STC7528-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7528-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2020-00411-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la tutela promovida por Sermedic I.P.S. S.A.S. frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d adelantado por el Sindicato Antioque\u00f1o de Anestesiolog\u00eda a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora demanda la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por el accionado. <\/p>\n
2. Acota, como fundamento del ruego, que fue demandada dentro del juicio compulsivo materia de resguardo, asunto en el cual, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, emiti\u00f3 el mandamiento de pago exigido por el reclamante. <\/p>\n
Aduce que el 14 de agosto de 2020, recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico, inform\u00e1ndosele sobre el inicio de ese litigio; empero, \u201c(\u2026) los archivos adjuntos nunca pudieron ser abiertos en debida forma (\u2026)\u201d, por tanto, requiri\u00f3 al ejecutante hacerle entrega del apremio coercitivo y de una copia de la demanda para conocer su contenido. <\/p>\n
Sostiene que, el 18 de ese mes y a\u00f1o, recibi\u00f3 los documentos solicitados, motivo por el cual, el 3 de septiembre siguiente, present\u00f3 la r\u00e9plica al libelo introductor, proponiendo excepciones de m\u00e9rito dirigidas a derruir las pretensiones invocadas, por tratarse del cobro de una obligaci\u00f3n inexistente. <\/p>\n
Manifiesta que, no obstante lo anterior, el convocado, \u201cel 10 de septiembre [pasado], profiri\u00f3 auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u201d y decret\u00f3 el remate de los bienes embargados, pues consider\u00f3 extempor\u00e1nea la \u201ccontestaci\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n
Afirma que solicit\u00f3 al tutelado la \u201caclaraci\u00f3n\u201d de esa determinaci\u00f3n, en el sentido de indicarle el motivo por el cual no se emiti\u00f3 sentencia ni se le permiti\u00f3 ejercer una \u201cdefensa t\u00e9cnica\u201d de sus intereses; empero, ese pedimento nunca fue atendido. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado criticado, \u201caceptar la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d, y tramitar las excepciones de fondo deprecadas en el comentado litigio. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder e indic\u00f3 que la aclaraci\u00f3n solicitada por la gestora fue resuelta en prove\u00eddo de 7 de diciembre pasado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o [se] encuentra arbitrariedad ni capricho en el proceder del Despacho accionado, toda vez que sus decisiones se basaron en una aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n normativa y probatoria, l\u00f3gica, razonada, coherente y arm\u00f3nica con las normas procesales, en lo que respecta a los t\u00e9rminos para para tener por notificada a la demandada, los de traslado y el l\u00edmite para contestar la demanda\u201d. <\/p>\n
\u201cDe las pruebas allegadas al expediente, se demostr\u00f3 que la parte accionante \u2013 demandada – contest\u00f3 extempor\u00e1neamente la demanda ejecutiva, toda vez que recibi\u00f3 la notificaci\u00f3n personal mediante correo electr\u00f3nico del 14 de agosto de 2020 a las 08:19:10, dirigido al correo electr\u00f3nico yudye-84@hotmail.com; correo que fue abierto el mismo d\u00eda por la demandada a las 08:21:23 seg\u00fan certificado del Sistema Certimail; por ende, seg\u00fan el inciso 3 del art\u00edculo 8 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, la notificaci\u00f3n personal se tuvo como realizada transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del correo electr\u00f3nico, esto es, el 19 de agosto de 2020; por tanto, el plazo m\u00e1ximo para presentar la contestaci\u00f3n de la demanda era el 2 de septiembre de 2020\u201d. <\/p>\n
\u201cAl presentarse el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda el 3 de septiembre de 2020 a las 22:42, le asisti\u00f3 raz\u00f3n al Juzgado tutelado para entender como extempor\u00e1neo su escrito\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La interpuso la quejosa repitiendo los mismos argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor y resaltando que el derecho sustancial debe preponderar sobre las formas del proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el caso bajo estudio fue iniciado bajo la \u00e9gida del actual Estatuto Adjetivo Civil y, por tanto, la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago debi\u00f3 hacerse al abrigo de las reglas demarcadas en ese plexo legal; sin embargo, la orden de apremio fue publicitada conforme al tr\u00e1mite establecido en el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La promotora del ruego critica la decisi\u00f3n del juzgado fustigado, mediante la cual dio por extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n realizada frente a la demanda incoada en su contra en el pleito sublite. <\/p>\n
2. Se negar\u00e1 el auxilio por la desatenci\u00f3n del requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la interesada no utiliz\u00f3 los instrumentos a su alcance para atacar la determinaci\u00f3n ahora reprobada. <\/p>\n
En efecto, la decisi\u00f3n de rechazar su \u201ccontestaci\u00f3n de la demanda\u201d era susceptible de impugnarse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, procedentes a voces de lo establecido en el art\u00edculo 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso1; empero, la accionante no hizo uso de esas herramientas. <\/p>\n
3. No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Con todo, si la quejosa consideraba que se encontraba indebidamente notificada del mandamiento de pago emitido en litigio bajo estudio, ha debido alegar, dentro de ese asunto, la nulidad contemplada en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso3; empero, ninguna prueba aportada a esta senda demuestra que as\u00ed haya actuado. <\/p>\n
Por tanto, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues la petente pretende un pronunciamiento, sobre aspectos que deben ser puestos en conocimiento y solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Ahora, la censura elevada con relaci\u00f3n a la tardanza del convocado en resolver la \u201caclaraci\u00f3n\u201d incoada frente al auto de 10 de septiembre de 2020, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto, estando en tr\u00e1mite este ruego, el juzgado, en prove\u00eddo de 7 de diciembre de 2020, le indic\u00f3 a la quejosa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el auto que ordeno seguir adelante la ejecuci\u00f3n, efectivamente se hizo alusi\u00f3n a la contestaci\u00f3n presentada por la sociedad demandada SERMEDIC IPS, y se indic\u00f3 que no se ten\u00eda en cuenta la misma, atendiendo que hab\u00eda sido presentada de forma extempor\u00e1nea, lo que dio lugar a emitir dicha actuaci\u00f3n conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 440 del C.G.P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por tanto, se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales la petente encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, pues el pronunciamiento extra\u00f1ado por aqu\u00e9lla ya fue proferido, configur\u00e1ndose as\u00ed un hecho superado frente a ese punto. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El art\u00edculo 321 del C\u00f3digo de General del Proceso, expresa cuales autos proferidos en primera instancia son apelables. Entre los cuales encontramos \u201cEl que rechace la demanda, su reforma o la contestaci\u00f3n a cualquiera de ellas\u201d (resaltado propio). <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
3\u0002 \u201cEl proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (\u2026) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u201d. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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