STC7560-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7560-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-02012-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Josefa del Carmen L\u00f3pez Bugallo frente al fallo proferido el 12 de enero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Doce Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia con prevalencia del derecho sustancial y a la propiedad privada\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio adelantado respecto del predio denominado \u00abLa Argentina\u00bb.1 <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar parcialmente sin efectos la sentencia del 6 de noviembre de 2019[,] proferida por el Tribunal [encausado]\u2026, que confirm\u00f3 la\u2026 de primera instancia del Juzgado [convocado]\u2026, exclusivamente en relaci\u00f3n con la extinci\u00f3n de dominio de la finca La Argentina de propiedad de Josefa del Carmen L\u00f3pez Bugallo y su c\u00f3nyuge\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, con sentencia de 24 de agosto de 2011 el Juzgado accionado declar\u00f3 extinto el derecho de propiedad que la accionante y Jorge Eduardo Mej\u00eda Echeverri ostentaban sobre la heredad atr\u00e1s rese\u00f1ada; determinaci\u00f3n que el 6 de noviembre de 2019 confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela la actora critic\u00f3 esas decisiones porque, en su sentir, en ellas se incurri\u00f3 en evidentes defectos procedimental, f\u00e1ctico, sustantivo, de falta de motivaci\u00f3n y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n al rechazar algunas de las pruebas cuyo decreto deprec\u00f3; valorar deficientemente otras que arrim\u00f3 para demostrar \u00absu condici\u00f3n como tercera de buena fe exenta de culpa\u00bb, el origen l\u00edcito del predio y de los dineros con los cuales lo adquiri\u00f3 junto con su esposo -\u00abtales como testimonios, documentos e informes periciales\u00bb-; desconocer \u00abel car\u00e1cter taxativo de las causales de extinci\u00f3n de dominio\u2026[,] en contrav\u00eda\u2026 del precedente de la Corte Constitucional respecto de los derechos de terceros de buena fe\u00bb; e imponerle \u00abcargas irrazonables\u2026, al sancionarla con la p\u00e9rdida del derecho de dominio por el solo hecho de que la anterior propietaria de la finca \u201cLa Argentina\u201d cometi\u00f3 un delito\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el pasado 19 de agosto \u00abla Corte Constitucional expidi\u00f3 la sentencia C-327 de 2020 en la que decidi\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad en contra de los art\u00edculos 16.10 y 16.11 de la Ley 1708 de 2014 que permiten extinguir el dominio sobre los bienes de origen l\u00edcito cuyo valor corresponde o es equivalente al de los bienes que son producto directo o indirecto de una actividad il\u00edcita, pero respecto de los cuales es improcedente o inviable la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, por el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe exenta de culpa, o porque no es posible su localizaci\u00f3n, identificaci\u00f3n o afectaci\u00f3n material\u00bb; cuyos razonamientos, de cara a lo que denomin\u00f3 \u00abcarga din\u00e1mica de [la] prueba respecto de\u2026 terceros de buena fe exenta de culpa\u00bb, resultan aplicables a su caso. <\/p>\n
Asever\u00f3, en concreto, que \u00ablas autoridades judiciales accionadas erraron porque (i) partieron de una presunci\u00f3n de ilicitud de [sus] bienes\u2026, lo cual es contrario a la Constituci\u00f3n, (ii) le impusieron una carga irrazonable -seg\u00fan la sentencia C-327 de 2020- de conocer los antecedentes penales de su vendedora y (iii) habiendo partido de esa inconstitucional presunci\u00f3n de ilicitud, no valoraron los medios de prueba que la desvirtuaban\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que este reclam\u00f3 satisface el presupuesto de la inmediatez debido a que \u00ablas circunstancias actuales de la emergencia econ\u00f3mica y sanitaria impidieron la interposici\u00f3n m\u00e1s expedita de la acci\u00f3n y adem\u00e1s se cuenta con una decisi\u00f3n posterior de la Corte Constitucional que afecta [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
3. La demanda de tutela se formul\u00f3 el 2 de diciembre de 2020 y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite al d\u00eda siguiente. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Jorge Eduardo Mej\u00eda Echeverri coadyuv\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n, la que, a pesar de su excepcionalidad, adujo procedente por las siguientes situaciones que, en su sentir, tornan especial este espec\u00edfico asunto, a saber, que: <\/p>\n
i) \u00abllev\u00f3 el caso a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia en donde cursa procedimiento de admisibilidad\u00bb. <\/p>\n
ii) \u00abconcurri\u00f3 al reciente juicio de constitucionalidad que tuvo lugar en la Corte, y que concluy\u00f3 con la Sentencia C-327 de 2020. All\u00ed fue mencionado su caso\u00bb. <\/p>\n
iii) \u00abfue sometido al procedimiento de la Ley 333 de 19963 (estatuto de extinci\u00f3n de dominio vigente para el momento de los hechos), el que, para la protecci\u00f3n de los derechos de los terceros, contemplaba una \u201cbuena fe\u201d simple, no calificada, como ahora\u00bb. <\/p>\n
iv) \u00absin embargo, en relaci\u00f3n al instituto de la \u201cbuena fe exenta de culpa (calificada)\u201d, tambi\u00e9n habr\u00eda cumplido con el est\u00e1ndar para la protecci\u00f3n de su propiedad, pues, entre otras, cuando menos dos dict\u00e1menes t\u00e9cnicos de entes del Estado concluyeron, por ejemplo, la correcci\u00f3n contable-financiera en la adquisici\u00f3n de la propiedad\u00bb. <\/p>\n
v) \u00abdesde el principio del procedimiento, hace 20 a\u00f1os, ha litigado su condici\u00f3n de tercero de buena fe. Compareci\u00f3 a declarar cuando fue requerido; present\u00f3 y ampli\u00f3 toda la informaci\u00f3n contable que era solicitada e incluso, incorpor\u00f3 documentos que fiscalmente (por el sistema tributario que le reg\u00eda) no era necesario conservar. Compareci\u00f3 el notario que asesor\u00f3 el negocio, el corredor de finca ra\u00edz, el abogado que hizo estudio de t\u00edtulos, etc. M\u00e1s a\u00fan, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n le reconoci\u00f3 la improcedencia de la extinci\u00f3n de dominio, la cual fue revocada v\u00eda consulta, bajo la exigencia de medidas que, precisamente, la Corte Constitucional consider\u00f3 excesivas frente a un tercero de buena fe en un proceso de extinci\u00f3n de dominio\u00bb. <\/p>\n
vii) \u00abpodr\u00eda adelantar una acci\u00f3n contenciosa administrativa por falla en el servicio, pero dos aspectos permiten afirmar que la acci\u00f3n de tutela es procedente, no obstante su residualidad: 1) La Sociedad de Activos Especiales (SAE) depositaria de los bienes, los est\u00e1 subastando todos para este a\u00f1o. En s\u00edntesis, la medida es urgente. 2) Van 20 a\u00f1os de proceso. La acci\u00f3n contenciosa administrativa durar\u00eda otra d\u00e9cada m\u00e1s, por lo que, si se han afectado los derechos fundamentales, como estamos seguros que ha sucedido, la acci\u00f3n de tutela podr\u00eda restablecer [su] derecho material\u00bb. <\/p>\n
2. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. indic\u00f3 que a la quejosa \u00abno le asiste raz\u00f3n o fundamento alguno que permita\u2026 estimar [sus] pretensiones\u2026, m\u00e1s a\u00fan, cuando aparece demostrado que sus derechos fundamentales no han sido vulnerados por parte de [esa] Sociedad\u2026 [que] ha obrado siempre con apego a la ley\u00bb. <\/p>\n
3. El Ministerio de Justicia y del Derecho deprec\u00f3 \u00abnegar el amparo\u2026 por cuanto: (i) existe falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva a [su] favor[,] ya que por la acci\u00f3n y omisi\u00f3n de [esa] Cartera no se han vulnerado los derechos invocados\u2026 y (ii) La Rama Judicial es independiente y aut\u00f3noma\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rog\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda porque la decisi\u00f3n que se le reproch\u00f3 no fue \u00abproducto de un capricho de la Administraci\u00f3n de Justicia o conculcatoria de los derechos fundamentales del accionante\u00bb, comoquiera que para su emisi\u00f3n \u00abse tomaron en consideraci\u00f3n los planteamientos realizados por todos los recurrentes -incluida la aqu\u00ed accionante-, la normatividad vigente, la jurisprudencia aplicable al caso concreto y el acervo probatorio practicado y recopilado por la Fiscal\u00eda, al igual que, aqu\u00e9l allegado legal y oportunamente al plenario, por las partes\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00aba lo largo del ac\u00e1pite considerativo de la providencia demandada\u2026 se consignaron las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en las cuales se fundament\u00f3 el fallo de segunda instancia, teniendo en cuenta la valoraci\u00f3n de la totalidad de los medios probatorios aducidos y que condujeron a predicar que no era posible reconocer a\u2026 L\u00f3pez Bugallo y\u2026 Mej\u00eda Echeverri la calidad de terceros de buena fe exentos de culpa, que alegaban a su favor, con relaci\u00f3n a la presunta compra que hicieron de la finca La Argentina, por cuanto se trataba de un negocio simulado, que adelantaron con\u2026 Valencia Garc\u00eda, alias \u201cLa se\u00f1ora\u201d, condenada a prisi\u00f3n de por vida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por los delitos de Asociaci\u00f3n para traficar y distribuir coca\u00edna en distintas ciudades de Norteam\u00e9rica, como tambi\u00e9n por asociaci\u00f3n para Lavado de Activos\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el amparo al hallar insatisfecho el presupuesto de la inmediatez, porque \u00abla \u00faltima decisi\u00f3n censurada por el accionante fue proferida el 6 de noviembre de 2019, es decir, hace m\u00e1s de un a\u00f1o, excediendo considerablemente lo que se podr\u00eda establecer como un plazo razonable, sin manifestar en su escrito alguna raz\u00f3n que justifique dicha tardanza\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00ab[a]\u00fan si se obviara el cumplimiento del mencionado requisito\u00bb, lo cierto era que \u00abde los medios de persuasi\u00f3n que obran en el expediente, no se observa ninguna circunstancia que lleve a dejar sin efectos dicha determinaci\u00f3n, teniendo en cuenta que, no se observa de las actuaciones desplegadas por las autoridades judiciales accionadas dentro del tr\u00e1mite procesal de referencia, una v\u00eda de hecho en que hayan incurrido\u00bb, tampoco \u00abning\u00fan elemento de juicio tendiente a demostrar que en la decisi\u00f3n objeto de debate, se haya incurrido en alg\u00fan tipo de irregularidad\u00bb; y en todo caso, \u00abla demandante cuenta con la posibilidad de someter a control de legalidad la decisi\u00f3n objeto de reproche, sin que se tenga constancia que\u2026 agot\u00f3 tal mecanismo de defensa de sus prerrogativas, al interior del tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de derecho de dominio\u00bb; sin que \u00aben el presente asunto\u2026 se adviert[a] la existencia de una situaci\u00f3n excepcional que habilite el amparo para evitar la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, los que adujo deso\u00eddos por el fallador constitucional de primer grado, en tanto que, contrario a lo sostenido por \u00e9ste, con suficiencia y claridad describi\u00f3 las m\u00faltiples inconsistencias en las que en sus sentencias incurrieron las autoridades acusadas. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que su reclam\u00f3 s\u00ed satisface el presupuesto de la inmediatez porque, sumado al hecho de que \u00ab[l]a Corte Constitucional ha determinado que no existe un plazo fijo para presentar[lo]\u00bb, iter\u00f3, lo inco\u00f3 apenas a los 5 d\u00edas de que la Corte Constitucional emiti\u00f3 la sentencia C-327\/2020, contentiva de \u00abun cambio jurisprudencial en el que se estableci\u00f3 que en casos como este, en el cual se impone al tercero de buena fe la carga de hacer las investigaciones que el Estado no fue capaz de hacer, se viola la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb; y la tardanza en su proposici\u00f3n, en todo caso, tuvo g\u00e9nesis en el retraso que la pandemia actual gener\u00f3 en \u00ablos tr\u00e1mites administrativos correspondientes para poder recopilar todo el expediente y\u2026 presentar el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que su ruego tambi\u00e9n cumple el requisito de la subsidiariedad porque \u00abpara la fecha de los acontecimientos que dan lugar a la\u2026 acci\u00f3n de tutela, el proceso de extinci\u00f3n de dominio se reg\u00eda bajo la antigua Ley 793 de 2002 y no la Ley 1708 de 2014, a la cual se refiere la Sala Penal\u00bb cuando erradamente asegura que \u00abla demandante cuenta con la posibilidad de someter a control de legalidad la decisi\u00f3n objeto de reproche\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las decisiones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. En el sub-examine se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, dado el fracaso de este auxilio pero, exclusivamente, por desatender el requisito de la inmediatez, comoquiera que muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, lo cierto es que fue incoado tard\u00edamente el 2 de diciembre de 2020, transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la \u00faltima actuaci\u00f3n criticada, a saber, la sentencia de 6 de noviembre de 2019, mediante la cual el Tribunal convocado confirm\u00f3 la dictada el 24 de agosto de 2011 por el Juzgado accionado, en la cual se dispuso la extinci\u00f3n del derecho de dominio que ella y Jorge Eduardo Mej\u00eda Echeverri ostentaban sobre la heredad denominada \u00abLa Argentina\u00bb; super\u00e1ndose ampliamente el lapso de seis (6) meses que esta Sala ha fijado como proporcional y razonado para hacer uso de este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
2.1. Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado insistentemente que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. (\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00; STC, 27 may. 2016, rad. 2016-00401-0; y STC, 1\u00ba jun. 2017, rad. 2017-00423-01). <\/p>\n
2.2. Esta conclusi\u00f3n no sufre ninguna alteraci\u00f3n por el estado de pandemia que afecta a la comunidad mundial, tanto por la amplitud del lapso transcurrido entre la decisi\u00f3n que se cuestiona y la formulaci\u00f3n de este ruego, lo que disipa cualquier car\u00e1cter apremiante en la denuncia, como porque las medidas adoptadas con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria no implicaron la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos respecto a acciones como la que aqu\u00ed se resuelve. <\/p>\n
Tampoco conlleva a alteraci\u00f3n de lo dicho por la emisi\u00f3n de la sentencia de constitucionalidad C-327 el pasado 19 de agosto de 2020 por parte de la Corte Constitucional, porque aunque all\u00ed se resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los numerales 10 y 11 del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2016, \u201cpor medio de la cual se expide el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio\u201d, en el entendido de que la extinci\u00f3n de bienes de origen l\u00edcito s\u00f3lo procede cuando su propietario sea el mismo titular de los bienes cuya extinci\u00f3n no es posible por la configuraci\u00f3n de las hip\u00f3tesis previstas en tales numerales, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa\u00bb; lo cierto es que ese tipo de decisi\u00f3n s\u00f3lo tiene \u00abefectos hacia el futuro\u00bb, acorde con el canon 45 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia), de donde ninguna modificaci\u00f3n o variaci\u00f3n se puede extraer de all\u00ed para el caso espec\u00edfico de la quejosa. <\/p>\n
Todo lo anterior sin dejar de lado, como se ha dicho en m\u00faltiples oportunidades, se insiste, que el t\u00e9rmino al que se refiere el presupuesto de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar la sentencia de primer grado, pero s\u00f3lo por la raz\u00f3n ac\u00e1 consignada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Conformado por los inmuebles con folios inmobiliarios Nros. 100-644, 100-99838, 100-6200, 100-22056, 100-6947, 100-8875, 100-17379, 100-67893, 100-73236, 100-73237 y 100-73238. <\/p>\n
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