STC7573-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7573-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-00513-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00aben conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia pronunciada el 10 de agosto de 2020, a trav\u00e9s de la cual se dispuso casar parcialmente la sentencia de segunda instancia atacada, para en su lugar, condenarla en calidad de demandada, a reconocer y pagar al se\u00f1or Vicente Ferrer Apraez los intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1992. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto la memorada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como sustento de tal pedimento, y luego de hacer una s\u00edntesis cronol\u00f3gica del tr\u00e1mite adelantado en desarrollo de la contienda ordinaria laboral que en su contra adelant\u00f3 el se\u00f1or Vicente Ferrer Apraez para obtener la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a partir del 1\u00b0 de febrero de 2005, as\u00ed como el retroactivo pensional causado entre esa data y el 28 de abril de 2006, adem\u00e1s de las diferencias del valor de las mesadas generadas en adelante, los intereses moratorios y la indexaci\u00f3n, pedimentos los anteriores que aun cuando fueron desestimados en primer y segundo grado, obtuvieron acogida en sede de casaci\u00f3n, incurri\u00e9ndose as\u00ed en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues no existi\u00f3 una debida apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n ni tampoco una correcta aplicaci\u00f3n de las normas aplicables al sub examine. <\/p>\n
Que en vista de las anteriores circunstancias, y por no contar con otra herramienta judicial para salvaguardar los bienes jur\u00eddicos primarios que invoc\u00f3, acude a la presente v\u00eda residual. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, adem\u00e1s de remitir copia de la decisi\u00f3n objeto del presente estudio y a trav\u00e9s de la cual se desat\u00f3 el recurso extraordinario memorado, dijo remitirse a los argumentos que en la misma se expusieron. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 al amparo invocado, tras advertir que, \u00ab[l]uego de examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala considera que la presente solicitud de amparo debe ser denegada, debido a que no existe una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, dentro del proceso ordinario laboral 2013-00265 que pueda endilg\u00e1rsele al accionado. <\/p>\n
En el presente asunto, la parte accionante censura la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, quien mediante recurso extraordinario de casaci\u00f3n, resolvi\u00f3 casar la sentencia del 7 de noviembre de 2013 emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, fallando en contra de los intereses de la parte demandada. <\/p>\n
Esta Sala en su condici\u00f3n de juez de tutela de primera instancia revis\u00f3 el expediente y encontr\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo no prospera en la medida que, lo que busca el apoderado de COLPENSIONES es que, por v\u00eda de tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hicieron los jueces designados por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales dentro del proceso ordinario laboral 2013-00265, para que se impartan unos tr\u00e1mites sobre asuntos donde las autoridades judiciales actuaron dentro del marco de autonom\u00eda e independencia que le han sido otorgadas por la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
A partir de las alegaciones presentadas por la parte accionante, se reitera, el fundamento de la solicitud de amparo de la parte actora es el desacuerdo con la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, al casar la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral 2013-00265, teniendo en cuenta que los intereses moratorios proceden frente a pensiones legales concedidas en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y sin importar que se tratara de un reajuste, se consideraba suficiente para condenar a la demandada a reconocer y pagar al demandante los intereses moratorios. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, la circunstancia anteriormente expuesta, no configura un requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que si bien las determinaciones adoptadas en el marco de los procedimientos pueden resultar contrarias a los intereses de alguno de los sujetos procesales, la Ley estableci\u00f3 diversos mecanismos para cuestionarlas y lograr que el superior funcional estudie y eval\u00fae el asunto. <\/p>\n
La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi\u00f3n, no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue dise\u00f1ado como una instancia adicional. <\/p>\n
Dentro de la autonom\u00eda que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, est\u00e1 la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensi\u00f3n que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera que la razonabilidad de la argumentaci\u00f3n presentada resulta relevante al momento de hacer la valoraci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede el accionante, pretender que en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, la autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso ordinario laboral 2013-00265.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del amparo recurri\u00f3 el anterior fallo, luego de aducir como motivos de su descontento similares alegaciones a las efectuadas en la demanda de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se concluye que el amparo resulta improcedente, tal y como lo consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, comoquiera que las cuestiones planteadas por la inconforme resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que el razonamiento realizado por esta Corporaci\u00f3n en v\u00eda del mentado recurso extraordinario, de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, en punto del primero de los cargos propuestos por el casacionista, expuso la autoridad convocada, que \u00ab[e]l reparo de la censura se centra, entonces, en la aplicaci\u00f3n indebida del art. 21 de la L. 100\/93 y la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 36 de la misma, pues requiere que sea liquidado su IBL conforme a las cotizaciones efectuadas durante toda su vida laboral. <\/p>\n
En tal sentido, es claro para esta Corte que el Tribunal no incurri\u00f3 en los errores jur\u00eddicos endilgados, al indicar como norma aplicable en materia de ingreso base de liquidaci\u00f3n el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, pues siendo beneficiario el demandante del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, le hac\u00edan falta m\u00e1s de diez a\u00f1os para adquirir el derecho. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la violaci\u00f3n del principio constitucional de in dubio pro operario, \u00e9ste no se transgredi\u00f3 por cuanto no se present\u00f3 en el caso bajo estudio una duda seria en torno al entendimiento de una norma, ni se trat\u00f3 de un debate de la aplicaci\u00f3n de una o m\u00e1s intelecciones de una disposici\u00f3n legal, donde resultaba imperioso atender aquella que resultara m\u00e1s favorable al trabajador. <\/p>\n
Consecuencia de lo anterior, al no encontrar la Sala razones para cambiar el criterio jurisprudencial que hasta ahora se ha mantenido vigente, se repite, el ad quem no cometi\u00f3 los errores jur\u00eddicos endilgados y, por consiguiente, el cargo no prospera\u00bb. <\/p>\n
2.2. No obstante lo anterior, y acerca del segundo cargo interpuesto, en el que se indica que la sentencia de segundo grado incurre en una violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo preceptuado en el canon 7\u00ba de la Ley 71 de 1988, 36 de la Ley 100 de 1993 y 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al considerar que los intereses moratorios solo proceden frente a pensiones reconocidas con fundamento en lo dispuesto en la citada Ley 100, as\u00ed como las reconocidas bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pero \u00fanicamente con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Ello, por cuanto a la luz de la Carta Pol\u00edtica y la ley, tal criterio resulta limitado, pues, en \u00faltimas, en tal r\u00e9gimen se encuentran \u00abunidos todos los anteriores existentes a la entrada en vigencia del Subsistema General de Pensiones, en las mismas condiciones del contemplado en el A. 049\/90, y, en esa medida, tambi\u00e9n son procedentes los intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, invita a la Sala a que \u00abrectifique o cambie su posici\u00f3n y, al analizar el verdadero alcance de lo dispuesto en el art. 141 de la L. 100\/93, concluya que el Acuerdo 049\/90 no fue el \u00fanico incorporado al RPMPD, en raz\u00f3n a que el art. 36 de la L. 100\/93 integra de igual forma un sinn\u00famero de reg\u00edmenes pensionales, entre ellos, el previsto en el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, para quienes hab\u00edan cotizado a cajas de previsi\u00f3n social y al ISS, y el regulado en la Ley 33 de 1985, propio de quienes tuvieron la calidad de servidores p\u00fablicos\u00bb, lo anterior, por cuanto \u00abse debe tener en cuenta que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes se da en aplicaci\u00f3n estricta del citado art. 36 de la L. 100\/93, la que busc\u00f3 la unificaci\u00f3n de los sistemas pensionales y cre\u00f3 la figura de los intereses moratorios, por lo que decir que la referida prestaci\u00f3n no hace parte de la mentada disposici\u00f3n es desconocer que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n fue creado para hacer parte integrante de la misma, situaci\u00f3n que, sostiene, conlleva al absurdo de dar una aplicaci\u00f3n parcializada a una norma, con los perjuicios que se causa a gran parte de sus beneficiarios, intereses que fueron incluidos sin distinci\u00f3n en la ley, dados los efectos adversos en la tardanza en el reconocimiento y pago de las prestaciones del sistema\u00bb. <\/p>\n
Y puso de presente que, aun cuando \u00ablo anterior bastar\u00eda para acceder a la casaci\u00f3n parcial de la sentencia recurrida\u00bb, deb\u00eda tenerse en cuenta que en el caso sub judice \u00abel juzgador de primer grado orden\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a partir de una fecha diferente a la ordenada por la demandada \u2013 1\u00b0 de febrero de 2005, en una cuant\u00eda inicial de $848.672.oo, y, como consecuencia, dispuso un reajuste de la prestaci\u00f3n hacia futuro, de manera que podr\u00eda objetarse que la jurisprudencia vigente de esta corporaci\u00f3n tambi\u00e9n sostiene que los intereses moratorios no son procedentes cuando se adeudan saldos de la prestaci\u00f3n, pues tales r\u00e9ditos solo pueden ser reconocidos ante la falta de pago completo de la mesada\u00bb, lo que conducir\u00eda a que, en \u00faltimas, la acusaci\u00f3n fracasara. <\/p>\n
Empero, advirti\u00f3, que exist\u00edan razones de peso para revisar la orientaci\u00f3n jurisprudencial que sobre esa tem\u00e1tica ha venido sosteniendo, por lo que luego de hacer una relaci\u00f3n hist\u00f3rica de tales pronunciamientos, consider\u00f3 que de una \u00abrevisi\u00f3n atenta de la referida doctrina, obliga a la Corte a reconocer que no existe una raz\u00f3n jur\u00eddica objetiva para negar la procedencia de los intereses moratorios establecidos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, cuando se trata de reajustes de la pensi\u00f3n, pues eso no es lo que se deriva de la norma, interpretada de manera racional y l\u00f3gica\u00bb, pues si \u00abse observa con detenimiento el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 se puede notar que el legislador no hizo diferenciaci\u00f3n alguna a la hora de establecer los intereses moratorios, ni en funci\u00f3n de la clase de pensi\u00f3n legal que les sirviera de base, como se dijo recientemente en la sentencia CSJ SL1681-2020, ni teniendo en cuenta si se trataba del pago completo de la mesada pensional o tan solo de alg\u00fan saldo. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, lo primero que se debe consentir es que ni siquiera una interpretaci\u00f3n literal de la norma llevar\u00eda a la conclusi\u00f3n que hasta ahora sosten\u00eda la Corte, en virtud de la cual los intereses moratorios solo proceden en los casos de mora en el pago completo de la mesada pensional y no como consecuencia de alg\u00fan reajuste, pues eso no es lo que reza el texto de la disposici\u00f3n. <\/p>\n
Para dar cuenta del anterior aserto es importante tener en cuenta que la norma consagra los intereses moratorios, en forma pura y simple, \u00ab[\u2026] en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales [\u2026]\u00bb, adem\u00e1s de que, en t\u00e9rminos jur\u00eddicos, la mora en el cumplimiento de una obligaci\u00f3n, como el pago de la mesada pensional, se produce tanto por la insatisfacci\u00f3n de todo lo debido como por su pago incompleto o deficitario. En este punto la mora esta conceptualmente ligada al pago de las obligaciones, entendido este, seg\u00fan el art\u00edculo 1627 del C\u00f3digo Civil, como \u00abla prestaci\u00f3n de lo que se debe\u00bb, de manera que, mientras no se produzca este pago, en forma adecuada, oportuna y completa, la mora sigue produciendo todas sus consecuencias materiales y reales. <\/p>\n
El art\u00edculo 1627 del C\u00f3digo Civil establece al respecto que el pago de una obligaci\u00f3n debe hacerse \u00ab[\u2026] en conformidad al tenor de la obligaci\u00f3n [\u2026]\u00bb y que el \u00ab[\u2026] acreedor no podr\u00e1 ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni a\u00fan a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida.\u00bb <\/p>\n
Concluyendo entonces, que de \u00abuna interpretaci\u00f3n racional y sistem\u00e1tica del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 obliga a la Corte a reconocer que los intereses moratorios all\u00ed concebidos se hacen efectivos en el caso de un pago deficitario de la obligaci\u00f3n, pues, en dicho evento, la entidad encargada de su reconocimiento tambi\u00e9n incurre en mora\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s dispuso que en aras de \u00abreforzar argumentativamente la anterior inferencia, la Corte estima pertinente recordar que, en el espec\u00edfico \u00e1mbito de las relaciones de trabajo, respecto de las sanciones que castigan el incumplimiento del empleador en el pago de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la jurisprudencia ha establecido que el fen\u00f3meno de la mora se consolida tanto en los casos de falta de pago de la obligaci\u00f3n como en los de pagos parciales o deficitarios\u00bb. <\/p>\n
Dijo que \u00abrespecto de la indemnizaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, as\u00ed como en el art\u00edculo 1 del Decreto 797 de 1949 para los servidores p\u00fablicos, esta Sala ha dictaminado que se trata de una sanci\u00f3n que castiga la mora del empleador en el pago de los salarios y prestaciones sociales debidos al trabajador, que puede ser total o parcial, adem\u00e1s de que la cuant\u00eda de la suma debida no es trascedente a la hora de definir, desde el punto de vista jur\u00eddico, la procedencia de tal penalidad, en la medida en que \u00ab[\u2026] no existe una regla general relacionada con la cuant\u00eda de lo adeudado, pues el m\u00ednimo monto de lo que resulte debi\u00e9ndosele al trabajador no hace surgir necesariamente la buena fe.\u00bb (CSJ SL7782-2017). <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, guardando consistencia con la naturaleza especial y tuitiva de las obligaciones derivadas del derecho del trabajo y de la seguridad social, la orientaci\u00f3n que se ha sostenido frente a la mora en el pago de salarios, prestaciones sociales y de la consignaci\u00f3n de la cesant\u00eda, en cuanto se produce tanto por la falta de pago como por los pagos deficitarios, ser\u00eda perfectamente aplicable o extensible a los intereses moratorios establecidos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, que velan porque los pensionados reciban su mesada pensional de manera completa y oportuna. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En esas condiciones, si los intereses moratorios tienen como finalidad reparar los perjuicios ocasionados al pensionado por la mora en el pago de su respectiva pensi\u00f3n, es imperioso reconocer que deben tener procedencia tanto en los casos de omisi\u00f3n en el pago de la prestaci\u00f3n, como en los casos de pago incompleto, pues en los dos eventos se produce un detrimento para el pensionado, que merece una compensaci\u00f3n efectiva. <\/p>\n
Para la Corte, en este punto, no es admisible sostener que el pensionado \u00fanicamente sufre un da\u00f1o econ\u00f3mico cuando no recibe suma alguna por concepto de mesada pensional, pues, teniendo en cuenta que la pensi\u00f3n es un derecho \u00edntimamente relacionado con el m\u00ednimo vital, adem\u00e1s de que su cuant\u00eda est\u00e1 fijada legalmente y tiene una relaci\u00f3n de correspondencia con los aportes al sistema, todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguir\u00e1 generando un deterioro cierto, que merece a todas luces una leg\u00edtima compensaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, una interpretaci\u00f3n teleol\u00f3gica de la norma impone reconocer que los intereses moratorios tambi\u00e9n proceden en los casos de pago parcial o incompleto de la pensi\u00f3n, pues en este caso el pensionado tambi\u00e9n sufre un injusto perjuicio, que merece reparaci\u00f3n objetiva\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, dispuso que \u00abla interpretaci\u00f3n como la que se viene sosteniendo puede generar efectos inconvenientes para el derecho fundamental al m\u00ednimo vital de los pensionados, pues puede propiciar que, con la mera discusi\u00f3n de la cuant\u00eda del derecho o a partir de pagos simplemente parciales o insustanciales, las entidades administradoras de pensiones se liberen de sus responsabilidades, lo que resulta abiertamente contrario a las finalidades constitucionales de nuestro sistema de pensiones\u00bb y ultim\u00f3, que se encontraban \u00absuficientes razones para modificar su jurisprudencia hasta ahora vigente, y sostener que la correcta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 permite inferir que los intereses moratorios all\u00ed consagrados proceden tanto por la falta de pago total de la mesada como por la falta de pago de alguno de sus saldos o ante reajustes ordenados judicialmente\u00bb. <\/p>\n
2.4. A partir de todo lo expuesto explic\u00f3, que \u00abcomo en este caso no hab\u00eda lugar a excluir la imposici\u00f3n de los intereses moratorios, ni por la naturaleza de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del actor, ni por el hecho de que se adeudara solo parte de la mesada, la acusaci\u00f3n resulta fundada y da lugar a la casaci\u00f3n parcial de la sentencia recurrida, en cuanto confirm\u00f3 la absoluci\u00f3n impartida por el juzgador de primer grado frente a dichos rubros\u00bb, por lo que cas\u00f3 la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario laboral seguido por Vicente Ferrer Apraez en contra de la aqu\u00ed inconforme, \u00fanicamente en cuanto a la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de negar los intereses moratorios de que trata el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
2.5. Por lo anterior, en sede de instancia, revoc\u00f3 el numeral tercero de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2013 por el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, para en su lugar, \u00abCONDENAR a la instituci\u00f3n demandada a reconocer y pagar al demandante los intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 30 de agosto de 2010 y sobre la totalidad de la mesada pensional causada hasta el 9 de noviembre de 2011, y, a partir de all\u00ed, solo sobre las diferencias generadas por la decisi\u00f3n del juzgador de primer grado y hasta el momento en el que se efect\u00fae el pago efectivo de lo adeudado\u00bb y, \u00abrevocar tambi\u00e9n el numeral cuarto de la decisi\u00f3n apelada, que hab\u00eda ordenado la indexaci\u00f3n de las sumas debidas, para en su lugar absolver por tal concepto\u00bb. <\/p>\n
3. De este modo, y a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la Corporaci\u00f3n criticada en la sentencia debatida, necesario era cambiar el criterio jurisprudencial existente sobre la materia, con el fin de establecer que mientras no se cumpla a cabalidad con el pago de la respectiva de la mesada pensional, la entidad obligada a su reconocimiento, sigue en mora, y como consecuencia, seg\u00fan las voces naturales y obvias del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, debe pagar los intereses moratorios sobre las sumas debidas. <\/p>\n
4. Queda claro as\u00ed, que lo pretendido por la sociedad querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Finalmente, y acerca de la vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la convocada de las normas y de los medios convicci\u00f3n arrimados a las diligencias, debe tenerse en cuenta que no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo queda claro, que como lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7573-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC7573-2021 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-00513-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54992","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54992","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54992"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54992\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54992"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54992"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54992"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}