STC7538-2021<\/p>\n
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Magistrado ponente <\/p>\n
STC7538-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00067-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 12 de mayo de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la tutela promovida por Ana Mar\u00eda Correa Mu\u00f1oz, en su nombre y en el de Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, representante legal de EPS Asmet Salud, frente a los Juzgados Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 y Promiscuo de Familia de Anserma -Caldas-, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato adelantado en un amparo similar a \u00e9ste, impulsado por Mar\u00eda Miryam Grajales Ortega a la mencionada EPS, con radicado n\u00b0. 2018-0063. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, quien ostenta el cargo de directora departamental de \u201cAsmet Salud SAS\u201d – Regional Caldas reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por los accionados. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su queja, lo siguiente: <\/p>\n
En sentencia de 25 de julio de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 -Caldas-, tutel\u00f3 los derechos de Mar\u00eda Miryam Grajales Ortega y, en su lugar dispuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ORDENAR a la EPS ASMET SALUD, que por intermedio de su representante legal, proceda a materializar la pr\u00e1ctica de la CIRUG\u00cdA MASTECTOM\u00cdA IZQUIERDA + VACIAMIENTO y como consecuencia de lo anterior tambi\u00e9n se ordena a dicha eps, programar de manera prioritaria CONTROL POR ONCOLOG\u00cdA CON REPORTE DE BIOPS\u00cdA, para la patolog\u00eda que padece actualmente y que fuera diagnosticada como: \u201cTUMOR MALIGNO DE MAMA PARTE NO ESPECIFICADA\u201d requerida por la accionante\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]uministrar los gastos de transporte para la accionante y un acompa\u00f1ante, cada vez que requiera atenci\u00f3n m\u00e9dica por fuera del lugar de residencia (\u2026) [y] el tratamiento integral POS y NO POS que requiera la accionante con ocasi\u00f3n de la enfermedad que la aqueja (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A trav\u00e9s de agente oficiosa, la beneficiaria de la citada decisi\u00f3n promovi\u00f3 un incidente de desacato, alegando que la entidad tutelada no hab\u00eda materializado el suministro de los gastos de transporte para asistir a las citas m\u00e9dicas. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 26 de septiembre de 2019, el juez constitucional de primer grado declar\u00f3 que la aqu\u00ed petente incurri\u00f3 en desobedecimiento al aludido fallo, imponi\u00e9ndosele a aqu\u00e9lla tres (3) d\u00edas de arresto y multa de tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; determinaci\u00f3n confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma -Caldas- el 4 de octubre posterior. <\/p>\n
El 28 de abril de 2020, el estrado municipal convocado orden\u00f3 la apertura de un segundo incidente de desacato en contra de la aqu\u00ed censora; y, el 5 de mayo de 2020, declar\u00f3 que \u00e9sta, nuevamente, hab\u00eda inobservado la precitada sentencia constitucional; en consecuencia, le impuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) A) SANCI\u00d3N DE ARRESTO por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas en el lugar que se determinar\u00e1 una vez se surta la consulta de la decisi\u00f3n. Para el cumplimiento de esta sanci\u00f3n se oficiar\u00e1 a las autoridades correspondientes. B) SANCI\u00d3N DE MULTA equivalente a 73.957620692560 Unidades de Valor Tributario (UVT) para el a\u00f1o 2020, para cada uno de los funcionarios. Para el pago de la multa, \u00e9sta debe ser consignada dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes contados a partir de la ejecutoria del auto que confirme la decisi\u00f3n. Lo anterior sin perjuicio que contin\u00faen obligados a cumplir con la autorizaci\u00f3n y prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico requerido por la incidentante, respecto de la materializaci\u00f3n en el suministro de los gastos de transporte para asistir a las citas para quimioterapia, igualmente no le han atendido por las especialidades de Hematolog\u00eda, nefrolog\u00eda, ginecolog\u00eda mastol\u00f3gica y cuidados paliativos ordenados por su m\u00e9dico tratante, a lo que quedan obligados so pena de ser nuevamente sancionados por desacato. En consecuencia of\u00edciese nuevamente a ASMET SALUD EPS para que de inmediato cumplan con la orden Constitucional citada desde el d\u00eda el 25 de julio de 2018.TERCERO: COMPULSAR copias de lo pertinente para que se investigue penalmente al Doctor GUSTAVO ADOLFO AGUILAR VIVAS, Director Nacional de ASMET SALUD EPS y a la Dra. ANA MAR\u00cdA CORREA MU\u00d1OZ, Directora Departamental de la EPS ASMET SALUD, respectivamente, por un posible delito de \u201cFraude a Resoluci\u00f3n Judicial\u201d; las que ser\u00e1n enviadas a la Fiscal\u00eda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Manizales -Caldas. CUARTO: NOTIFICAR el presente auto a la accionante y a los funcionarios sancionados, a estos \u00faltimos con copia de la decisi\u00f3n. QUINTO: NEGAR la pretensi\u00f3n de la parte actora relacionada con el reembolso de dineros en cuant\u00eda de $250.000. SEXTO: OFICIAR a la Superintendencia de Salud, a fin de poner en conocimiento la renuencia de la Eps Asmet Saluden el cumplimiento de sus obligaciones para con la accionante y tome las medidas correspondientes de acuerdo a su competencia. Por secretar\u00eda del despacho l\u00edbrese el oficio correspondiente con acompa\u00f1amiento de copia \u00edntegra de la presente providencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n fue confirmada por el juzgado del circuito confutado, el 11 de mayo de 2020. <\/p>\n
La censora refiere que el 23 de abril de 2021 implor\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de las sanciones del 26 de septiembre de 2019 y 05 de mayo de 2020, en virtud del fallecimiento de la parte incidentante1, no obstante, la solicitud fue denegada el 27 de abril posterior, con el argumento de que al momento de proferirse las decisiones cuestionadas, la usuaria no hab\u00eda recibido las atenciones en salud por ella requeridas. <\/p>\n
En criterio de la petente, en el sublite se verific\u00f3 la carencia actual de objeto por acaecimiento de una situaci\u00f3n sobreviniente, que la sit\u00faa en una imposibilidad f\u00e1ctica de acatar el fallo constitucional. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar la inaplicaci\u00f3n de las sanciones atribuidas en los autos de 26 de septiembre de 2019 y 5 de mayo de 2020, confirmadas el 4 de octubre de 2019 y 11 de mayo de 2020, respectivamente. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, decidi\u00f3 mantener vigentes las medidas correctivas a la incidentada, por cuanto \u00e9sta se abstuvo de prestar los servicios requeridos, en su momento, por la usuaria, denotando su intenci\u00f3n de valerse de su propia culpa para exonerarse de responsabilidad en la prestaci\u00f3n deficiente en la atenci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma puso de presente que el fallecimiento de Grajales Ortega ocurri\u00f3 el 13 de julio de 2020, esto es, con posterioridad a la confirmaci\u00f3n de las amonestaciones cuestionadas; adem\u00e1s, las valoraciones m\u00e9dicas y el medicamento paliativo que motivaron el segundo desacato no se llegaron a autorizar y materializar por la entidad promotora de salud. <\/p>\n
Adicionalmente, afirmo que la aqu\u00ed peticionaria <\/p>\n
\u201c(\u2026) en vez de presentar acciones de tutela deber\u00eda dedicarse a mejorar la prestaci\u00f3n OPORTUNA de los servicios de salud porque esa es la causa por la que sus afiliados le formulan las acciones de tutela las que por su incumplimiento generan sanciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El tribunal se\u00f1al\u00f3 que la actora no contaba con legitimaci\u00f3n en la causa para representar a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, por no cumplirse \u201clos supuestos del apoderamiento judicial en tutela ni de la agencia oficiosa\u201d. No obstante, ampar\u00f3 los derechos de Ana Mar\u00eda Correa Mu\u00f1oz, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La tozuda posici\u00f3n del Juez Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 desatendi\u00f3 la realidad procesal que vaci\u00f3 de contenido las sanciones producto de un instrumento judicial utilizado para la materializaci\u00f3n de unas \u00f3rdenes que ahora no hay lugar a cumplir tras el deceso de la persona beneficiaria del amparo; en cambio, pretende perpetuar el castigo como si de una medida de correcci\u00f3n se tratara, ignorando su verdadero fin (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 <\/p>\n
\u201c(\u2026) al Juez Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia, deje sin efectos en lo pertinente, el auto proferido el 27 de abril de 2021, dentro del incidente de desacato con radicado 17665-40-89-001-2018-00063-00; y en su lugar, adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, atendiendo los lineamientos aqu\u00ed expuestos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La interpuso el Juez Promiscuo Municipal de San Jos\u00e9 remiti\u00e9ndose a los argumentos expuestos en el escrito de contestaci\u00f3n de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se pone de presente que, tal como lo advirti\u00f3 el tribunal, la queja constitucional se resolver\u00e1 \u00fanicamente en relaci\u00f3n con Ana Mar\u00eda Correa Mu\u00f1oz, por cuanto \u00e9sta no ostenta legitimaci\u00f3n para representar a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, actual representante legal de EPS Asmet Salud. <\/p>\n
2. La actora cuestiona las sanciones a ella impuestas mediante autos de 26 de septiembre de 2019 y 5 de mayo de 2020, confirmados, en sede de consulta, por el estrado del circuito convocado, el 4 de octubre de 2019 y 11 de mayo de 2020, respectivamente; por el desacato al fallo constitucional de 25 de julio de 2018 que tutel\u00f3 los derechos de Mar\u00eda Miryam Grajales Ortega. <\/p>\n
Al respecto, la quejosa alega la imposibilidad f\u00e1ctica de acatar la aludida orden tutelar, por carencia actual de objeto al acaecer una situaci\u00f3n sobreviniente, toda vez que la beneficiaria de la orden tutelar falleci\u00f3 el 13 de julio de 2020. <\/p>\n
3. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
La Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con la misma finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones esta Corporaci\u00f3n, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Excepcionalmente, se abre paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
El Alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Si se aceptara en gracia de discusi\u00f3n, la viabilidad de proponer amparos como el actual contra pronunciamientos expedidos en decursos de linaje similar, la salvaguarda estar\u00eda llamada al fracaso por ausencia del requisito inmediatez. <\/p>\n
N\u00f3tese, desde la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n que confirm\u00f3, en sede de consulta, la sanci\u00f3n impuesta a la aqu\u00ed quejosa en primer grado, por el segundo incumplimiento al fallo constitucional referenciado, a la interposici\u00f3n de este amparo -28 de abril de 2021-, transcurri\u00f3 casi un (1) a\u00f1o, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad de la interesada; lapso que supera el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar el resguardo de sus derechos. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a los juzgados convocados y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
6. Ahora, aun obviando la desatenci\u00f3n del anotado requisito de procedibilidad, el amparo de todas maneras no podr\u00eda salir avante por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Esta Corte ha dejado sentado que para fijar correctivos en incidentes como el comentado, el funcionario judicial debe verificar lo relacionado con el destinatario de lo dispuesto en la sentencia de tutela, su contenido y el plazo de cumplimiento otorgado. <\/p>\n
Luego de esa constataci\u00f3n primigenia, al juzgador le incumbe ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del desobedecimiento del fallo, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la supuesta desatenci\u00f3n motivo de reproche es aqu\u00e9lla proveniente de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien estaba obligado a satisfacer la orden de protecci\u00f3n, as\u00ed como su intenci\u00f3n de insubordinarse y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato, as\u00ed como la \u2018individualizaci\u00f3n\u2019 y responsabilidad de la persona a quien concretamente se le achaca la conducta antijur\u00eddica de la desobediencia de la orden por \u00e9l dada (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
En la providencia de 11 de mayo de 2020, el juzgador del circuito, en sede de consulta, resolvi\u00f3 confirmar la sanci\u00f3n impuesta a la aqu\u00ed quejosa, tras hallar comprobado de manera objetiva el desobedecimiento de la orden tutelar, pues, para aquel entonces, la aqu\u00ed promotora no alleg\u00f3 <\/p>\n
\u201c(\u2026) prueba alguna que permit[iera] inferir que efectivamente ha dado cumplimiento a la entrega material del medicamento requerido por la usuaria para el tratamiento m\u00e9dico integral derivado de la patolog\u00eda diagnosticada y ordenado en la sentencia. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d A la fecha, no se tiene conocimiento por parte de la incidentante que se haya dado cumplimiento al ordenamiento tutelar. <\/p>\n
\u201cDe lo anterior se deduce, que la doctora Correa Mu\u00f1oz, ha incurrido en desacato al fallo de tutela, no adelant\u00f3 gestiones encaminadas a garantizar la continuidad del tratamiento m\u00e9dico para la enfermedad diagnosticada, ni ha suministrado el servicio de transporte requerido por su usuaria para asistir las diferentes citas m\u00e9dicas programadas, siendo de su competencia y por mandato de sentencia judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En torno al factor subjetivo de la responsabilidad, se\u00f1al\u00f3 que, ante la conducta omisiva y negligente de la aqu\u00ed tutelante, resultaba justificada la sanci\u00f3n a ella impuesta por el juzgado de primer grado, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) suficientemente se prob\u00f3 el dolo o la negligencia para sancionar por desacato, pues desde el requerimiento y durante el tr\u00e1mite en s\u00ed del incidente l[a] funcionari[a] incidentad[a], debidamente notificad[a], desatendi[\u00f3] el ordenamiento tutelar, [pues] no ha autorizado las citas m\u00e9dicas programadas ni ha suministrado el servicio de transporte requerido para que la accionante asista a las diferentes citas m\u00e9dicas para la atenci\u00f3n del tratamiento integral a la patolog\u00eda diagnosticada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La tesis adoptada es l\u00f3gica, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho; el fallador del circuito justific\u00f3 las razones por las cuales era necesario confirmar la decisi\u00f3n que sancion\u00f3, por segunda vez, a la aqu\u00ed quejosa, pues, para dicha data, ya hab\u00edan transcurrido casi dos a\u00f1os desde la emisi\u00f3n del fallo constitucional, lapso durante el cual aqu\u00e9lla mostr\u00f3 total desidia por materializar el suministro de los gastos de transporte a Mar\u00eda Miryam Grajales Ortega para poder asistir a sus citas de quimioterapia, y tampoco garantiz\u00f3 su atenci\u00f3n por las especialidades de hematolog\u00eda, nefrolog\u00eda, ginecolog\u00eda mastol\u00f3gica y cuidados paliativos, ordenados por su m\u00e9dico tratante. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, al mostrarse plausible la tesis adoptada en la providencia examinada, no resulta admisible la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
7. Ahora, respecto a la solicitud de inaplicaci\u00f3n de las aludidas sanciones, elevada por la aqu\u00ed petente, ante el fallecimiento de la beneficiaria de la orden tutelar, el juzgado cognoscente acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a dichos argumentos se tiene que, conforme a la constancia de secretaria que antecede, si bien el usuario a la fecha ha fallecido, tambi\u00e9n lo es que al momento de proferirse las decisiones por parte del despacho (26 de septiembre de 2019 y 5 de mayo de 2020), el usuario no hab\u00eda recibido la atenci\u00f3n por parte de la EPS ASMETSALUD, en cuanto a lo requerido con los incidentes de desacato (quimioterapia, hematolog\u00eda, nefrolog\u00eda, ginecolog\u00eda, mastolog\u00eda y cuidados paliativos, y en el otro solicitud de transportes), raz\u00f3n por la cual no es posible acceder a lo deprecado por parte de la EPS ASMETSALUD, pues es claro que el servicio no se materializ\u00f3 y en tal sentido no es posible indicar que se haya cumplido con la orden constitucional\u201d. <\/p>\n
\u201cCon lo anterior, es claro que la solicitud elevada por ASMETSALUD EPS, en cuanto a la inaplicaci\u00f3n de las sanciones es improcedente, pues s\u00f3lo en el evento de que los servicios requeridos por el usuario se hubiesen llevado a cabo, el despacho realizar\u00eda los ordenamientos correspondientes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Corte, la determinaci\u00f3n precedente no se observa arbitraria o antojadiza, al punto de justificar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien, la circunstancia sobreviniente de la muerte de Mar\u00eda Miryam Grajales Ortega, el 13 de julio de 2020, obviamente, impide, a estas alturas, el cumplimiento de la orden tutelar de 25 de julio de 2018, no convierte en caprichosa la decisi\u00f3n que defini\u00f3 el segundo incidente de desacato, pues, para aqu\u00e9l entonces, Grajales Ortega a\u00fan estaba a la espera de que la incidentada hiciera efectiva la orden de amparo; de manera que, al estar acreditado el incumplimiento, deven\u00eda razonable mantener la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Por los argumentos expuestos se revocar\u00e1 la providencia impugnada y, en su lugar, se negar\u00e1 el amparo incoado por la aqu\u00ed petente. <\/p>\n
8. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
9. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 revocado y, en su lugar, se negar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia recurrida y, en su lugar, NEGAR la protecci\u00f3n deprecada por Ana Mar\u00eda Correa Mu\u00f1oz. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase copia de este pronunciamiento a los juzgados involucrados. <\/p>\n
TERCERO: Env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan la informaci\u00f3n obrante en el plenario, Mar\u00eda Miryam Grajales Ortega falleci\u00f3 el 13 de julio de 2020. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
4\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
11 <\/p>\n
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STC7538-2021 Magistrado ponente STC7538-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00067-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 12 de mayo de 2021, por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54964","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54964"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54964\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}