STC7566-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7566-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2021-00084-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de mayo de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Armando Chaparro Silva contra el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, Fiscal\u00eda Veintisiete Local, Juzgados Primero Municipal y Tercero Civil del Circuito, todos de Sogamoso, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes del juicio declarativo especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente quebrantados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al resolver de fondo el proceso de deslinde y amojonamiento, radicado bajo el n\u00ba. 2013-00266-00, sin tener en cuenta los t\u00edtulos de propiedad del demandante. <\/p>\n
Entonces, pide en lo cardinal, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se declare nula en su totalidad la actuaci\u00f3n surtida al interior de la aludida causa, y, que se ordene al Fiscal Local Veintisiete de Sogamoso, \u00abreabrir la [i]nvestigaci\u00f3n penal NUNC 157596000223201402332 por FRAUDE PROCESAL que pesa sobre personas responsables del mismo, a partir de la REVICION (sic) del peritazgo (sic) del se\u00f1or TOBIAS RIOS\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja relata, en lo que importa para la resoluci\u00f3n del asunto, que adquiri\u00f3 el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n.\u00ba 095-33508, ubicado en la jurisdicci\u00f3n de Sogamoso, con un \u00e1rea total de 1.810 metros cuadrados; no obstante, en el a\u00f1o 2013, al momento de pagar el impuesto predial, se percat\u00f3 que dicha \u00e1rea hab\u00eda sido sensiblemente reducida con ocasi\u00f3n de \u00abun tr\u00e1mite de rectificaci\u00f3n de \u00e1rea\u00bb elevada por los se\u00f1ores Francisco Hern\u00e1ndez Pati\u00f1o, Erdulfa Cifuentes P\u00e9rez y Manuel Hern\u00e1ndez Pe\u00f1a, lo que fue ratificado por el IGAG, sin que a ese tr\u00e1mite haya sido debidamente convocado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que por lo anterior, promovi\u00f3 proceso de deslinde y amojonamiento, en cuya oportunidad encontr\u00f3 que su predio fue reducido en su \u00e1rea sin causa aparente, mientras que los de sus colindantes aumentaron considerablemente, pues los t\u00edtulos de se\u00f1or\u00edo que aqu\u00e9llos presentaron con el prop\u00f3sito de rectificar \u00e1rea presentaban serias inconsistencias, en la medida en que correspond\u00edan a terrenos diferente a los realmente involucrados, raz\u00f3n por la cual, acudi\u00f3 ante el ente investigador para que verificara lo sucedido al interior de ese particular tr\u00e1mite, pero result\u00f3 infructuosa su actuaci\u00f3n, pues la misma concluy\u00f3 con archivo definitivo. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO <\/p>\n
a. El Juez Primero Civil Municipal de Sogamoso indic\u00f3, que si bien en el tr\u00e1mite que origin\u00f3 el resguardo \u00abse rindi\u00f3 un dictamen pericial por parte de un auxiliar de la justicia\u00bb, lo cierto es que, \u00ablos aspectos relatados por el actor, se limitan a enunciar algunos antecedentes f[\u00e1]cticos, dejando de lado otras circunstancias determinantes, como la presunci\u00f3n de legalidad de las resoluciones del IGAC, as\u00ed como de los t\u00edtulos escriturarios de los accionados\u00bb; y en todo caso, \u00ab[e]l deslinde y amojonamiento, no es el escenario para discutir la legalidad de actos registrales o escriturales, la comisi\u00f3n de conductas punibles, la determinaci\u00f3n de la propiedad o la posesi\u00f3n, o el reconocimiento de dominio\u00bb. <\/p>\n
b. A su turno, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi pidi\u00f3 denegar la solicitud de amparo, tras considerar que el actor \u00abha debido interponer los recursos de ley contra el acto administrativo que supuestamente lo afect\u00f3 o, en su defecto, demandarlo ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Como no lo hizo, la resoluci\u00f3n proferida por este instituto est\u00e1 en firme y actualmente goza de la presunci\u00f3n de legalidad\u00bb. <\/p>\n
c. Por su parte, el Fiscal Veintisiete Seccional de Sogamoso dijo, que conoci\u00f3 de la denuncia \u00abinterpuesta por el se\u00f1or Jairo Armando Chaparro Silva, por los delitos de Prevaricato por acci\u00f3n, Prevaricato por omisi\u00f3n y Falsedad en documento p\u00fablico en contra de los funcionarios del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi de la ciudad de Sogamoso, Nelson Antonio Rojas L\u00f3pez y Jos\u00e9 Augusto Molina Natera, de acuerdo al tr\u00e1mite administrativo de rectificaci\u00f3n de \u00e1rea solicitada por los se\u00f1ores Francisco Hern\u00e1ndez Pati\u00f1o y Erdulfa Cifuentes P\u00e9rez, que se resolvi\u00f3 mediante la Resoluci\u00f3n N 15-759-0107-2009 del 21 de julio de 2009, proferida por el IGAC\u00bb, la cual finaliz\u00f3 con orden de archivo. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, anot\u00f3 que de la reciente informaci\u00f3n allegada por el apoderado judicial del aqu\u00ed accionante, \u00abse decidi\u00f3 desarchivar teniendo en cuenta que si bien es cierto el oficio del abogado no controvierte la decisi\u00f3n del archivo por la conducta de Prevaricato por acci\u00f3n denunciada por el se\u00f1or Jairo armando Chaparro Silva en contra de los funcionarios del IGAC, sino que su insistencia en esta oportunidad en que resultaron nuevos hechos producto del trabajo investigativo del perito Tob\u00edas R\u00edos\u00bb. <\/p>\n
d. Entretanto, la Alcald\u00eda Municipal de esa misma localidad aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa, y, por lo tanto, reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
e. Finalmente, Martha Stella \u00c1lvarez Cifuentes, Milgen Rudth Carre\u00f1o G\u00f3mez, Nancy Milena Zorro Merch\u00e1n y C\u00e9sar Francisco Hern\u00e1ndez Salamanca, vinculados, dijeron que \u00abno han incrementado el \u00e1rea [de sus terrenos] en las proporciones se\u00f1aladas por el accionante\u00bb, y en contraste, \u00ab[e]l predio del accionante en las cartas catastrales siempre ha tenido la misma \u00e1rea, adem\u00e1s (\u2026) siempre ha ejercido posesi\u00f3n sobre el predio con un \u00e1rea de 626 m2\u00bb, y en su particular criterio, \u00abel hecho de que un proceso no salga a favor de alguien, no quiere decir que se le ha negado el acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo neg\u00f3 el resguardo reclamado, tras advertir, en suma, que \u00abel accionante cont\u00f3 con instancias judiciales ordinarias para debatir el criterio legal a aplicarse al asunto, junto con la asignaci\u00f3n de veracidad de cada una de las pruebas arrimadas al plenario, sin que sea factible dar cabida en sede constitucional a un debate legal, generando as\u00ed una tercera instancia, cuando por diversas razones los remedios procesales fueron desatados, en algunos de ellos debido a la caducidad de los mismos\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor del amparo, insistiendo en las primigenias alegaciones; adem\u00e1s enfatiz\u00f3, en que \u00ablos despachos Civiles tanto de Primera como de Segunda Instancia se desinteresaron aduciendo mejor valor probatorio al t\u00edtulo de los demandados cuando el t\u00edtulo por mi parte agregado no tiene ninguna reforma ni variaci\u00f3n alguna pues ante la oficina de REGISTRO DE INTRUMENTOS P\u00daBLICOS, yo tengo un \u00e1rea de mil ochocientos diez metros (1.810) cuadrados, no de seiscientos veintis\u00e9is metros (626) cuadrados a tal punto que la sentencia de dichos entes Judiciales va haces (sic) de vuelta y no registrada porque la sentencia va en contradicci\u00f3n directa con las \u00e1reas y t\u00edtulos registrados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, aunque el ciudadano Chaparro Silva cuestiona gran parte de la actuaci\u00f3n desplegada por los Juzgados Primero Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de Sogamoso, al interior del asunto declarativo especial de deslinde y amojonamiento que \u00e9ste promovi\u00f3 en contra de sus colindantes, lo que en \u00faltimas pretende, es que se deje sin efectos la Resoluci\u00f3n n.\u00ba15 759 107 del 21 de julio de 2009 del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, acto administrativo con el cual se sustent\u00f3 las decisiones de fondo proferidas en ambas instancias procesales. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, y revisadas las documentales e informes allegados al presente tr\u00e1mite, no cabe duda para la Corte que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En el sub ex\u00e1mine se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, en un acto constitutivo de incuria, el querellante desaprovech\u00f3 los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, pese a referir el aqu\u00ed interesado que el acto administrativo en mientes no solo se adelant\u00f3 sin su comparecencia a ese tr\u00e1mite, sino que supuestamente tuvo en cuenta unos t\u00edtulos que no correspond\u00edan con los predios vecinos a su inmueble y que en contraste acrecieron en su \u00e1rea, decisi\u00f3n que calific\u00f3 de lesiva a sus aspiraciones, lo cierto es que seg\u00fan su propio dicho, al ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho le fue declarada la caducidad de la acci\u00f3n, siendo dicho remedio de defensa judicial con el que contaba para plantear las quejas que ahora pretende sean analizadas a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite eminentemente excepcional. <\/p>\n
La Sala en supuestos similares al aqu\u00ed estudiado ha indicado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5524-2021). <\/p>\n
3.2. Y aunque no se pasa por alto, adem\u00e1s, que el querellante cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n de primera y segunda instancia con las que se finiquit\u00f3 la instancia dentro del proceso declarativo objeto de revisi\u00f3n constitucional, lo cierto es que, tal y como lo reconoci\u00f3 el Juez Primero Civil Municipal de Sogamoso, el citado acto administrativo goza de \u00abpresunci\u00f3n de legalidad (\u2026) as\u00ed como de los t\u00edtulos escriturarios de los accionados\u00bb, sin que a trav\u00e9s de ese particular tr\u00e1mite sea posible cuestionar los mismos, en tanto que ese no es el objetivo del deslinde y amojonamiento. <\/p>\n
Por manera que, a diferencia de lo considerado por el accionante, la decisi\u00f3n proferida por las sedes criticadas fueron producto del an\u00e1lisis conjunto y ponderado de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto no permite, per se, la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, sin que la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, permitan abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. <\/p>\n
De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
3.3. Ahora, frente a la viabilidad de conceder el auxilio para cuestionar el tr\u00e1mite impartido por la Fiscal\u00eda Veintisiete Seccional de la misma Municipalidad, al interior de las denuncias que el aqu\u00ed promotor promovi\u00f3 en su oportunidad, vale precisar que tal y como lo inform\u00f3 el fiscal del asunto, las diligencias fueron desarchivadas \u00abcon el fin de que se profundicen los aspectos nuevos informados por la parte denunciante, los que quedaron plasmados en la constancia de desarchivo\u00bb; luego ser\u00e1 ante dicho ente investigativo que se realicen las peticiones que se consideren apropiadas para el esclarecimiento de los hechos, comoquiera que este mecanismo preferente no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador. <\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7566-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC7566-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2021-00084-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54985","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54985","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54985"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54985\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54985"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54985"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54985"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}