dichas instancias en donde debe exponer la situaci\u00f3n concreta ante las entidades competentes, y asumir la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026 si \u2026 [el accionante] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4.- En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 PDF \u00ab049JUZ 49 AUTO ESTADO No. 38 27-04-2021\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC 21 jun. 2012, rad. 00121-01; citada en CSJ STC2539-2016, 2 mar. 2016, rad. 2016-00355-00; reiterada en CSJ STC8051-2020, 1\u00ba oct, rad 2020-02516-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC abr. 29 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, may. 30 de 2019, rad. 2019-01579-00. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02 citada en CSJ STC2157-2020, feb. 28 de 2020, rad. 2019-02531-01. <\/p>\n
5\u0002 Folio 2 del PDF \u00ab033JUZ AUTO PREVARICATO Y SIN FIJAR TERMINO AL PERITO ESTADO No. 38 27-04-2021\u00bb. <\/p>\n
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STC7526-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7526-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-00768-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 28 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54953","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54953"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54953\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}