STC7559-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7559-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00917-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de mayo 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rulvin Ni\u00f1o Ni\u00f1o contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del cobro coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso ejecutivo de Av Villas contra Doris Rubiano Mart\u00ednez, identificado con Rad. No. 1998-80351. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00abque de manera inmediata reconstruya el expediente de acuerdo a sus archivos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone en s\u00edntesis, que el 9 de marzo del a\u00f1o 2020 solicit\u00f3 el desarchivo del expediente del proceso de la referencia, para lo cual, en cumplimiento de lo requerido por el Despacho, aport\u00f3 el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien all\u00ed cautelado; no obstante, al no recibir respuesta, interpuso acci\u00f3n de tutela para obtenerla, pero fue negada el 30 de septiembre del mismo a\u00f1o por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 por hecho superado, ya que no hab\u00edan logrado ubicar el proceso, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el 18 de noviembre de la misma anualidad la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, porque su petici\u00f3n estaba en tr\u00e1mite, sin que se presente tardanza, adem\u00e1s que, si resultaba infructuosa la b\u00fasqueda, deb\u00eda procederse con la reconstrucci\u00f3n del expediente. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que \u00abatendiendo esos lineamientos\u00bb, el 24 de noviembre del a\u00f1o pasado pidi\u00f3 a la autoridad judicial convocada la reconstrucci\u00f3n del expediente, solicitud que reiter\u00f3 el 28 de enero, y ,el 12 y 23 de febrero siguientes, sin obtener respuesta, pese a ser obligaci\u00f3n del Juzgado atender su reclamo, dado que se est\u00e1 afectando su patrimonio, dice, a favor de los intereses del banco ejecutante, impidi\u00e9ndole adem\u00e1s ejercer su derecho de defensa en otro proceso, situaci\u00f3n que, en su sentir, quebranta las garant\u00edas esenciales invocadas y justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a. El Juez Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3, que inicialmente recibi\u00f3 solicitud del actor para que informara donde se encuentra el referido proceso, y posteriormente \u00e9ste pidi\u00f3 su reconstrucci\u00f3n, por lo que en auto del 10 de marzo de la presente anualidad dispuso oficiar a la Oficina de Archivo de la DESAJ Bogot\u00e1 para ubicar el legajo. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el gestor no es parte en el precitado asunto, y que pidi\u00f3 la ubicaci\u00f3n y desarchivo del expediente para para examinar la petici\u00f3n de reconstrucci\u00f3n, \u00abpero no ha sido por pereza o incuria, ni por ninguna situaci\u00f3n de desatenci\u00f3n\u00bb que ha tardado en resolver la solicitud, ya que, explic\u00f3, las medidas tomadas con ocasi\u00f3n de la pandemia han impedido que desde marzo del a\u00f1o pasado, 4 de los 7 empleados asistan a la sede judicial por padecer de comorbilidades; as\u00ed mismo, los empleados restantes han ocupado mucho tiempo escaneando los expedientes, a un ritmo de 4 o 5 diarios, y, a la fecha han digitalizado hasta los ingresados al despacho en febrero de 2020, para un total faltante de 600 legajos; que en el presente a\u00f1o ha realizado 182 audiencias, ha recibido 743 expedientes nuevos, ha proferido 451 sentencias de primera y segunda instancia, 709 autos interlocutorios, 2062 autos de tr\u00e1mite, adem\u00e1s del tiempo que ha ocupado como escrutador electoral y los paros y protestas sociales que han retrasado las labores, por lo cual, dice, \u00abla \u201cmora\u201d est\u00e1 realmente justificada\u00bb, y tambi\u00e9n, hay carencia actual de objeto respecto a la petici\u00f3n del gestor. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, por tratarse de una petici\u00f3n en actuaci\u00f3n judicial, cuya resoluci\u00f3n se rige por las normas del procedimiento civil; por otra parte, \u00abel juzgado atendi\u00f3 la petici\u00f3n que dice el accionante no se le ha dado respuesta, mediante auto de fecha 10 de marzo de 2021 notificado por estado de 12 de mayo, por el cual se\u00f1al\u00f3 que las sedes judiciales no archivan los proceso antiguos sino que son enviados a la DESAJ para su custodia, en esa medida orden\u00f3 oficiar a la Oficina de Archivo Central para que proceda al desarchivo del expediente y una vez se reciba repuesta sobre el paradero del proceso, proveer\u00e1 sobre la solicitud de reconstrucci\u00f3n, as\u00ed mismo requiri\u00f3 al memorialista para que acreditara su inter\u00e9s\u00bb, con lo cual el Juzgado criticado se manifest\u00f3 frente a la solicitud del accionante desde antes de presentada la tutela, y en el curso de la misma envi\u00f3 correo electr\u00f3nico a \u00e9ste, inform\u00e1ndole del aludido prove\u00eddo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que por las circunstancias expuestas en el informe presentado, no es posible predicar la existencia de mora judicial del Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta capital, en tanto se dej\u00f3 evidenciado que \u00abla tardanza que se reprocha por parte del operador judicial no se torna arbitraria ni mucho menos contraria a los deberes que le asisten como servidor p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, con sustento en que el tiempo en atender su solicitud se ha prolongado demasiado, y que el Despacho accionado inicialmente le inform\u00f3 que desconoc\u00eda el paradero del expediente del proceso, y despu\u00e9s s\u00ed ofici\u00f3 al archivo, sin que obre constancia que esa comunicaci\u00f3n fue recibida por su destinatario. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC064-2021). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. En el presente caso, el ciudadano Rulvin Ni\u00f1o Ni\u00f1o se queja, en suma, porque el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no ha procedido con la reconstrucci\u00f3n del expediente del proceso ejecutivo que el Banco Av Villas promovi\u00f3 contra Doris Rubiano Mart\u00ednez, pese a que as\u00ed lo solicit\u00f3 desde el 24 de noviembre de 2020, y a\u00fan antes de esa fecha ya le hab\u00eda pedido a \u00e9ste ubicar el expediente. <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, aprecia la Corte sin lugar a dudas, que lo pretendido por el gestor del amparo se refiere a temas propios del cobro coercitivo en comento, por lo que debe ser analizada en el marco legal de dicho tr\u00e1mite, y no como el ejercicio del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 que aqu\u00e9l haya formulado la solicitud memorada por v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, no puede pretender que a su requerimiento deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de la misma. <\/p>\n
5. Desde esta arista, la queja en comento corresponde analizarla es a la luz de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y por esa senda, extrae la Sala de lo informado por la autoridad judicial criticada al intervenir en este tr\u00e1mite, que es inexistente la vulneraci\u00f3n aqu\u00ed alegada, si se tiene en cuenta que la mora judicial tiene lugar cuando la actuaci\u00f3n del juzgador desconoce los plazos legales, y carece de un motivo probado y razonable para excusar su tardanza, evento en el que se vulneran los prerrogativas superiores antes se\u00f1aladas, situaci\u00f3n que, valga decir, no se aprecia en el caso bajo estudio, pues la citada autoridad judicial, pese a no haber resuelto a\u00fan de manera definitiva sobre la solicitud del gestor para reconstruir el expediente del referido decurso, se encuentra adelantando las gestiones tendientes a esa finalidad, y muestra de ello es la emisi\u00f3n del auto del 10 de marzo pasado, con que solicit\u00f3 a la Oficina de Archivo Central DESAJ, que procediera a \u00abdesarchivar el proceso de la referencia, el cual se encuentra archivado desde el a\u00f1o 2002, en el paquete cuarenta y nueve (49) de procesos terminados del a\u00f1o 2002, Archivo Fontib\u00f3n\u00bb, sin que el c\u00famulo de trabajo y la prelaci\u00f3n que debe imprimir a otros tr\u00e1mites, le hayan permitido emitir la decisi\u00f3n que corresponda. <\/p>\n
La anotada situaci\u00f3n resulta agravada por los condicionamientos particulares que para su funcionamiento ha tenido que acatar el estrado accionado con ocasi\u00f3n de la pandemia generada por el Covid 19, los que le han impedido contar con toda su planta de trabajadores de manera presencial y lo han abocado a realizar labores adicionales de digitalizaci\u00f3n de los expedientes, circunstancias estas que, en suma, descartan la posibilidad de intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela, pues, tal como se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en un asunto de contornos similares, \u00abcomo la mora en la resoluci\u00f3n de la susodicha petici\u00f3n obedece a la situaci\u00f3n anteriormente descrita, no se le puede endilgar a la funcionaria acusada la vulneraci\u00f3n alegada, pues ha actuado dentro del marco normativo dispuesto por aquella Corporaci\u00f3n [Consejo Superior de la Judicatura] para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de justicia durante la emergencia sanitaria que vive el pa\u00eds por cuenta de la mencionada enfermedad; luego, entonces, est\u00e1 justificada la omisi\u00f3n denunciada por la gestora del amparo\u00bb (STC4292-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los motivos expuestos resultan a todas luces objetivos, por lo que, a diferencia de lo argumentado por el promotor, no considera la Sala que la tardanza presentada para finiquitar lo solicitado, obedezca a alguna situaci\u00f3n atribuible exclusivamente a la desidia o desinter\u00e9s de la autoridad accionada lo que, entonces, descarta la posibilidad de intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela, pues, como ha insistido la Corte en distintas oportunidades, mutatis mutandis, \u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u00bb1, de manera que \u00abla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ STC438-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-1227 de 2001. <\/p>\n
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