STC7563-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7563-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01716-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n incoada por Esperanza del Socorro Bravo de Hern\u00e1ndez frente al fallo proferido el 5 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital, dignidad humana, familia e igualdad, presuntamente conculcadas por las sedes judiciales encausadas al no acceder a sus pretensiones en el juicio laboral que instaur\u00f3. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, dejar \u00absin efectos los fallos proferidos\u00bb por las enjuiciadas y ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n acusada dictar \u00absentencia de remplazo\u2026, ordenando\u2026 a la administradora colombiana de pensiones COLPENSIONES, se le reconozca, incluya en n\u00f3mina y pague con car\u00e1cter definitivo la pensi\u00f3n de sobrevivientes a que tiene derecho\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de esta causa son los que as\u00ed se sintetizan: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que la accionante promovi\u00f3 contra el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) con el fin de que se le reconociera la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del deceso de su c\u00f3nyuge Wilson Efra\u00edn Ram\u00edrez Bravo (quien falleci\u00f3 el 20 de marzo de 2008 y con quien ella sostuvo mantener una uni\u00f3n marital de hecho desde febrero de 2001 hasta el 24 de abril de 2007, cuando contrajeron matrimonio civil), al cual se vincul\u00f3 a Gina Lorena Ram\u00edrez Chiriboga como hija del causante, surtidas las etapas de rigor, el 20 de febrero de 2013 el Juzgado Segundo Laboral de Popay\u00e1n dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones, la que el 2 de septiembre siguiente revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad al concluir, en lo medular, que la quejosa no acredit\u00f3 el requisito de la \u00abconvivencia m\u00ednima con el afiliado fallecido\u00bb, determinaci\u00f3n \u00faltima que el 2 de octubre de 2019 no cas\u00f3 la accionada Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de esta Corte. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela, en concreto, la accionante reproch\u00f3 las decisiones del ad-quem y de casaci\u00f3n porque, en su caso, adujo, era inexigible la acreditaci\u00f3n de los 5 a\u00f1os de convivencia con el causante porque al momento de su deceso \u00e9ste no era pensionado sino afiliado cotizante al sistema general de seguridad social en pensiones, diferencia que asegur\u00f3 relevante de acuerdo a la sentencia C-1094\/03 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de \u00e9ste del tr\u00e1mite constitucional porque \u00abya no existe jur\u00eddicamente\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n indic\u00f3 que en la providencia que dict\u00f3 en el juicio fustigado \u00abse consignan las razones que motivaron a la Sala para adoptar[la]\u00bb, las que pidi\u00f3 tener en cuenta al desatar la salvaguarda, la cual, a\u00f1adi\u00f3, incumple el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
3. Gina Lorena Ram\u00edrez Chiriboga se\u00f1al\u00f3 no oponerse a las pretensiones de la actora y que era ver\u00eddica la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda de amparo. <\/p>\n
5. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones rog\u00f3 declarar \u00abimprocedente la\u2026 acci\u00f3n de tutela por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo neg\u00f3 el amparo al encontrar razonables los argumentos expuestos por la Corte de cara al requisito de convivencia que ech\u00f3 de menos el ad-quem, dada la v\u00eda de ataque invocada, para desestimar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, destacando que la decisi\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n acusada se soport\u00f3 en la posici\u00f3n asumida por su hom\u00f3loga Permanente de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo an\u00e1lisis se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que fuerza refrendar el fallo impugnado, comoquiera que en la sentencia de 2 de octubre de 2019 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de esta Corte explic\u00f3 suficiente y razonadamente los motivos para no casar la emitida el 2 de septiembre de 2013 por el ad-quem, denegatoria del reconocimiento pensional reclamado por la quejosa. <\/p>\n
2.1. En efecto, para resolver en la forma en que lo hizo, en sede de casaci\u00f3n la c\u00e9lula judicial enjuiciada previamente resalt\u00f3 que: <\/p>\n
Dada la senda de ataque escogida, no hay discusi\u00f3n en los aspectos puntuales que el juez de alzada dio por probados respecto a la aqu\u00ed recurrente Esperanza del Socorro Bravo Hern\u00e1ndez y, que no son otros que: (i) el causante Wilson Efra\u00edn Ram\u00edrez Bravo P\u00e9rez falleci\u00f3 el 20 de marzo de 2008, (ii) la norma aplicable al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la consagrada en el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 y, (iii) la demandante contrajo matrimonio con el afiliado fallecido el 24 de abril de 2007 y, (iv) no acredit\u00f3 el requisito de la convivencia de m\u00ednimo 5 a\u00f1os. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, de forma categ\u00f3rica desech\u00f3 las alegaciones de la casacionista porque, \u00ab[t]al como lo indic\u00f3 el Tribunal, ha sido posici\u00f3n pac\u00edfica y reiterada de la jurisprudencia de esta Corte, que el requisito de la convivencia a que hace alusi\u00f3n el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, de los cinco a\u00f1os con antelaci\u00f3n al fallecimiento del causante, debe cumplirse por los beneficiarios pensionales independientemente de que se trate de un afiliado o pensionado fallecido\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Aseveraci\u00f3n que valid\u00f3 citando, in extenso, el siguiente aparte del precedente fijado al respecto por la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte: <\/p>\n
Frente a los yerros jur\u00eddicos endilgados por la censura, el Tribunal no desvi\u00f3 el sentido hermen\u00e9utico del art\u00edculo 13, literal b) de la Ley 797 de 2003, por cuanto la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la convivencia de cinco (5) a\u00f1os prevista en esta norma se predica para el evento del fallecimiento del afiliado como del pensionado, para efectos de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues no existen razones v\u00e1lidas para establecer diferenciaciones entre los beneficiarios del primero y los del segundo y, porque, adem\u00e1s, la convivencia constituye un elemento fundamental para la configuraci\u00f3n del derecho pensional, que no sufri\u00f3 modificaciones sustanciales con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, salvo en lo referente al tiempo m\u00ednimo de vida en com\u00fan (negrilla del texto). <\/p>\n
En efecto, esta posici\u00f3n ha sido invariablemente mantenida en las providencias CSJ SL, 27 ago. 2008, rad. 33885, CSJ SL, 25 may. 2010, rad. 37093, CSJ SL, 28 ago. 2008, rad. 41625 y SL14068- 2016, esta \u00faltima en la que se destacaron las siguientes consideraciones: <\/p>\n
La controversia que a casaci\u00f3n trae la censura, consiste en que el Tribunal hizo una ex\u00e9gesis equivocada del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el 47 de la Ley 100 de 1993, en punto a la exigencia de convivencia m\u00ednima de cinco (5) a\u00f1os a la c\u00f3nyuge de un afiliado al sistema general de pensiones, para efectos de acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Este tema ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala de la Corte, como se ve, adem\u00e1s de la sentencia de casaci\u00f3n que sirvi\u00f3 de sustent\u00f3 al Tribunal, en entre otras, en la sentencia CSJ SL4835-2015, 22 abr. 2015, rad. 62770 en donde se reafirm\u00f3 el criterio, seg\u00fan el cual, de conformidad con el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, tanto para beneficiarios de afiliados al sistema general de pensiones o de pensionados, el t\u00e9rmino de convivencia para la c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero (a) permanente es de por lo menos cinco (5) a\u00f1os anteriores al fallecimiento del causante. As\u00ed reflexion\u00f3: <\/p>\n
El recurrente estructura su ataque en contra de la decisi\u00f3n del Tribunal alrededor de una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, con arreglo a la cual el lapso m\u00ednimo de 5 a\u00f1os de convivencia que all\u00ed se prev\u00e9, s\u00f3lo es predicable como requisito respecto de los beneficiarios del pensionado que fallece, mas no frente a los del afiliado fallecido, como sucede en este caso. <\/p>\n
El tema descrito ha sido abordado por esta Sala en oportunidades anteriores, en las que ha concluido de manera uniforme que para la causaci\u00f3n efectiva de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por la muerte de un afiliado, como sucede en este asunto, el c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos durante cinco (5) a\u00f1os continuos con anterioridad a dicho suceso. <\/p>\n
Ha dicho la Sala, para tales efectos, que no existen razones v\u00e1lidas para establecer diferencias entre el afiliado y el pensionado fallecido, como lo reclama la censura, adem\u00e1s de que, por el contrario, la convivencia constituye un elemento fundamental para la configuraci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, que no sufri\u00f3 mayores modificaciones con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, salvo la que se refiere al tiempo m\u00ednimo de la misma, que debe ser ahora de cinco a\u00f1os, se reitera, tanto para los beneficiarios de un pensionado como para los de un afiliado. <\/p>\n
Para dar una respuesta adecuada al cargo, resulta pertinente traer a colaci\u00f3n lo dicho por esta Sala en la sentencia CSJ SL, 20 may. 2008, rad. 32393: <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, establece cu\u00e1les son esos \u201cmiembros del grupo familiar\u201d y define su derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes en caso de concurrencia de beneficiarios. <\/p>\n
En lo que respecta al c\u00f3nyuge y la compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente sup\u00e9rstite, que es el grupo que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, los literales a y b del se\u00f1alado art\u00edculo 13, disponen: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560), esta Sala hizo una ex\u00e9gesis del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, antes de ser modificado por la Ley 797 de 2003, en el punto especial a si la convivencia m\u00ednima de los dos a\u00f1os que establec\u00eda la norma, en el inciso segundo del literal a), deb\u00eda entenderse s\u00f3lo respecto al caso del PENSIONADO fallecido, o si tal exigencia deb\u00eda predicarse igualmente respecto a los beneficiarios del AFILIADO. El literal a) de la norma en cuesti\u00f3n dispon\u00eda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n se estim\u00f3 que el requisito de la convivencia al momento de la muerte del causante, era indispensable para definir el derecho de los beneficiarios tanto del PENSIONADO como del AFILIADO, por varias circunstancias a saber: i) porque s\u00ed el inciso se refer\u00eda espec\u00edficamente al pensionado, era para efectos de establecer que la convivencia deb\u00eda darse necesariamente, por lo menos, desde el momento que \u00e9ste hab\u00eda adquirido el derecho a la pensi\u00f3n; ii) porque si el art\u00edculo 46 ib\u00eddem, estableci\u00f3 como beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, indistintamente, a los \u201cmiembros del grupo familiar\u201d del PENSIONADO o AFILIADO fallecido, no se ve\u00eda raz\u00f3n para que el art\u00edculo 47 estableciera una discriminaci\u00f3n respecto a los beneficiarios de uno u otro, distinta a la que surg\u00eda de la simple condici\u00f3n de ser pensionado o no, y que a la postre result\u00f3 eliminada por la Corte Constitucional; iii) porque se entendi\u00f3 como \u201cmiembros del grupo familiar\u201d a quienes mantuvieran vivo y actuante su v\u00ednculo \u201c\u2026mediante el auxilio mutuo, entendido como acompa\u00f1amiento espiritual permanente, apoyo econ\u00f3mico y vida en com\u00fan, entendida \u00e9sta, a\u00fan en estados de separaci\u00f3n impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podr\u00edan ser las exigencias laborales o imperativos legales o econ\u00f3micos, lo que implica necesariamente una vocaci\u00f3n de convivencia, que indudablemente no existe respecto de aquellos que por m\u00e1s de veinticinco a\u00f1os permanecieron separados de hecho, as\u00ed en alguna oportunidad de la vida, teniendo esa condici\u00f3n de c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero (a) permanente, hubieren procreado hijos.\u201d <\/p>\n
En lo que respecta a la exigencia de la convivencia, el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, en relaci\u00f3n al texto de la norma anterior, no hizo sino aumentar de dos a cinco a\u00f1os el m\u00ednimo requerido y, como quiera que el art\u00edculo 12 ib\u00eddem conserv\u00f3 como beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, indistintamente, a \u201clos miembros del grupo familiar\u201d del pensionado o afiliado fallecido, en principio, no existe una raz\u00f3n valedera para cambiar la posici\u00f3n de la Sala, plasmada en la jurisprudencia contenida en la sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560), pues el simple aumento del tiempo m\u00ednimo que deb\u00eda convivir la pareja antes de la muerte del causante, ser\u00eda irrelevante frente a los supuestos de la norma que tuvo en cuenta la Corte para llegar a la conclusi\u00f3n de que se deb\u00eda dar un trato igual, tanto a los beneficiarios del PENSIONADO como del AFILIADO\u2026 (CSJ SL3468-2018, 22 ag., rad. 62766). <\/p>\n
Finalmente, anot\u00f3 que \u00abal resultar suficiente lo aqu\u00ed indicado en punto al requisito de convivencia que ech\u00f3 de menos el ad quem en el presente asunto y dada la v\u00eda de ataque invocada, el cargo no prospera\u00bb. <\/p>\n
2.2. De esta manera, se advierte que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la inconforme, muy a pesar de sus alegaciones, en verdad, no es m\u00e1s que una diferencia de criterio acerca de la manera como los estrados acusados valoraron las pruebas recaudadas y concluyeron, con apoyo en las normas y la jurisprudencia entonces vigente de la Sala permanente de Casaci\u00f3n Laboral aplicables al caso concreto, que el requisito de convivencia m\u00ednima de 5 a\u00f1os para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes es exigible tanto en el caso que el causante es pensionado como cuando \u00e9ste apenas funge como afiliado cotizante al sistema general de seguridad social en pensiones; supuesto que, contrario a lo afirmado por la impugnante y en l\u00ednea con lo considerado en pasadas oportunidades por la referida Sala permanente, era m\u00e1s que suficiente para no casar la decisi\u00f3n del fallador ordinario ad-quem, sin que de all\u00ed pueda extraerse desconocimiento de la sentencia C-1094\/2003 de la Corte Constitucional, aunado a que tal postura tambi\u00e9n se muestra acorde con lo recientemente expuesto por esta \u00faltima colegiatura en su Comunicado Nro. 18 del 21 de mayo \u00faltimo, respecto a su sentencia SU-149\/21, de cuyo contenido se extrae que, \u00aben los t\u00e9rminos del art\u00edculo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, la convivencia m\u00ednima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, tanto para el c\u00f3nyuge como para el compa\u00f1ero o la compa\u00f1era permanente, es de cinco (5) a\u00f1os, independientemente de si el causante de la prestaci\u00f3n es un afiliado o un pensionado\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
3. Basta lo dicho para respaldar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 4 de mayo, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 7 de ese mes, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el 11 posterior y el 12 siguiente ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
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