STC7555-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7555-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2021-00118-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Uner Augusto Becerra Largo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia -Risaralda, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de ese mismo municipio, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial convocada, con la mora en el tr\u00e1mite de las acciones populares identificadas con los radicados 2021-0078-00 hasta la 2021-00217-00. <\/p>\n
Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, i) \u00abprobar el d\u00eda, mes y a\u00f1o en el que notific\u00f3 la acci\u00f3n a la entidad demandada\u00bb; y, ii) \u00abaportar copia de la respuesta dada\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que en el marco de las mentadas acciones constitucionales, no se han notificado a los respectivos accionados, incumpli\u00e9ndose as\u00ed con lo dispuesto en los c\u00e1nones 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998, y, 8\u00b0 y 42 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que vulnera, dice, su debido proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia \u2013Risaralda, hizo hincapi\u00e9 en que el quejoso no ha solicitado en momento alguno la aplicaci\u00f3n de la citada normatividad dentro de las acciones en comento; que adem\u00e1s, se declar\u00f3 la nulidad de los autos mediante los cuales se hab\u00edan admitido \u00e9stas, ordenando la remisi\u00f3n de los expedientes para que fueran repartidos entre los juzgados civiles de otras localidades. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, porque \u00abla lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas no ha tenido lugar y, por lo tanto, debe declararse improcedente el amparo implorado, comoquiera que, en el asunto objeto de debate, no se ha presentado la conducta reprochada, es decir, es inexistente acci\u00f3n u omisi\u00f3n en tal sentido, ya que otra es la realidad procesal que ha ocurrido en el tr\u00e1mite de las referidas acciones populares, como claramente se evidencia de lo explicado en los numerales anteriores. Aunado a lo anterior, no hay duda que el presente amparo constitucional se torna improcedente, toda vez que, sobre la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos referidos en la tutela, el accionante nada le ha pedido expresamente a la autoridad judicial, de manera que obligue un pronunciamiento expl\u00edcito de la titular del juzgado sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor replic\u00f3 el anterior fallo, sin expresar las razones de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado, que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente asunto sin duda, la queja va dirigida contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia \u2013Risaralda, por supuestamente no procurar la aplicaci\u00f3n de lo normado en los art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998, as\u00ed como 8\u00b0 y 42 del C\u00f3digo General del Proceso, en las acciones populares radicadas entre los consecutivos 2021-0078-00 hasta la 2021-00217-00. <\/p>\n
3. Sin embargo, se anticipa con vista en los elementos de juicio obrantes en el expediente, y lo manifestado por el encartado, que el fallo de instancia habr\u00e1 de ser ratificado, si se tiene en cuenta que al momento de la interposici\u00f3n del amparo, no exist\u00eda de parte de aqu\u00e9lla actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que deba ser enmendada a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, comoquiera que, lo cierto es que en desarrollo de las memoradas acciones populares iniciadas por Uner Augusto Becerra, no existe lugar a notificar a las partes demandadas, pues luego de declararse la invalidez de los prove\u00eddos mediante los cuales fueron admitidas, se rechazaron por competencia y se remitieron a distintas oficinas judiciales. <\/p>\n
4. Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que, \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb (CSJ STC3695-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener la sentencia controvertida, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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