STC7542-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7542-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01626-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inelda Silva Mosquera contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos esenciales al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la colegiatura acusada por la tardanza en desatar la apelaci\u00f3n que propuso en el juicio fustigado. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso son los que as\u00ed se sintetizan. <\/p>\n
2.1. En el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, que la accionante inco\u00f3 contra la sucesi\u00f3n del extinto Edgar Motta Vargas, con prove\u00eddo del 15 de octubre de 2020 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pitalito, entre otras decisiones, deneg\u00f3 el decreto de las cautelas reclamadas por ella respecto de los predios con folios inmobiliarios Nros. 206-63579, 206-50519, 350-65293, \u00abpor cuanto\u2026 no fueron adquiridos en vigencia de la [referida] uni\u00f3n\u00bb; determinaci\u00f3n que mantuvo el d\u00eda 28 siguiente al desatar la reposici\u00f3n propuesta por aqu\u00e9lla, a la vez que le concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n subsidiaria que plante\u00f3. <\/p>\n
2.2. El 13 de noviembre de 2020 el asunto arrib\u00f3 al despacho acusado para efectos de la resoluci\u00f3n de tal alzada, la que a la fecha no ha sido decidida. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela la gestora se doli\u00f3, en concreto, de que han \u00abtrascurrido m\u00e1s de\u2026 (05) meses luego de la sustentaci\u00f3n del recurso formulado [y] no h[a] recibido respuesta alguna por parte del [T]ribunal\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pitalito limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar las actuaciones all\u00ed surtidas. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva indic\u00f3 que el pasado 29 de abril \u00abresolvi\u00f3 memorial de impulso procesal presentado por\u2026 la demandante, indic\u00e1ndosele\u2026 que para [esa] Corporaci\u00f3n es de obligatorio cumplimiento resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado de conformidad con los art\u00edculos 153 de la Ley 270 de 1996 y 18 de la Ley 446 de 1998, por lo que\u2026 el asunto en cuesti\u00f3n se encuentra en turno para decisi\u00f3n, no siendo capricho\u2026 su no resoluci\u00f3n, atendiendo la promiscuidad de la Sala que obliga atender adem\u00e1s de los asuntos de familia, los de las especialidades laboral y civil, tutelas de primera y segunda instancia, incidentes de desacato y habeas corpus y para todos ellos los t\u00e9rminos corren simult\u00e1neamente, despleg\u00e1ndose con la mayor agilidad posible ante la complejidad de las ocupaciones encomendadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, de cara al caso concreto, en el cual la actora se quej\u00f3 de la demora del Tribunal enjuiciado en resolver su recurso de apelaci\u00f3n frente a la negativa del a-quo respecto al decreto de algunas cautelas que rog\u00f3 en el juicio fustigado, pertinente es recordar que frente a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la Magistratura censurada ha incumplido, abiertamente, el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas fijado para desatar el asunto sometido a su conocimiento, acorde con lo reglado en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso1, teniendo en cuenta que desde el 13 de noviembre de 2020 le fue asignada la alzada propuesta por la quejosa frente al prove\u00eddo mediante el cual el a-quo, el 15 de octubre anterior, le deneg\u00f3 el decreto de algunas cautelas, y a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n no la ha resuelto de fondo, desconociendo con ello no s\u00f3lo el mentado precepto sino la prelaci\u00f3n que debe darse frente a temas relacionados con medidas cautelares -como el aqu\u00ed tratado-, en consonancia con el canon 588 ib\u00eddem2; sin que las manifestaciones que la convocada expuso al dar respuesta a la acci\u00f3n de tutela justifiquen tal tardanza. <\/p>\n
Al respecto, en pret\u00e9ritas ocasiones la Corte ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (se subray\u00f3 – STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00). <\/p>\n
\u2026la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb., rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
Por \u00faltimo, recientemente tambi\u00e9n se dijo en otro asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable a \u00e9ste en cuanto a las justificaciones tra\u00eddas por la autoridad criticada, que \u00abpese a que\u2026 trat\u00f3 de escudar la demora\u2026 en la \u00abcarga laboral\u00bb y la \u00abfalta de recursos humanos\u00bb que le impiden atender con prontitud las exigencias de los justiciables, en el caso, tales exculpaciones no son suficientes para liberarl[a] de responsabilidad, porque son simples afirmaciones sin respaldo probatorio. Lo mismo sucede con las excusas presentadas por el Juzgado\u2026, quien se limit\u00f3 a aducir que cuenta \u00abcon una carga actual de 2.300 procesos activos seg\u00fan reporte estad\u00edstico del SIRJU\u00bb (CSJ STC5949-2020, 21 ag., rad. 2020-00061-01). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que el despacho convocado ha trasgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta de que ha superado, con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, el t\u00e9rmino previsto para resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente a la decisi\u00f3n del a-quo, pues no lo ha definido a pesar de que con ese fin se le asign\u00f3 hace m\u00e1s de seis (6) meses. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1, con alcance parcial, el amparo demandado, ordenando al Tribunal accionado resolver la aludida alzada, sin que en este estadio sea viable imponerle que dicho veredicto se produzca en determinado sentido, comoquiera que no puede el fallador constitucional anticiparse al pronunciamiento que, en primera medida, le compete efectuar al juzgador natural. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de la accionante y, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva que, a trav\u00e9s del ponente respectivo, dentro del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de este fallo, resuelva de fondo el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la quejosa frente al prove\u00eddo dictado el 15 de octubre de 2020 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pitalito en el proceso aqu\u00ed criticado (radicado 41551-31-84-002-2020-00098-01). <\/p>\n
Segundo. La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, se deniega la protecci\u00f3n constitucional reclamada. <\/p>\n
Cuarto. Comunicar esta decisi\u00f3n a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y si no es impugnada, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 120. T\u00c9RMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas\u2026, contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin\u2026\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 588. PRONUNCIAMIENTO Y COMUNICACI\u00d3N SOBRE MEDIDAS CAUTELARES. Cuando la solicitud de medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el juez resolver\u00e1, a m\u00e1s tardar, al d\u00eda siguiente del reparto o a la presentaci\u00f3n de la solicitud\u2026\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7542-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7542-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01626-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inelda Silva […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54966","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54966"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54966\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}