STC7539-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7539-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01835-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Calder\u00f3n de Monta\u00f1o contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y \u00absegunda instancia\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada al declarar desierta su alzada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin valor y efecto el auto de\u2026 (18) de febrero de\u2026 (2021)\u2026, que declar\u00f3 Desierto [su] Recurso de Apelaci\u00f3n\u00bb; \u00abOrdenar al Tribunal [acusado]\u2026 continuar el tr\u00e1mite de segunda instancia\u2026, y en consecuencia correr el traslado de la sustentaci\u00f3n del recurso\u2026 a los demandados, conforme los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia, en id\u00e9ntico caso resuelto mediante sentencia de tutela STC 5497-2021\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio declarativo de responsabilidad civil extracontractual que la accionante inco\u00f3 contra Rigoberto y Leonor Llano Matiz, Carlos Eduardo y Luis Guillermo Victorino Contreras, surtidas las etapas de rigor, el 5 de noviembre de 2020 el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones. Providencia que apel\u00f3 la demandante. <\/p>\n
2.2. El 10 de diciembre de 2020 el Tribunal enjuiciado admiti\u00f3 tal censura vertical, sin embargo, tras disponer, el 19 de enero siguiente, correr traslado a la recurrente para sustentarla, el 18 de febrero posterior la declar\u00f3 desierta, al advertir que \u00abdentro de la oportunidad prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo No. 806 de 2020, la parte apelante no sustent\u00f3 el recurso interpuesto\u00bb; decisi\u00f3n que mantuvo el 17 de marzo siguiente. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela el extremo accionante adujo, en concreto, que el Tribunal conculc\u00f3 sus garant\u00edas al declarar desierta su apelaci\u00f3n por supuestamente dejar de sustentarla, desconociendo que lo hizo por escrito, ante el a-quo, el 10 de noviembre de 2020, ajust\u00e1ndose, en un todo, a lo reglado en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, postura que recientemente valid\u00f3 esta Sala en sentencia STC5497-2021. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir el informe de que trata el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Rigoberto Llano Matiz se opuso al ruego de la quejosa por no advertirse \u00abdefectos procedimentales en la actuaci\u00f3n desarrollada por el aqu\u00ed accionado, toda vez que estas fueron dictadas con apego a la Ley\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que \u00abcursa en el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u2026, demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Rigoberto Llano Matiz y otros, con n\u00famero de radicado 2012-00439\u2026, donde son las mismas pretensiones, los mismos hechos y en cuanto al demandante que es una persona jur\u00eddica (Inversiones Lamval), por efectos de la causahabiencia son las mismas partes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 histori\u00f3 la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida y resalt\u00f3 que \u00ablas pretensiones de la accionante no se encaminan a enervar ninguna determinaci\u00f3n adoptada por [ese estrado judicial]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese entendido, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la accionante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a-quo. <\/p>\n
3.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en la audiencia de 5 de noviembre de 2020, en la cual el a-quo dict\u00f3 su sentencia, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de ese a\u00f1o -pues \u00e9ste entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio de 2020- que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con la norma referida a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado Decreto expuso que \u00e9ste modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
<\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
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328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con anticipaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 18 de febrero \u00faltimo el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n propuesta por la accionante al concluir que no la sustent\u00f3 en \u00abla oportunidad prevista en el incido 3\u00ba del art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo No. 806 de 2020\u00bb, por no efectuar ninguna manifestaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de traslado que con ese fin dispuso correr en prove\u00eddo del 19 de enero anterior, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que deb\u00eda observarse que aunque s\u00ed \u00abpresent\u00f3 los reparos concretos frente al fallo, y los mismos fueron radicados ante el juez de la primera instancia, tal actuaci\u00f3n no suple la sustentaci\u00f3n que debe hacerse en esta etapa, conforme se deduce de lo previsto en el inciso 4\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del proceso, en consonancia con [el] inciso 3\u00ba del art\u00edculo 14 del [referido] Decreto Legislativo\u00bb; decisi\u00f3n que mantuvo el 17 de marzo siguiente. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, para desechar la alegaci\u00f3n de la recurrente en cuanto a que \u00abomitir la sustentaci\u00f3n que present\u00f3 ante la primera instancia \u201cconcretar\u00eda una lesi\u00f3n insalvable frente al derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00aben el sistema escritural impuesto por el Decreto 806 de 2020, debe aceptarse el escrito allegado de manera prematura\u00bb; la Colegiatura convocada, de entrada, advirti\u00f3 el fracaso del recurso propuesto porque \u00abel extremo apelante no cumpli\u00f3 con la carga procesal impuesta en el auto del 19 de enero de 2021\u00bb, comoquiera que: <\/p>\n
En efecto, no cabe duda que en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas otorgado en la referida providencia, el apelante no alleg\u00f3 a este Tribunal la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, por lo que deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n a lo previsto en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo No. 806 de 2020, conforme el cual: \u00abSi no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb. <\/p>\n
Y aunque con reconocido esfuerzo la censura intent\u00f3 plantear variadas hip\u00f3tesis de porqu\u00e9 el escrito que arrim\u00f3 ante la primera instancia el 10 de noviembre de 2020 servir\u00eda para los prop\u00f3sitos de sustentar la alzada, tales argumentaciones no son de recibo, habida cuenta que \u201clas normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d (art. 13 C.G.P), am\u00e9n de que la normativa en cita es di\u00e1fana en establecer la consecuencia de la no sustentaci\u00f3n oportuna del recurso, ante el superior. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, se encuentra lo reglado por el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme el cual: \u201cEl juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u201d y numerosos pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, respaldados por la Sentencia SU-418 de 2019 de la Corte Constitucional, en los que destaca la obligatoriedad de la actuaci\u00f3n procesal que en este caso se ech\u00f3 de menos. <\/p>\n
As\u00ed, se ha identificado que las fases del recurso de apelaci\u00f3n de sentencias comprenden: \u201cen primera instancia: interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda: admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, en la actualidad, concesi\u00f3n de traslado para sustentaci\u00f3n por escrito (art. 14 del Decreto 806 de 2020), sustentaci\u00f3n y sentencia\u201d (Sentencia STC-005-2021). <\/p>\n
A lo cual, a continuaci\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
Y en torno a la oportunidad para presentar la sustentaci\u00f3n en la segunda instancia, un reciente pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema sostuvo que: \u201cposterior a la admisi\u00f3n del remedio vertical, igualmente, debe sustentar ante el fallador de segundo grado, ya sea en audiencia, conforme a lo dictado por el C\u00f3digo General del Proceso, o por escrito, como lo regl\u00f3 el Decreto 806 de 2020, los fundamentos por los que considera procedente la apelaci\u00f3n, y no en instancias previas o en otros momentos procesales\u201d. <\/p>\n
\u201cPuestas de ese modo las cosas, debe precisarse en principio, que independientemente de la norma que se hubiera aplicado, asunto que no discute la sociedad apelante, lo cierto es que lo ocurrido en el proceso en forma visible, es que el Tribunal acogi\u00f3 una posici\u00f3n contraria a la jurisprudencia decantada de esta sala, dando por v\u00e1lidas las alegaciones presentadas en primera instancia, sin tener en cuenta que la intenci\u00f3n del legislador, ratificada por la sentencia unificadora SU 418 de 2019 de la Corte Constitucional, es que la sustentaci\u00f3n ante el juez de segunda instancia es obligatoria, sea en forma oral como lo establece el C\u00f3digo General del Proceso, ya por escrito como lo se\u00f1ala el decreto 806 de 2020, pero en todo caso ante el juez ad quem, y que no son v\u00e1lidos los argumentos acogidos por el fallador acusado de dar validez y eficacia a los argumentos allegados cuando se propuso el recurso o sea los presentados ante el juez de primera instancia as\u00ed sean muy completos\u201d (resalta el Tribunal). <\/p>\n
\u201cEn esa forma, le asiste raz\u00f3n a la accionante en tutela cuando se\u00f1ala el error en que incurri\u00f3 el fallador civil al dar tr\u00e1mite completo al recurso de apelaci\u00f3n sin la sustentaci\u00f3n del recurso en segunda instancia\u201d (CSJ STC705-2021. Feb. 3 de 2021. Rad. 2021-00101.00). <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, destacando que esta Corte, a partir de la sentencia STC5497-2021 (18 may., rad. 2021-01132-00; con criterio reiterado, entre muchos otros fallos, en STC5630-2021, 20 may., rad. 2021-01072-00), recogi\u00f3 su orientaci\u00f3n previa respecto a la tem\u00e1tica aqu\u00ed propuesta, basta confrontar los anteriores planteamientos del Tribunal atacado con los derroteros expuestos en precedencia, para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que la apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo, mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2020. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a la sede judicial enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que la quejosa obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n escrita se presenta ante el a-quo que no frente al ad-quem, a lo cual arrib\u00f3, adem\u00e1s, bajo una aplicaci\u00f3n errada de los derroteros fijados en la sentencia SU-418\/19 de la Corte Constitucional, pues \u00e9sta no se aven\u00eda al caso porque se ocup\u00f3 de analizar las reglas fijadas en el C\u00f3digo General del Proceso bajo el sistema de la oralidad -que no del escritural al que corresponde el caso aqu\u00ed auscultado-, a tal punto que en dicho pronunciamiento expresamente se rese\u00f1\u00f3 que, \u00aben primer lugar, la disposici\u00f3n s\u00ed establece el deber de las partes, y en particular del apelante, de asistir a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, para sustentar ante el superior el recurso. Esa obligaci\u00f3n se desprende de los siguientes apartados de la disposici\u00f3n: En el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 se dispone que quien apela una sentencia deber\u00e1 precisar ante el juez de primera instancia, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. La forma verbal no admite interpretarse como la consagraci\u00f3n de una facultad, por el contrario, expresa claramente que la sustentaci\u00f3n se har\u00e1 ante el superior\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda producirse de forma escrita que no oral, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Lo consignado impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 17 de marzo de 2021, y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n propuesto por la censora contra el auto del 18 de febrero anterior, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Calder\u00f3n de Monta\u00f1o; en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del juicio fustigado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 17 de marzo de 2021, y los que de \u00e9l dependan, en el juicio de responsabilidad civil extracontractual que la accionante inco\u00f3 contra Rigoberto y Leonor Llano Matiz, Carlos Eduardo y Luis Guillermo Victorino Contreras (radicado 11001-31-03-029-2017-00207), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por la quejosa frente a su auto del pasado 18 de febrero, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01835-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que emitieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de mi discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria, recogiendo la postura que sobre la particular tem\u00e1tica hab\u00eda adoptado hasta hace poco, concedi\u00f3 el amparo reclamado por Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Calder\u00f3n de Monta\u00f1o contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; en consecuencia, le orden\u00f3 a la accionada, que tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 17 de marzo de 2021, y los que de \u00e9l dependan, en el juicio de responsabilidad civil extracontractual que la accionante inco\u00f3 contra Rigoberto y Leonor Llano Matiz, Carlos Eduardo y Luis Guillermo Victorino Contreras (rad. 11001-31-03-029-2017-00207), resolviera nuevamente el recurso de reposici\u00f3n propuesto por la quejosa frente al auto de 18 de febrero de 2021, que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que sustent\u00f3, aduciendo, en lo principal, que \u00ab(\u2026), en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la accionante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00edan atendido esa carga ante el a-quo\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, <\/p>\n
\u00ab(..) se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (se resalt\u00f3). (\u2026) 3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego de lo cual, concluy\u00f3, <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, ese razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural. <\/p>\n
No comparto tal argumentaci\u00f3n, por las siguientes razones: <\/p>\n
1.- Conforme con los arts. 322 y 327 del CGP, la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
Es que, con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 V.gr. SC 4855 de 2014 y STL 2791 de 2021-. <\/p>\n
2.- Respecto de la constitucionalidad del Decreto 806 de 2020 no queda duda, al tenor de la sentencia C-420 de 2020 en la que se resalta el tr\u00e1mite de este medio impugnaticio en los casos en los que no sea necesario practicar pruebas para resolverlo, a saber: (i) Dispone que la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb y el traslado se har\u00e1n por escrito; (ii) Elimina el deber de realizar la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo a la que se refiere el art\u00edculo 327 del CGP y, (iii) Prescribe que el juez deber\u00e1 dictar sentencia escrita. <\/p>\n
Modificaciones que si bien privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia y, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-. <\/p>\n
3.- La carga de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, en oportunidad, ante su destinatario leg\u00edtimo, esto es, el juez de segunda instancia a quien le fue asignada la competencia para esta actuaci\u00f3n, tampoco ri\u00f1e con el principio-derecho de la doble instancia en tanto reconocido constitucionalmente el margen de \u00abconfiguraci\u00f3n legislativa\u00bb con que cuenta el legislador, cuando este le impone l\u00edmites a ese principio-derecho \u201c\u2026, es viable que consagre cargas procesales, entendidas como aquellas situaciones que exigen una conducta de realizaci\u00f3n facultativa establecida en inter\u00e9s del propio sujeto y cuya omisi\u00f3n reporta una consecuencia desfavorable como, por ejemplo, la preclusi\u00f3n de una oportunidad o un derecho procesal o inclusive hasta la p\u00e9rdida del derecho sustancial sometido a la litis. Significa lo anterior que supone un proceder potestativo del sujeto con inter\u00e9s propio y que en caso de incumplimiento acarrea una consecuencia que puede limitar derechos fundamentales\u201d (C-337 junio 29 de 2016). <\/p>\n
4.- Tampoco se trata de cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
5.- Todo lo antes afirmado permite igualmente colegir, en los t\u00e9rminos del art. 14 de la ley 153 de 1887, que no se trata de revivir la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito que consagraba el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la que igualmente deb\u00eda hacerse \u201cante el juez o tribunal que\u2026\u201d deb\u00eda \u201cresolverlo\u201d sino, se itera, de una excepci\u00f3n provisional al principio de oralidad. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo solicitado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n por el recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
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STC7539-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7539-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01835-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Calder\u00f3n de Monta\u00f1o contra la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54965","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54965","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54965"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54965\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54965"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54965"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54965"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}