STC7557-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7557-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-00570-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerado por la autoridad accionada, por lo que solicit\u00f3 que se le ordene dar \u00abrespuesta oportuna\u2026 a la solicitud\u2026 que\u2026 efectu\u00f3\u2026, mediante oficios 202008418 del 25 de noviembre de 2020 y 202009529 del 30 de diciembre de 2020\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante la autoridad accionada se adelant\u00f3 el proceso liquidatorio de Andina de Curtidos SA, que se declar\u00f3 terminado con prove\u00eddo del 30 de diciembre de 2009. <\/p>\n
2.2. Expres\u00f3 la gestora del resguardo que, mediante solicitud del 25 de noviembre de 2020, reiterada el 30 de diciembre siguiente, el PARISS solicit\u00f3 a la querellada que \u00abse pronunciara sobre la viabilidad de la reapertura del [prenotado] proceso liquidatorio\u2026\u00bb, petici\u00f3n que \u00abha sido ignorada y no\u2026 ha recibido respuesta\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades inform\u00f3 que, \u00abmediante oficio 2021-01-082292 de 16-03-2021 se resolvi\u00f3 la petici\u00f3n contenida en el oficio salida No.202008418 y allegado a esta Superintendencia con n\u00fameros de radicado 2020-01-621991 y 2020-07-009246 del 3 y 8 de diciembre de 2020\u00bb, por lo que solicit\u00f3 negar el resguardo por \u00abhecho superado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00abcon la respuesta emitida por la entidad encartada el pasado 16 de marzo de 2021, la cual fue notificada a [la] accionante, el fundamento de esta acci\u00f3n de tutela qued\u00f3 sin sustento, por cuanto se super\u00f3 la situaci\u00f3n del presunto hecho generador de la violaci\u00f3n del derecho fundamental invocado por el gestor constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor reiter\u00f3 que la solicitud sustento de la presente acci\u00f3n no ha sido resuelta, toda vez que \u00ablos oficios a los que se refieren [la] respuesta [allegada por la accionada]\u2026, fueron emitidos para una petici\u00f3n anterior\u2026\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo reclamado en esa \u00faltima solicitud era que \u00abse registre la daci\u00f3n en pago autorizada en el plan de pagos aprobado por el auto 440- 019376 del 17 de noviembre de 2005\u00bb, mientras que lo deprecado en la petici\u00f3n, cuya respuesta se depreca en esta acci\u00f3n constitucional, \u00abes que se realice la reapertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, conforme con los nuevos procedimientos legales vigentes sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, reiter\u00f3 que su garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n se est\u00e1 viendo comprometida con la actuaci\u00f3n de la accionada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, verifica la Corte que la queja de la actora se circunscribe a que la sede judicial acusada no ha dado respuesta \u00abde fondo\u00bb a la solicitud que elev\u00f3 el 25 de noviembre de 2020 (salida No. 202008418), reiterada el 30 de diciembre siguiente, enfilada a obtener la reapertura del proceso liquidatorio de Andina de Curtidos SA. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ha de resaltarse que, respecto al derecho de petici\u00f3n ante autoridades judiciales, la Sala ha manifestado en varias oportunidades que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica. (CSJ STC, 20 y 31 Mar. 2000. Rad. Nos. 4822 y 4867, reiterada, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., exp. 01762-01). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, descendiendo al caso sub examine, se advierte que el resguardo estaba llamado a fracasar, toda vez que no se evidencia la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n del promotor del resguardo, por cuanto su solicitud no estaba dirigida a que se le resolvieran asuntos puramente administrativos, sino por el contrario se circunscrib\u00eda a cuestiones propias del proceso de liquidaci\u00f3n tramitado ante la entidad enjuiciada, teniendo en cuenta que, se reitera, lo pretendido por la tutelante era la reapertura de ese asunto. <\/p>\n
3. Cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n al debido proceso del tutelante, pues se vislumbra que con decisi\u00f3n calendada 16 de marzo de los cursantes, la superintendencia enjuiciada se pronunci\u00f3 sobre la petici\u00f3n que se pregona insatisfecha, declarando improcedente la solicitud de reapertura elevada. <\/p>\n
Sobre el particular, vale la pena destacar que, contrario a lo que adujo el censor, en la citada determinaci\u00f3n de 16 de marzo de 2021, la entidad querellada hizo un pronunciamiento expreso sobre la reapertura que reclam\u00f3 aquella y no sobre el registro de la daci\u00f3n en pago al que se alude en el escrito de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 este Despacho nuevamente le reitera que la carga procesal para el perfeccionamiento del traslado del dominio sobre el inmueble que recibi\u00f3 en daci\u00f3n en pago, como es protocolizar la escritura p\u00fablica con el porcentaje recibido e inscribirla en la oficina de registro e instrumentos p\u00fablicos, recae en el Instituto de Seguros Sociales como acreedor beneficiario de esa daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
4. De esta forma, la solicitud incoada\u2026 en el sentido de reaperturar el presente proceso, se declarar\u00e1 improcedente, por cuanto la perfecci\u00f3n del derecho de dominio sobre el inmueble del cual fue beneficiario el Instituto de Seguros Sociales, no es un tr\u00e1mite que comporte la reapertura del proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria, en la medida que el \u00fanico legitimado para perfeccionar el derecho de dominio del que fue beneficiario, es el mismo Instituto de Seguros Sociales tal como se advirti\u00f3 por este Despacho en Oficio de 17 de septiembre de 2020. (Folios 7 a 9, archivo digital denominado \u00ab05. Respuesta Superintendencia de Sociedades.pdf\u00bb). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del gestor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional que se elev\u00f3, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que resuelva sobre dicha solicitud, pues ello ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Lo consignado resulta suficiente para despachar la impugnaci\u00f3n formulada e imponen respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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