STC7572-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7572-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2021-00091-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 31 de mayo de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Isidro Vergara Mu\u00f1oz contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, igualdad y \u00abvigencia de un orden justo\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse deje sin efecto la sentencia proferida\u2026 el 23 de noviembre de 2020\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abse anule todo lo actuado en el proceso [criticado]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Juan Carlos Berrio Vargas promovi\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra John Mario Vergara Mu\u00f1oz, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 9 de octubre de 2019, por lo que se dispuso la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento suscrito entre los contendientes, decisi\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por el juzgado criticado con providencia del 23 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que fungi\u00f3 como coarrendatario en el contrato que se declar\u00f3 terminado en el juicio criticado; que en dicho proceso se \u00abdeclar\u00f3 la terminaci\u00f3n del [prenotado acuerdo] sin involucrarlo como parte necesaria de la relaci\u00f3n procesal\u2026\u00bb, omisi\u00f3n que trasgrede sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro destac\u00f3 que \u00absiempre ha actuado con apego a la Constituci\u00f3n y a las normas que regulan la materia a resolver, sin vulnerar derechos\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Nicol\u00e1s Arango V\u00e9lez, quien fungi\u00f3 como apoderado judicial de Juan Carlos Berrio Vargas, sin que aportara poder que lo facultara para representarlo en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
3. Juan Carlos Berrio Vargas defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
4. La Polic\u00eda Nacional rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
5. John Mario Vergara Mu\u00f1oz respald\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda de amparo. <\/p>\n
6. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Rionegro se\u00f1al\u00f3 que \u00aben todo momento ha garantizado el debido proceso de los despachos comisorios encomendados\u00bb. <\/p>\n
7. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa municipalidad manifest\u00f3 que \u00ablas decisiones adoptadas en segunda instancia se profirieron con estricto apego a la Ley y respetando las garant\u00edas constitucionales que se consideran conculcadas\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, toda vez que \u00abel t\u00f3pico propuesto\u2026 tiene un car\u00e1cter eminentemente legal y por lo tanto debe ser primeramente propuesto y debatido dentro del mismo proceso judicial [cuestionado] mediante el uso de los mecanismos legales previstos para el efecto\u2026\u00bb, como lo es la proposici\u00f3n de la correspondiente causal de invalidez ante el fallador criticado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo expres\u00f3 que, el primero de junio pasado, se realiz\u00f3 el \u00abdesalojo al inmueble\u2026, a pesar de [su] oposici\u00f3n y de lo manifestado ante [la autoridad comisionada]\u2026\u00bb; que en la referida diligencia aleg\u00f3 la existencia del \u00abvicio\u00bb relacionado con su ausencia de vinculaci\u00f3n al juicio criticado, pero que \u00abni siquiera\u2026 fue escuchado, sino que s\u00f3lo se indic\u00f3 que se dar\u00edan 4 d\u00edas para realizar la diligencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u201cel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u201d (sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Ce\u00f1ida la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, que se enfilan a cuestionar las actuaciones adelantadas en la diligencia de entrega celebrada, al parecer, el primero de junio pasado, se advierte que dicho aspecto constituye un hecho nuevo, no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los convocados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo, implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de los aqu\u00ed accionados. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, no es posible pronunciarse en esta instancia sobre lo acaecido en la diligencia de entrega que refiere el impugnante, al constituir hechos nuevos, que no fueron oportunamente enrostrados a los accionados. <\/p>\n
3. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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