STC7549-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7549-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00848-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 5 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Javier Cajiao Gait\u00e1n contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y a la defensa, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional convocada, al negarle la entrega de dineros all\u00ed reconocidos al interior de la expropiaci\u00f3n que la Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogot\u00e1 EAAB-E.S.P., en adelante EAAB, adelant\u00f3 en contra de la se\u00f1ora Olga Gait\u00e1n Cubides (q.e.p.d.), radicada bajo el n\u00ba. 2007-00088-00. <\/p>\n
Entonces, pide en lo cardinal, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se deje (i) \u00absin efecto alguno el inciso final del [a]uto proferido el 6 de febrero de 2020\u00bb; y, (ii) \u00abel [a]uto fechado el 3 de julio de 2020, a trav\u00e9s del cual dej\u00f3 inc\u00f3lume el inciso \u00faltimo del auto del 6 de febrero de 2020, y como resultado de ello ordenarle disponer tambi\u00e9n la entrega de los dineros producto de la expropiaci\u00f3n\u00bb, en su favor, \u00aben su calidad de cesionario de los [d]erechos [l]itigiosos\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja relata, que al interior del aludido juicio, en auto del 6 de febrero de 2020, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta capital lo reconoci\u00f3 a \u00e9l y otros herederos m\u00e1s, como sucesores de Olga Gait\u00e1n Cubides (q.e.p.d.); que en la misma providencia, el Despacho querellado acept\u00f3 la cesi\u00f3n \u00abde los derechos litigiosos\u00bb que los sucesores hicieron en su favor; sin embargo, dice, esa decisi\u00f3n dispuso que previo a \u00abordenar la entrega de dineros\u00bb, deb\u00eda acreditarse \u00aben legal forma que los mismos le fueran adjudicados en la sucesi\u00f3n de Olga Gait\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que inconforme, elev\u00f3 sin \u00e9xito recurso de reposici\u00f3n, y subsidiariamente alzada, pues el primero fue mantenido en su integridad en auto del 3 de julio de 2020, mientras que el segundo fue declarado inadmisible por el Superior el 26 de marzo actual; en ese orden, consider\u00f3 que con la determinaci\u00f3n en mientes la c\u00e9lula judicial encartada incurri\u00f3 en \u00abuna v\u00eda de hecho\u00bb, pues \u00abest\u00e1 obrando por fuera de sus l\u00edmites al interpretar y aplicar err\u00f3neamente lo preceptuado en el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, raz\u00f3n por la cual pide la intervenci\u00f3n constitucional aqu\u00ed implorada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juez Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, y en tal sentido dijo, que a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n cuestionada \u00abse reconoci\u00f3 entre otros al aqu\u00ed accionante se\u00f1or FRANCISCO JAVIER CAJIADO (sic), como herederos de la demanda, OLGA GAIT\u00c1N CUBIDES, quien falleciera, como est\u00e1 acreditado en los autos\u00bb, oportunidad en la que adem\u00e1s pidi\u00f3 \u00abque acreditaran legalmente que los dineros que solicitan se les entreguen, le fueron adjudicados dentro del proceso de sucesi\u00f3n de la causante\u00bb, decisi\u00f3n que de modo alguno puede entenderse como caprichosa, sino como una manera de resguardar a los posibles herederos que no han comparecido al tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo reclamado, tras advertir, en suma, que \u00abel juzgador cognoscente soport\u00f3 sus determinaciones en plausibles premisas dentro del contexto del derecho vigente y en el entorno de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda jurisdiccional como se permite por el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n, sin que se avizore una hermene\u0301utica arbitraria, caprichosa o irrazonable. Mal se puede utilizar este mecanismo \u201csubsidiario\u201d y \u201cresidual\u201d (art\u00edculo 1\u00ba del decreto 2591 de1991) para imponerle una hermen\u00e9utica que convenga a los particulares intereses de quienes acuden a la acci\u00f3n de tutela para cuestionar las providencias judiciales que no le han beneficiado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor del amparo, con sustento en similares reparos a los planteados al inicio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Cajiao Gait\u00e1n cuestiona, en ultimas, la decisi\u00f3n del 6 de febrero de 2020, mantenida integralmente el 3 de julio de la misma calenda, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad, al interior del proceso de Expropiaci\u00f3n que la EAAB promovido en contra de la se\u00f1ora Olga Gait\u00e1n Cubides (q.e.p.d.), reconoci\u00f3 al querellante como sucesor procesal de aqu\u00e9lla, y como cesionario de los dem\u00e1s herederos all\u00ed distinguidos; sin embargo, le orden\u00f3 a los sucesores comparecientes que acreditaran \u00ablegalmente que los dineros que solicitan se les entreguen, le fueron adjudicados dentro del proceso de sucesi\u00f3n de la causante \u2013OLGA GAITAN CUBIDES\u00bb. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, advierte la Sala que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n antes individualizada, no se identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Despacho convocado para atender la petici\u00f3n de los herederos all\u00ed reconocidos, relacionada con la entrega de dineros que por concepto de indemnizaci\u00f3n all\u00ed se hubiere consignado, precis\u00f3 que \u00ab[n]o se puede confundir la SUCESI\u00d3N PROCESAL con la SUCESI\u00d3N MORTUORIA, pues con la primera se ocupa el lugar de otra persona, dentro de la actuaci\u00f3n de un proceso, mientras que con la segunda, se transmite el patrimonio de una persona que fallece a sus herederos\u00bb, y en tal sentido, exigi\u00f3 que previo a proveer sobre los dineros reclamados, se \u00abacreditada en legal forma que los mismos les fueron adjudicados\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, con sustento en los derroteros dispuestos por los art\u00edculos 1008 al 1014 del C\u00f3digo Civil, concluyendo que con apego a las prerrogativas del canon 68 del C\u00f3digo General del Proceso, era imperioso acreditar \u00abque hubo sucesi\u00f3n mortuoria, con el objeto de no violar los derechos de todos y cada uno de los herederos\u00bb de la causante, sin que dicha determinaci\u00f3n pueda catalogarse como constitutivas de una v\u00eda de hecho como lo consideras el pretensor. <\/p>\n
3.2. Ello, porque m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la c\u00e9lula judicial criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo, se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed cesionario), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
3.3. Por lo expuesto, se considera que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la sede judicial accionada se soport\u00f3, precisamente, en una hermen\u00e9utica respetable del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso, y dem\u00e1s normas concordantes, en cuanto a la sucesi\u00f3n procesal se refiere, la cual difiere de la sucesi\u00f3n mortuoria. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC058-2021). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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