STC7534-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7534-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00181-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 4 de febrero de 2021, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Halliburton Latin America S.A. SRL \u2013Sucursal Colombia- frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 3, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral adelantado por V\u00edctor Julio Acevedo Casta\u00f1eda a la aqu\u00ed actora y a Colpensiones. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda promotora exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
V\u00edctor Julio Acevedo Casta\u00f1eda, promovi\u00f3 el litigio materia de este auxilio contra Halliburton Latin America S.A. LLC y Colpensiones, pretendiendo que se condenara, por un lado, a la aludida sociedad, a efectuar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social dejados de cancelar \u201cdurante los extremos del contrato individual de trabajo\u201d y a reconocerle la indemnizaci\u00f3n moratoria contemplada en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 797 de 1949 y, por otro, a la administradora de pensiones, a elaborar la liquidaci\u00f3n certificada de las semanas dejadas de cotizar. <\/p>\n
El decurso fue tramitado, en primera instancia, en el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien, en providencia de 4 de septiembre de 2014, orden\u00f3 a la aqu\u00ed censora, pagar, a favor del demandante, los aportes a pensi\u00f3n causados desde el 25 de noviembre de 1975 y hasta el 22 de mayo de 1991 y, a Colpensiones, recaudar el c\u00e1lculo actuarial. <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n fue modificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma urbe, el 21 de abril de 2015, al zanjar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Halliburton Latin America, en consecuencia, se dispuso tomar como ingreso base de cotizaci\u00f3n, para efectos del c\u00e1lculo actuarial, el consagrado en el Decreto 1887 de 1994. <\/p>\n
La empresa querellante inco\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; empero, la Sala especializada en Descongesti\u00f3n, mediante sentencia SL1718-2020 de 24 de junio de 2020, resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
En sentir de la inicialista, la judicatura fustigada, incurri\u00f3 en un defecto sustantivo por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 33 literal d)1 de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como el canon 2.2.16.7.18 del Decreto 1833 de 2016 y la Resoluci\u00f3n 4250 de 1993. <\/p>\n
Lo anterior, afirma, teniendo en cuenta que dichas disposiciones operan como una sanci\u00f3n cuando por \u201comisi\u00f3n el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a partir de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligaci\u00f3n de afiliarlos o de cotizar estando obligado a hacerlo\u201d. <\/p>\n
No obstante, precisa que la obligaci\u00f3n de afiliaci\u00f3n al Sistema de Pensiones para trabajadores de empresas petroleras surgi\u00f3 s\u00f3lo hasta el 1\u00ba de octubre de 1993, con la Resoluci\u00f3n 4250 de 1993, en esa medida, aduce, \u201cpara los per\u00edodos en los que se conden\u00f3 el pago no exist\u00eda la obligaci\u00f3n legal de realizar aportes\u201d. <\/p>\n
Por lo tanto, sostiene, la no realizaci\u00f3n de cotizaciones antes de la mencionada data, nunca se trat\u00f3 de una omisi\u00f3n legal, pues la misma se efectuaba bajo el amparo de la legislaci\u00f3n que as\u00ed lo permit\u00eda. <\/p>\n
En consecuencia, estima desacertada la aplicaci\u00f3n de una disposici\u00f3n de car\u00e1cter sancionatorio por parte de la autoridad encausada, para imputar el pago total de las cotizaciones, desconociendo \u201cla estructura tripartita del Sistema de Seguridad Social\u201d, establecida por la Corte Constitucional en sentencia T-281 de 2020. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efectos el pronunciamiento atacado y, en su lugar, ordenar a la colegiatura confutada, emitir una nueva decisi\u00f3n con \u201cestricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral solicit\u00f3 denegar el resguardo, se\u00f1alando que en la sentencia cuestionada se estudi\u00f3 el \u00fanico cargo presentado por la sociedad demandada, frente al cual se descart\u00f3 un error de hecho, por parte del ad quem en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, de ah\u00ed que las presunciones de legalidad y acierto se mantuvieran inc\u00f3lumes. <\/p>\n
En adici\u00f3n, indic\u00f3, las aserciones realizadas por la actora en el escrito introductor carecen de certeza, pues, en sede de casaci\u00f3n, nada afirm\u00f3 sobre la inexistencia de normas que la obligaran al pago del c\u00e1lculo actuarial ni lo relativo al principio de equidad. <\/p>\n
Por tanto, consider\u00f3 que los argumentos planteados por la censora eran hechos nuevos no alegados en el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n2. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, luego de narrar las actuaciones adelantadas en el decurso objeto de censura, manifest\u00f3 que las mismas se ajustaron a la ley procesal y la normatividad sustancial, sin desconocer los derechos fundamentales de la demandada en el proceso3. <\/p>\n
3. Celiano Ru\u00edz Silva, abogado interviniente en el juicio laboral reprochado, se opuso a las pretensiones expuestas por la accionante y defendi\u00f3 el proceder de los falladores de instancia, as\u00ed como de la colegiatura fustigada; adem\u00e1s, deprec\u00f3 negar el resguardo por desconocimiento del presupuesto de inmediatez4. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), manifest\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado judicial, que no fue parte dentro del proceso laboral objeto de reproche5. <\/p>\n
5. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e advierte que en el presente caso no se acredita el presupuesto de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, en tanto, el reclamo elevado en sede de tutela por la accionante no fue expuesto en su debida oportunidad dentro del proceso ordinario, concretamente, en la demanda de casaci\u00f3n y, en consecuencia, no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia que hoy se ataca v\u00eda tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a compa\u00f1\u00eda nada dijo en su demanda de casaci\u00f3n acerca del fundamento legal para la imposici\u00f3n del pago del c\u00e1lculo actuarial previsto en el art\u00edculo 33 de la ley 100 de 1993, a pesar de que dicha obligaci\u00f3n se fij\u00f3 desde el mismo momento en que se profiri\u00f3 la condena de primer grado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed, se tiene que Halliburton Lat\u00edn Am\u00e9rica SRL, por v\u00eda de tutela, expone circunstancias completamente novedosas a los t\u00f3picos planteados en el recurso extraordinario y que fueron objeto de an\u00e1lisis y pronunciamiento por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia SL718-2020 del 24 de junio de 2020. Con esto, pretende que el juez constitucional estudie lo que dej\u00f3 de alegar en su debida oportunidad procesal, ante la autoridad competente (\u2026)\u201d (negrillas propias del texto). <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la accionante, aduciendo que desde el inicio del proceso ha alegado sobre la obligaci\u00f3n legal de realizar los aportes a los que fue condenada, por lo cual, afirm\u00f3, ha agotado todos los medios legales con el fin de defenderse en juicio; a su vez agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ]E]n ning\u00fan momento se ha establecido como una obligaci\u00f3n que dentro de los recursos expuestos se plasmen todos y cada uno de los argumentos que van a servir como base de una posterior acci\u00f3n de tutela, lo anterior, es un requisito adicional impuesto por la Sala y que desconoce la primac\u00eda de la constituci\u00f3n, en lo que obliga a todo funcionario judicial el emitir providencias con estricto apego a la constituci\u00f3n, independientemente de los argumentos expuestos por las partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, consider\u00f3 \u201cdesproporcionado\u201d exigirle que, para la fecha de presentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n -2015-, se hiciera alusi\u00f3n a la sentencia T-281 de 2020, invocada a trav\u00e9s de este resguardado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se resalta que, en el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 20166, precisa que, si bien \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de fijar otra postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aqu\u00e9llas, de remitir el juicio a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. Halliburton Latin America SRL pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efectos la sentencia SL1718-2020 proferida el 24 de junio de 20207 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 3, al considerar que se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 33 literal d) de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como el canon 2.2.16.7.18 del Decreto 1833 de 2016 y la Resoluci\u00f3n 4250 de 1993. <\/p>\n
3. De entrada, se advierte la ausencia de desafuero en el prove\u00eddo donde se zanj\u00f3 el debate propuesto por la memorialista, al no casarse el fallo de segundo grado, pues all\u00ed se atendi\u00f3, de forma suficiente, el cargo \u00fanico formulado contra la decisi\u00f3n del ad quem y se explic\u00f3 la imposibilidad de derruirlo. <\/p>\n
Auscultada esa determinaci\u00f3n, se encuentra que la compa\u00f1\u00eda recurrente atac\u00f3, por v\u00eda indirecta, la indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 67,68 y 69 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; 33 de la Ley 100 de 1993, 2 del Decreto 3850 de 1949, 16 y 72 de la Ley 90 de 1946, 59,60 y 61 del Decreto 3041 de 1996, 117, 158 y 166 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En la proposici\u00f3n del medio defensivo, la quejosa aleg\u00f3 la violaci\u00f3n normativa como consecuencia de los siguientes errores de hecho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Dar por probado sin estarlo que mi representada alguna vez ha sido o se ha denominado GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED. <\/p>\n
\u201c2. Dar por probado sin estado que mi representada alguna vez ha sido o se ha denominado HGS INCORPORATED. <\/p>\n
\u201c3. Dar por probado sin estado que mi representada alguna vez ha sido o se ha denominado HALLIBURTON COMPANY. <\/p>\n
\u201c4. Dar por Probado sin estarlo, que los servicios ejecutados por el demandante para HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., lo frieron en ejecuci\u00f3n del mismo contrato suscrito por el demandante con GEOPHYSICAL SER VICE INCORPORATED (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que el ad quem hab\u00eda realizado una errada valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso. <\/p>\n
3.1. Al zanjar el recurso de casaci\u00f3n la colegiatura accionada, tras relatar los antecedentes del caso, abord\u00f3 el estudio del ataque planteado por la censora precisando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, que declar\u00f3 la sustituci\u00f3n patronal entre Geophysical Service Inc y Halliburton Latin America S.A., hoy Halliburton Lat\u00edn Am\u00e9rica S.A. SRL Sucursal Colombia, el Tribunal consider\u00f3 que el contrato de trabajo, el acuerdo de sustituci\u00f3n patronal suscrito, los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal allegados al proceso, as\u00ed como las declaraciones de los testigos, la evidenciaban <\/p>\n
Como la inconformidad de la recurrente se centra en la valoraci\u00f3n que el Tribunal hizo de las documentales y testimoniales que acusa de errada, la Sala adelanta en primer lugar el estudio de las que son prueba calificada, a fin de determinar si los yerros endilgados en el cargo afloran de manera evidente, ostensible o protuberante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Luego del an\u00e1lisis de las documentales allegadas, la judicatura encausada evidenci\u00f3 que Halliburton Company Panam\u00e1 Inc., fue absorbida por HLS International por determinaci\u00f3n de la casa matriz convirti\u00e9ndose en una sola y cambiando su raz\u00f3n social a la de Halliburton Latin America S.A. <\/p>\n
Respecto al acuerdo de sustituci\u00f3n patronal suscrito entre V\u00edctor Julio Acevedo Casta\u00f1eda y HGS Incorporated, la Corporaci\u00f3n convocada coligi\u00f3 que el demandante se encontraba vinculado a dicha compa\u00f1\u00eda desde el 24 de noviembre de 1975, por lo cual, en virtud del aludido pacto de sustituci\u00f3n firmado entre la misma y Halliburton Company, a partir del 1\u00ba de mayo de 1991, pas\u00f3 a ser trabajador de la \u00faltima. <\/p>\n
Del informe de las semanas cotizadas, se\u00f1al\u00f3 que el mismo permit\u00eda constatar los aportes a pensi\u00f3n a nombre de Acevedo Casta\u00f1eda, efectuados por la demandada desde el 23 de mayo de 1991 y hasta el 30 de noviembre de 1999; sin embargo, indic\u00f3, no se evidenciaron las cotizaciones a cargo del antiguo empleador HGS Incorporated. <\/p>\n
Adem\u00e1s, consider\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El estudio de los documentos se\u00f1alados permite concluir que su valoraci\u00f3n no luce desacertada, pues de ellos, razonadamente se confirman los presupuestos que el art\u00edculo 67 del CST exige para que se configure la sustituci\u00f3n patronal, puesto que es indiscutible que la sociedad Halliburton Company, hoy Halliburton Latin America S.A. SRL, sucedi\u00f3 a HGS Incorporated, sin que se evidencie que el cambio en su denominaci\u00f3n, determine que se trata de personas jur\u00eddicas distintas como lo aduce la censura\u201d. <\/p>\n
\u201cDe otro lado, tambi\u00e9n qued\u00f3 acreditada la continuidad de la prestaci\u00f3n del servicio del aqu\u00ed demandante, y de contera, la responsabilidad del nuevo empleador o empleador sustituto, en el pago de los aportes a pensiones correspondientes al per\u00edodo 24 de noviembre de 1975 a 21 de mayo de 1991 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, resolvi\u00f3 mantener intacta la providencia del tribunal, al considerar que la misma estaba amparada por presunciones de legalidad y acierto. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se descarta la posibilidad de predicar una v\u00eda de hecho en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener8, no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del estrado accionado, por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de este particular amparo, reservado para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
N\u00f3tese, la compa\u00f1\u00eda actora, en la proposici\u00f3n del recurso extraordinario, no formul\u00f3 los reparos que ahora alude a trav\u00e9s de esta senda, circunstancia que impidi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3, pronunciarse de la manera esperada por la solicitante. <\/p>\n
La aludida omisi\u00f3n por parte de la quejosa permite descartar el defecto sustancial alegado, por la supuesta indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 33 literal d) de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como el canon 2.2.16.7.18 del Decreto 1833 de 2016 y la Resoluci\u00f3n 4250 de 1993, pues sobre dichos preceptos nada mencion\u00f3 en el ataque efectuado en sede de casaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta salvaguarda. Seg\u00fan lo ha expresado la Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196911, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb12, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisi\u00f3n no hubieren afiliado al trabajador. <\/p>\n
2\u0002 De lo rese\u00f1ado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la decisi\u00f3n de Primera instancia. <\/p>\n
3\u0002 Expediente digital. Archivo: \u201cTutela Halliburton-Sala de Casaci\u00f3n Penal.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Expediente digital. Archivo: \u201cRespuesta tutela abogado vinculado.pdf\u201d <\/p>\n
5\u0002 Expediente digital. Archivo: \u201c202101329-202101290.pdf\u201d <\/p>\n
6\u0002 Por la cual se modifican los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, creando con car\u00e1cter transitorio las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
7\u0002 Notificada por Edicto el 9 de julio de 2020. <\/p>\n
8\u0002CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
10\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
11\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC7534-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7534-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00181-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 4 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54960","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54960","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54960"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54960\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}