STC7564-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2020-00024-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de marzo de 20201 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Lady Dur\u00e1n Var\u00f3n contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Sexto Civil Municipal de la misma localidad y Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos, la Superintendencia Financiera, as\u00ed como las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La querellante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, a la defensa y a la \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb, que considera quebrantadas por las autoridades convocadas, en el marco del juicio compulsivo hipotecario adelantado en su contra y otro, inicialmente por Bancolombia S.A., hoy Titularizadora Colombiana S.A. (cesionario), con radicado n\u00ba. 2009-00288-00. <\/p>\n
Por tal motivo pretende, que para la protecci\u00f3n sus prerrogativas y como mecanismo transitorio, se (i) \u00abdeclare inconstitucional lo actuado a partir del auto a partir del auto (sic) que abre a pruebas en adelante en el proceso\u00bb; (ii) \u00abse ordene oficiar a la Superintendencia Financiera de Colombia, a efectos, no de que certifique el alivio abonado por Bancolombia al cr\u00e9dito individual de vivienda en upac, garantizado con el pagar\u00e9 (\u2026), sino que se sirva re liquidarlo con las tasas de inter\u00e9s y alivios que ordenaron el siguiente sistema normativo y con los abonos acreditados al contestar la demanda y realizados despu\u00e9s incluso de ello, es decir[,] hasta marzo de 2010\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas relata, que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Villavicencio en decisi\u00f3n del 14 de septiembre de 2015, profiri\u00f3 decisi\u00f3n meritoria a trav\u00e9s de la cual despach\u00f3 de forma adversa sus excepciones y orden\u00f3 la venta forzada del bien dado en garant\u00eda, determinaci\u00f3n que fue confirmada \u00edntegramente el 29 de agosto de 2017 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn, Meta, pese a que al interior del asunto se demostr\u00f3 que nunca estuvo en mora, pues su inicial acreedor \u00abCONAVI [hoy Bancolombia] deb\u00eda debitar autom\u00e1ticamente y registrar tal consignaci\u00f3n como pago al cr\u00e9dito de vivienda\u00bb, pero no lo hizo y tampoco inform\u00f3 \u00aba su cesionaria TITULARIZADORA COLOMBIANA\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el cr\u00e9dito fue \u00abreliquidado\u00bb en su oportunidad, pero \u00aben dos liquidaciones que ha presentado el apoderado de la parte actora de manera inexplicable no concuerda el capital prestado\u00bb, y que incluso, contra la liquidaci\u00f3n aportada el 27 de septiembre de 2017 present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, pese a no contar con una debida \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb, <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio simplemente se limit\u00f3 a referir, que al interior del juicio ejecutivo que adelant\u00f3 la Titularizadora Colombiana S.A. en contra de H\u00e9ctor Urbano Sanclemente y otros, conoci\u00f3 de la queja interpuesta por la aqu\u00ed tutelante contra la decisi\u00f3n del 13 de febrero de 2018, a trav\u00e9s de la cual el a quo aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por el extremo ejecutante, \u00abatendiendo que no hubo objeci\u00f3n alguna por parte de la (\u2026) pasiva\u00bb; que la anterior determinaci\u00f3n fue objeto de reposici\u00f3n y alzada, siendo mantenida en su integridad el 8 de mayo de 2018, neg\u00e1ndose la concesi\u00f3n del remedio vertical, y declarando bien denegado este \u00faltimo mecanismo mediante auto del 3 de diciembre de 2019. <\/p>\n
b. Por su parte, el Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma urbe manifest\u00f3, que la intenci\u00f3n de la actora es que se declare la anulaci\u00f3n del prove\u00eddo adiado 2 de junio de 2010, a trav\u00e9s del cual \u00abse apertura el proceso a pruebas\u00bb, decisi\u00f3n que asegur\u00f3, no se interpuso reparo alguno, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar el amparo, pues, dijo, no solo carece del requisito de la subsidiariedad, sino adem\u00e1s de la inmediatez que gobiernan este tr\u00e1mite preferente. <\/p>\n
c. A su turno, la Superintendencia Financiera de Colombia anot\u00f3, que de la revisi\u00f3n de su base de datos encontr\u00f3, que \u00ablas reliquidaciones de que trata el formato 254-alivios se pudo establecer que la entonces \u201cCORPORACI\u00d3N DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI\u201d report\u00f3 un alivio en favor de la [aqu\u00ed accionante] (\u2026) por valor de $3.949.039,1084\u00bb; adem\u00e1s, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
d. Por su parte, Bancolombia S.A. consider\u00f3 que en el asunto no se acredit\u00f3 la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales reclamadas por la accionante, raz\u00f3n por la cual, pidi\u00f3 denegar el resguardo invocado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio neg\u00f3 la protecci\u00f3n, al advertir incumplido el requisito de la inmediatez y de la subsidiariedad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Adicionalmente indic\u00f3, que como el asunto que origin\u00f3 este tr\u00e1mite es de corte ejecutivo, \u00abes claro que puede haber discusiones de lo adeudado luego de la sentencia\u00bb, en la medida en que el proceso no termina con \u00e9sta, siendo la etapa de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00abla base para calcular lo realmente adeudado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Mar\u00eda Lady cuestiona, puntualmente, la providencia del 2 de junio de 2010, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Sexto Civil Municipal de Villavicencio abri\u00f3 el asunto a pruebas, as\u00ed como la sentencia que puso fin a la instancia el 14 de septiembre de 2015, y, la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 aqu\u00e9lla, esto es, la proferida el 29 de agosto de 2017 que emiti\u00f3 el Juzgado del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos, en el marco de ejecuci\u00f3n seguida en su contra y otro, pues en su criterio, nunca incurri\u00f3 en mora en el pago de las obligaciones, comoquiera que contaba con d\u00e9bitos autom\u00e1ticos desde su cuenta, medio de convicci\u00f3n que, asegur\u00f3, no fue debidamente explicado por su apoderado ni tenido en cuenta por la sedes judiciales encartadas. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que los reparos incluidos en la demanda de tutela relacionados con el auto de pruebas y las sentencias de primera y segunda instancia, corresponden, cuando m\u00ednimo, a asuntos definidos con m\u00e1s de cuatro a\u00f1os de antelaci\u00f3n a la tramitaci\u00f3n de este mecanismo preferente, al paso que la actuaci\u00f3n que concierne a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, en su oportunidad no fue debidamente objetada, circunstancias que conllevan al fracaso de la protecci\u00f3n invocada, conforme pasa a exponerse: <\/p>\n
3.1. En efecto, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, observa la Sala que la determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se confirm\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, como se dijo, data del 29 de agosto de 2017, mientras que la gestora acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 14 de febrero de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Sobre el particular se precisa, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron dos (2) a\u00f1os, cinco (5) meses y catorce (14) d\u00edas desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Al respecto se advierte, que durante ese largo interregno la aqu\u00ed inconforme no solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado, sin que dicho presupuesto pueda ser pasado de manera inadvertida so pretexto de que las garant\u00edas se contin\u00faan quebrantando, pues fue un asunto que defini\u00f3 la suerte de las defensas propuestas por los aqu\u00ed inconformes. <\/p>\n
De manera reiterada se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2685-2021). <\/p>\n
3.2. Lo anterior, sin que la tardanza verificada en la solicitud de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales pueda exculparse en la presunta \u00abausencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb, pues tal situaci\u00f3n de modo alguno constituye un motivo objetivo que justifique la inactividad de la libelista, pues de desatender este particular presupuesto la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe se tornar\u00eda en un mecanismo generador de incertidumbre respecto de las partes e intervienes al interior de cada asunto. <\/p>\n
Adicionalmente, no se pasa por alto que para acudir a este medio de defensa no se requiere de la intervenci\u00f3n de un profesional del derecho, pues nada obsta para que quien considera mermadas sus garant\u00edas ius fundamentales acuda directamente al resguardo, m\u00e1xime si se considera que la tutela goza de un procedimiento preferente y sumario para la protecci\u00f3n inmediata de las prerrogativas superiores. <\/p>\n
4. Por otra parte, en punto a la discusi\u00f3n suscitada de cara a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por su contraparte al interior de la ejecuci\u00f3n, y aun cuando se pasara por alto la tardanza con la que acudi\u00f3 al resguardo, lo cierto es que, tal como da cuenta el prove\u00eddo del 13 de febrero de 20182, dicha liquidaci\u00f3n no fue objetada por el extremo demandado, falencia que se traduce en un acto constitutivo de incuria, pues la querellante desaprovech\u00f3 los remedios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala en supuestos f\u00e1cticos similares a los que ahora son objeto de cuestionamiento ha indicado, invariablemente que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5524-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El asunto fue entregado por equivocaci\u00f3n a la Corte Constitucional y repartida a esta Corporaci\u00f3n el 3 de junio de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Decisi\u00f3n cuestionada en reposici\u00f3n y subsidiariamente apelaci\u00f3n, este \u00faltimo remedio no fue concedido y en auto del 3 de diciembre de 2019, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, lo declar\u00f3 bien denegado, al desatar la queja. <\/p>\n
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STC7564-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2020-00024-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54983","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54983"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54983\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}