STC7532-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7532-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2021-00207-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la tutela que Uner Augusto Becerra Largo le instaur\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, extensiva a la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Fresno Tolima, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, ambas Regionales de Risaralda, Cristi\u00e1n V\u00e1squez Arias, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, Bancolombia S.A. y Suramericana de Seguros S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara al juez convocado, que \u00abordene a la compa\u00f1\u00eda seguros generales suramericana s.a. que consigne en 10 d\u00edas, la suma de la causion (sic) tomada en p\u00f3liza ordenada en accionen (sic) popular\u00bb, en favor de \u00abCristi\u00e1n V\u00e1squez Arias quien aparece como beneficiario en la p\u00f3liza\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, pidi\u00f3 que \u00abse pronuncie de (la) tutela la H C Constitucional y consigne si el art 441 CGP, se debe aplicar INMEDIATAMENTE a fin de garantizar art 29\u00bb y, que \u00ablo conceptuado por la Corte obre en acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por aparente error judicial que iniciar(\u00e1)\u00bb. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1al\u00f3 que en el \u00abejecutivo singular\u00bb seguido a continuaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular 206-00795, interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n \u00aba fin de que se aplicara lo que manda el art. 441 (del) CGP\u00bb, pero el a quo \u00abha negado sistem\u00e1ticamente\u00bb tal pedimento. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo, el Banco Bancolombia S.A. y la sociedad Suramericana de Seguros S.A., propusieron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al no dirigirse la s\u00faplica en su contra. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal de Pereira neg\u00f3 el auxilio porque \u00abel promotor (\u2026) carece de un inter\u00e9s leg\u00edtimo para actuar, pues, de existir alguna amenaza o violaci\u00f3n, esta es predicable exclusivamente de los derechos de quienes son parte en el mismo\u00bb, lo que se traduce en que \u00abel actor no es parte en dicho proceso, por tanto, ninguna decisi\u00f3n que defina el asunto, afecta sus intereses\u00bb, aunado a que solicita \u00abel amparo a favor de Cristi\u00e1n V\u00e1squez Arias, pero no allega el memorial poder especial correspondiente\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 el gestor manifestando que \u00aben el plenario de la acci\u00f3n, existe poder a (su) nombre otorgado por Cristi\u00e1n V\u00e1squez Arias\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se ha dicho que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la \u00abtutela\u00bb, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como el de la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, ya que en observancia del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, se sostiene que \u00e9sta: <\/p>\n
\u00abse refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07 citada en STC1148-2021). <\/p>\n
2.- En el sub ex\u00e1mine, confrontado el libelo con el expediente digital, se advierte la improcedencia de la salvaguarda por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, en tanto Becerra Largo no es el titular de la dispensa infringida, ni act\u00faa en nombre o como agente oficioso del perjudicado. <\/p>\n
Lo que se colige de la acci\u00f3n popular n\u00b0 2016-00795 y los ejecutivos acumulados (rad. 001-2018-00308), es que, quien funge como demandante es Cristi\u00e1n V\u00e1squez Arias, en tanto Uner Augusto no es parte ni tercero all\u00ed reconocido; de suerte que sus alegaciones apuntan al anhelo de eventuales \u00abprerrogativas\u00bb de las que no es \u00abtitular\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n en STC2076-2020, reiter\u00f3 que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb. <\/p>\n
3.- Ahora, aunque en el escrito de \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, el precursor afirm\u00f3, que \u00aben el plenario de la acci\u00f3n, existe poder a (su) nombre otorgado por Cristi\u00e1n V\u00e1squez Arias\u00bb, lo cierto es que el mismo no aparece acreditado. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, se ha dicho, que: <\/p>\n
\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-493\/07, 28 jun. 2007, citada por CSJ, STC1707-2020, 19 de feb. 2020 rad. 2020-00005-01, STC6029-2021, 28 may. 2021 rad. 2021-00197-01). <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, se destaca que, dada la naturaleza jur\u00eddica de la Corte Constitucional, que no es un \u00f3rgano consultivo, no puede pretenderse en esta \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, que se pronuncie acerca de \u00absi el art 441 CGP, se debe aplicar\u00bb al juicio colectivo confutado. <\/p>\n
5.- Ergo, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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