STC7529-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7529-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00256-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 10 de mayo de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la acci\u00f3n de tutela promovida por AZ Mart\u00ednez Arroyo y Compa\u00f1\u00eda S. en C., en liquidaci\u00f3n, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual\u201d iniciado por CIB Center For Integrated Business S.A.S., a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La interesada reclama la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, supuestamente quebrantado por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
CIB Center For Integrated Business S.A.S. inici\u00f3 el litigio materia de resguardo, alegando que AZ Mart\u00ednez Arroyo y Compa\u00f1\u00eda S. en C. en liquidaci\u00f3n, inici\u00f3 una obra de construcci\u00f3n, la cual ocasion\u00f3 da\u00f1os a un predio de su propiedad, ubicado en la carrera 47 No. 73-13 de Barranquilla. <\/p>\n
Ese litigio fue zanjado por el Juzgado Noveno de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de la citada ciudad, en sentencia de 15 de julio de 2019, deneg\u00e1ndose las pretensiones invocadas, pues no se demostr\u00f3 el perjuicio demandado. <\/p>\n
El mencionado fallo fue recurrido por el extremo activo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al despacho del circuito fustigado, quien, en prove\u00eddo de 1\u00b0 de febrero de 2021, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, para, en su lugar condenar a la aqu\u00ed tutelante al pago de $8.751.678, por concepto de \u201cda\u00f1os materiales\u201d. <\/p>\n
Considera la promotora que el estrado fustigado incurri\u00f3 en \u201cdefecto sustantivo y f\u00e1ctico\u201d, porque, partiendo de la validez de un \u201c\u00fanico documento\u201d, la declar\u00f3 civilmente responsable por un \u201cda\u00f1o futuro\u201d inexistente y no por la afectaci\u00f3n real alegada por la demandante, la cual no fue demostrada dentro del asunto criticado. <\/p>\n
Asegura que el convocado en su decisi\u00f3n tuvo en cuenta pruebas allegadas por la demandante de forma extempor\u00e1nea, pues las mismas se aportaron hasta el momento de sustentar la alzada deprecada contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, dejar sin efecto la sentencia proferida por el estrado criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desplegadas dentro del pleito sublite y solicit\u00f3 declarar improcedente el ruego, por cuanto \u201csus decisiones se han ajustado al lineamiento legal dispuesto para esa clase de procesos\u201d. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se comprueba que el Juzgador tutelado hiciera un an\u00e1lisis aislado de cada uno de los aspectos puestos a consideraci\u00f3n o que solamente se basara en un \u00fanico documento, sino que, por el contrario, realiz\u00f3 un estudio conjunto del caso y del acervo probatorio, deduciendo que s\u00ed exist\u00eda el m\u00e9rito para la decisi\u00f3n censurada, que no se basa en expectativas o situaciones futuras como alega la ahora accionante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La gestora impugn\u00f3 insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas supralegales dentro del comentado decurso y resaltando, nuevamente, los defectos alegados en el escrito genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La accionante censura, por un lado, el fallo de 1\u00b0 de febrero de 2021, emitido en segunda instancia por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla dentro del litigio subex\u00e1mine y, por el otro, la supuesta valoraci\u00f3n que hizo esa autoridad sobre pruebas aportadas por la parte all\u00ed demandante, de forma extempor\u00e1nea. <\/p>\n
2. El convocado, al zanjar la alzada impetrada en el litigio criticado, evidenci\u00f3 que el argumento expuesto por el a quo para denegar las pretensiones invocadas en el proceso no pod\u00eda sostenerse, por cuanto estaban probados los presupuestos necesarios para establecer una responsabilidad civil extracontractual a cargo de la empresa all\u00ed accionada. <\/p>\n
En efecto, la autoridad refutada, para resolver el pleito sublite, empez\u00f3 por indicar que el siniestro alegado, devino de la obra de construcci\u00f3n adelantada por la sociedad demandada, la cual, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corte, es catalogada como una actividad peligrosa, por tanto, al reclamante \u00fanicamente le asist\u00eda el deber de \u201cacreditar el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad, mientras que quien desarrolla, opera o tiene el poder de disposici\u00f3n o control de aquella, para liberarse de tal imputaci\u00f3n debe acreditar una causa extra\u00f1a\u201d. <\/p>\n
Para abordar esta tem\u00e1tica el convocado, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e verdad que la colindancia, ubicaci\u00f3n, cercan\u00eda de los dos inmuebles, el de propiedad de la demandada donde se realizaban las obras, y el de la demandante, donde presuntamente se sufrieron los da\u00f1os, est\u00e1 acreditada, y, de paso, tambi\u00e9n lo est\u00e1 la ocurrencia del hecho presuntamente generador de los da\u00f1os\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, en su interrogatorio de parte como representante legal de la firma AZ Mart\u00ednez Arroyo y Compa\u00f1\u00eda S en C. en Liquidaci\u00f3n, el se\u00f1or Arturo Mart\u00ednez Iglesias, acepta que ejecutaba una obra. A la pregunta de si hab\u00eda sido requerido por permisos administrativos de la obra responde: \u201cnunca se me cito (\u2026) para responder [a] cualquier caso que haya pasado en la obra, nunca me cito una entidad judicial y menos de la curadur\u00eda y control urbano de Barranquilla\u201d (\u2026). Mas adelante agrega: Aqu\u00ed est\u00e1 la obra terminada que es puro vidrio, entonces a m\u00ed me extra\u00f1a que diga que se cay\u00f3 una pared\u201d. <\/p>\n
\u201cDe tal manera que no niega que ejecutaba una obra de construcci\u00f3n, tal cual se afirma en el escrito de demanda\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, al interrogado se le mostraron por parte del funcionario judicial la impresi\u00f3n de fotograf\u00edas allegadas por la parte demandante con su escrito de demanda\u201d <\/p>\n
\u201cEntonces, exhibidas las fotograf\u00edas por el se\u00f1or juez el representante legal en ning\u00fan momento desconoce lo que ellas muestran; el interrogado no niega en ning\u00fan momento que esas fotograf\u00edas muestren la construcci\u00f3n y su cercan\u00eda con el predio de la demandante. Es m\u00e1s, pasa a justificar su conducta para dejar sentado que con la construcci\u00f3n no ocasion\u00f3 da\u00f1os al predio vecino\u201d. <\/p>\n
\u201cLa vecindad de los predios se deja entender de lo dicho por el interrogado, en cuanto justifica que no hay da\u00f1os, y porque se hace referencia a las fotograf\u00edas que se est\u00e1n exhibiendo en las cuales destaca la primera del folio 09, la cual muestra una construcci\u00f3n en ejecuci\u00f3n de dos plantas y a su lado un edificio de la misma altura con fachada completamente acabada\u201d. <\/p>\n
\u201cSabiendo el interrogado, como deb\u00eda saberlo por la existencia del proceso judicial y del acto procesal que se estaba llevando a cabo en el mismo, que esas fotograf\u00edas proven\u00edan del demandante, tambi\u00e9n deb\u00eda saber que el demandante pretend\u00eda acreditar la construcci\u00f3n, la vecindad con su predio, y los da\u00f1os. La conducta procesal del demandado es clara; no niega la construcci\u00f3n ni la cercan\u00eda, es decir la colindancia, s\u00f3lo niega los da\u00f1os\u201d. <\/p>\n
\u201cDe tal manera que consideramos acreditado el hecho, es decir el proceso de construcci\u00f3n, y las circunstancias de colindancia entre el predio en construcci\u00f3n y el predio de la demandante\u201d. <\/p>\n
Haciendo suyas las palabras de esta Corte, explic\u00f3 que, en una actividad como la desplegada por la sociedad accionada, \u201c(\u2026) se pueden causar (\u2026) da\u00f1os a los vecinos y a terceras personas, y de ah\u00ed que el due\u00f1o o el constructor de la edificaci\u00f3n o la obra deban tomar las precauciones necesarias y poner el mayor cuidado en la ejecuci\u00f3n de \u00e9sta para prevenir aquellos perjuicios y para conjurar la responsabilidad civil que tales da\u00f1os podr\u00edan acarrearle\u201d <\/p>\n
Indic\u00f3 que, si bien la demandante no demostr\u00f3 la totalidad de los da\u00f1os por ella alegados, lo cierto es, el perjuicio relacionado con el \u201ctraslado de un equipo de aire acondicionado\u201d, s\u00ed estaba plenamente acreditado. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn la segunda fotograf\u00eda del folio 10, se observa equipo de refrigeraci\u00f3n con tubos de conducci\u00f3n salpicados, y al costado izquierdo, pared en cemento en obra gris, sin terminado alguno. En las dos fotograf\u00edas del folio 11, se observan los equipos de aire acondicionado con salpicaduras; en la segunda fotograf\u00eda de este folio al costado izquierdo se observa elemento en material, sin terminado alguno. En las dos fotograf\u00edas del folio 12, se vuelven a apreciar equipos de aire acondicionado con salpicaduras, y en el costado derecho de la segunda fotograf\u00eda se observa elemento en material sin repellar\u201d. <\/p>\n
\u201cYa tuvimos la oportunidad de concluir m\u00e1s arriba, que cuando el representante legal de la sociedad demandada, en su interrogatorio, se le pusieron de presente estas fotograf\u00edas, no neg\u00f3 que las mismas provinieren de la construcci\u00f3n que adelantaba, y por el contrario acept\u00f3 esa procedencia, aun cuando neg\u00f3 los da\u00f1os\u201d. <\/p>\n
\u201cEl traslado de los equipos de aire acondicionado est\u00e1 acreditado con la factura de venta visible a folio 15\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este proceso no se acreditan antecedentes que justifiquen el traslado de los equipos distintos a la necesidad de protegerlos de las salpicaduras de la construcci\u00f3n en el predio contiguo (\u2026) ya que su solo traslado gener\u00f3 una erogaci\u00f3n de m\u00e1s de ocho millones de pesos\u201d. <\/p>\n
\u201cLa fecha del traslado, en d\u00edas anteriores al 07 de marzo de 2016 seg\u00fan la fecha de facturaci\u00f3n, fecha cercana al mes de enero de 2016, que seg\u00fan el hecho tercero del escrito de demanda es la \u00e9poca en que se le ocasionaron los da\u00f1os al demandante\u201d. <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Lo pretendido por la promotora es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por el juzgado accionado en la sentencia cuestionada, de la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente y del an\u00e1lisis de la jurisprudencia aplicable al caso. <\/p>\n
N\u00f3tese, el despacho tutelado fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que, la responsabilidad civil endilgada a la sociedad accionada deviene del ejercicio de actividades peligrosas, dada la obra de construcci\u00f3n adelantada por aqu\u00e9lla dentro de un predio contiguo a un inmueble de propiedad de la demandante, por tanto, al estar probado el da\u00f1o y el nexo causal entre el siniestro y dicha actividad, a la demandada le asist\u00eda el deber de demostrar la existencia de un factor extra\u00f1o para lograr derruir la presunci\u00f3n de culpabilidad puesta en su contra; sin embargo, ninguna prueba la exoneraba al respecto. <\/p>\n
Frente al tema de actividades peligrosas, esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde cuando en los a\u00f1os treinta del siglo pasado la Corte se enfoc\u00f3 en darle una nueva lectura al art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil para distinguirlo del precepto 2341 de la misma obra y concluir que el primero no pod\u00eda ser repetici\u00f3n del segundo, que a juzgar por sus ejemplos y su posici\u00f3n en el articulado concerniente a la responsabilidad extracontractual, disciplinaba un especie de culpa aquiliana distinta, caracterizada porque el da\u00f1o puede imputarse a malicia o negligencia (Cfr. GJ. CLXI n\u00b0s. 2040-2041, p\u00e1g. 379), comenz\u00f3 a perfilarse en Colombia una particular especie de responsabilidad, quiz\u00e1s siguiendo la doctrina que la corte de casaci\u00f3n francesa adopt\u00f3 en el memorable asunto Jand\u2019heur (y antes el Teffaine), que luego ese Tribunal galo abandon\u00f3, atinente a la responsabilidad por el hecho de la cosa \u201cen raz\u00f3n de los peligros que ella puede hacer correr a otro\u201d. <\/p>\n
\u201cDesde esa \u00e9poca hasta la presente ha acudido la Corporaci\u00f3n a diversos criterios para determinar cu\u00e1ndo se est\u00e1 frente a una actividad que pueda calificarse como \u201cpeligrosa\u201d y asimismo ha reputado como tal algunas en las que la raz\u00f3n natural o sind\u00e9resis impone esa conclusi\u00f3n (\u201cla conducci\u00f3n de veh\u00edculos (SC 14 mar. 1938); \u00abun convoy de ferrocarril en movimiento\u00bb (CSJ SNG 19 may. 1939, GJ t. XLVIII, p\u00e1g. 801); el manejo de un avi\u00f3n (CSJ SNG 15 jun. 1944, GJ t. LVII, p\u00e1g. 851); el uso de un tractor (SC 2 may. 2007, rad. 1997-03001-01); la manipulaci\u00f3n de armas a que se refiere expresamente el ordinal primero del citado art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil (SC 20 ene. 2009, rad. 1993-00215-01); la realizaci\u00f3n de obras de construcci\u00f3n (SC 27 abr. 1972, GJ t. CXLII p\u00e1g. 173 y 9 dic. 2008, rad. 1999-00206-01); la generaci\u00f3n, transformaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica (SC 8 oct. 1992, CCXIX, p. 523 y SC 19 dic. 2008, rad. 1999-02191-01); y labores de explotaci\u00f3n en una mina subterr\u00e1nea de carb\u00f3n (SC9788-2014)\u201d, quema de predios (SC 16 abril 1970, GJ CXXXIV, p\u00e1g. 41), manejo de ascensores (SC del 1\u00b0 oct. 1963, GJ CIII, n\u00b0s. 2268-2269, p\u00e1g. 173), contaminaci\u00f3n ambiental (SC 30 abril 1976, GJ CLII y SC 16 mayo 2011, rad. 52835-3103-001-2000-00005-01), manipulaci\u00f3n de embalses (SC 017\u00aa-2004 de 3 marzo, rad. C-7623), etc\u201d. <\/p>\n
\u201cLa presunci\u00f3n a la que le brinda apoyo el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil tiene cabida en la medida en que fuere razonable su aplicaci\u00f3n, es decir \u201c… En aquellos casos en que el da\u00f1o proviene de un hecho que la raz\u00f3n natural permite imputar a la incuria o imprudencia de su autor…\u201d (G.J. T. CIJ\/, p\u00e1g. 108)\u201d (SC del 4 jun 2002, rad. 3382, GJ CCLVI, n\u00b0. 2455 p\u00e1g. 500. En el mismo sentido entre otras, SC012-1999 del 5 de mayo de 1999, rad. 4978) (\u2026)\u201d2 (resalta la sala). <\/p>\n
Ahora, sobre la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)3. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
4. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Por otro lado, no es cierto que el juzgado fustigado haya tenido en cuentas las pruebas aportadas por la demandante en sede de apelaci\u00f3n, pues esa autoridad al referirse a esas probanzas destac\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Inicialmente debe decirse que no pueden ser tenidos en cuenta para la valoraci\u00f3n probatoria, los documentos allegados por la parte demandante con memorial de 11 de julio de 2019, pues se trasgrede lo dispuesto en el art\u00edculo 164 del C.G del P., seg\u00fan el cual la decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas oportunamente allegadas al proceso, y el demandante no las alleg\u00f3 en la oportunidad propicia para ello, es decir con la demanda; ahora si las consideraba fundamentales para el proceso ha podido presentar una reforma de demanda, oportunidad en la cual tambi\u00e9n pueden allegarse pruebas. Por estas mismas razones no pueden tenerse en cuenta las impresiones de fotograf\u00edas insertas en el memorial con el cual se sustenta la apelaci\u00f3n en esta segunda instancia\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el hecho vulnerador alegado por el petente nunca existi\u00f3, por tanto, ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Colegiatura. <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d (negrillas propias)6. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC de SC5686 de 19 de diciembre de 2018, exp. 2004 00042 01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
7\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
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STC7529-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7529-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00256-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54955","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54955","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54955"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54955\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54955"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54955"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54955"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}