STC7554-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7554-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-00802-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Eduardo Alvarado Reyes contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Veintitr\u00e9s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma urbe, as\u00ed como las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la \u00abasociaci\u00f3n sindical\u00bb y a la igualdad, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia pronunciada el 28 de julio de 2020, que resolvi\u00f3 sobre el recurso de casaci\u00f3n propuesto en el marco del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 contra el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, en aras de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n establecida en la convenci\u00f3n colectiva suscrita el 17 de diciembre de 1997. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto la memorada sentencia. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, luego de hacer un resumen pormenorizado de las actuaciones acaecidas en desarrollo de la contienda ordinaria laboral objeto de an\u00e1lisis, que con lo resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia memorada, ha sufrido un perjuicio incalculable, pues a diferencia de lo considerado, s\u00ed cumple con los requisitos para que le sea reconocida la prestaci\u00f3n pensional reclamada, \u00abpues en casos an\u00e1logos, la decisi\u00f3n ha sido favorable al trabajador, tales como en CSJ SL, 9 mar 2005, rad. 24962, CSJ SL, 24 mar 2010, rad. 38057, CSJ SL, 28 sept 2010, rad. 38466, CSJ SL, 1 mar 2011, rad. 38353, CSJ SL, 4 jul 2012, rad. 39112, CSJ SL, 19 mar 2014, rad. 45744, CSJ SL, 4 feb 2015, rad. 45379 y CSJ SL, 3 feb 2016, rad. 43608\u00bb, a m\u00e1s de haberse desconocido el precedente de la Sala permanente en el que se estableci\u00f3 que el \u00fanico requisito para acceder a la mentada asignaci\u00f3n convencional es haber prestado servicios por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, circunstancia por la que acude a la presente senda excepcional, pues no cuenta con otro mecanismo de defensa jur\u00eddica. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La apoderada del Ministerio de Minas y Energ\u00eda, luego de solicitar la negativa de la protecci\u00f3n inquirida, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de dicha Cartera por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que ninguna injerencia tiene en las pretensiones del promotor de la salvaguarda. <\/p>\n
b. El Magistrado ponente de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dijo remitirse a los argumentos expuestos en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 al amparo invocado, tras advertir que, independientemente con que no hubiese beneficiado al actor, se pudo verificar que \u00aben SL5084-2020, la Sala accionada no cas\u00f3 la decisi\u00f3n de la Sala de decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al estimar que dicha Colegiatura hab\u00eda acertado al confirmar la negativa de condena de la empresa demandada, al tener en cuenta que la \u00fanica interpretaci\u00f3n posible a la cl\u00e1usula convencional que aqu\u00ed se debate se consign\u00f3 en CSJ SL1240\u20132019, donde se concluy\u00f3 que para la causaci\u00f3n del derecho prestacional, es indispensable que concurran los presupuestos definidos expresamente en el acuerdo colectivo, entre ellos el de edad. Luego, el accionante no tendr\u00eda derecho, dado que se desvincul\u00f3 de Minercol en el a\u00f1o 2007, y cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad en el 2010, es decir cuando no ten\u00eda la condici\u00f3n de trabajador de la empresa. <\/p>\n
Explic\u00f3 con suficiencia la Sala accionada as\u00ed: <\/p>\n
El impugnante plantea que le asiste raz\u00f3n, puesto que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que solicita se caus\u00f3 desde el 2007 (fecha de la desvinculaci\u00f3n), visto que la edad, en casos como el particular, constituye un requisito de exigibilidad, m\u00e1s no de causaci\u00f3n. <\/p>\n
En este contexto, menester es se\u00f1alar que en sentencias como la CSJ SL526\u20132018, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que la edad es un requisito de causaci\u00f3n y no de exigibilidad del derecho pensional, sin embargo, recientemente y de forma concreta al caso que nos ocupa, se expuso la \u00fanica interpretaci\u00f3n posible a la cl\u00e1usula convencional que aqu\u00ed se debate. As\u00ed lo dijo en la CSJ SL1240\u2013 2019 (relevante): <\/p>\n
Seg\u00fan el tenor literal del precepto convencional, son titulares de la pensi\u00f3n extralegal demandada: i) los trabajadores al servicio de la empresa; ii) que hayan cumplido o cumplan el requisito de la edad de 50 a\u00f1os las mujeres y 55 los hombres y iii) que cuenten con 20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos en entidades p\u00fablicas, oficiales o semioficiales y particulares; prestaci\u00f3n que estar\u00e1 a cargo de Mineralco S.A. desde el momento en que \u00abel trabajador cumpla diez (10) a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos en la Empresa\u00bb, hasta que se subrogue el ISS en el mismo, caso en el cual pagar\u00e1 el mayor valor. <\/p>\n
Significa lo expuesto, que en aplicaci\u00f3n del principio de interpretaci\u00f3n gramatical del art\u00edculo 25 del C\u00f3digo Civil, para la causaci\u00f3n del derecho prestacional, es indispensable que concurran los tres presupuestos definidos expresamente en el acuerdo colectivo, sin que se advierta duda u oscuridad en los mismos, que permita la injerencia del Juez a partir del principio de favorabilidad o in dubio pro operario, pues para que \u00e9l proceda necesariamente debe existir duda o ambivalencia en la intelecci\u00f3n de la disposici\u00f3n legal o convencional, conforme lo ha explicado la Corte, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL5132-2017, en la que indic\u00f3: \u00ab[\u2026] no puede tener cabida el principio de favorabilidad, cuando la norma con la cual se soluciona la [\u2026] controversia judicial, es di\u00e1fana en su intenci\u00f3n, esp\u00edritu y tenor literal, que no origina ning\u00fan conflicto o duda en su aplicaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como en la sentencia CSJ SL14064- 2016, en la que expuso: <\/p>\n
[\u2026] De tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que en el evento de conflicto o duda que se pueda presentar en la aplicaci\u00f3n de las fuentes formales del derecho laboral y de la seguridad social, es procedente acoger aquella que le sea m\u00e1s favorable al trabajador, siempre y cuando las normas jur\u00eddicas est\u00e9n vigentes y resulten ambas aplicables al caso, es decir, que los presupuestos f\u00e1cticos de cada una de ellas encajen en la misma situaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual modo, se tiene adoctrinado que la duda que se pueda generar en tal aplicaci\u00f3n o en su defecto en la interpretaci\u00f3n de tales fuentes del derecho, debe ser aquella que se encuentre en la mente del fallador y no la que propongan las partes. De no existir tal duda, no se abre el camino para acudir al referido principio de la favorabilidad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Entonces, es claro para la Sala que el juez plural arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n correcta, pero por las razones equivocadas, lo que no quiere decir que la sentencia acusada deba ser casada, pues si eso llegase a suceder, la decisi\u00f3n en sede de instancia ser\u00eda la misma, pero por las razones expuestas en la cita jurisprudencial transcrita, es decir, el demandante continuar\u00eda siendo ajeno al derecho convencional que reclama, esto porque como qued\u00f3 demostrado, se desvincul\u00f3 de Minercol en el a\u00f1o 2007, y cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad en el 2010, es decir cuando no ten\u00eda la condici\u00f3n de trabajador de la empresa, y tal como lo expuso esta Colegiatura \u00ab[\u2026] se requiere que los requisitos se cumplan en vigencia de la relaci\u00f3n laboral [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Las anteriores aseveraciones corresponden a la valoraci\u00f3n de la Sala accionada, bajo el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento; por lo cual, la providencia censurada es intangible -en principio- por el sendero de este accionamiento. Recu\u00e9rdese que la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las disposiciones jur\u00eddicas y la interpretaci\u00f3n ponderada de los falladores, al resolver un asunto dentro del \u00e1mbito de su competencia, pertenece a su autonom\u00eda como administradores de justicia. El razonamiento de la mencionada Corporaci\u00f3n no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso. Entendiendo, como se debe, que la misma no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que en este evento se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una tercera instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al asunto, valoraciones probatorias o en el aislamiento a los lineamientos jurisprudenciales sobre el caso debatido\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del amparo recurri\u00f3 el anterior fallo, con similares argumentos a los esbozados del escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
Sobre el \u00faltimo punto, la Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n se concluye, que el amparo resulta improcedente, pues el se\u00f1or Jaime Eduardo pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse, si en cuenta se tiene que la determinaci\u00f3n que cuestiona es la proferida el 28 de julio de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s de la cual se decidi\u00f3 no casar la sentencia de segundo grado pronunciada en el juicio ordinario laboral que instaur\u00f3 contra el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, para obtener la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 21 de abril de 2021. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia, que el tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir m\u00e1s de nueve (9) meses de emitida tal decisi\u00f3n, t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC1405-2021). <\/p>\n
3. Y en aras de ahondar en razones desestimatorias de la protecci\u00f3n inquirida debe decirse, que las cuestiones planteadas por el inconforme resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que razonamiento realizado por la Colegiatura convocada de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Ciertamente, en punto del problema jur\u00eddico planteado, el casacionista concluy\u00f3 que, conforme a lo dispuesto en la sentencia CSJ SL1240-2019, se fij\u00f3 la \u00ab\u00fanica interpretaci\u00f3n posible a la cl\u00e1usula convencional que aqu\u00ed se debate\u00bb, esta es, que \u00abpara la causaci\u00f3n del derecho prestacional, es indispensable que concurran los tres presupuestos definidos expresamente en el acuerdo colectivo\u00bb, es decir, que a.) el reclamante fuera trabajador al servicio de la empresa; b.) que hubiere cumplido o cumpla el requisito de la edad (55 a\u00f1os en el caso de los hombres); y, c.) que cuente con 20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos en entidades p\u00fablicas, oficiales o semioficiales y particulares. <\/p>\n
Por lo anterior, no se advierte \u00abduda u oscuridad en los mismos, que permita la injerencia del Juez a partir del principio de favorabilidad o in dubio pro operario, pues para que \u00e9l proceda necesariamente debe existir duda o ambivalencia en la intelecci\u00f3n de la disposici\u00f3n legal o convencional\u00bb; as\u00ed, el demandante no cumpl\u00eda con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la asignaci\u00f3n instada, pues \u00abcomo qued\u00f3 demostrado, se desvincul\u00f3 de Minercol en el a\u00f1o 2007, y cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad en el 2010, es decir cuando no ten\u00eda la condici\u00f3n de trabajador de la empresa, y tal como lo expuso esta Colegiatura \u00ab[\u2026] se requiere que los requisitos se cumplan en vigencia de la relaci\u00f3n laboral [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Entonces, no resulta acertado lo que asegura el accionante frente a los presuntos defectos de los que padece la sentencia atacada, comoquiera que de conformidad a la reciente jurisprudencia que sobre ese t\u00f3pico ha proferido la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, es verdad que aqu\u00e9l no cumple con los requisitos para la obtenci\u00f3n de tal pensi\u00f3n, motivo por el cual no es posible aplicar el beneficio convencional reclamado. <\/p>\n
De este modo, no cabe duda la imposibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela para modificar o revocar lo resuelto, toda vez que a \u00e9ste \u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb; en esa misma l\u00ednea de principio, el juez constitucional \u00abno es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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