STC7531-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7531-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01766-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Alberto Rafael Ahumada Castillo contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, espec\u00edficamente frente a los magistrados Alfredo Castilla Torres, Yaens Castill\u00f3n Giraldo y Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual\u201d adelantado por Jessica Rosa Romero Hoyos al aqu\u00ed actor y otros. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor implora el amparo de los derechos al debido proceso y defensa, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Jessica Rosa Romero Hoyos inco\u00f3 ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla, el juicio materia de esta salvaguarda, con el fin de que se declarara civilmente responsable a Alberto Rafael Ahumada Castillo \u2013 aqu\u00ed gestor \u2013 y Jorge Luis Ahumada Mendoza, \u201cpor los da\u00f1os sufridos\u201d en el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 13 de septiembre de 2011. <\/p>\n
En el compendio f\u00e1ctico de ese litigio, se adujo que el siniestro ocurri\u00f3 cuando la all\u00ed reclamante, mientras conduc\u00eda su motocicleta, fue envestida por el veh\u00edculo de placas GNI-693, cuyo conductor omiti\u00f3 \u201cla se\u00f1al de pare para ingresar de la calle 31 a la carrera 8 de la [citada] ciudad\u201d. <\/p>\n
El tutelante fue vinculado a ese decurso, en calidad de propietario del referido automotor; sin embargo, la contestaci\u00f3n a la demanda por \u00e9l realizada fue presentada extempor\u00e1neamente. <\/p>\n
En sentencia de 27 de agosto de 2020, el despacho cognoscente emiti\u00f3 sentencia accediendo a las pretensiones invocadas, condenando a la parte pasiva a pagar el valor de ($259.066.113), por concepto de lucro cesante consolidado y futuro y da\u00f1o moral. <\/p>\n
El mencionado fallo fue recurrido por el petente, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien, en prove\u00eddo de 26 de octubre de 2020, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Considera el tutelante que dentro del litigio subex\u00e1mine, se conculcaron sus prerrogativas fundamentales, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) no tuv[o] defensa t\u00e9cnica ni material efectiva en ninguna de las etapas del proceso, inicialmente [su] abogada no present\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda en el tiempo estipulado por la ley, no ejerci\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n en las audiencias programadas y llevadas a cabo por el juez de primera instancia, y la \u00fanica defensa que hizo (\u2026), fue el recurso de apelaci\u00f3n pero falt\u00f3 atacar con argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos las pretensiones (\u2026), no aport\u00f3 prueba alguna y no controvirti\u00f3 las presentadas por la demandante\u201d. <\/p>\n
Afirma que las autoridades convocadas pasaron por alto: i) la falta de elementos de juicio sobre la existencia de la se\u00f1al de \u201cpare\u201d, aducida por los \u201cpatrulleros\u201d que levantaron el \u201ccroquis del accidente\u201d materia de litigio; y ii) el hecho de que la v\u00edctima hab\u00eda transgredido los postulados del art\u00edculo 94 de la Ley 769 de 2002, por tanto, deb\u00eda declararse la \u201cresponsabilidad compartida\u201d de los involucrados en el siniestro. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, ordenar a los convocados \u201cmodificar la sentencia\u201d emitida en el caso bajo estudio, exoner\u00e1ndolo del pago de la condena all\u00ed impuesta. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El juzgado criticado adujo que el ruego es improcedente porque el actor \u201ccont\u00f3 con la oportunidad de exponer sus razones de inconformidad y enervar las pretensiones\u201d invocadas dentro del pleito subex\u00e1mine; empero, \u201cno lo hizo en su momento preciso\u201d. <\/p>\n
2. El tribunal confutado solicit\u00f3 denegar el auxilio, por cuanto esa colegiatura no quebrant\u00f3 ninguna prerrogativa supralegal del petente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de Alberto Rafael Ahumada Castillo, con las actuaciones de los convocados, al declararlo civilmente responsable de los perjuicios alegados dentro del litigio bajo estudio. Esta Sala analizar\u00e1 el prove\u00eddo de 26 de octubre de 2020, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, puesto que con esa decisi\u00f3n el asunto aqu\u00ed censurado cobr\u00f3 fuerza ejecutoria. <\/p>\n
3. Se advierte que el auxilio no sale avante por carecer del presupuesto de inmediatez, pues, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, esto es, el 31 de mayo de 2021, y la determinaci\u00f3n del colegiado censurado, han transcurrido m\u00e1s de siete (7) meses, tiempo que supera el establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las autoridades convocadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. Si se pasara por alto la anterior exigencia, la salvaguarda tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por carencia del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Lo anterior, porque revisadas las pruebas aportadas a este auxilio, se constata que el promotor, por un lado, no contest\u00f3 la demanda presentada en el comentado decurso, desaprovechando esa oportunidad para enervar las pretensiones invocadas por el extremo activo. <\/p>\n
Y, por el otro, si bien recurri\u00f3 la sentencia de primera instancia, lo cierto es, dentro de los argumentos de la apelaci\u00f3n, no aleg\u00f3 los temas expuestos en este ruego, referentes a: i) la existencia de una \u201cresponsabilidad compartida\u201d de los involucrados en el siniestro demandado; ii) la falta de prueba sobre la presencia de una se\u00f1al de pare en el lugar donde ocurri\u00f3 el accidente de tr\u00e1nsito materia de litigio, iii) la carencia de \u201cjuramento estimatorio\u201d; y iv) la no demostraci\u00f3n del \u201clucro cesante\u201d, alegado por el extremo actor; desperdiciando, de esa forma, la oportunidad de que el tribunal, en segunda instancia, estudiara las censuras impetradas por esta excepcional v\u00eda referente a esos espec\u00edficos puntos. <\/p>\n
Veamos, el ad quem, al momento de zanjar la alzada, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) REPAROS DE LA APELANTE: A.- Qu\u00e9 no se encuentra demostrado el v\u00ednculo de Causalidad y la responsabilidad del demandado. B.- Que los patrulleros, sus informes y declaraciones solo tienen facultad legal para exponer hip\u00f3tesis de como posiblemente ocurrieron los hechos, pero que no tienen la calidad de plena prueba de la responsabilidad. C.- Que se opone a las sumas establecidas como reparaci\u00f3n, porque no se encuentran demostradas en el proceso\u201d. <\/p>\n
Incluso, con relaci\u00f3n a la censura del recurrente respecto del valor de la condena impuesta en primera instancia por conceto de \u201clucro cesante\u201d, el tribunal resalt\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta senda para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2. <\/p>\n
5. Ahora, el promotor del auxilio afirma que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica en el asunto discurrido, por cuanto su apoderado contest\u00f3 extempor\u00e1neamente la demanda presentada dentro del comentado litigio; empero, no hay lugar a acoger el ruego por la supuesta negligencia del vocero judicial del aqu\u00ed convocante, porque esta Corte ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En cuanto toca con la supuesta negligencia que el actor le endilga a su defensor, tal circunstancia no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (\u2026)\u201d.3 <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se denegar\u00e1 el resguardo incoado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Alberto Rafael Ahumada Castillo contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, espec\u00edficamente frente a los magistrados Alfredo Castilla Torres, Yaens Castill\u00f3n Giraldo y Abdon Sierra Guti\u00e9rrez, y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual\u201d adelantado por Jessica Rosa Romero Hoyos al aqu\u00ed actor y otros. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC, de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 2009-00508-01, reiterada, entre otros pronunciamientos 28 jun. 2012. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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