STC7562-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7562-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2021-00102-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Manuel Blanco Yucuna contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de citada localidad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso verbal de pertenencia que Guillermo Alfonso Garz\u00f3n Rodr\u00edguez y otros adelantaron contra herederos de Miguel Laverde Toro y otros, con radicado No. 2014-00373-00, tr\u00e1mite donde \u00e9l interviene como apoderado de la parte actora. <\/p>\n
De la demanda de amparo se colige, que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, es que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, revocar el auto con que se declar\u00f3 terminado el referido asunto por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que sus propias prerrogativas superiores fueron vulneradas con la anotada decisi\u00f3n del 21 de marzo de lo corrientes, porque luego de admitida la demanda el 3 de octubre de 2014, realiz\u00f3 varias actuaciones tendientes a la notificaci\u00f3n del extremo demandado; que aunque el Despacho accionado le reproch\u00f3 no haber notificado a los herederos indeterminados del causante Miguel Laverde Toro, en auto del 14 de agosto de 2015 se orden\u00f3 incorporar al expediente las publicaciones que \u00e9l alleg\u00f3 para el \u00abemplazamiento realizado a las personas indeterminadas\u00bb, a quienes incluso se les design\u00f3 curador ad litem, situaci\u00f3n que en su criterio, quebranta sus garant\u00edas esenciales y justifica la intervenci\u00f3n por parte del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio inform\u00f3, que el 19 de marzo de la presente anualidad finiquit\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito el referido litigio, sin que la decisi\u00f3n fuera ataca mediante ning\u00fan recurso, determinaci\u00f3n adoptada luego de \u00abdiversos requerimientos realizados a la parte demandante para que se trabara la Litis en el referido proceso\u00bb, ya que si bien se hab\u00edan adelantado tr\u00e1mites en dicho sentido, se echaba de menos el enteramiento de los demandados Juan Alejandro Laverde Medina, Luc\u00eda Laverde Medina, Mireya Vargas y de los Herederos Indeterminados del causante Miguel Laverde Toro. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, sin exponer el motivo de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que suscita la atenci\u00f3n de la Corte, el abogado Juan Manuel Blanco Yucuna pretende a trav\u00e9s de este mecanismo especial, que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, dejar sin valor ni efecto el auto del 21 de marzo del corriente a\u00f1o, con que termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, el proceso de pertenencia que Guillermo Alfonso Garz\u00f3n Rodr\u00edguez y otros adelantaron frente a los herederos de Miguel Laverde Toro y otros, decurso donde interviene como apoderado judicial del extremo demandante, pues en su sentir, adelant\u00f3 todos los tr\u00e1mites tendientes a la integraci\u00f3n de la litis. <\/p>\n
3. No obstante, de entrada se advierte la improcedencia del resguardo reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
3.2. Descendiendo al caso concreto, se advierte que el togado aqu\u00ed interesado no es parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en el proceso que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir se impartan \u00f3rdenes tendientes a dejar sin efecto decisiones all\u00ed tomadas, pues tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (STC458-2021). <\/p>\n
Bajo el entendido que, \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (ib). <\/p>\n
3.3. Y ello es as\u00ed, porque aunque en las diligencias judiciales censuradas el impugnante funge como apoderado judicial de la parte actora, esa sola circunstancia no lo habilita per se para cuestionar las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional convocada en el citado litigio mediante este mecanismo extraordinario de defensa, y si bien aqu\u00e9l manifest\u00f3 al momento de subsanar el escrito de tutela, actuar en causa propia, es preciso memorar que los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar vulneraci\u00f3n de sus propios \u00abderechos\u00bb en las controversias en que act\u00faan en nombre de otros, pues no se puede comunicar la violaci\u00f3n de normas superiores, en defensa de intereses que le son ajenos, ello si se tiene en cuenta que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (CSJ STC3938-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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