STC7568-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7568-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00155-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitres de junio dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de mayo de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Mar\u00eda Ofelia C\u00e1rdenas Mora contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha y la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Granada (Cundinamarca) y el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
1.- La gestora procura el respeto de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y de petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2.- Del escrito inicial presentado por la accionante se coligen los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1.- La gestora trabaja para la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Departamento de Cundinamarca en el cargo de \u00abdocente de aula\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Como su empleador le embarg\u00f3 parte del salario \u00abpor fuera de los topes legales\u00bb, present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante \u00e9ste, \u00abel cual me fue NEGADO con RESPUESTA INCOMPLETA (\u2026) ignoraron, no aplicaron, ni respondieron absolutamente nada, en cuanto a la REPRODUCCI\u00d3N realizada de mi parte, sobre una TUTELA, totalmente aplicable a mi caso, precisamente por los varios embargos, retenciones indebidas de salarios, SUPERANDO los topes de la LEY, colocando en riesgo el denominado M\u00cdNIMO VITAL\u00bb. <\/p>\n
2.3.- En el derecho de petici\u00f3n manifest\u00f3 que \u00ab(\u2026) posiblemente, soy la u\u0301nica persona TRABAJADORA, sometida a retenciones INDEBIDAS del SALARIO, al estarse permitiendo la SUPERACIO\u0301N, el TOPE de embargo, al haberse superado, con creces, la quinta parte de lo que supera el salario mi\u0301nimo legal mensual vigente (\u2026)\u00bb y que \u00ab(\u2026) DEBIDO A LA RETENCI\u00d3N EXAGERADA, INDEBIDA de mis salarios, no puedo aspirar, a ning\u00fan tipo de ADQUISICI\u00d3N de vivienda, pues escasamente percibo el SALARIO M\u00cdNIMO, aunque en la n\u00f3mina, se est\u00e9 superando \u00e9ste. Vi\u00e9ndome obligada a continuar, en situaci\u00f3n de INQUILINA\u00bb. En la petici\u00f3n transcribi\u00f3 el \u00absoporte de PAGO de SALARIOS\u00bb para el per\u00edodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2020, en el que se observa que su salario b\u00e1sico es $4.244.314 y, despu\u00e9s de los descuentos y embargos, queda en $929.126. Por concepto de embargo de alimentos, la actora relacion\u00f3 la suma de $987.977 y por embargo judicial (quinta parte del salario) $614.821, as\u00ed como un descuento del Banco Sudameris por $1.109.983. <\/p>\n
2.4.- En dicha solicitud tambi\u00e9n puso de presente que \u00absabiendo que el salario m\u00ednimo mensual legal vigente en Colombia es de $908.526, entonces, procedemos a RESTARLO del SALARIO $4.244.314, arroj\u00e1ndonos como RESULTADO la cantidad de $3.335.788 y, este valor, lo sometemos a la DIVISI\u00d3N en CINCO PARTES, para entender, cual es la QUINTA PARTE, obteniendo la cifra de $666.115.76\u00bb y que, \u00aben consideraci\u00f3n a la PREVALENCIA, PRELACI\u00d3N de los EMBARGOS por ALIMENTOS, se tiene, observando el comprobante de PAGO que, por tal concepto, se realiza RETENCI\u00d3N, DESCUENTO por la suma de $ 987.977,00\u00bb, raz\u00f3n por la cual el empleador deber\u00eda \u00abelaborar los correspondientes COMUNICADOS a los diferentes JUZGADOS, ante la IMPOSIBILIDAD de dar cumplimiento a los DESCUENTOS del SALARIO, por haberse SUPERADO el tope, m\u00e1ximo legal establecido\u00bb. <\/p>\n
2.5.- Afirm\u00f3 que su empleador deb\u00eda informar de esos l\u00edmites al Juzgado Promiscuo Municipal de Granada (Cundinamarca), en el proceso con radicado 2016-00101 promovido por Banco Davivienda, al Juzgado Segundo Civil del Circuido de Soacha, en el proceso con radicado 2012-104 promovido por Aracely G\u00f3mez Gonz\u00e1lez y Ana Graciela Torres, y al Juzgado de Familia del Circuito de Fusagasug\u00e1, por un \u00abejecutivo de alimentos\u00bb. Asimismo, transcribi\u00f3 la sentencia T-629\/16 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.6.- Resalt\u00f3 que \u00abMis SALARIOS se encuentran EMBARGADOS DE MANERA ILEG\u00cdTIMA, lo anterior, ante el EXCESO, frente al monto un tope permitido por la LEGISLACI\u00d3N, la cual no puede ser desconocida por el departamento de N\u00d3MINA, ni mucho menos, por los jueces a nivel nacional\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se tutele su derecho al m\u00ednimo vital como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y que \u00abPrimera: Se declare que las actuaciones aqu\u00ed denunciadas, vulneran DERECHOS FUNDAMENTALES. Segunda: As\u00ed mismo se ordenar\u00e1, que en el t\u00e9rmino perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, luego del recibido de la NOTIFICACI\u00d3N PERSONAL los sujetos pasivos de la tutela, procedan de conformidad, debiendo llevar a cabo el procedimiento legal, advirti\u00e9ndoles a los accionados que el desacato a la orden judicial ser\u00e1 sancionado al tenor de lo previsto en el Decreto 2591 de 1991. Tercera: advertir que, en contra del fallo de tutela, procede el recurso de IMPUGNACI\u00d3N en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Pero, adem\u00e1s, disponer la notificaci\u00f3n y, que si no fuere impugnada la determinaci\u00f3n que se tome, por Secretar\u00eda se efect\u00fae el env\u00edo la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cundinamarca manifest\u00f3 que \u00abse procedi\u00f3 a requerir a la Direcci\u00f3n de Personal de Instituciones Educativas de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n, quienes a trav\u00e9s del \u00c1rea de N\u00f3mina, frente al caso concreto informaron\u00bb que, \u00ab(\u2026) Revisado el Sistema de no\u0301mina HUMANO\u00ae, se evidencia que la docente Maria Ofelia Ca\u0301rdenas Mora C.C. 39.666.169 en la actualidad registra tres (3) embargos, dos (2) embargos activos, Un (1) embargo de alimentos y uno (1) por quinta parte al salario, asi\u0301 las cosas, no es posible acceder a la solicitud de la accionante toda vez que esta Secretari\u0301a registra los embargos ordenados por la autoridad Judicial\u00bb, a saber, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Fusagasug\u00e1, en el proceso por alimentos con radicado 2019-00594, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado 2012-0104. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, \u00abConforme a la anterior informaci\u00f3n, y en vista de que la entidad lo que ha hecho es dar cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales emitidas por los despachos de conocimiento, en esa medida no se encuentra vulnerando derecho fundamental alguno, por lo que se indica frente al escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en este caso, \u00abExiste falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues carecemos de la calidad para ser demandados por cuanto la parte accionante es quien debe acudir al operador judicial en raz\u00f3n de su pedimento\u00bb, y que \u00abse incurre en la causal de improcedencia de la acci\u00f3n contemplada en el numeral primero del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991, toda vez, que el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, manifest\u00f3 que \u00ab(\u2026) la tutela no es el mecanismo para solicitar pago de sumas de dinero, puesto que la funci\u00f3n principal de esta es que en ella se examine si las situaciones que se le ponen de presente al juez constitucional son constitutiva (sic) de una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales (\u2026) m\u00e1s cuando en la acci\u00f3n de tutela no se acredita la vulneraci\u00f3n al m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha adujo que el proceso ejecutivo hipotecario que adelanta en contra de la accionante \u00abse ha realizado bajo los lineamientos procedimentales establecidos en nuestra legislaci\u00f3n\u00bb y que, en dicho juicio, \u00ab(\u2026) se orden\u00f3 requerir a la SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA, para que ponga a disposici\u00f3n los dineros producto del embargo de la quinta parte que excede al salario m\u00ednimo devengado por la demandada MARIA OFELIA CARDENAS MORA, medida cautelar que fue decretada por auto de fecha veinticinco (25) de febrero del a\u00f1o dos mil diecis\u00e9is (2016)\u00bb. <\/p>\n
3.- El Juzgado Promiscuo Municipal de Granada (Cundinamarca) indic\u00f3 que, en su despacho, se han tramitado dos procesos civiles en contra de la accionante. <\/p>\n
El primero, con radicado 2016-00101, adelantado por el Banco Davivienda S.A., en el cual se profiri\u00f3 sentencia el 15 de 2018 accediendo a las pretensiones del demandante y se orden\u00f3 la aprehensi\u00f3n y secuestro de un veh\u00edculo automotor como medida cautelar. Resalt\u00f3 que, el 5 de febrero de 2021, la ahora tutelante \u00absolicit\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar por medio de la cual se le orden\u00f3, seg\u00fan ella, un descuento de su salario\u00bb y que, el 10 de febrero de 2021, \u00abmediante auto se dio respuesta a la anterior petici\u00f3n se\u00f1alando que durante el tr\u00e1mite del proceso no se orden\u00f3 medida cautelar de embargo de salarios y que, adem\u00e1s, al verificar la plataforma del Banco Agrario no se evidenci\u00f3 que existiera alg\u00fan dep\u00f3sito judicial por este concepto\u00bb. <\/p>\n
El segundo proceso es el ejecutivo de menor cuant\u00eda con radicado 2017-00065, tambi\u00e9n promovido por el Banco Davivienda S.A., en el que no aparece que se haya decretado medida cautelar de embargo de salarios. <\/p>\n
Por tanto, como en \u00abestos procesos nunca se decret\u00f3 la medida cautelar de embargo de salarios (\u2026) se considera que en lo concerniente a este despacho judicial no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante\u00bb. <\/p>\n
4.- El se\u00f1or Jos\u00e9 Antonio Gonz\u00e1lez Mart\u00ednez, notificado de esta acci\u00f3n por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, precis\u00f3 que ya no es apoderado de la ahora tutelante en el proceso con radicado 2012-104. <\/p>\n
5.- El Banco Davivienda S.A., a trav\u00e9s de apoderado, pidi\u00f3 desestimar la tutela, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Mar\u00eda Ofelia C\u00e1rdenas Mora, identificada con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 39.666.169, suscribi\u00f3 con Leasing Bol\u00edvar Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento hoy Banco Davivienda S.A., un contrato de leasing y a raz\u00f3n del incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones, se adelantaron dos procesos judiciales, un proceso ejecutivo ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Granada Cundinamarca, bajo el radicado 25 312 408 9001 2017 00065 00, (\u2026)\u00bb y \u00abOtro proceso de restituci\u00f3n ante el mismo Juzgado Promiscuo Municipal de Granada Cundinamarca bajo el radicado 25312408900120160010100, donde el 17 de febrero de 2017, se orden\u00f3 la aprehensi\u00f3n del bien veh\u00edculo tipo cami\u00f3n marca Chevrolet l\u00ednea NPR Modelo 2010 Motor N\u00b0 SMB-613 carrocer\u00eda marca Alcar y el 15 de agosto de 2018, el Juez declar\u00f3 que la locataria se\u00f1ora Mar\u00eda Ofelia C\u00e1rdenas Mora, incumpli\u00f3 las obligaciones contractuales por haber incurrido en mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, acordados en el contrato de leasing y en consecuencia, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de Leasing N\u00b0 00103022478 y su otro s\u00ed N\u00b0 00103224781\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca deneg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que se han atendido los par\u00e1metros para \u00abefectuarle los descuentos de ley, por alimentos, medidas cautelares y libranzas, en los ingresos que recibe la gestora como educadora\u00bb y que \u00abla libelista no aduce condici\u00f3n diferente a ser persona mayor adulta, para que se le tenga en cuenta, pero brilla por su ausencia, cualquier referencia de ser cabeza de familia o tener condici\u00f3n particular que mereciera ser considerada para aplicar las medidas econ\u00f3micas que pesan sobre su ingreso, lo que lleva a que, no emerge condici\u00f3n especial para ser analizada por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, \u00abal mirar el escrito de tutela da cuenta que la accionante devenga un salario de $4.244.314 en la actualidad y por los descuentos en menci\u00f3n que se le efect\u00faan, no logran afectar el valor que percibe superior al salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb. Y agreg\u00f3 que, al contestar el derecho de petici\u00f3n, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n convocada \u00abprecis\u00f3 el procedimiento que le aplicaron a los descuentos de n\u00f3mina\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, \u00abbajo el panorama en donde se desarrolla la reclamaci\u00f3n de la tutelista, no se avizora que exista vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales referidos, de petici\u00f3n porque la oficina de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n le ofreci\u00f3 respuesta integra a su requerimiento, como tampoco, que se le est\u00e9 afectando su m\u00ednimo vital, por cuanto, conforme lo indica la misma accionante, lo actualmente percibido, luego de todos los descuentos, supera el salario m\u00ednimo legal, lo que lleva a la Sala a colegir que no existe vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por amparar\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00abcomo lo que se evidencia de lo demandado por la promotora v\u00eda acci\u00f3n constitucional, es obtener la reducci\u00f3n de embargos; es menester precisarle, que tal situaci\u00f3n debe ser ventilada inicialmente ante los mismos despachos judiciales que hayan emitido las \u00f3rdenes, como tambi\u00e9n, ante las entidades financieras que reclamaron los cobros, lo que al verificarse en las piezas procesales allegadas a esta actuaci\u00f3n aflora que no ha existido petici\u00f3n en tal sentido ante quienes le est\u00e1n reclamando esos descuentos\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante, quien se\u00f1al\u00f3 que, \u00abcon la decisi\u00f3n asumida, en el fallo de tutela presente, se ha permitido continuar desconociendo, violando, quebrantando mis derechos constitucionales\u00bb; pues, \u00abAl pretender, obligarme a que reclame una a una a cada entidad, persona, particular, Juzgado y otras personas jur\u00eddicas, se me somete a trato cruel, degradante, incurriendo en otro quebranto constitucional, sencillamente, insisto, por no haber le\u00eddo de manera integral el caso propuesto para su estudio constitucional\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 que se aplicara el precedente contenido en la sentencia T-629 de 2016. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la promotora reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados, en raz\u00f3n a que se le estar\u00eda haciendo descuentos a su salario \u00abpor fuera de los topes legales\u00bb. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3.- En primer lugar, en lo que ata\u00f1e a su derecho fundamental de petici\u00f3n, se advierte que la convocada dio respuesta a su requerimiento. <\/p>\n
En efecto, el 18 de marzo de 2021, en su petici\u00f3n, afirm\u00f3 que, \u00abEn s\u00edntesis, lo que se busca con el presente derecho de petici\u00f3n es obtener la LIBERACI\u00d3N de mi SALARIO, en todo aquello que haya superado, la QUINTA PARTE, una vez, DEDUCIDO el monto del salario m\u00ednimo mensual legal vigente, atendiendo las normas reproducidas, as\u00ed como los motivos y razones que se han expuesto en el presente escrito. Pero, en todo caso, valorando la PRELACI\u00d3N de CR\u00c9DITOS. Pero, en todo caso, DISPONI\u00c9NDOSE, ORDEN\u00c1NDOSE el REINTEGRO de la totalidad de los dineros que me fueron descontados, por encima del m\u00e1ximo permitido. Lo anterior con quebranto de la ley, sin mi autorizaci\u00f3n, ni consentimiento\u00bb y que se les comunicara a los juzgados respectivos la imposibilidad de realizar los descuentos dispuestos por concepto de embargos. <\/p>\n
En respuesta, el 13 de abril de 2021, la convocada se refiri\u00f3 a las deducciones realizadas y se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos descuentos por concepto de embargo de alimentos b\u00e1sico porcentaje del 25% y descuentos por embargos quinta parte del salario se est\u00e1n realizando mes a mes y se est\u00e1n consignando a la cuenta del juzgado 001 promiscuo familia de Fusagasug\u00e1 y al Juzgado 002 Civil Circuito Soacha\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab(\u2026) no ha llegado ninguna orden de modificar los descuentos por embargos (\u2026)\u00bb por parte de los juzgados. <\/p>\n
Asimismo, la Secretar\u00eda le indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) se evidencia que la docente Maria Ofelia Cardenas (sic) Mora C.C. 39.666.169 en la actualidad registra tres (3) embargos, dos (2) embargos activos, Un (1) embargo de alimentos y uno (1) por quinta parte al salario\u00bb y precis\u00f3 que los empleadores pueden realizar tres tipos de descuentos a los salarios de los trabajadores: por orden judicial, por autorizaci\u00f3n del empleado y por autorizaci\u00f3n de la ley. <\/p>\n
De la respuesta allegada, se vislumbra que, en relaci\u00f3n con lo pedido -liberaci\u00f3n del salario, devoluci\u00f3n de dinero y que se comunicara a los diferentes Juzgados la imposibilidad de dar cumplimiento a los embargos ordenados-, la entidad le explic\u00f3 los tipos de embargos, los porcentajes, el procedimiento para su aplicaci\u00f3n, el origen de los mismos y los requisitos para su modificaci\u00f3n por autorizaci\u00f3n judicial, por lo que no era posible acceder a su solicitud. <\/p>\n
En suma, a pesar de que la respuesta fue negativa, la accionada contest\u00f3 la petici\u00f3n de la gestora de fondo y de manera congruente y le notific\u00f3 la respuesta. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido \u00abque se debe dar resoluci\u00f3n integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la soluci\u00f3n tenga que ser positiva\u00bb1. <\/p>\n
4.- De otra parte, en lo que respecta a la protecci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al m\u00ednimo vital, la acci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto general de subsidiariedad. <\/p>\n
En el sub judice, la accionante cuestiona los embargos dispuestos en sede judicial, pero no acredit\u00f3 que haya agotado los medios ordinarios que el ordenamiento jur\u00eddico tiene a su disposici\u00f3n para reclamar la defensa de esa garant\u00eda ante los jueces de conocimiento, por lo que no puede el operador constitucional modificar o adoptar decisiones judiciales propias del funcionario cognoscente, como quiera que esta no es una instancia alterna o paralela, dado que la acci\u00f3n de tutela es de naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
Por tanto, ser\u00e1n los despachos competentes quienes deber\u00e1n resolver sobre los reparos expuestos mediante este mecanismo excepcional, puesto que, como se indic\u00f3, admitir la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional implicar\u00eda reemplazar los instrumentos, a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de las prerrogativas invocadas en la respectiva causa. <\/p>\n
Sobre el particular, ha manifestado la Corte que <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un instrumento de protecci\u00f3n alternativo, con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, lo cual es improcedente. <\/p>\n
5.- Ahora bien, la promotora tambi\u00e9n reclama la intervenci\u00f3n del juez constitucional en defensa de su derecho fundamental al m\u00ednimo vital como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
No obstante, al respecto, en el plenario no obra prueba alguna que soporte la afirmaci\u00f3n de que se le est\u00e1 vulnerando el m\u00ednimo vital a la peticionaria ni, mucho menos, de que est\u00e9 en riesgo actual de sufrir un perjuicio irremediable. <\/p>\n
5.1.- En efecto, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, de acuerdo con las pruebas allegadas, no se advierte que a la gestora se le est\u00e9n practicando descuentos que afecten su salario por debajo del m\u00ednimo mensual. <\/p>\n
La misma accionante, en su escrito introductorio, indic\u00f3 que, en el mes de agosto de 2020, despu\u00e9s de practicarle los descuentos, le pagaron $929.126 y, para ese a\u00f1o, el salario m\u00ednimo fue de $877.802 mensuales. <\/p>\n
Entendido que el m\u00ednimo vital es \u00abla porci\u00f3n de los ingresos del trabajador o pensionado que est\u00e1n destinados a la financiaci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, como son la alimentaci\u00f3n, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios p\u00fablicos domiciliarios, la recreaci\u00f3n, la atenci\u00f3n en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jur\u00eddico constitucional\u00bb (Sentencia T-678\/17), la Sala no encuentra prueba, ni si quiera sumaria, que los ingresos que recibe la gestora, despu\u00e9s de los descuentos que le practican, afecten su m\u00ednimo vital y, en consecuencia, mal podr\u00eda ordenar la suspensi\u00f3n de los descuentos de su salario por embargos en detrimento de sus acreedores, uno de ellos, se recuerda, por concepto de alimentos, que fue ordenado el 29 de enero de 2020 (Exp. 2019-00549 del Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1) y otro dispuesto desde el 25 de febrero de 2016 (Exp. 2012-104 ejecutivo hipotecario del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha), m\u00e1s a\u00fan si se tiene cuenta que las decisiones que estar\u00edan causando el perjuicio actualmente, en realidad, fueron proferidas hace m\u00e1s de un a\u00f1o. <\/p>\n
5.2.- Sobre el particular, recu\u00e9rdese que \u00ablos hechos afirmados por el accionante en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela, deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez pueda inferir con plena certeza la verdad material que subyace con la solicitud de amparo constitucional\u00bb (sentencia T-571\/15) y que, especialmente, \u00abCuando se alega perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que en general quien afirma una vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales con estas caracter\u00edsticas debe acompa\u00f1ar su afirmaci\u00f3n de alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acci\u00f3n de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones\u00bb (sentencia T-127\/14). <\/p>\n
6.- Por lo dem\u00e1s, no escapa a la atenci\u00f3n de esta Sala que la gestora pide que su caso se resuelva en el mismo sentido que en la sentencia T-629 de 2016 proferida por la Corte Constitucional. <\/p>\n
En aquel tr\u00e1mite, una mujer cabeza de familia pidi\u00f3 que se amparara su derecho fundamental al m\u00ednimo vital y, en consecuencia, que se ordenara a su empleador corregir los descuentos de libranzas y embargos, para que no superaran los m\u00e1ximos establecidos en la ley. La Corte Constitucional conoci\u00f3 de fondo el asunto, porque, aunque \u00abel procedimiento pudo haberse adelantado ante un juez laboral (\u2026) en la parte motiva de este prove\u00eddo, se estableci\u00f3 que, en determinados casos, el estudio de los requisitos debe ser laxo cuando, quien busque el amparo a sus derechos fundamentales, sea un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, advirtiendo que, en ese caso, se \u00abcomprueba que la accionante es madre cabeza de familia y que tiene como \u00fanico ingreso del n\u00facleo familiar su salario, permite que este mecanismo de amparo desplace el procedimiento ordinario que, eventualmente, se pudo haber iniciado\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, se resalta, de un lado, que \u00ablos efectos de las decisiones que profiere (\u2026) en su labor de revisi\u00f3n de las sentencias de tutela son inter partes\u2019, es decir, solo afectan a los extremos procesales involucrados en la causa\u00bb (SU-011 de 2018); y, de otro, que ese asunto no tiene supuestos de hecho id\u00e9nticos a los que ocupan ahora la atenci\u00f3n de la Sala, puesto que, como se se\u00f1al\u00f3 en los ac\u00e1pites anteriores, la ahora tutelante no s\u00f3lo no prob\u00f3, ni si quiera sumariamente, la afectaci\u00f3n a su derecho fundamental al m\u00ednimo vital ni el riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, sino que, adem\u00e1s, no acredit\u00f3 ser un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
7.- De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reproche que neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-376\/17. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7568-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7568-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00155-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitres de junio dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54987","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54987"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54987\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}