STC7552-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7552-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01010-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 25 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Humberto Ball\u00e9n Murcia contra el Juzgado 22 Civil del Circuito de esta ciudad y el Banco BBVA Colombia SA; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los asuntos cuestionados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, dignidad, buen nombre, igualdad, vida digna, petici\u00f3n, propiedad privada, \u00abprincipio de buena fe\u00bb y \u00abacceso a la justicia\u00bb, que dice vulneradas por los convocados, por lo que pidi\u00f3 \u00abrevocar [el] fallo de segunda instancia\u00bb dictado por la sede judicial acusada y, por tanto, ordenar a la entidad bancaria querellada \u00abtramitar ante el Juzgado 69 Civil Municipal (sic) la devoluci\u00f3n de $52.000.000.00 que se encuentran en dep\u00f3sitos judiciales\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abpagar los da\u00f1os y perjuicios ocasionados\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Humberto Ball\u00e9n Murcia promovi\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra el banco BBVA Colombia SA, con miras a que se le indemnizaran los perjuicios a \u00e9l generados con ocasi\u00f3n de la retenci\u00f3n de $52\u2019000.000 por parte de la entidad financiera, con fundamento en la aplicaci\u00f3n de una medida cautelar \u00abprescrita y extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 15 de enero de 2020, se accedi\u00f3 a las pretensiones del actor, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandada, siendo revocada por el juzgado convocado con providencia del 14 de abril de 2021, para en su lugar, desestimar las s\u00faplicas elevadas. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el ad quem querellado \u00abfund\u00f3 su decisi\u00f3n avalando la doble sanci\u00f3n\u2026 en [su] contra\u2026 permitiendo, por segunda ocasi\u00f3n, la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares\u2026, en [su] cuenta de ahorros\u2026, sanci\u00f3n que ya se hab\u00eda desarrollado en el\u2026 proceso ejecutivo 2014-00429 en [el] a\u00f1o 2014-2015\u00bb; y que se reun\u00edan los presupuestos necesarios para la prosperidad de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, lo que desconoci\u00f3 la sede judicial acusada. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 69 Civil Municipal de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abpara el proceso 2014-004291 se encuentra consignado la suma de $52.000.000\u00bb; y que \u00abBallen Murcia no ha presentado ninguna solicitud para la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia Financiera de Colombia destac\u00f3 que \u00abno existe por parte de esa entidad vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos invocados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado 22 Civil del Circuito de esta ciudad dijo acogerse \u00aba las actuaciones adelantadas al interior del proceso de protecci\u00f3n al consumidor financiero que cuenta con radicado 2019-720\u00bb. <\/p>\n
4. El Banco BBVA Colombia SA solicit\u00f3 denegar el amparo por \u00abhecho superado\u00bb, por cuanto resolvi\u00f3 la totalidad de solicitudes que elev\u00f3 el gestor. <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla decisi\u00f3n censurada no se puede tildar de caprichosa o arbitraria, ni se puede sostener que en ella no se valoraron las pruebas, pues la conclusi\u00f3n de la juzgadora, comp\u00e1rtase o no, tiene asidero en los documentos allegados al proceso y en las normas aplicables al caso concreto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el tutelante, sin precisar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, se advierte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que la sentencia de 14 de abril de 2021, que revoc\u00f3 la dictada el 15 de enero de 2020 por la Superintendencia Financiera, no denota arbitrariedad, toda vez que en dicha determinaci\u00f3n el estrado querellado expres\u00f3 las razones por las que consideraba inviable la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que impuls\u00f3 el tutelante, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 el incumplimiento que se atribuy\u00f3 al banco BBVA, es que\u2026 registr\u00f3 o\u2026 acat\u00f3 una medida de embargo y que\u2026 la materializ\u00f3 a\u00f1os despu\u00e9s, cuando el proceso ya se hab\u00eda finalizado y que el incumplimiento estaba dado por no haber verificado con suficiencia la vigencia de la medida y porque en este caso ese incumplimiento\u2026, era por haber, adicionalmente, retenido la suma de $20\u2019000.000\u2026 <\/p>\n
En ese punto, cuando vemos la decisi\u00f3n de primera instancia\u2026, la imputaci\u00f3n o el incumplimiento que logr\u00f3 establecer el juez de primera instancia fue, no por haber\u2026 acatado la medida\u2026, sino que lo hizo por haber procedido, en noviembre de 2018, a retener dinero y a bloquear la cuenta, sin que hubiere una justificaci\u00f3n para ello. <\/p>\n
En ese contexto, no podr\u00edamos decir que esa actuaci\u00f3n del banco, que por dem\u00e1s el bloqueo de la cuenta no hac\u00eda parte de la orden de embargo, teniendo en cuenta que para ese momento pudiera decirse que las sumas all\u00ed depositadas estuvieran a\u00fan amparadas por la inembargabilidad, eso no quiere decir que el incumplimiento de esta funci\u00f3n sea una cuesti\u00f3n netamente de la actividad como entidad administrativa, porque recuerden que dentro del contrato de apertura de cuenta, de las obligaciones, en este caso del banco, est\u00e1 la de garantizar que la persona pueda retirar su dinero en cualquier momento y esa conducta, salvo que medie orden de autoridad judicial, eso hace parte de un incumplimiento, porque en este caso\u2026 lo encontr\u00f3 demostrado el juez de primera instancia, que\u2026 ese bloqueo de cuenta no era permitido de cara a la orden de embargo que estaba registrada desde el a\u00f1o 2014 y que no hab\u00eda m\u00e9rito para que la materializara de esa manera. <\/p>\n
Entonces, ese primer elemento, no desborda las facultades jurisdiccionales, sino que se trata de un hecho que el juez de primera instancia encontr\u00f3 demostrado\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, a pesar de que el demandante alega que la actuaci\u00f3n del banco fue equivocada, de una parte, en la medida en que no debi\u00f3 haberse dado aplicaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el l\u00edmite de inembargabilidad de las cuentas de ahorro y, por otra parte, en raz\u00f3n en que la obligaci\u00f3n, que\u2026 origin\u00f3 dicha cautela se encontraba cancelada, evento en el cual desde las comunicaciones que alleg\u00f3 al banco el 17 de diciembre, se deb\u00eda levantar la restricci\u00f3n, que ten\u00eda como consecuencia la devoluci\u00f3n del dinero. <\/p>\n
Y en este punto, lo cierto es que, independientemente, que el primer elemento para el juzgador de primera instancia est\u00e9 demostrado y el incumplimiento, no por la materializaci\u00f3n de la medida, sino por el bloqueo de la cuenta, lo cierto es que\u2026 ese incumplimiento por s\u00ed s\u00f3lo no lleva a predicar la responsabilidad del banco\u2026, porque aqu\u00ed se debe demostrar el actuar culposo del banco y, en este punto, entra a\u2026 jugar un papel importante, la conducta del titular de la cuenta\u2026 y, en este punto, es importante tener en cuenta que la actuaci\u00f3n del demandado tiene incidencia en el an\u00e1lisis de este aspecto, relacionado con la responsabilidad por las situaciones que voy a pasar a explicar: <\/p>\n
En el expediente\u2026, obra un oficio circular\u2026 de 31 de julio de 2014, por medio del cual el Juzgado 69 Civil Municipal de Bogot\u00e1, al interior del proceso ejecutivo 2014-429, comunic\u00f3 el embargo de las sumas que posea el aqu\u00ed demandante, limitando la medida a la suma de $52\u2019000.000, la cual fue registrada el 3 de septiembre de 2014. <\/p>\n
En virtud de dicha orden, el 4 de julio de 2019, el 2 de agosto de 2019\u2026, el banco realiz\u00f3 descuentos por la suma de $18\u2019761.908 a la cuenta de ahorros\u2026 de titularidad del demandante y la puso a disposici\u00f3n de la autoridad competente\u2026 y, seg\u00fan se demuestra con los movimientos visibles a folios 185 a 195 del cuaderno 1, a donde adem\u00e1s se cuenta con informaci\u00f3n para acreditar que se contaba, para ese momento, es decir, para el primer descuento\u2026, con un saldo de $38\u2019000.000 y las dem\u00e1s transferencias se hicieron tomando como l\u00edmite de no descontar la suma de $36\u2019050.085. <\/p>\n
Conforme con lo anterior, la imputaci\u00f3n que se le ha hecho al banco, de interpretar la orden de embargo, en el sentido de que el l\u00edmite de inembargabilidad que le era aplicable, correspond\u00eda al fijado por la Superintendencia, al paso que la medida no se encontraba vigente, pues con anterioridad a los descuentos ya exist\u00eda un paz y salvo, que as\u00ed lo acreditaba, es del caso mencionar que el ejercicio de los controles o de las disposiciones normativas, donde el Estado interviene en la actividad financiera por ser de inter\u00e9s p\u00fablica, pues existen una serie de disposiciones normativas que deben ser seguidas y, en nuestro caso, por la fecha de la medida cautelar\u2026, estamos hablando de la circular b\u00e1sica jur\u00eddica, en este caso, la circular externa 007 del 96, que instituy\u00f3 el procedimiento para acatar las \u00f3rdenes de embargo libradas por autoridades judiciales\u2026 y habla en el 1.6. sobre el embargo de dep\u00f3sitos y luego de hacer el recuento, en el literal c, sobre el procedimiento, dice que los establecimientos de cr\u00e9dito deben observarlo para dar cumplimiento a las \u00f3rdenes de embargo, respecto de sumas depositadas en cuenta corriente y\u2026 de ahorros, cuando su cuant\u00eda no est\u00e9 cobijada por el beneficio de inembargabilidad. <\/p>\n
Y en el numeral 4\u00b0 dice que en el caso en el que el saldo existente en la cuenta\u2026, en la fecha y hora en que se comunique la orden de embargo, sea inferior a la cuant\u00eda se\u00f1alada en el oficio, quedar\u00e1n afectadas con dicha orden las cantidades depositadas con posterioridad, hasta que sea cubierto el l\u00edmite establecido en ella\u2026 <\/p>\n
En este particular caso, es importante tener en cuenta que, cuando se perfeccion\u00f3 la medida cautelar al interior del proceso ejecutivo, que se tramitaba en el Juzgado 69 Civil Municipal, estaba\u2026 vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, bajo ese aspecto, no era posible exigirle al banco la aplicaci\u00f3n del procedimiento especial que establece el art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual, para el distrito de Bogot\u00e1, entr\u00f3 en vigencia a partir del a\u00f1o 2016. <\/p>\n
Pero, independientemente de esta situaci\u00f3n, lo cierto es que independientemente del\u2026 incumplimiento del banco, aqu\u00ed lo m\u00e1s relevante es lo que se deb\u00eda hacer luego o lo que pas\u00f3 en el momento en que se termina el proceso ejecutivo, que se emite la orden de levantamiento de medidas cautelares y en el momento en que el banco, actuando bien o mal, ejecut\u00f3 la medida ordenada por el Juez 69 Civil Municipal. <\/p>\n
Y es que en el proceso tambi\u00e9n est\u00e1 demostrado que hubo un actuar negligente del demandado\u2026, porque \u00e9l conoc\u00eda del juicio ejecutivo donde le ordenaron cautelas, al punto que \u00e9l retir\u00f3 algunos de los oficios de desembargo y, adicionalmente, en el momento en que se observa que hubo el bloqueo de la cuenta por parte del banco, present\u00f3 derechos de petici\u00f3n, en los cuales ten\u00eda la respuesta emitida por el banco Corpbanca y, entonces, si bien uno pudiera decir que el banco BBVA tuvo conocimiento de la situaci\u00f3n de que el proceso judicial ya no estaba vigente\u2026, ello por s\u00ed s\u00f3lo no impon\u00eda el deber del banco de levantar las medidas cautelares, puesto que para ello era necesario\u2026 que se emitiera o se allegara el oficio de levantamiento de medidas cautelares. <\/p>\n
Y, en este punto, hay que hacer una acotaci\u00f3n y es que si bien en el proceso no obra copia de los procesos que se adelantaron en el Juzgado Promiscuo Municipal de Sop\u00f3 y en el Juzgado 69 Civil Municipal de esta ciudad, lo cierto es que\u2026 existe el auto de fecha 4 de abril de 2019, en donde se comunic\u00f3 a la parte demandante que el proceso se encontraba terminado y para el cumplimiento de las medidas cautelares se expidi\u00f3 el oficio circular No. 4478 del 19 de noviembre de 2015. <\/p>\n
Bajo este aspecto, es importante tener en cuenta que si en poder del ejecutado estaba el oficio circular dirigido a distintas entidades financieras, pues \u00e9l, como conocedor de cu\u00e1les son las entidades donde tiene productos o servicios financieros\u2026, debi\u00f3 tener la diligencia suficiente de llevar esos oficios a obtener [el levantamiento de] las medidas cautelares, porque aqu\u00ed no qued\u00f3 demostrado la afirmaci\u00f3n que ha hecho el\u2026 demandante de que \u2026 eso no fue as\u00ed, porque en el proceso ejecutivo nunca obr\u00f3 comunicaci\u00f3n del banco donde informara que acat\u00f3 la medida, porque lo que est\u00e1 aqu\u00ed es que se emiti\u00f3 un oficio circular en el cual, quien tiene el oficio lo tramita\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En este caso, lo cierto es que no es posible atribuir o trasladar obligaci\u00f3n al banco de investigar si los procesos o los oficios que comunican medidas de embargo se encuentran vigentes, porque esa no es su actividad, por el contrario, lo que est\u00e1 probado en el proceso es que los procesos fueron terminados y, al momento, no se le ha entregado al banco oficio que le comunique el levantamiento de la medida cautelar y esto no se supera con los derechos de petici\u00f3n, con otros documentos, porque\u2026 las comunicaciones en los procesos judiciales, de cara a lo que dispone el art\u00edculo 111 del C\u00f3digo General del Proceso, se da a trav\u00e9s de los oficios y, en este caso, la \u00fanica v\u00eda admitida para comunicar el levantamiento de la medida cautelar era el oficio del Juzgado 69 Civil Municipal. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el estrado criticado valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluyo que el hecho da\u00f1ino imputado al banco demandado en el juicio criticado, circunscrito a la retenci\u00f3n de unos dineros de la cuenta del tutelante, por cuenta de un embargo decretado en un proceso ejecutivo adelantado en su contra, no le era imputable a la enjuiciada, sino al propio actor, comoquiera que aquel omiti\u00f3 allegar a la entidad financiera el oficio a trav\u00e9s del cual se informaba sobre la cancelaci\u00f3n de la prenotada cautela. <\/p>\n
Tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Proceso ejecutivo promovido por Banco Corpbanca Colombia SA contra Humberto Ball\u00e9n Murcia. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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