STC7567-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7567-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 22001-22-14-000-2021-00119-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Librada Parra de Escobar contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguan\u00e1, Cesar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al no resolverle una solicitud de copias que elev\u00f3 el 16 de abril del presente a\u00f1o, en el marco del proceso de sucesi\u00f3n de los causantes Efra\u00edn Parra Hern\u00e1ndez y Beatriz Ochoa de Parra, identificado con el radicado No. 2015-001160-01, donde es \u00absujeto procesal\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguan\u00e1, \u00abproceda a resolver de fondo su petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que v\u00eda e-mail elev\u00f3 la mencionada petici\u00f3n para que el Despacho criticado le entregara copia de todo el expediente del referido proceso, frente a lo cual, el 22 de abril de los corrientes el estrado le respondi\u00f3 que el decurso estaba archivado en el Palacio de Justicia de Chiriguan\u00e1, por lo que hab\u00eda delegado a un empleado para que lo ubicara y escaneara; no obstante, el d\u00eda 27 siguiente la sede judicial le comunic\u00f3 que pod\u00eda acudir al juzgado a revisar el asunto personalmente o por medio de una persona autorizada, y all\u00ed pod\u00eda autorizar la expedici\u00f3n de copias, respuesta con la que no est\u00e1 de acuerdo, porque, dice, requiere las r\u00e9plicas del legajo, lo cual puede realizarse mediante el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n, sin que sea necesaria su asistencia a la sede judicial, circunstancia que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La titular del Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguan\u00e1 manifest\u00f3, que no ha vulnerado la prerrogativa cuya protecci\u00f3n invoc\u00f3 la gestora, porque si bien inicialmente inform\u00f3 a \u00e9sta que escanear\u00eda el expediente del asunto, decidi\u00f3 posteriormente darle acceso personal al mismo, porque al desarchivarlo observ\u00f3 que estaba deteriorado por el paso del tiempo, dificult\u00e1ndose la digitalizaci\u00f3n de varias piezas procesales, de ah\u00ed que tom\u00f3 la mentada decisi\u00f3n, brind\u00e1ndole a la actora la posibilidad de elegir la fecha y hora para realizar la revisi\u00f3n, lo anterior, m\u00e1xime porque las impresoras del juzgado no est\u00e1n en buenas condiciones y no cuentan con caja menor para sufragar las copias. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar neg\u00f3 el amparo invocado, tras considerar que la petici\u00f3n ten\u00eda \u00edndole administrativa por tratarse de una solicitud de expedici\u00f3n de copias, por lo que, luego de analizar los elementos que debe contener la respectiva respuesta resalt\u00f3, que \u00abse aprecia que la autoridad encausada ha dado una respuesta clara y completa a la petici\u00f3n de la promotora de la queja constitucional, la cual fue comunicada debidamente a \u00e9sta (\u2026) de ah\u00ed que no se advierta la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n invocado, pues su ejercicio no lleva impl\u00edcita la posibilidad de exigir que la solicitud sea resuelta en un determinado sentido, menos a\u00fan que sea favorable a lo pretendido por el interesado, pues, se itera, esta garant\u00eda fundamental se satisface cuando se da respuesta congruente y de fondo a la totalidad de las solicitudes elevadas por el administrado y tal respuesta se le comunica en debida forma, tal y como aqu\u00ed aconteci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la promotora, alegando que en el auto de 27 de abril hoga\u00f1o la autoridad convocada no le inform\u00f3 que el motivo para no escanear el expediente del asunto era el deterioro que imped\u00eda la digitalizaci\u00f3n de algunas piezas procesales, y, en todo caso, al haber informado el 22 de abril anterior que s\u00ed proceder\u00eda a la digitalizaci\u00f3n, dio a entender que contaba con los medios tecnol\u00f3gicos para esa tarea. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC064-2021). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
2. En el presente asunto, la ciudadana Librada Parra de Escobar cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, que el pasado 27 de abril el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguan\u00e1 haya emitido una respuesta incongruente a la solicitud que le elev\u00f3 el d\u00eda 16 del mismo mes, consistente en copia de todo el proceso de sucesi\u00f3n de los causantes Efra\u00edn Parra Hern\u00e1ndez y Beatriz Ochoa de Parra, donde es parte, ya que en vez de acceder a lo pedido, le indic\u00f3 que pod\u00eda asistir al juzgado en la fecha que escogiera, personalmente o por interpuesta persona, a revisar el expediente. <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, se aprecia sin lugar a dudas, que lo pretendido por la gestora del amparo se refiere a temas propios del proceso de sucesi\u00f3n antes individualizado, es decir, un asunto netamente judicial que debe ser expuesto en el marco de dicho tr\u00e1mite, por medio de los distintos mecanismos previstos por el legislador en nuestro ordenamiento y no en ejercicio del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 de que la actora haya formulado la solicitud memorada por v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, no puede pretender que a su requerimiento deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de la misma. <\/p>\n
La naturaleza de la petici\u00f3n queda clara de su simple lectura, pues, adem\u00e1s de que es de autor\u00eda de una interviniente dentro del proceso, fue elevada debido a que: \u00abhasta el d\u00eda de hoy no he sido notificada sobre c\u00f3mo va este proceso y desconozco la etapa en la que se encuentra el mismo. Adjunto fotocopia de mi c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y dentro del proceso podr\u00e1 corroborar mi parentesco con mi padre el se\u00f1or Efra\u00edn Parra Hern\u00e1ndez, ya que en \u00e9l reposa acta de defunci\u00f3n de mi padre y Registro Civil de Nacimiento de la suscrita\u00bb, siendo entonces, en \u00faltimas, una solicitud para enterarse del estado del juicio. <\/p>\n
La Sala ha sostenido a ese respecto, que \u00abson las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el caso, se descarta la lesi\u00f3n a la prerrogativa a la informaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por cuanto las solicitudes de levantamiento de medidas y de expedici\u00f3n de copias al interior de un proceso, elevadas por quienes intervienen en los tr\u00e1mites, entra\u00f1an una actuaci\u00f3n judicial, m\u00e1s no una administrativa\u00bb (STC5609-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para una mayor ilustraci\u00f3n al respecto, le informamos, que, encontr\u00e1ndose el proceso en forma f\u00edsica, puede manifestarnos la fecha y la hora en la que se har\u00eda presente a este despacho judicial, o puede autorizar para la expedici\u00f3n de copias, donde ser\u00e1 atendida por un empleado de esta agencia judicial, que le facilitar\u00e1 el expediente en referencia\u00bb. <\/p>\n
5. Ahora bien, si la promotora no estaba de acuerdo con lo decisi\u00f3n citada en l\u00edneas anteriores, tal como qued\u00f3 patente en su escrito de tutela, le correspond\u00eda atacarla mediante el recurso de reposici\u00f3n, conforme posibilita el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, dentro de los tres d\u00edas siguientes a cuando fue enterada de la misma, de manera que si no agot\u00f3 ese mecanismo para obtener lo que aqu\u00ed reclama, no puede pretender que a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima, se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir a la autoridad competente a trav\u00e9s del mecanismo correspondiente. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha sostenido de manera invariable que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el sentido del fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LES NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
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