STC7536-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7536-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00698-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 10 de noviembre de 20201, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Abel Jos\u00e9 Arrieta Vega contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar y la Universidad Nacional de Colombia, con ocasi\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos convocado a trav\u00e9s del Acuerdo CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor exige la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, \u201cconfianza leg\u00edtima\u201d y \u201cacceso a los cargos p\u00fablicos\u201d, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, acota que el 22 de diciembre de 2016 el Consejo Superior de la Judicatura suscribi\u00f3 el contrato n\u00ba 164 con la Universidad Nacional de Colombia para desarrollar las respectivas etapas del concurso de m\u00e9ritos para empleados de la Rama Judicial. <\/p>\n
Manifiesta que el 3 de febrero de 2019, se llev\u00f3 a cabo la aplicaci\u00f3n de las pruebas de conocimientos, donde obtuvo un puntaje de 899,06 para el cargo de Secretario de Juzgado de Circuito, resultados publicados mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba CSJBOR19-266 del 17 de mayo siguiente. <\/p>\n
Indica que, algunos participantes, obrando dentro de su leg\u00edtimo derecho, recurrieron el referido acto administrativo y solicitaron la exhibici\u00f3n de cuadernillos y hojas de respuestas, circunstancia que, en su sentir, las accionadas han utilizado como excusa \u201cpara demorar la continuidad del proceso de selecci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Sostiene que, desde el inicio de la convocatoria se han desconocido los plazos contemplados en m\u00faltiples cronogramas, el m\u00e1s reciente, emitido en julio de 2020, donde se se\u00f1alaba como fecha de \u201cexhibici\u00f3n de documentos\u201d el 27 de septiembre ulterior, sin embargo, esa data no fue acatada. <\/p>\n
Anota que, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar public\u00f3, en julio de 2020, un listado de los cargos cuyo registro de elegibles se encuentra vencido, entre ellos, el de secretario del circuito aspirado, situaci\u00f3n que, a su juicio, configura una \u201cvulneraci\u00f3n al m\u00e9rito\u201d as\u00ed como al art\u00edculo 164 de la Ley 270 de 1996, el cual prev\u00e9 que dichos concursos deben desarrollarse cada dos a\u00f1os, no obstante, resalta, el tr\u00e1mite debatido ha tardado m\u00e1s de cuatro a\u00f1os. <\/p>\n
Esgrime que, a la fecha de formulaci\u00f3n del resguardo, \u201cno existe un cronograma que defina el camino a seguir en la Convocatoria n\u00ba 4\u201d. <\/p>\n
3. Con sustento en lo narrado, pide ordenar a las autoridades fustigadas que, en un t\u00e9rmino no mayor a 48 horas, (i) expidan los registros de elegibles de los cargos que no tienen solicitud de exhibici\u00f3n ni prueba supletoria, (ii) exhiban de cuadernillos y pruebas supletorias pendientes, utilizando las herramientas tecnol\u00f3gicas necesarias para evitar dilaciones y (iii) emitan los correspondientes registros de elegibles, m\u00e1ximo 30 d\u00edas despu\u00e9s de surtida la anterior etapa. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y los vinculados <\/p>\n
1. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que, para efectos de atender las solicitudes de exhibici\u00f3n, la Direcci\u00f3n Ejecutiva suscribi\u00f3 el contrato n\u00ba 121 de 2020 con la Universidad Nacional de Colombia y en raz\u00f3n a ello, el 17 de octubre del mismo a\u00f1o se public\u00f3 el nuevo cronograma en el portal web de la Rama Judicial, al cual, seg\u00fan afirm\u00f3, se le est\u00e1 dando cumplimiento. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, el 1\u00ba de noviembre de 2020, se adelant\u00f3 la \u201cexhibici\u00f3n de pruebas\u201d y se realizaron los ex\u00e1menes supletorios, atendiendo lo programado. Asimismo, reliev\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto al argumento del accionante de que se expedida el registro de elegibles para al cargo de secretario del circuito, toda vez que existe solo una solicitud de exhibici\u00f3n, no resulta procedente por cuanto la exhibici\u00f3n se realiz\u00f3 a nivel nacional dentro de todas las convocatorias (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo teniendo en cuenta que, tanto esa Corporaci\u00f3n como los Consejos Seccionales, han actuado conforme a la ley y han dado tr\u00e1mite al desarrollo de la convocatoria n\u00ba 4. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, luego de pronunciarse sobre los hechos expuestos en el escrito introductor, refiri\u00f3 que las etapas de la convocatoria se han cumplido de conformidad a lo estipulado en el Acuerdo CSJBOA17-609 de 2017, sin embargo, precis\u00f3, debido a las circunstancias generadas por la pandemia, los t\u00e9rminos del concurso de m\u00e9ritos se han visto suspendidos, seg\u00fan el art\u00edculo 14 del Decreto 491 de 20202. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, luego de la publicaci\u00f3n de los resultados de las pruebas de conocimientos, se recibieron los recursos de los participantes excluidos del certamen, de los cuales 44 presentaron, conjuntamente, solicitudes de exhibici\u00f3n de documentos, por tanto, a pesar de que esa etapa no se encuentra consagrada en la norma reguladora del concurso, ha sido establecida judicialmente \u201cal considerarse como un derecho del concursante y su no realizaci\u00f3n conculcar\u00eda sus derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
En adici\u00f3n, asent\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es por lo consignado en el numeral 4 del art\u00edculo 164 de la Ley 270 de 1996, que las etapas del concurso son sucesivas, no simultaneas; por lo que no se puede pasar a una hasta que culmine la otra; es decir, estamos todav\u00eda en la etapa de selecci\u00f3n que es eliminatoria, todav\u00eda falta la publicaci\u00f3n del resultado de la prueba psicot\u00e9cnica y que se resuelvan todos los recursos pendientes (no resueltos por la presentaci\u00f3n de las solicitudes de exhibici\u00f3n que se realizaron el pasado 1\u00b0 de noviembre de 2020), para pasar a la etapa clasificatoria.(\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. La Universidad Nacional de Colombia se opuso a la prosperidad del resguardo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues, adujo, es competencia y responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura, el cumplimiento de los cronogramas del proceso meritocr\u00e1tico que convoca el concurso para publicaci\u00f3n y conformaci\u00f3n de los registros de elegibles. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que las autoridades accionadas han desarrollado sus actuaciones en el marco de sus competencias y conforme lo permiten las circunstancias actuales. Al respecto indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, carece de sustento f\u00e1ctico y probatorio la afirmaci\u00f3n hecha por el tutelante en el sentido de alegar que no existe un cronograma definido en la que se desarrollaran las etapas, pues, contrario a lo aludido, siempre ha existido un programa de desarrollo de actividades, que si bien ha sufrido alteraciones, estas se han realizado en virtud de la potestad reglamentaria que le asiste al Consejo Superior de la Judicatura y por causas que lo ameritan, las cuales han sido informadas o comunicadas a los aspirantes, garantizando as\u00ed el principio de transparencia que rige este tipo de actuaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, sostuvo que la pretensi\u00f3n del censor orientada a la expedici\u00f3n inmediata de los registros de elegibles deb\u00eda ser negada, teniendo en cuenta que esa actividad es de la potestad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura y debe ser producto del cumplimiento de todas las etapas establecidas en la convocatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n3 <\/p>\n
Presentada por el gestor, sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se establece el fracaso de la salvaguarda incoada por Abel Jos\u00e9 Arrieta Vega, al desconocer el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto, se concurri\u00f3 al presente mecanismo sin agotarse, previamente, las herramientas de defensa a su alcance. <\/p>\n
2. En efecto, nada indica que los cuestionamientos aqu\u00ed expuestos, en torno a la presunta tardanza en el adelantamiento de la Convocatoria n\u00b0 4 y el supuesto incumplimiento de los cronogramas, hubiesen sido puestos en consideraci\u00f3n de las autoridades querelladas, reclamando una gesti\u00f3n sobre el particular o, de ser el caso, celeridad ante sus especiales circunstancias. <\/p>\n
3. Por otra parte, se observa que en el caso, se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales el censor endilg\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, pues, auscultadas las actuaciones se evidencia que el reguardo fue formulado el 21 de octubre de 2020, donde, el quejoso solicit\u00f3 entre otras, ordenar a las accionadas realizar la exhibici\u00f3n de cuadernillos y pruebas supletorias pendientes; no obstante, de lo afirmado por La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dicha actividad se llev\u00f3 a cabo el 1\u00ba de noviembre siguiente, ateniendo el nuevo cronograma publicado el 17 de octubre 2020, en el portal web de la Rama Judicial. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se advierte, mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba CSJBOR21-598 del 24 de mayo de 2021, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, public\u00f3 el registro de elegibles para el cargo de Secretario de Juzgado del Circuito, en el cual se encuentra el accionante con un puntaje de 584,92. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, administrar justicia constitucional sobre tales aspectos, se torna inane. <\/p>\n
Se relieva, sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 notificada el 3 de febrero de 2021. <\/p>\n
2\u0002 \u201cArt\u00edculo 14. Aplazamiento de los procesos de selecci\u00f3n en curso. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, para garantizar la participaci\u00f3n en los concursos sin discriminaci\u00f3n de ninguna \u00edndole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social, se aplazar\u00e1n los procesos de selecci\u00f3n que actualmente se est\u00e9n adelantando para proveer empleos de carrera del r\u00e9gimen general, especial constitucional o espec\u00edfico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicaci\u00f3n de pruebas\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cLas autoridades competentes deber\u00e1n reanudar dichos procesos una vez se supere la Emergencia Sanitaria\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Concedida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante auto de 19 de mayo de 2021. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rs. 278 a 308. <\/p>\n
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