STC7569-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7569-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00193-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la demora en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra Audifarma S.A., con radicado No. 2016-00464-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de la citada garant\u00eda, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la citada ciudad, dictar sentencia que defina el mentado asunto, de conformidad a lo normado en el canon 34 de la Ley 472 de 1998; tambi\u00e9n, \u00abadmitir [su] desistimiento\u00bb; y, tanto a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, como al Defensor Regional del Pueblo de Risaralda, y, al Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira, que \u00abpresenten acciones legales a fin de que se aplique art. 121 CGP\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones aduce, en s\u00edntesis, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00b0, 34 y 84 de la Ley 472 de 1998, la sede judicial criticada no solo inaplica lo all\u00ed previsto, sino que \u00abincumpl[e] los t\u00e9rminos\u00bb de que trata el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s de no aceptar el desistimiento que present\u00f3 en calidad de accionante, circunstancias que, dice, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 el link para el acceso al expediente digitalizado que contiene la acci\u00f3n constitucional motivo de queja, advirtiendo adem\u00e1s, que ese \u00abdespacho actualmente se encuentra en proceso de digitalizaci\u00f3n de expedientes, entre ellos 273 acciones Populares y m\u00e1s de 600 procesos en tr\u00e1mite, advirtiendo que no es lo mismo escanear que digitalizar\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo precis\u00f3, que debe \u00abtambi\u00e9n se tramitan acciones de tutela de primera y segunda instancia, as\u00ed como consultas de incidentes y tr\u00e1mite de incidentes de desacato, siendo m\u00e1s de 200 que han ingresado al despacho desde el primero de Julio de 2020 a la fecha, sin contar el gran n\u00famero que fueron recibidas anterior a dicha fecha, como es bien sabido por todos. Entre el mes de Noviembre del a\u00f1o pasado y a la fecha por parte del juzgado se han tenido que dar respuestas a m\u00e1s de 280 acciones de tutelas que el accionante ha formulado contra este juzgado ante el Tribunal Superior de este distrito y ante la Corte Suprema de Justicia, debi\u00e9ndose desarchivar casi la totalidad de acciones Populares archivadas desde a\u00f1os anteriores y ser escaneadas para poder responder las mismas. <\/p>\n
Asimismo (\u2026) a partir de la fecha en que fueron reanudados los t\u00e9rminos judiciales por el Consejo Superior de la Judicatura (1 de Julio de 2020) se realizaron las audiencias reprogramadas que no pudieron llevarse a cabo debido a la Emergencia sanitaria\u00bb. <\/p>\n
b. El Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, la Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Cundinamarca, la Directora Distrital de Gesti\u00f3n Judicial de la Secretar\u00eda Jur\u00eddica Distrital, y, la apodera especial de Audifama S.A., coincidieron en solicitar la desvinculaci\u00f3n del presente asunto, luego de esgrimir al efecto que ninguna injerencia tienen en las peticiones elevadas por el gestor de la salvaguarda. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 el auxilio implorado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el actor no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra del prove\u00eddo que neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 5\u00ba y 84, ley 472 y 121, CGP y el desistimiento de la acci\u00f3n popular <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor replic\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando que ha solicitado hasta la saciedad la aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, o en su defecto, del art\u00edculo 84 ley 472 de 1998, pedimentos que han sido desestimados por la autoridad judicial accionada, dice, sin raz\u00f3n alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 10 de mayo de 2021 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s del cual se deneg\u00f3 la solicitud de impulso procesal y de desistimiento de la acci\u00f3n, que formul\u00f3 de conformidad con los art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998, as\u00ed como 90 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso, al interior de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra una de las sucursales de Audifarma S.A, pues seg\u00fan su dicho, se est\u00e1n desconociendo las normas en cita. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas digitalmente al presente tr\u00e1mite, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad que gobierna este tipo de acciones, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9ste no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues no obra prueba en el plenario de que el recurrente hubiere manifestado de forma pertinente ante la autoridad competente, las inconformidades que aqu\u00ed plantea, y por el contrario, en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de formular el mecanismo id\u00f3neo para exponer la particular tem\u00e1tica, esto es, el recurso de reposici\u00f3n contra de decisi\u00f3n que ahora critica, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, por lo que cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si el promotor de esta excepcional acci\u00f3n, no agot\u00f3 los mecanismos de defensa contemplados por la ley adjetiva respecto de las decisiones que considera transgresoras de las garant\u00edas mencionadas, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que deb\u00eda dirimirse dentro de la jurisdicci\u00f3n competente, a trav\u00e9s del medio que dej\u00f3 de formular, m\u00e1s a\u00fan cuanto no refiri\u00f3 situaci\u00f3n v\u00e1lida que justifique su actuar. Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC494-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Finalmente, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Defensor\u00eda del Pueblo y al Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira, cabe precisarle, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, pues tal como lo inform\u00f3 la citada Colegiatura, el actor, no ha elevado queja alguna contra la funcionaria convocada, por el tr\u00e1mite acaecido en la acci\u00f3n popular que ahora critica, pues \u00abadem\u00e1s de que la tutela no fue instituida con ese prop\u00f3sito sino para garantizar los derechos fundamentales, el promotor puede presentar esa denuncia directamente ante los organismos competentes, eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su obrar\u00bb (reiterada recientemente en CSJ STC494-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sal <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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